Corporación Lindley S.A — Res. 394-2021

Que, mediante Imputación de Cargos N° 332-2019-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC de fecha 09 de agosto de 2019, notificado a la impugnante junto con el Acta de Infracción el 14 de agosto de 2019, se dio inicio a la etapa instructiva, otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2) del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT). 1.3 De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 046-2020/SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IF (en adelante, el Informe Final), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución. La Sub Intendencia de Resolución mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 117- 2020-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 22 de julio de 2020, notificada el 27 de julio de 2020, multó a la impugnante por la suma de S/ 204,141.00 por haber incurrido, entre otras, en: - Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales por realizar actos que afectan la libertad sindical, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT. - Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales por discriminación por razón sindical, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. - Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales por incurrir en actos de discriminación, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. - Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva por el incumplimiento a la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Con fecha 17 de agosto de 2020, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad el recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 117-2020- SUNAFIL/IR-LL/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 090-2021-SUNAFIL/IRE-LIB2, de fecha 09 de julio de 2021, la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación en contra de la Resolución de Sub Intendencia N° 117-2020-SUNAFIL/IR-LL/SIRE por los siguientes argumentos: i) Sobre la afectación a la libertad sindical, señala que el otorgar unilateralmente los beneficios a los trabajadores no sindicalizados afecta al principio de igualdad entre los trabajadores, sobre todo si la justificación se basa en el hecho de no estar sindicalizados. Asimismo, considerando el carácter de irrenunciabilidad, independientemente de lo que señalen los trabajadores, sus derechos deben respetarse conforme a ley. Por tanto, se concluye que este acto promovía la desafiliación, lo que es pasible de sanción. ii) Sobre el incumplimiento por pago de bonificación, el hecho de que la política remunerativa de la empresa detalle el otorgamiento de una bonificación en el mes de agosto de 2015 a los trabajadores no sindicalizados no se encontraba conforme a ley, al estar basado en un motivo ilegal. Por tanto, en mérito al principio de igualdad, la inspeccionada debió cumplir con entregar dicha bonificación a los demás trabajadores. iii) Sobre la medida inspectiva de requerimiento, se ha determinado que la inspeccionada sí cometió infracciones administrativas a la norma sociolaboral, por lo tanto, corresponde desestimar lo alegado por la impugnante en este punto. iv) Precisa que, si bien la Subintendencia realizó de manera inadecuada la determinación de la multa, en base a su potestad sancionadora para determinar la responsabilidad de existencia de sanción y de aplicar una sanción económica, confirma la multa impuesta en la resolución apelada, sin aumentarla.

Con fecha 06 de agosto de 2021 la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 090-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 9 de julio de 2021. En este, en ejercicio del derecho a la contradicción, solicitan el uso de la palabra.

La Intendencia Regional de La Libertad a admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 492-2021- SUNAFIL/IRE-LIB recibido el 12 de agosto de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral. 2.2 Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CORPORACIÓN LINDLEY S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 090-2021- SUNAFIL/IRE-LIB, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/. 204,141.00 por la comisión, entre otras, de tres infracciones MUY GRAVES en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.10 y 25.17 del artículo 25 del RLGIT y una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución, es decir, el 16 de julio de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

La impugnante precisa en su recurso de revisión que la Intendencia habría aplicado erróneamente el artículo 42 del TUO de la LRCT. Por tales motivos, corresponde analizar dicho artículo a fin de evidenciar si existe o no una aplicación errónea al caso en concreto.

El artículo 42 del TUO de la LRCT reconoce la fuerza vinculante de los convenios colectivos, de la siguiente manera:

Al respecto, la doctrina ha precisado que este artículo reconoce la naturaleza dual de los convenios colectivos: una parte normativa y otra obligacional 8. La primera, parte de establecer derechos y obligaciones para los trabajadores comprendidos, cuya titularidad es individual; la segunda lo hace para los propios sujetos pactantes (empleador y sindicato) y genera derechos y obligaciones de titularidad colectiva. Así, son cláusulas normativas las que se refieren a remuneraciones, jornadas, beneficios sociales, etc., mientras que las obligacionales se refieren a el otorgamiento de facilidades al sindicato. Asimismo, es posible identificar un tercer tipo de cláusulas: las cláusulas delimitadoras, las cuales disponen para quiénes rige el convenio, en qué ámbito, desde cuándo y hasta cuándo.

Entonces, “nuestra legislación establece que el convenio colectivo obliga a las partes que lo adoptaron (cláusulas obligacionales) y a las personas en cuyo nombre se celebró, les sea aplicable o se incorpore con posterioridad (cláusulas normativas)”9.

Además, el ámbito de aplicación del convenio colectivo puede tener eficacia personal general o eficacia personal limitada. Tendrá eficacia personal general cuando la organización sindical pactante posea legitimidad negocial, es decir, cuando afilie o represente a la mayoría absoluta de trabajadores del ámbito en el que desarrolla la negociación (sindicato mayoritario o coalición mayoritaria de sindicatos minoritarios), en cuyo caso el convenio colectivo será de aplicación general a todos los trabajadores (erga omnes), incluso a los no sindicalizados. Tendrá eficacia personal limitada cuando la organización pactante sea un sindicato minoritario en cuyo caso podrán negociar colectivamente pero solo en representación de sus afiliados 10.

La jurisprudencia también se ha pronunciado en el mismo sentido mediante la Casación Laboral N° 12901-2014-CALLAO, precisando que “cuando el convenio colectivo ha sido celebrado por una organización sindical de representación limitada, la misma que no goza de la representatividad de la mayoría de los trabajadores no puede extenderse los efectos del convenio colectivo de este sindicato a los no afiliados del mismo”.

Señalado lo anterior, corresponde situar la naturaleza del convenio colectivo celebrado entre la impugnante y el SINATREL en aplicación del artículo 42 del TUO de la LRCT. Entonces, del análisis del expediente sancionador y del expediente inspectivo, se determina que el SINATREL es uno de los cuatro sindicatos que no afilia a la mayoría de los trabajadores en la empresa, por lo que es un sindicato minoritario. Además, se determina que en la negociación colectiva del convenio colectivo 2015-2017 no ha existido una coalición mayoritaria de los sindicatos. Por consiguiente, el convenio colectivo 2015-2017, pactado entre la empresa y el SINATREL, tiene eficacia personal

De la revisión de los fundamentos de la Resolución de Intendencia, se aprecia en el fundamento 33 que la Intendencia precisa, en otras palabras, que el convenio colectivo de eficacia limitada suscrito entre el SINATREL y la impugnante tiene fuerza vinculante entre dichas partes pactantes que se obligaron a cumplir con el mismo. Asimismo, resalta que “la inspeccionada tenía pleno conocimiento que no debía extender el beneficio” refiriéndose a la eficacia limitada del convenio colectivo, en tanto no se trata de un convenio colectivo de eficacia personal general que pueda ser extendido a todos los trabajadores, incluso a los no sindicalizados ni tampoco existe un acuerdo con el sindicato de extender el bono por cierre de pliego a los trabajadores no sindicalizados. Por tanto, es idónea la aplicación del artículo 42 del TUO de la LRCT, puesto que delimita los alcances y ámbito del convenio colectivo. 6.10 Por tanto, no existe una aplicación errónea de 42 artículo del TUO de la LRCT; por el contrario, se han interpretado y aplicado correctamente a las reglas contenidas en dicho texto legal. Por ello, no corresponde acoger este extremo del recurso de revisión.

Es preciso pronunciarnos sobre la definición de la extensión de beneficios de un convenio colectivo a trabajadores no sindicalizados, a fin de determinar si en el caso en concreto ha operado dicha figura. Por consiguiente, de acuerdo a la doctrina “la extensión consiste en la aplicación de un convenio colectivo celebrado por un sindicato minoritario a trabajadores no afiliados a éste”, es decir, que se otorga un beneficio logrado y acordado entre el sindicato y el empleador mediante la negociación colectiva a trabajadores que no formaron parte de dichas negociaciones. Ahora, aunque sea legítimo que la impugnante pretenda uniformizar las remuneraciones entre sus trabajadores no afiliados, ello no puede lograrse mediante la afectación del derecho a la libertad sindical positiva de los trabajadores afiliados.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha señalado que la extensión del convenio a trabajadores no afiliados del ámbito cubierto por la negociación colectiva no presenta una vulneración a la libertad sindical, en la medida en que la negociación se haya realizado por la organización más representativa en nombre de la totalidad de los trabajadores11. Por consiguiente, la extensión de beneficios del convenio colectivo negociado por un sindicato minoritario no está bajo tal supuesto y tiene un tratamiento necesariamente diferente, basándose tal distinción en su representatividad limitada y, de forma semejante, en el carácter limitado de la eficacia de los convenios colectivos que celebra.

La impugnante a fin de dar validez al otorgamiento de la gratificación extraordinaria compensable a los trabajadores no sindicalizados cita la Casación Laboral N° 20956- 2017-LIMA y el VIII el Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional. Al respecto, esta Sala no concuerda con el razonamiento de la Intendencia en desacreditar esta jurisprudencia en tanto su emisión ha sido posterior a la entrega de la gratificación extraordinaria compensable a los trabajadores no sindicalizados. El razonamiento jurídico establecido en aquellos pronunciamientos judiciales tienen valor no en tanto al

Por su lado, el VIII Pleno Jurisdiccional precisa que “no se puede extender los efectos del convenio colectivo suscrito por un sindicato minoritario a aquellos trabajadores que no están afiliados al mismo o que no estén sindicalizados, salvo que el propio convenio, por acuerdo entre las partes, señale lo contrario de forma expresa o el empleador decida unilateralmente extender los beneficios del convenio colectivo a los demás trabajadores; siempre y cuando se refieran solamente a beneficios laborales más favorables al trabajador” (énfasis añadido).

Al respecto, lo que valida la Casación y el Pleno es la extensión de los efectos del convenio colectivo por dos caminos (i) por acuerdo entre la empresa y el sindicato minoritario y (ii) por actos unilaterales del empleador. Por consiguiente, en específico, el Pleno no valida la concesión de un beneficio económico al personal no sindicalizado en cualquier contexto, como alega la impugnante, conforme se aprecia a continuación:

Entonces es claro que la extensión de efectos del convenio colectivo minoritario a trabajadores no sindicalizados no tiene la misma naturaleza que la extensión de dichos efectos en caso de estar frente a un convenio colectivo mayoritario de eficacia personal general. Esto quiere decir que los convenios colectivos minoritarios tienen una eficacia personal limitada reconocida en el artículo 34 del Reglamento de la LRCT precisando que “en el caso que ningún sindicato de un mismo ámbito afilie a la mayoría absoluta de trabajadores de éste, su representación se limita a sus afiliados”. Entonces, si bien no existe una norma expresa que impida la extensión de los efectos del convenio colectivo minoritario, sí se encuentra expresamente establecido que el convenio colectivo minoritario tiene una eficacia personal limitada a sus afiliados y lo que podría operar sería una extensión unilateral por figuras distintas a la convención colectiva.

Ahora, si bien el beneficio otorgado por la impugnante a los trabajadores no sindicalizados no tiene la denominación expresa de “extensión de bono por cierre de pliego”, sino que tiene la denominación de “gratificación extraordinaria compensable”, eso no desvirtúa su naturaleza consistente en la extensión unilateral de los efectos de la cláusula de bono de cierre de pliego. Aunado a ello, el monto (S/. 2000.00) y la oportunidad de pago (agosto de 2015), semejantes en lo que refiere al pago del bono por cierre de pliego como a la entrega de la llamada “gratificación extraordinaria”, da claras luces de que la intención de la impugnante fue extender este beneficio, de carácter netamente sindical, a los trabajadores no sindicalizados, a través de un acto unilateral plasmado en una disposición de contenido económico. Entonces queda claro que sí ha existido una extensión de los efectos de la cláusula por bonificación por cierre de pliego estipulada en el convenio colectivo con el SINATREL a los trabajadores no sindicalizados.

Cabe precisar que por sí misma la extensión de los efectos de los convenios colectivos por actos unilaterales no supone necesariamente una afectación a la libertad sindical. Como lo sostiene la doctrina “la extensión del convenio colectivo de un sindicato minoritario es constitucional, se basa en la libertad de empresa y busca no perjudicar a quien ejerce la libertad sindical negativa. Si se impide la extensión del convenio colectivo, los trabajadores no sindicalizados no tendrían incrementos ni aumentos (…) esto es, el ordenamiento obligaría a los trabajadores a que se afilien al sindicato para

Sin embargo, el beneficio que se ha extendido a los trabajadores no sindicalizados no fue un beneficio que pueda ser susceptible de aplicación universal o general en el ámbito, como sí lo son —por ejemplo— las cláusulas sobre el incremento de remuneraciones, en el entendido que todo trabajador tiene derecho a percibir una remuneración, o como en el caso de mejoras en las condiciones de trabajo, sino que el beneficio extendido fue uno de naturaleza limitada y de exclusiva aplicación a los trabajadores afiliados al SINATREL por dos motivos. Primero, porque la cláusula por bono por cierre de pliego incluye una cláusula delimitadora que limita su aplicación sólo a trabajadores afiliados al SINATREL, con 3 meses de antigüedad y que a la fecha de percepción cuenten con vínculo laboral, debiendo prevalecer lo pactado en el convenio. Segundo, porque el bono por cierre de pliego alude a un reconocimiento por el esfuerzo realizado en las negociaciones colectivas a favor de los trabajadores afiliados al sindicato por haber culminado satisfactoriamente una negociación colectiva, aspecto que los trabajadores no sindicalizados no han alcanzado, en tanto ellos nos realizaron ningún tipo de negociación o lucha.

Ahora, si la intención de la impugnante hubiera sido —conforme alega— atender a la situación de quienes no están cubiertos por la negociación colectiva, se apreciaría un incremento de remuneraciones, como sucedió con lo estipulado en la cláusula 1 del convenio colectivo 2015-2017 con el SINATREL. Empero, ello no ocurrió pues, en rigor, lo que terminó extendiendo fue un beneficio que está catalogado como un concepto no

Por consiguiente, por el actuar de la impugnante se desprende que la verdadera intención de extender el beneficio del bono por cierre de pliego no fue mejorar las remuneraciones de los trabajadores no sindicalizados, sino afectar al SINATREL extendiendo un beneficio que les correspondía exclusivamente a los afiliados a dicho sindicato, dicha afectación se analizará en los fundamentos siguientes.

Por consiguiente, no corresponde acoger este extremo del recurso de revisión.

Al respecto, en el Acta de Infracción se dispone como hechos constatados que (i) no se le reconoció la gratificación extraordinaria compensable a los trabajadores afiliados a una organización sindical, incluidos a los afiliados al SINATREL, (ii) al aplicar un criterio de no estar afiliados a una organización sindical se generó un perjuicio a los trabajadores afiliados al SINATREL que termina siendo un desincentivo a ser sindicalizado, puesto que los no sindicalizados reciben la misma suma de dinero que el monto recibido a los trabajadores del SINATREL por su lucha, (iii) entonces al impactar en la disminución de ingresos de los afiliados al dejar de recibir la gratificación extraordinaria, estas acciones constituyen en discriminación a los trabajadores por su condición de sindicalizados14. Adicionalmente, se constata que a 8 trabajadores que cumplían con los requisitos para la entrega de la gratificación extraordinaria, entre los que se encontraba no estar sindicalizados, no se les otorgó dicho beneficio por lo que “se advierte que existe un trato diferenciado puesto que no se incluyó dentro de este beneficio a estos

En primer lugar, de acuerdo al Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 02861-2010-PA/TC ha precisado que “La igualdad, como derecho fundamental, está consagrada por el artículo 2.2º de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: ‘(...) toda persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole’. Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, se trata de un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino de que sean tratadas de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación” (fundamento 2) (énfasis añadido). 6.30 Además, en la misma sentencia, el Tribunal Constitucional sostiene que “debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, se estará frente a una discriminación y, por tanto, ante una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable” (fundamento 5) (énfasis añadido). 6.31 Entonces, como sugiere la doctrina “el derecho a la igualdad implica el trato igual entre los iguales, la discriminación implica un trato desigual entre los iguales y la diferenciación implica un trato desigual entre los desiguales”16.

Al respecto, el hecho de no extender los efectos del convenio colectivo, negociado con un sindicato minoritario, exclusivos para los afiliados, como lo es el bono por cierre de pliego, se justifica porque existe una situación desigual. Por un lado, se tiene el hecho de que los trabajadores sindicalizados, con su lucha, han llegado satisfactoriamente a un acuerdo en la negociación colectiva y, por otro lado, los trabajadores no sindicalizados

Entonces, la actuación de la impugnante al hacer extensivo el beneficio por bono por cierre de pliego a trabajadores no sindicalizados y no afiliados al SINATREL supone desconocer la existencia de la situación desigual objetiva antes señalada, es decir, la falta de reconocimiento a un trato desigual justificado a los trabajadores afiliados al SINATREL. Por consiguiente, tratar igual a desiguales, desconociendo su situación diferenciada, supone una vulneración al núcleo duro del principio de igualdad.

Adicionalmente, la Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-18/03, precisa que “pueden establecerse distinciones, basadas en desigualdades de hecho, que constituyen un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran” (énfasis añadido). Así, señala la Corte IDH, un “ejemplo de estas desigualdades es la limitación en el ejercicio de determinados derechos políticos en atención a la nacionalidad o ciudadanía”. Lo mismo ocurre con las desigualdades en la limitación de la extensión de beneficios colectivos exclusivos para afiliados en atención a la afiliación sindical (libertad sindical positiva).

Un sector de la doctrina considera que “la conducta antisindical se configura por el dato objetivo y no subjetivo de la misma. Es decir, no interesa la intención ni la intensidad del comportamiento antisindical, sino su presencia misma”17 (énfasis añadido). Otra corriente considera que “para acreditar la vulneración a la libertad sindical no basta con indicar que el convenio colectivo suscrito por un sindicato minoritario se extendió a los no afiliados, sino que se deberá probar tal vulneración, acreditando pagos por renuncias al sindicato, coacción para la desafiliación, supuestos de vulneración al principio de igualdad, etcetera” 18 (énfasis añadido). En el caso examinado, desde cualquiera de las tesis anotadas, se advierte la comprobación del acto antisindical en su constatación y, todavía más, en su afectación al principio y derecho material de igualdad.

Ahora, si bien la Intendencia precisa que existiría una afectación a la libertad sindical por promover las desafiliaciones al SINATREL, no realiza un análisis sobre el nexo causal entre las desafiliaciones y el actuar de la impugnante, conforme se aprecia a continuación:

Entonces, a claras luces no ha existido un razonamiento adecuado de parte de la Intendencia al solo señalar que las desafiliaciones se debieron a la extensión del bono por cierre de pliego, por lo que falta comprobar la regla de causalidad en tales casos. Más aún si la impugnante ha señalado que ciertos trabajadores se desafiliaron al SINATREL para afiliarse a otro sindicato minoritario y que al año 2016 contaba con más afiliaciones “existiendo una diferencia total de 43 afiliaciones respecto a los afiliados a la fecha de entrega de la bonificación compensable a los trabajadores no afiliados”. Por tanto, no se ha probado que la extensión del beneficio haya promovido la desafiliación de los trabajadores.

Sin embargo, la impugnante sí ha vulnerado el principio de igualdad al haber tratado igual a trabajadores que no se encontraban en la misma situación, desconociendo el trato diferenciado, razonable y justo a los trabajadores afiliados al SINATREL, configurándose de esa manera una vulneración a la libertad sindical. En consecuencia, al haberse probado la afectación a la libertad sindical no corresponde amparar este extremo del recurso de revisión.

Con respecto al principio de no discriminación, como en la práctica no se respetó la diferenciación, sino que mediante el poder de dirección de la impugnante se realizó un pago a los no sindicalizados con un efecto semejante al reconocimiento por arribar a un convenio colectivo tras las negociaciones de los trabajadores afiliados al SINATREL, se ha generado un efecto negativo en este sindicato al realizar una diferenciación subjetiva inválida al otorgar un trato preferente a los trabajadores no sindicalizados en beneficios no universalizables.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 00008- 2005-PI/TC precisa que la discriminación en materia laboral también puede ser de manera indirecta:

En segundo lugar, con respecto a los ocho (8) trabajadores que no se encontraban afiliados a ningún sindicato y no recibieron el concepto de gratificación extraordinaria compensable, de la revisión del expediente inspectivo y el expediente sancionador no se comprueba que exista una razón discriminatoria de por medio, sino una probable falta de pago, aspecto que se desarrollará en los fundamentos siguientes. En consecuencia, corresponde amparar este extremo del recurso de revisión y por consiguiente dejar sin efecto la infracción impuesta por actos de discriminación en contra de los 8 trabajadores, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT.

Al respecto, la impugnante alega en su recurso de revisión que existiría una “afectación a su derecho a la defensa en tanto la Resolución de Intendencia ha reconocido que la Resolución de Sub Intendencia ha omitido por completo emitir pronunciamiento sobre

En segundo lugar, con relación a la debida motivación, el Tribunal Constitucional precisa lo siguiente en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-PA/TC:

Conforme se ha identificado previamente en el fundamento 6.37, se evidencia que las instancias que precedieron al Tribunal en el análisis y emisión de los actos administrativos respectivos no cumplieron con garantizar —en este extremo en particular— una adecuada motivación, en tanto no probaron el nexo causal entre la extensión del beneficio a los trabajadores no sindicalizados y las desafiliaciones del SINATREL. Por consiguiente, corresponde amparar este extremo del recurso de revisión.

Asimismo, con respecto a la medida inspectiva de requerimiento de pago de fecha 10 de abril de 2019, se evidencia que el inspector actuante ha sostenido un razonamiento ilógico al requerir el pago de la gratificación extraordinaria compensable a los trabajadores afiliados al SINATREL y los 8 trabajadores no sindicalizados. Sobre el particular, el inspector precisa en los hechos constatados que se ha extendido el beneficio colectivo a los trabajadores no sindicalizados, para luego sostener la tesis de que ha existido una discriminación en el pago y solicitando el pago de dicho beneficio a las personas señaladas. Por tanto, esta Sala advierte una inconsistencia en el razonamiento lógico de la propuesta de sanción en este extremo, al sostenerse que ha existido una extensión del pago a los afiliados al sindicato minoritario que no resulta compatible con el ordenamiento (es decir, resulta en un acto antijurídico). El pago del bono por cierre de pliego a los trabajadores no sindicalizados es, en la teoría del caso del inspector actuante, un hecho ilegal, sobre el que la motivación expuesta en el Acta de Infracción nada nos dice sobre las razones determinadas para otorgarle eficacia legal y, solamente así, requerir que dicho pago sea extendido a quienes no resultaron beneficiados de su otorgamiento (vale decir: los sindicalizados, víctimas del acto de discriminación determinado).

Por consiguiente, corresponde amparar este extremo del recurso de revisión con respecto a la falta de motivación de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 10 de abril de 2019, en tanto esta Sala no puede confirmar la exigibilidad de pago en base a una hipótesis con consecuencias de objetable eficacia legal, dejando sin efecto la multa impuesta con la comisión de la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre el particular, artículo IV, numeral 1.15 del Título Preliminar del T.U.O. de la Ley 27444, Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, señala:

Así, la predictibilidad “constituye una garantía por la que se da valor jurídico a la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cual ha de ser la futura actuación del poder en aplicación del Derecho. Obviamente no se trata de dar valor a meras expectativas subjetivas, sino aquellas que surgen a partir de signos externos o bases objetivas suficientemente concluyentes dadas dentro de la ley por la autoridad, para que los administrados se orienten hacia determinada posición, tales como antecedentes, absolución de consultas, publicación de normas, difusión de requisitos, procedimientos, trámites, autoridades, etc.”19

Sobre el particular, la impugnante indica en su recurso de revisión que “ha cumplido con presentar diversos pronunciamientos no solo judiciales, sino, también, administrativos para sustentar la posición adoptada en el presente procedimiento, estos últimos no se han valorado debidamente en la Resolución de Intendencia. Por el contrario, bajo un argumento carente de sustento alguno, se pretende omitir por completo los criterios adoptados por las autoridades judiciales y administrativas que emitieron dichos pronunciamientos”, por lo que se vulneraría el principio de predictibilidad y confianza legítima.

Al respecto, la impugnante presenta como criterios que se estarían omitiendo los siguientes. Un primer bloque considerando a un pronunciamiento de la Dirección Regional del Callao en el procedimiento derivado de la Orden de Inspección N° 493- 2016-GRC/GRDS/DRTPE-DIT-SDIT, la Resolución de Intendencia N° 283-2015- SUNAFIL/ILM y la Resolución de Intendencia N° 51-2018-SUNAFIL/IRE-CUS, precisando que en caso de incentivos a la desafiliación o afiliación este se debe probar objetivamente.

En primer lugar, la impugnante indica que se ha vulnerado el principio de predictibilidad y confianza legítima con respecto a la Casación Laboral N° 20956-2017-LIMA y el VIII Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional, las cuales reconocen la validez de la extensión de un beneficio otorgado a un sindicato minoritario mediante convenio colectivo a los trabajadores sindicalizados por medio de actos unilaterales del empleador. Al respecto, el principio de predictibilidad y confianza legítima en el ámbito

En segundo lugar, la impugnante indica que se ha vulnerado el principio de predictibilidad y confianza legítima con respecto a los siguientes pronunciamientos administrativos: Dirección Regional del Callao en el procedimiento derivado de la Orden de Inspección N° 493-2016-GRC/GRDS/DRTPE-DIT-SDIT, la Resolución de Intendencia N° 283-2015-SUNAFIL/ILM y la Resolución de Intendencia N° 51-2018-SUNAFIL/IRE-CUS en donde se precisa que en caso actos que promuevan la desafiliación o afiliación a un sindicato, tales como el otorgamiento de una bonificación a trabajadores no sindicalizados, esta afectación a la libertad sindical debe probar objetivamente. Al respecto, si bien se trata de pronunciamientos administrativos, no existe un único criterio para determinar la validez del pago o de la extensión del pago de beneficios solo a trabajadores no sindicalizados, por lo que no se puede determinar que exista una legítima confianza en criterios diversos. Aunado a ello, no existe un precedente de observancia obligatoria en sede administrativa con respecto a la validez o no del pago o extensión de pago de beneficios a los trabajadores no sindicalizados. Por tanto, no se ha vulnerado el principio alegado por la impugnante.

Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano en la sentencia recaída en el expediente Nº 01147-2012-PA/TC, ha señalado que el hecho de negar un informe oral no constituye una vulneración al derecho a la defensa, en tanto no signifique un impedimento para el ejercicio de dicho derecho. Por consiguiente, resalta que no resulta vulnerado el derecho a la defensa la imposibilidad del informe oral, siempre que se le haya permitido al accionante presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación” (fundamento sexto y octavo). En similar sentido, se ha pronunciado en la sentencia recaída en el expediente N° 00789-2018-PHC/TC, al señalar que en el “no resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe” (fundamento 9).

Ahora bien, los informes orales se sujetan a las particularidades de cada expediente, esto es, “cuando corresponda”, sin que ello implique una denegatoria arbitraria, sino que se analice cuáles son los posibles efectos de la aplicación de la oralidad en el mismo,

Así tenemos que, el Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya vulneración de derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.

En ese entendido, este colegiado considera que cuenta con elementos de juicio suficientes para poder resolver el presente recurso, por lo que no considera pertinente llevar a cabo el informe oral solicitado por la impugnante.