Corporación Lindley S.A — Res. 337-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro de Enfermedades Ocupacionales, Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales), incluye todas. 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con un Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales, a favor de los trabajadores, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,225.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la verificación de la medida de requerimiento de fecha 07 de diciembre de 2017, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 27,337.50.

i. La resolución apelada es nula por haber sido expedida en vulneración al principio del debido procedimiento, en particular al derecho de defensa, toda vez que no consideró los argumentos planteados en los descargos, respecto a que no existe regulación sobre el registro de exámenes médicos ocupacionales. De acuerdo al criterio establecido por la Sub Intendencia, la sola presentación del registro de exámenes médicos ocupacionales no sería suficiente, pues la empresa debió de presentar documentación idónea para acreditar su cumplimiento, lo cual no solo crea una obligación adicional a la empresa, sino que, resulta ser ilegal.

ii. Asimismo, se vulnera el derecho de defensa, en la medida que la Sub Intendencia emitió la resolución, limitándose a repetir los argumentos que sustentan el Acta de Infracción y el Informe Final. Los motivos por los que se imputa a la empresa la infracción sobre no contar con el registro de exámenes médicos ocupacionales no se encuentran adecuadamente establecidos en la resolución.

iii. La resolución apelada, al igual que el Acta de Infracción e Informe Final, vulneró el principio de tipicidad. Dentro del acápite de los hechos verificados de la referida Acta, se señala que se ha inobservado el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT, pues no se contaba con los certificados de aptitud médico ocupacional; sin embargo, no existe legislación alguna que señale que dentro de los registros tenga que estar específicamente los exámenes médicos ocupacionales ni los mencionados certificados, Es más, no existe norma alguna que regule qué es un registro de exámenes médicos

ocupacionales, cuál es la forma de llevarlo o cuál es su contenido. Por lo señalado, en el presente caso, existe una grave contravención al principio de tipicidad, toda vez que los hechos que llevarían a configurar el incumplimiento de lo regulado en el artículo 27 numeral 27.6 del RLGIT, han sido deducidos de manera subjetiva por los inspectores, realizando una clara interpretación arbitraria, lo que vulnera también el principio de legalidad.

iv. El pretender sancionar a la empresa por el contenido que debería tener el registro de exámenes médicos ocupacionales sin la que la Autoridad de Salud competente lo haya determinado, deja a la empresa en total estado de indefensión. Además, la empresa cumplió con presentar la relación de trabajadores y las fechas de sus correspondientes exámenes médicos, tal como se menciona en el considerando 4 del Acta de Infracción.

v. Por la prescripción inspectiva laboral, las verificaciones correspondientes a obligaciones de más de cuatro años a la imputación de cargos deben ser dejadas sin efecto, conforme al artículo 51 del RLGIT y el artículo 252 del TUO de la LPAG. Teniendo en consideración ello, y dado que la única infracción se basa en que la empresa no habría cumplido con presentar dichos certificados de aptitud médico ocupacional, la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas respecto a dichos certificados ha prescrito, estando a que de los documentos brindados a lo largo de las actuaciones inspectivas, se desprende que la fecha de ingreso de los 28 trabajadores habría sido hace más de 04 años.

vi. La imposición de una sanción por incumplir una medida de requerimiento no resulta válida porque contraviene el debido procedimiento de la inspeccionada, en específico, la presunción de inocencia. Como hemos podido apreciar, la medida de requerimiento tiene cabida durante el procedimiento inspectivo, y antes de que se emita el Acta de Infracción, donde se conoce las imputaciones antes de que el sujeto inspeccionado ejerza su derecho de defensa con los descargos, e incluso antes de que se emita una resolución donde se determine si, por lo menos, el incumplimiento existe.

vii. La resolución apelada no ha motivado el número de trabajadores afectados, ya que hace referencia a que se perjudicó a una extrabajadora, que no es identificada en el resto de la resolución, pero impone una multa que difiere con ello. La resolución apelada contraviene lo exigido por la LGIT, ya que no cumple con fundamentar la multa, y no precisa los trabajadores afectados ni el cálculo de la multa en función de ellos.

i. Mediante Resolución de Superintendencia N° 110-2019-SUNAFIL, de fecha 15 de marzo de 2019, se han aprobado los criterios normativos adoptados por el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral”, donde se indica respecto al cómputo de plazo de prescripción: 2) La infracción instantánea con efectos permanentes es aquella que, asimismo, se consuma en el mismo acto, pero produce un estado de cosas antijurídico permanente. En este caso el plazo de prescripción se inicia desde que se ha consumado la infracción, esto es, desde que se ha creado la situación antijurídica.

ii. La conducta de no implementar el Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales del año 2016 por no incluir el certificado de aptitud médico ocupacional califica como una infracción instantánea con efectos permanentes, en tanto se consuma en el mismo acto, pero produce un estado de cosas antijurídico permanente; es así que, la falta de implementación del mencionado registro se consumó en el año 2016, dado que debió contener los certificados de aptitud médica ocupacional de los 28 trabajadores por dicho periodo, debido a que el médico ocupacional debe desarrollar las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores en un programa anual de salud ocupacional; así como el análisis de la información de la vigilancia de la salud de los trabajadores se realiza, de forma anual, mediante tasas de frecuencia de eventos relacionados a la salud de los trabajadores.

iii. Las especificaciones para la realización de exámenes médicos ocupacionales se encuentran previstas en el documento técnico “Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”, aprobado por Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, que es actualmente la normativa vigente que regula los aspectos propios de los exámenes médicos ocupacionales, lo cual no puede ser desconocido por la inspeccionada. Por ello, no se puede plantear la existencia de un vacío de regulación, pues de esta normativa emitida por el Ministerio de Salud debe poder interpretarse la necesidad de tener alguna documentación que sea necesaria forme parte del Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales.

iv. El informe médico ocupacional o el certificado de aptitud ocupacional debe incorporarse al Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales por ser la información ligada con la vigilancia de la salud de los trabajadores, para la adopción de decisiones en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el centro de trabajo. Ello debe entenderse así en tanto una de las garantías que dispone la legislación sobre este tipo de registros es la confidencialidad de la información, lo cual puede no ser observada si tal documentación es tratada por el empleador fuera de estos registros. Además de ello, colocar este informe o certificado de aptitud médico ocupacional en el registro materia de análisis le servirá al empleador para acreditar ante cualquier autoridad que cumple con la práctica de los exámenes médicos a los que está obligado por ley. En

2 Notificada a la impugnante el 2 de agosto de 2021.

consecuencia, no se transgrede el principio de legalidad en tanto la interpretación que ha sido expuesta se encuentra dentro de los márgenes del ordenamiento jurídico; de igual modo, el principio de tipicidad no se ve afectado en tanto no se ha realizado interpretaciones extensivas o analógicas del tipo infractor, así como tampoco se está imponiendo obligaciones que no están previstas en la normativa.

v. Respecto a la medida inspectiva de requerimiento, no tiene asidero lo alegado por la inspeccionada, en el sentido que se atentaría contra su derecho a la presunción de inocencia, toda vez que la adopción de dicha medida es el resultado de la culminación del proceso de investigación realizado por los inspectores comisionados, quienes únicamente en atención a lo constatado, determinan la emisión de dicho requerimiento, observando los principios ordenadores que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo y en virtud de ello, dentro de las facultades que le concede la LGIT y el RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1353-2021-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

Inaplicación de los artículos 51 de la LGIT y 252.2 del TUO de la LPAG i. La Intendencia concluye que no habríamos cumplido con exhibir los Registros de Exámenes Médicos Ocupacionales conforme a ley, donde se encuentran los certificados de aptitud médico ocupacional de los 28 trabajadores aparentemente afectados. Considerando que la supuesta infracción recae en la falta de registro y exhibición de los certificados médicos ocupacionales mencionados, resulta que, al haber sido recabados al inicio de la relación laboral, se encuentran fuera del periodo válido a ser materia de inspección. Ante ello, tenemos que ser enfáticos en mencionar que la imputación de cargos fue notificada el 29 de enero de 2020, con lo cual, las obligaciones y requerimientos referidos a periodos anteriores al 29 de enero de 2016 se encuentran prescritos y, por lo tanto, no deberían ser considerados en la fiscalización inspectiva.

Aplicación errónea del numeral 18.2 del artículo 18 del RLGIT

ii. Un requisito para la existencia de la medida inspectiva de requerimiento es que se compruebe fehacientemente que el empleador ha omitido el cumplimiento de una obligación legal. En ese sentido, a diferencia de los meros requerimientos de información, el inspector de trabajo tiene la obligación de fundamentar y explicar cuál ha sido el razonamiento lógico que ha desarrollado para llegar a la convicción que estamos ante un incumplimiento normativo. Así pues, los inspectores conocían nuestra posición y tenían la certeza que no presentaríamos documentación adicional; en consecuencia, no estábamos obligados a cumplir con la medida de requerimiento, porque no se respetó el principio de legalidad.

Inaplicación de los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG: se vulneran los principios de presunción de licitud, verdad material y debido procedimiento

iii. Debemos ser claros en señalar que, si bien es cierto el artículo 33 del RSST establece la obligación de las empresas de contar con un “Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales” también es cierto que no existe norma alguna que establezca la forma, detalle o siquiera dé algún alcance de cómo es que se elabora o presenta este registro, a diferencia del resto de los registros listados en el referido artículo. En ese sentido, es evidente que los motivos por los que se imputa a la empresa la infracción sobre no contar con el Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales no se encuentran adecuadamente establecidos en la Resolución, más aún cuando, sin perjuicio que no existe norma alguna que regule tales registros, la Intendencia indica que no habríamos presentado documentación idónea que acredite que cuenta con el Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales. En ese sentido, se han vulnerado los principios de debido procedimiento, verdad material y presunción de inocencia, toda vez que: i) No existe medio probatorio que genere la certeza indubitable de que se cometió la infracción y que esta respete el principio de culpabilidad, y ii) Pretenden trasladar la carga de la prueba a la empresa cuando ello les corresponde a los inspectores.

Inaplicación del numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, se vulneró el principio de tipicidad

iv. En marzo del 2013, se emitió la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, en la cual se aprobaron los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, respecto del Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales, esta resolución no indica formato alguno, ni mucho menos da detalles de la información mínima que debe contener este registro. A la fecha, no existe norma alguna del Ministerio de Salud que establezca las especificaciones que debe tener un registro de exámenes médicos ocupacionales como lo indica la Resolución Ministerial por el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, no resulta válido imputar como infracción, el no haber presentado un registro de exámenes médicos ocupacionales, si es que ninguna norma ha establecido el formato e información mínima que dicho registro debe contener; sancionar por ello constituiría una clara vulneración al principio de tipicidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la alegación de prescripción de la infracción detectada

TEMA VOTACIÓN ACUERDO La prescripción administrativa UNANIMIDAD El plazo de prescripción de cuatro (4) años para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral, es aplicable para todos los hechos

constitutivos de infracción, incluso si ocurrieron antes del 16 de marzo de 2017.

sanciones, no se ha excedido el plazo de prescripción antes señalado. Por tanto, no corresponde acoger lo solicitado por la impugnante en dicho extremo.

Sobre la supuesta aplicación errónea del numeral 18.2 del artículo 18 del RLGIT

Artículo 33. – Los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son: (…) b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante Resolución Ministerial.

obligatorios del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debiendo precisar que, el artículo 2 de la citada resolución, dispone que los formatos considerados en el Anexo 1, son de carácter referencial y la información mínima que debe contener los registros, es obligatoria; siendo que, para el registro de exámenes médicos ocupacionales, el literal b):

B. Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales (…) Las pautas que deben seguirse para la realización de los exámenes médicos antes señalados son los que precise el Ministerio de Salud. En ese sentido, el empleador deberá mantener el registro de exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a las especificaciones que el Ministerio de Salud detalle. Los resultados de dichos exámenes médicos estarán a disposición de quienes se hayan sometido a los mismos, debiendo respetarse el principio de confidencialidad (énfasis añadido).

Sobre la Medida Inspectiva de Requerimiento 6.15 Sobre el particular, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, pueden adoptar acciones orientas a la misma, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

9 Véase folio 23 del expediente inspectivo. 10 Véase folio 83 del expediente inspectivo. 11 Véase folio 119 del expediente inspectivo. 12 Véase folio 124 del expediente inspectivo. 13 Véase de folio 127 a 128 del expediente inspectivo.

comisionado, agotando las actuaciones inspectivas valoró todos los medios probatorios presentados previamente a emitir la medida inspectiva de requerimiento, de conformidad con el principio de verdad material y el de presunción de inocencia.

Información Adicional

Finalmente es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta

Seguridad y Salud en el Trabajo

No contar con un Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales, a favor de los trabajadores. Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE

S/ 18,225.00

Labor Inspectiva

No cumplir con la verificación de la medida de requerimiento de fecha 07 de diciembre de 2017. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

S/ 27,337.50

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la CORPORACIÓN LINDLEY S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 1353-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 20 de agosto de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo

sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1162-2018-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1353-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a la CORPORACIÓN LINDLEY S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA

VOTO SINGULAR DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, si bien estoy de acuerdo con el fallo, discrepo de la fundamentación, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para analizar, el no contar con un Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales, a favor de los trabajadores; sobre el que versa el expediente administrativo elevado a esta instancia de revisión. En este caso, se ha activado la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral por la infracción calificada como “muy grave a la labor inspectiva”, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 07 de diciembre de 2017.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones: 1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981, ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41. A su vez, literal b) del artículo 49 de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. En el literal c) del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, reitera la excepcionalidad del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión. En concreto, en el artículo 14, el Reglamento mencionado refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves”.

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; y 2) dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos” 14

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son; sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Existen casos en donde la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un

14 Gordillo, A. (2007). Tratado de derecho administrativo: el acto administrativo (Vol. 3). Agustín Gordillo. https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo8.pdf

comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves.

8. Del análisis del escrito de revisión no se identifica que la impugnante fundamente su recurso en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, respecto de la infracción “muy grave” (único objeto de análisis pasible de pronunciamiento por parte del Tribunal). Por el contrario, se observa que los argumentos de defensa de la recurrente implican que esta Sala tome posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa respecto de una materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, excede la competencia que la ley ha otorgado a este Tribunal.

9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracción grave y/o infracción leve.

10. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, y al no presentarse argumentos que cuestionen los fundamentos expuestos por las instancias inferiores sobre la infracción objeto del recurso de revisión (infracción muy grave), se determina que el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 07 de diciembre de 2017, resultando infundado el recurso de revisión que se ha interpuesto.

11. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO en los términos expuestos en el presente voto singular.

Presidente