Corporación Lindley S.A — Res. 1081-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: contrato de trabajo (sub materia: formalidades) soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con brindar la información solicitada por el inspector comisionado en la visita inspectiva realizada el 31 de enero de 2018, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con brindar la información solicitada por el inspector comisionado en la visita inspectiva realizada el 02 de febrero de 2018, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.00.

i. Solicita la nulidad de la resolución de apelada, así como del acta de infracción e informe final, por vulnerarse su derecho de defensa. ii. Afirma que es arbitrario que la SUNAFIL se haya demorado más de tres años para elaborar la imputación de cargos. iii. Alega, también que, se vulneraron los principios de legalidad y probidad, pues, no se emitió la constancia de actuación inspectiva durante el procedimiento inspectivo, ni se le entregó una copia de este, ni de algún requerimiento de información. Por lo que, se ha transgredido su derecho de defensa. iv. La imposición de las dos multas por supuestamente, incurrir en infracción contra la labor inspectiva, transgrede el principio de concurso de infracciones y de non bis in idem. v. Señala que la autoridad instructora se ha excedido en el plazo para emitir el informe final de instrucción, con lo que vulneró el principio de legalidad y proscripción de la arbitrariedad. vi. Asimismo, se vulneraron los principios de causalidad, culpabilidad, veracidad, licitud y verdad material. Además, señala que, la constancia de fecha 31 de enero de 2018, no fue entregada a ningún personal de la inspeccionada. Y respecto a la constancia de fecha 02 de febrero de 2018, señala que, no fue llenado por el señor Omar Juárez, ni se le entregó una copia de esta. vii. Finalmente solicita se remitan copias de todo lo actuado al Ministerio Público, a fin que inicie la investigación correspondiente.

i. De la regulación vigente, no se advierte que los plazos para la emisión de la imputación de cargos y su notificación, sean perentorios, más aún si el numeral 53.4.2 del artículo 53 del RLGIT, se aprecia que el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve meses, lo cual no se ha configurado en el presente caso. Por tanto, no advierte la existencia de algún impedimento legal para la continuación del presente procedimiento. ii. En ese sentido, observa que, quedan desvirtuados la nulidad formulada, pues, el desarrollo de la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador se han efectuado dentro de los lineamientos de la legalidad, observando las garantías correspondientes como los principios administrativos. iii. No se ha configurado una afectación al principio de non bis in ídem, ni del numeral 6 del artículo 248 del TUO de la LPAG, pues, las dos conductas infractoras, fueron consumadas el 31 de enero y 02 de febrero de 2018, respectivamente, por lo que cada una constituye una infracción independiente, tampoco se ha producido una triple identidad en la sanción, pues las conductas se efectuaron en fechas distintas. iv. Concluye que se configuró el tipo infractor contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, pues, conforme consta en el Acta de Infracción, la inspeccionada se negó a exhibir la documentación solicitada por el inspector inspeccionado, en las dos visitas realizadas, el 31 de enero y 02 de febrero de 2018, y de acuerdo con los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores que se formalicen en el Acta de Infracción, merecen fe y se presumen ciertos, por ende, no basta con alegar un hecho, sin aportar medio de prueba que lo sustente. En consecuencia, los argumentos expresados en el recurso impugnatorio no desvirtúan las infracciones incurridas por la inspeccionada.

2 Notificada a la impugnante el 07 de febrero de 2022, conforme se advierte del expediente sancionador a folio 92.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión-. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 28 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 35-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

- Vulneración al debido procedimiento, derecho de defensa y el de una debida motivación de las resoluciones administrativas, pues no se ha emitido ningún pronunciamiento sobre la constancia de actuación inspectiva de fecha 31 de enero de 2018, la cual no contiene la firma de ningún representante de la empresa, y la rúbrica que contiene la constancia de actuación inspectiva de fecha 02 de febrero de 2018, no corresponde al del señor Omar Juárez. - El contenido del Acta de Infracción, ha sido replicado a lo largo del procedimiento sancionador, lo cual evidencia una vulneración a su derecho a obtener una resolución, debidamente, motivada. - Asimismo, señala que, no se ha emitido pronunciamiento respecto a que el inspector comisionado no dejó ante algún representante de la inspeccionado, alguna constancia de su actuación, ni mucho menos de su negativa a brindar la información requerida. - Solicita se declare la nulidad del presente procedimiento, pues, no se brindó respuesta a los argumentos formulados. - Además, señala que, los inspectores de trabajo si bien se encuentran facultados para requerir información, no obstante, esto debe guardar coherencia con los hechos denunciados que son materia de inspección; sin embargo, lo que se solicitó en el presente caso, es una información general de toda la planta que no tendría relación con la denuncia efectuada por el señor Galdós. - No se ha valorado la solicitud de integración formulada. - Además, refiere que, se ha configurado una interpretación indebida del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, pues, la empresa en todo momento mostró su disponibilidad de presentar la información requerida; sin embargo, estando a que no contaba con la documentación en físico, solicitó al inspector emitir un requerimiento de comparecencia, sin que se señalara que se haría una nueva visita. - Al imponerse la sanción contra la inspeccionada, se ha vulnerado el principio de razonabilidad contenido en el numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG. - Solicitan se remitan copias de los actuados al ministerio público y audiencia ante el TFL.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la vulneración al debido procedimiento

9 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…]El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

10 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

Figura Nº 01:

Figura Nº 02:

Figura Nº 03: Constancia de actuaciones inspectivas del 31 de enero de 2018

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

11 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del sistema de inspección del trabajo

N° 654-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, de fecha 11 de noviembre de 2021, se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el inciso 1 del artículo 10 de la LPAG, correspondiendo que ese acto administrativo sea declarado nulo. Consecuentemente, debe reponerse el procedimiento al estado en que se encontraba antes de producirse la causal de nulidad, dejando a salvo el valor probatorio de la documentación que no incide en la nulidad advertida, debiendo actuar las autoridades de la etapa sancionadora conforme a Ley. Sobre los efectos de la declaración de nulidad

Sobre la solicitud de informe oral

12 TUO de la LPAG “Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.” 13 TUO de la LPAG Artículo 227.- Resolución (…) 227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”. 6.28. En similar sentido, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado:

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”. 6.29. Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del Informe Oral.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CORPORACIÓN LINDLEY S.A., y; en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 654-2021- SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, de fecha 11 de noviembre de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Arequipa, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 156-2019-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 654-2021- SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, de fecha 11 de noviembre de 2021, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. – Notificar la presente resolución a CORPORACIÓN LINDLEY S.A., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.25 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA

20221116ECHV