Corporación Lindley S.A — Res. 231-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones colectivas (Sub materia: Convenios colectivos). soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación de turno contenido en el convenio colectivo, afectando cuarenta y seis (46) trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,900.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 26 de marzo de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,350.00.

i. La resolución apelada convalida la actuación ilegal de los Inspectores de Trabajo, quienes pretenden modificar los términos del Convenio Colectivo 2017-2019. ii. La resolución apelada es nula al considerar que el Acta de Infracción y el Informe Final no son actos de administración, por encontrarse en las causales de nulidad previstas en el artículo de la Ley N° 27444. iii. La Sub Intendencia considera que la autoridad inspectiva puede pasarse por alto el incumplimiento de los plazos para emitir el Acta de Infracción y el Informe Final, así como los requisitos que debe observar el contenido del Acta de Infracción, que es garantía para el sujeto inspeccionado. iv. El Inspector de Trabajo se excedió en el plazo de diez días para dar inicio a las actividades inspectivas sin motivación. v. La autoridad instructora se excedió en el plazo de diez (10) días hábiles establecido en el literal g) del inciso 53.2 del artículo 52 del RLGIT, para emitir el Informe Final. vi. El Inspector de Trabajo actuó sin competencia material para la imputación de la infracción, pues ha investigado, fiscalizado y propuesto una multa por una infracción para la cual no tenía competencia alguna. vii. La resolución apelada debe ser declarada nula, pues incurre en las mismas falencias que el Acta de Infracción y el Informe Final, al no desvirtuar los argumentos del descargo ni observar los documentos presentados por la empresa. viii. Si bien la problemática gira en torno a la bonificación contenida en el convenio colectivo, está referida únicamente a la jornada laboral, lo cual no significa que la empresa desconozca que existen oportunidades en los trabajadores han realizado trabajo en días feriados o en sus días descanso semanal. ix. El Convenio Colectivo 2017-2019 constituye una norma vinculante entre las partes que los pactaron y no puede ser modificado por la Autoridad Inspectiva de Trabajo.

x. El Acta de Infracción, el Informe Final y la resolución apelada, contravienen el principio de concurso de infracciones establecido en el numeral 6 del artículo 248 de la Ley N° 27444, así como lo establecido en el artículo 48-A del RLGIT.

i. Se advierte que la autoridad de primera instancia, ha motivado su decisión valorando los hechos constatados en el Acta de Infracción y compartiendo en su integridad el análisis y conclusiones a las que arribó la autoridad instructora en el numeral 8 del Informe Final. ii. Cabe precisar teniendo en cuenta que las horas efectivamente laboradas, son todas aquellas en que los trabajadores permanecieron en su puesto de trabajo a disposición de la inspeccionada para cumplir con sus obligaciones; al respecto, de la lectura de la cláusula 16 del aludido convenio colectivo, se advierte que se ha establecido el pago de la "Bonificación segundo turno" y "Bonificación de tercer turno" del 15% o 35% respectivamente, aplicable al valor hora del jornal diario que se encuentra establecido para las "horas efectivamente laboradas", de lo cual, claramente se advierte que esta hace referencia a aquellas en que los trabajadores se encuentran en su puesto de trabajo para cumplir sus obligaciones a favor de la inspeccionada y ello ha ocurrido cuando los trabajadores han asistido a cumplir dichas obligaciones en su jornada ordinaria y en los días feriados o días de descanso en los que efectivamente han laborado; en tanto, estos periodos que la inspeccionada pretende soslayar excluyendo para el otorgamiento del pago de la "Bonificación de turno" señalada, resulta incongruente, por cuanto para no ser considerados como horas efectivamente laboradas estas deben corresponder al tiempo que dichos trabajadores dispongan para su uso y disfrute personal; por consiguiente, al no advertirse precisión alguna en torno a ello, esta Intendencia comparte el análisis efectuado por la autoridad instructora compartida por la autoridad de primera instancia, conforme a los hechos constatados a través de las actuaciones inspectivas de investigación detalladas en el Acta de Infracción. iii. La autoridad administrativa de trabajo no puede abstenerse, de ejercer su actividad fiscalizadora y la competencia sancionadora en el presente caso, salvo por mandato judicial expreso, situación que no ha sucedido en el presente caso. iv. La nulidad invocada por la inspeccionada respecto a la naturaleza jurídica del Acta de Infracción y del Informe Final no tiene sustento legal. v. La demora en la notificación del Acta de Infracción e Informe Final, no genera nulidad de lo actuado, cuanto más si la LGIT ni el RLGIT no lo estipulan.

2 Notificada a la impugnante el 16 de agosto de 2021, véase folio 105 del expediente sancionador. vi. De la revisión de los actuados, en principio cabe señalar que, efectivamente se advierte que las actuaciones inspectivas no Iniciaron dentro del plazo legal; empero fueron debidamente justificadas, conforme lo ha desarrollado el inferior en grado, en el considerando 17 de la resolución apelada. vii. Esta intendencia concuerda con el pronunciamiento en la resolución apelada, en el sentido de hacer prevalecer el argumento glosado del Informe Final en cuanto a la ponderación de bienes jurídicos, pues la responsabilidad de los comisionados de no dar inicio a las actuaciones inspectivas en el plazo que la norma establece, que se encuentran debidamente justificadas, no enerva responsabilidad de la inspeccionada de dar cumplimiento a sus obligaciones sociolaborales. viii. La inobservancia del plazo legal no impide que las autoridades competentes que están a cargo del trámite del procedimiento administrativo sancionador realicen las actuaciones que sean necesarias, a efectos de que se expida la resolución y se proceda con la notificación de la misma. ix. Si las actuaciones fueron iniciadas para verificar ciertas materias relacionadas a cautelar el cumplimiento de las disposiciones sociolaborales en relación a los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Embotelladora Corporación Lindley -SINATREL, ello no implica que el Inspector de Trabajo comisionado no pueda verificar el cumplimiento de otras obligaciones por parte de la inspeccionada en relación a ésta, para lo cual deba tomar conocimiento si existen hechos contrarios al ordenamiento jurídico vigente; no obstante, debe precisarse que para poder requerir la información y documentación relacionada a las nuevas materias no necesariamente debe haber un previo refrendo de las mismas, sino en forma posterior, pues el Inspector actuante tiene habilitado la investigación preliminar de las materias no incluidas inicialmente en la Orden de Inspección. x. La resolución apelada se encuentra conforme a ley, considerando que fue plenamente identificada en los hechos verificados descritos en el Acta de Infracción; correspondiendo desestimar los argumentos esbozados en la apelación.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1286-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

- Se ha inaplicado el Principio de Culpabilidad. De la interpretación literal de la cláusula 16 del convenio, es evidente que dicha bonificación solamente alcanza cuando el trabajador realiza actividades en el turno que le corresponde laborar - específicamente- en la semana, dado que, no lleva a considerar que existe un significado específico distinto, ni menciona de manera “expresa” - como lo presume, mas no sustentan, el Inspector de Trabajo como la Sub Intendencia y la Intendencia- que esto también incluye los trabajos en día de descanso y/o feriados. - La determinación de los turnos que se recompensan con la bonificación de la Cláusula 16, son aquellos que se realizan en los horarios y turnos de trabajo pactados; es decir, aquellos que cuentan con mención expresa del día específico en el cual inician y que se realizan dentro de las jornadas de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales y que no incluyen los días de descanso semanal obligatorio ni tampoco los feriados. - Es de hacer notar que ni la Sub Intendencia ni la Intendencia han hecho un análisis de culpabilidad que demuestre el déficit de organización en aras de cumplir con lo establecido para la responsabilidad subjetiva, respecto a la presunta conducta infractora, sino simplemente se ha hecho un examen objetivo citando a su vez lo señalado por la Sub Intendencia, respecto a que lo señalado en la Clausula 16 no excluye los días de descanso semanal o feriado, conforme se puede apreciar de la redacción de la Resolución de Sub Intendencia. - El Convenio colectivo 2017-2019 constituye una norma vinculante entre las partes que lo pactaron y por tanto la SUNAFIL no es competente para modificarlo. Ambas partes se encuentran facultadas para acudir a la autoridad judicial, en caso de no arribar a un acuerdo sobre la aplicación e interpretación del convenio colectivo pactado o sobre el mecanismo de solución pacífica más adecuado para resolver dicha controversia. - Resulta abiertamente ilegal que se pretenda sancionar a la Empresa a través del presente procedimiento con base en una interpretación realizada por parte de la Autoridad Inspectiva de Trabajo, con la que no solo se pretende modificar los términos literalmente pactados por la Empresa y el Sindicato, sino, además, y lo que es más grave, con la que se pretende crear un derecho a los afiliados al Sindicato que las partes no pactaron. - Inaplicación de los principios de debido procedimiento y presunción de licitud, ello en atención a que la empresa no ha incurrido en la infracción imputada por los inspectores. - Los inspectores como la Sub Intendencia pretenden traslada la carga de la prueba a la Empresa, aun cuando el deber de ellos como autoridad es tener la certeza de que los hechos imputados realmente fueron cometidos por la Empresa. Además, es obligación de la Autoridad sancionadora hacer un análisis de responsabilidad subjetiva lo cual como hemos señalado anteriormente no ha ocurrido. - Tanto la Imputación de Cargos como la Resolución de Sub Intendencia, han vulnerado los principios de debido procedimiento y presunción de inocencia, toda vez que: i) No han aportado medio probatorio alguno en la Imputación de Cargos que genere la certeza indubitable que se cometió la infracción y que esta respete el principio de culpabilidad; ii) Pretenden trasladar la carga de la prueba a la Empresa cuando ello les corresponde a los propios inspectores; iii) Solicitan que los medios probatorios aportados por la Empresa generen certeza indubitable de que no se cometió la infracción, cuando lo único exigido por los principios citados es que generen una duda razonable de que no se cometió la infracción. - La Empresa no se encontraba obligada a cumplir con la medida de requerimiento, porque no respetaba el principio de legalidad ni el de debida motivación, no habiendo, por tanto, incurrido en la infracción a la labor inspectiva imputada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”.

9 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 10 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54. 11 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” 12 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 13 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” normas antes citadas. De lo contrario, se estaría incurriendo en una violación del principio de legalidad14.

14 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 15 Folio 391 del expediente inspectivo. 16Numeral 1.8. del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 17Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

“16. BONIFICACIÓN DE TURNO LA EMPRESA conviene en otorgar a sus trabajadores sindicalizados a nivel nacional las siguientes Bonificaciones de turno: Bonificación Segundo Turno La sobretasa de 15% del valor hora de su jornal, por las horas efectivamente laboradas en el horario del segundo turno respectivamente de cada planta. Bonificación Tercer Turno La sobretasa de 35% del valor hora de su jornal, por las horas efectivamente laboradas en el horario del tercer turno respectivamente de cada planta.”

18 Artículo 2.1. de la Recomendación OIT 91, Recomendación sobre los contratos colectivos. 19 Artículo 20º del Decreto Supremo Nº 011-92-TR, Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 20 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

Sobre el derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo sancionador

“Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la

21 “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: (…) 4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 5. Procedimiento regular. - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación” 22 https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/01485-2018-AA.pdf exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo”.

“el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3), de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, su ejercicio no es absoluto, por cuanto se encuentra sujeto a determinados principios, como son que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del derecho”.

23 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 24 Eugenia Ariano Deho, Problemas del Proceso Civil (Lima: Jurista, 2003), 196.

25 Juan Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo II, Lima: Grijley, 2019, 405. 26 Miguel Carmona Ruano, “Prueba de la infracción administrativa y derecho fundamental a la presunción de inocencia”, Jueces para la democracia N° 9 (1990): 24. 27 Christian Guzmán Napurí, Manual del Procedimiento Administrativo General (Lima: Pacífico Editores, 2013), 528. 28 Constitución Política del Perú, artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: (…) e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. denominación de presunción de licitud29, que proscribe que se sancione a una persona en tanto su responsabilidad sobre el hecho imputado no haya sido debidamente acreditada, más allá de toda duda razonable30.

“(…) no pueda trasladarse la carga de la prueba quien precisamente soporta la imputación, pues eso significaría que lo que se sanciona no es lo que está probado en el proceso o procedimiento, sino lo que el imputado, en este caso, no ha podido probar como descargo en defensa de su inocencia”.

29 LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 30 En el fundamento 3 de la STC recaída en el Expediente 08811-2005-PHC/TC, el Tribunal Constitucional señalo que el derecho a la presunción de inocencia “obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones” 31 LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: (…) 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 32 Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento…, Tomo II, 18. 33 En consideración al Principio de Verdad Material regulado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, “en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas”. 34 Christian Guzman Napurí, “Los principios generales del Derecho Administrativo”, Ius et Veritas N° 38 (2009): 245.

la misma no se encuentra probada con las pruebas que se han actuado hasta el momento”35.

35 Christian Guzmán Napurí, Manual del Procedimiento Administrativo General (Lima: Pacífico Editores, 2013), 528. 36 Fundamento 4 de la STC recaída en el Expediente 1172-2003-HC/TC lo que, atendiendo a la denuncia presentada en el presente caso, la SUNAFIL no se puede abstener de ejercer su actividad fiscalizadora y su competencia sancionadora.

Sobre el principio de culpabilidad

Información Adicional

Finalmente es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Presunta conducta infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta Relaciones Laborales El sujeto inspeccionado no acreditó el pago de la bonificación de turno contenido en el convenio colectivo, afectando cuarenta y seis (46) trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE UIT38 18,900.00

37 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo II. Página 458 38 Vigente al momento de configurarse la falta, que para el año 2019 es S/ 4,200.00, según D.S N° 298-2018-EF.

Labor Inspectiva El sujeto inspeccionado no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 26 de marzo de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE UIT39 28,350.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CORPORACIÓN LINDLEY S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1286-2021- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 4436-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1286-2021-SUNAFIL/ILM en todos sus extremos. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a CORPORACIÓN LINDLEY S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

39 Vigente al momento de configurarse la falta, que para el año 2019 es S/ 4,200.00, según D.S N° 298-2018-EF.

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA

VOTO SINGULAR DEL VOCAL LUIS MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, si bien estoy de acuerdo con el fallo, discrepo de la fundamentación, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para analizar el incumplimiento imputado referente al pago íntegro de los conceptos por bonificación de segundo y tercer turno derivado del convenio colectivo 2017- 2019, a favor de 46 trabajadores, sobre la que versa el expediente administrativo elevado a esta instancia de revisión. En este caso, se ha activado la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral por una infracción calificada como “muy grave a la labor inspectiva”, por no haber cumplido el empleador con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 26 de marzo de 2019.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981 ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41. A su vez, el literal b) del artículo 49 de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. En el literal c) del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, reitera la excepcionalidad del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004- 2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión. En concreto, en el artículo 14, el Reglamento mencionado refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves”.

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; y 2) dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos”.40

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.41 Existen casos en donde la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves.

8. Del análisis del escrito de revisión no se identifica que la impugnante fundamente su recurso en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, respecto de la infracción “muy grave” (único objeto de análisis pasible de pronunciamiento por parte del Tribunal). Por el contrario, se observa que los argumentos de defensa de la recurrente implican que esta Sala tome posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa respecto de una materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, excede la competencia que la ley ha otorgado a este Tribunal.

40 GORDILLO, A (2011). Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas. 10ma edición. Tomo 3. El acto administrativo. Buenos Aires: F.D.A., p. VIII-38. 41 “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. 9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracción grave.

10. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, y al no presentarse argumentos sólidos que cuestionen los fundamentos expuestos por las instancias inferiores sobre la infracción objeto del recurso de revisión (infracción muy grave – labor inspectiva), se determina que el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, de fecha 26 de marzo de 2019.

11. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO, en los términos expuestos en el presente voto.

Presidente