Corporación Lindley S.A — Res. 1025-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (sub materia: pago íntegro de la remuneración convencional (Sueldos y salarios)) y, Discriminación en el trabajo (sub materia: por razón sindical). 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft de “GRATIF. EXTRA. COMPES. CP y/o BONIFICACION CP”, a favor de los 360 trabajadores afiliados al SINATREL.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por incurrir en actos de discriminación en el trabajo por razón sindical, al haber otorgado a los trabajadores no sindicalizados, una bonificación extraordinaria denominada “GRATIF. EXTRA COMPENS. CP. Y BONIFICACION CP”, establecidos en la política remunerativa de Capital Humano, excluyendo a los trabajadores afiliados al SINATREL, tipificada en el numeral 25.12 del artículo 25 del RLGIT, con una multa ascendente a S/ 84,037.50. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de setiembre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, con una multa ascendente a S/ 84,037.50.

i. Solicita la nulidad de la resolución impugnada o, en su defecto, se revoquen las sanciones impuestas, pues, no ha incurrido en ningún acto de discriminación que afecte a los trabajadores afiliados al SINATREL, ya que no todo acto desigual es discriminatorio. Motivo por el cual se otorgó compensaciones y beneficios a los trabajadores cuyas remuneraciones y beneficios no se regulan por negociación colectiva, siendo ello válido y legítimo. ii. Asimismo, señala que para determinar que se trata de un acto discriminatorio que desincentiva la afiliación sindical, se debió probar la existencia de una afectación, es decir de algún perjuicio o efecto negativo como producto de dicho pago, el cual en realidad fue realizado con base a una diferenciación válida. iii. Se ha vulnerado el principio de licitud, contenido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, ya que la administración ha concluido que se ha configurado una infracción muy grave, sin realizar más actos a fin de esclarecer los hechos del

presente caso; ya que, afirma, resulta válido diferenciar a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, a efectos de otorgar beneficios y compensaciones económicas. iv. Agrega que la resolución apelada incurre en una motivación inexistente o aparente, pues pretende justificar la imposición de una sanción de forma arbitraria, pues, no todo trato desigual es discriminatorio. v. En ese sentido, señala que, no se ha configurado una infracción a la labor inspectiva, pues la medida inspectiva de requerimiento, no podía ser cumplida, pues, no ha cometido actos de discriminación, que deban ser subsanados. vi. Se ha vulnerado el principio de concurso de infracciones. vii. La multa impuesta por la medida de requerimiento, contraviene el principio de presunción de inocencia.

i. De la revisión de la resolución apelada, se advierte que la autoridad sancionadora de primera instancia, por error consignó en el artículo PRIMERO de la parte resolutiva el siguiente monto total de la multa: "Sancionar a CORPORACIÓN LINDLEY S.A., con uno multa ascendente a lo suma de S/168,074.00 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Setenta y Cuatro y 00/100 Soles) ..." cuando lo correcto debe ser y decir: "Sancionar a CORPORACIÓN LINDLEY S.A., con una multa ascendente a la suma de S/168,075.00 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Setenta y Cinco y 00/100 Soles)..."; en atención a que la sumatoria de las multas impuestas por las infracciones en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva dan dicha cantidad ii. De otro lado, señala que, al aplicar su política remunerativa, el sujeto inspeccionado debió de cuidar que las diferencias establecidas se sustenten en causas objetivas y razonables para así descartar cualquier tratamiento discriminatorio. Sin embargo, la inspeccionada no ha demostrado una justificación razonable y objetiva al diferenciar entre sindicalizados y no sindicalizados para el otorgamiento de dicho beneficio económico, tales como la antigüedad, el desempeño, la experiencia laboral, el perfil educativo o académico, entre otros; por el contrario, es evidente que el único motivo que lo justifica es la afiliación sindical, el cual es un motivo prohibido para hacer diferencias de trato. iii. Precisa que el hecho de que los trabajadores sindicalizados obtengan sus mejoras económicas por medio de la negociación colectiva no habilita a la inspeccionada a excluirlos de su política remunerativa, si no es en base a causas objetivas y

2 Notificada a la impugnante el 20 de diciembre de 2021, véase folio 100 del expediente sancionador. razonables, en tanto la condición de trabajador afiliado, como bien se ha resaltado en el fundamento 17 de la resolución apelada, le otorga un estatus jurídico distinto al del trabajador no sindicalizado, que supone cargas como el pago de la cuota sindical respectiva, el sometimiento al estatuto de la organización sindical, pero al mismo se caracteriza por su naturaleza conflictiva, que hace necesario que la legislación lo proteja a través de mecanismos especiales frente al poder del empleador para reducir los riesgos del conflicto, que son propios de su condición de trabajador afiliado, por los que no pasan quienes deciden, en el ejercicio de su libertad, no afiliarse. iv. Además, advierte que se advierte que el otorgamiento de dicho beneficio a los trabajadores no sindicalizados fue en setiembre de 2017, en un contexto de negociación colectiva, ya que SINATREL presentó el pliego de reclamos anual 2017- 2018, con fecha 28 de marzo de 2017, que fue sometida a arbitraje, como es de advertirse de la comunicación de fecha 23 de noviembre de 2017, dirigido por la inspeccionada a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, designando al árbitro Luis Eduardo Cuba Velaochaga, deduciéndose con ello que a la fecha del otorgamiento del beneficio económicos a los no sindicalizados se encontraban las partes en plena negociación colectiva. En este contexto, se advierte que el acto de discriminación por razón sindical no solo afectó a los trabajadores afiliados al SINATREL, sino también a la organización sindical. v. En tal sentido, advierte que el presente procedimiento administrativo sancionador ha sido tramitado respetando el Principio de Observación del Debido Proceso, establecido en el artículo 44 literal a) de la LGIT, garantizándose que la inspeccionada goce de todos los derechos y garantías que lo componen, de tal manera que se le permitió exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho; por lo que no existen vicios que acarrean la nulidad de la resolución apelada, razones por las cuales desestima la nulidad pretendida por la inspeccionada. vi. Finalmente, aclara que la sanción impuesta por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento no contraviene el principio de presunción de inocencia, debido a que la inspeccionada, al notificársele de la misma, estuvo en la posibilidad de escoger cumplirla o no. Si decidió no hacerlo por no estar de acuerdo con lo ordenado por el personal inspectivo, tuvo el derecho de que en el procedimiento sancionador se dilucide, con todas las garantías que supone su tramitación, su responsabilidad. No obstante, en caso de comprobarse que cometió la infracción que fue objeto de la medida inspectiva de requerimiento, deberá asumir las consecuencias por no haber acatado oportunamente la medida correctiva impuesta en el plazo otorgado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1773-2021-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

i. Interpretación errónea de los artículos 26.1 y 2 de la Constitución Política del Perú, pues, afirma que la política remunerativa implementada no tenía por intención ni como efecto discriminar a los trabajadores sindicalizados, sino que, por el contrario, lo que buscaba era brindar la oportunidad a los trabajadores no afiliados a recibir mejoras en su remuneración con el fin de garantizar la equidad interna y externa de las remuneraciones de todo el personal de la Empresa. Por lo que no ha incurrido en un acto de discriminación por razón sindical, ya que no podría presumirse que el acto de otorgar beneficios al personal no sindicalizado, por sí mismo constituye un acto discriminativo. ii. En aplicación del principio de verdad material regulado por la LPAG, alega, la autoridad administrativa debió analizar caso por caso de los trabajadores, para determinar si existe una supuesta discriminación, pues, reitera, el otorgar compensaciones y beneficios a los trabajadores cuyas remuneraciones y beneficios no se regulen por negociación colectiva, es válido y legítimo, ya que los trabajadores que deciden no afiliarse al sindicato, en ejercicio de su derecho a la libertad sindical negativa, también tienen derecho a ver incrementados sus remuneraciones. iii. Asimismo, alega que, se debió probar la existencia de una afectación, es decir, algún perjuicio o efecto negativo en contra de SINATREL, como consecuencia del otorgamiento de la bonificación extraordinaria a los trabajadores no afiliados, como que se haya desincentivado la afiliación sindical. Añade que, no se ha producido ninguna afectación a los trabajadores afiliados de SINATREL, pues estos, han visto incrementar sus beneficios, conforme a los convenios 2015-2017 y 2017-2019; por lo que se ha vulnerado el principio de presunción de licitud. iv. Inaplicación del artículo 49 del RLGIT, ya que existe una contradicción en el presente procedimiento sancionador al señalar que se habría configurado una supuesta afectación al principio de la igualdad y no discriminación, y al mismo tiempo pretender la subsanación de la supuesta infracción, lo cual es material y jurídicamente imposible, pues frente a supuestas vulneraciones a derechos fundamentales cuyos efectos no pueden limitarse a temas meramente económicos, su restitución se debería de dar a través indemnizaciones, las cuales escapan del ámbito de la competencia de la SUNAFIL. v. Se ha vulnerado el derecho de defensa, pues señala que no se ha valorado los argumentos de defensa, esto es, i) la ausencia de motivación de la Resolución de Sub Intendencia, ii) la contravención al principio de concurso de infracciones, iii) No se valoró la extensa jurisprudencia y pronunciamientos administrativos de la materia. vi. La resolución impugnada contiene una motivación deficiente, ya que no se acreditó que la empresa haya incurrido en un acto de discriminación, sin valorar el documento idóneo que sustenta la diferenciación objetiva entre sus trabajadores, esto es, la Política Remunerativa de la inspeccionada. Por lo que, solicita se declare la nulidad de la resolución impugnante.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la discriminación por el libre ejercicio de la libertad sindical

9 Énfasis es nuestro. 10 Énfasis es nuestro. 11 Constitución Política del Perú Disposición Final y Transitoria de la Constitución Cuarta. - Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

"6. La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual, por ello no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables. Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio; debe precisarse que la diferenciación esta constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea razonable ni proporcional, se está frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable” (énfasis añadido).

12 Exp. N° 02974-2010-PA/TC, fundamento 6. 13 Blancas Bustamante, Carlos: “Derechos Fundamentales de la Persona y la Relación de Trabajo”, Fondo Editorial Pontifica Universidad Católica del Perú. Segunda Edición Aumentada. Octubre 2009. Pág. 134. 14 Expediente 0018-2003-AI/TC. 15 https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.pdf, fundamento jurídico 22º. 16 Casación N° 208-2005, Pasco, de fecha 12 de diciembre del 2005, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 31 de julio del 2006. En la parte resolutiva de esta casatoria, se ha establecido que la publicación de la misma constituye precedente de observancia obligatoria en el modo y forma de ley. ocupacional al que pertenecen el supuesto homólogo y el demandante; y iii) la antigüedad laboral en la empresa. Asimismo, la Casación Laboral N° 16927-2013-LIMA17 profundizó aún más en los requisitos añadiendo los siguientes: iv) trayectoria laboral de ambos trabajadores (dentro y fuera de la empresa); v) antigüedad en el cargo específico; vi) nivel académico alcanzado y capacitación profesional; vii) responsabilidad atribuida; viii) experiencia y bagaje profesional; y ix) funciones realizadas.18

“Artículo 1 1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. (…)”

“Artículo 2 1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: (a) la legislación nacional; (b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación; (c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o (d) la acción conjunta de estos diversos medios.” (énfasis añadido)

“Artículo 1 1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: (a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; (b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de

17 Casación N° 16927-2013, Lima, de fecha 27 de agosto del 2014, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 01 de junio del 2015. 18 Criterios ratificados por la Casación Laboral 915-2018-Lima.

trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados” (énfasis añadido).

“Artículo 28.- El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical”.

19 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo (1993). Lesión de la libertad sindical y comportamientos antisindicales. Madrid: Centro de publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, página 19. sólo tiene que abarcar a todos los potenciales sujetos agresores, sino que ha de tener la versatilidad suficiente para lograr su cometido ante la actuación lesiva de cada uno de ellos”20 (énfasis añadido).

20 VILLAVICENCIO RIOS, A. (1999). La Protección de la libertad sindical y su regulación (limitada y simbólica) en el Perú. Lima, IUS ET VERITAS Nº 19. Pág. 222-237. 21 BOZA PRÓ, G. (2011). Lecciones de derecho del trabajo. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú́, Fondo Editorial. Pág. 54 22 De forma complementaria, debe recordarse que en la resolución de Sala Plena núm. 009-2022-SUNAFIL/TFL, publicada en el diario El Peruano el 23 de octubre de 2022, esta instancia de revisión dejó sentado que el ejercicio presunto de la libertad sindical negativa no es un argumento suficiente para sostener la validez de prácticas de otorgamiento de beneficios laborales exclusivamente para quienes no esten afiliados a un sindicato, pues si bien la afiliación individual es un acto asociativo sindical que presupone el interés y la voluntad de sindicalizarse, no puede inferirse válidamente que los trabajadores que no se afilian a un sindicato lo hacen bajo una decisión autónomamente efectuada.

derechos de libertad sindical y aquellos que no, se ejecuta mientras se encuentra en curso una negociación colectiva.

“4.12 AI respecto, del informe escrito sobre POLITICA REMUNERATIVA DE CAPITAL HUMANO presentado por el sujeto inspeccionado en la diligencia de Comparecencia del 07/08/2018, señala con respecto a su Política Remunerativa que es de aplicación exclusiva para todos los trabajadores que no pertenezcan a la categoría de ejecutivos y cuyas remuneraciones y beneficios complementarios no se regulen por negociación colectiva, {...). Asimismo, con respecto a los beneficios de Asignación extraordinaria, Bonificación Capital Humano - Política y Gratificación Extraordinaria Capital Humano - Política (bajo cuyo concepto se otorgó en setiembre de 2017 la bonificación a los trabajadores no sindicalizados) señalando que tienen la misma naturaleza y han sido utilizados de manera indistinta al momento de aplicar sus Políticas Remunerativas a los trabajadores que no se encuentran afiliados a alguna organización sindical. Los trabajadores afiliados, regulan sus remuneraciones por lo establecido en sus convenios colectivos.

23 Expediente N° 048-2004 PI/TC, fundamento 62. (…) 4.14 Por último, en su escrito presentado en la diligencia de verificación de cumplimiento de requerimiento, el 27/09/2018, reitera lo antes considerado señalando que "no existe trato desigual, injustificado ni mucho menos irrazonable, en tanto el motivo de la no entrega de dicho beneficio es- precisamente- que aquella es una Política para trabajadores no sindicalizados. Por su parte, los trabajadores afiliados a otras organizaciones (entre los cuales se encuentran los afiliados a SINATREL), regulan sus remuneraciones por convenio colectivo y estos tiene opción de percibir aquellos beneficios que pacten a través de negociación colectiva; situación que no se ha producido, en tanto dicho sindicato ha decidido que se un Tribunal Arbitral quien dé solución al pliego de reclamos". (…) 4.16 Como se señaló en la respectiva medida de requerimiento ningún empleador puede dar un trato diferenciado a sus trabajadores sin una justificación objetiva y razonable. En el caso materia de análisis, se advierte que el único criterio que ha tenido en consideración el sujeto inspeccionado para el otorgamiento de una bonificación fue la calidad de no afiliado de los trabajadores beneficiados, discriminándose a los trabajadores afiliados al Sindicato. Dicho proceder constituye un acto antisindical por cuanto desincentiva la afiliación sindical y por el contrario incentiva la desafiliación de los trabajadores sindicalizados, ya que el mensaje que se da a los trabajadores es que estando o no afiliado a una organización sindical igual van a ser beneficiados de alguna forma por la empresa. En ese sentido, el trato desigual entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados no es razonable y no tiene un fin legítimo tal como lo afirma el sujeto inspeccionado, sino por el contrario es arbitrario y discriminatorio, considerando que el beneficio logrado por los trabajadores sindicalizados se fundamenta en el hecho de haberse organizado al amparo de las normas que regulan las relaciones colectivas de trabajo con el objeto de lograr mejores beneficios económicos y condiciones de trabajo, asumiendo los costos, obligaciones y riesgos que ello pueda acarrear. 4.17 (…) En el presente caso existen dos grupos de trabajadores cuya diferencia radica en la afiliación a un sindicato; sin embargo, dicha situación diferenciada no tiene otro origen que la voluntad de cada trabajador, toda vez que el derecho de sindicación y de negociación colectiva se ejercen de manera libre y voluntaria (…)”. (énfasis añadido)

Figura Nº 01 Ámbito de aplicación de la política remunerativa

Figura Nº 02 Compensación y beneficios de la política remunerativa

24 BOZA, G. (2011) op. cit, pág. 76. 25 Miyagusuku, J. T., & Torres, A. (2017). Extensión de los Convenios Colectivos de Trabajo y Sindicatos Minoritarios. IUS ET VERITAS, (55), 284-302. 26 Artículo 25.- Infracciones muy graves en materia de relaciones laborales Son infracciones muy graves los siguientes incumplimientos: (…) 25.12 La discriminación de un trabajador por el libre ejercicio de su actividad sindical, esté contratado a plazo indeterminado, sujetos a modalidad, a tiempo parcial, u otros.

entre su personal, por el ejercicio o no, del derecho a la militancia sindical, lo cual confronta al bloque de legalidad que garantiza el derecho a la libertad sindical. Por tales razones, los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“Artículo 49.- Reducción de la multa (…) Los beneficios previstos en el artículo 40 de la Ley son aplicables en la medida en que la infracción sea subsanable. Las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos” (énfasis añadido).

27 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 28 Véase folio 225 del expediente inspectivo. 29 César Abraham Neyra Cruzado, La subsanación voluntaria en los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por infracciones ambientales detectadas en los sectores extractivos y productivos, Revista Derecho & Sociedad (2020): 82.

encontraremos frente a una infracción insubsanable cuando, pese a las acciones del titular de la falta, se advierta la imposibilidad de retornar al estado fáctico anterior a la consumación de los efectos ilícitos de la conducta pasible de sanción.

30 Entendemos que ella se refiere en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 inspectiva de requerimiento, con la finalidad de que la impugnante enmiende su conducta y proceda a subsanar las infracciones advertidas, indicándole que su incumplimiento acarrea una infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa. Por lo que, no se aprecia ninguna contradicción en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, en los términos alegados por la impugnante.

31TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.) 32LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, recaída en el expediente Nº 05243-2018-0- 0401-JR-LA-10; en el que declara Fundada la demanda interpuesta por CORPORACIÓN LINDLEY S.A. en contra de la INTENDENCIA REGIONAL DE AREQUIPA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL ; en la que se considera lo siguiente: “9.9 Un hecho aceptado por la demandante y verificado por los inspectores, es que se otorgó a los trabajadores no afiliados al sindicato, una gratificación extraordinaria compensable por la suma de S/. 2,100.00; ahora bien, respecto a la situación de los trabajadores afiliados y no afiliados, no se puede aseverar que se encuentran en las mismas condiciones, toda vez que los primeros negocian incrementos y beneficios económicos, así como condiciones laborales vía negociación colectiva, en tanto que los segundos no. (…) 9.11 Según la manifestación del representante de la inspeccionada, registrada en la constancia de actuaciones inspectivas de investigación del 28 de diciembre del 2017, se justificó el otorgamiento de dicha gratificación, en el hecho de que los trabajadores afiliados al SINTRACLIN, Sindicato Único, SINTRARCA, SITRACORLINSA dentro de la negociación colectiva obtuvieron como cierre de pliego S/. 2100.00, entonces la empresa para motivar al personal no afiliado decide conceder un monto igual. 9.12 Es así, que esta Juzgadora encuentra razonabilidad en la medida, toda vez que se encuentra acreditada la percepción de los trabajadores afiliados del beneficio “cierre de pliego” por el importe de S/. 2,100.00 tal como se desprende de las copias de los convenios colectivos 2017- 2019 celebrados con las organizaciones sindicales: Sindicato único, SINTRACLIN, SINTRARCA, SITRACORLINSA y SINATREL (…)” (énfasis añadido).

De la presunta afectación al debido procedimiento y motivación

“6.11 Sobre el particular, debemos señalar que en el procedimiento administrativo se debe observar las reglas que lo informan y regulan, entre ellas la del debido procedimiento. Conforme ha precisado el Tribunal Constitucional Peruano, dicha obligación radica en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”33. 6.12 Asimismo, el TUO de la LPAG es clara en señalar en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, comprendiéndose entre estos el derecho “a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten”. 6.13 La misma norma consagrada dicho derecho como un elemento de validez del acto administrativo, de modo que su ausencia determinaría su nulidad34, así como también lo consagra como uno de los principios rectores de toda actuación administrativa35. 6.14 De lo señalado, se desprende que la Administración tiene el deber de producir sus decisiones mediante el cumplimiento de las reglas que conforman

33 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone le cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”. 34 TUO de la LPAG, Artículo 10: “Son vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…)” 35 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo II.- Contenido: 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley.

el procedimiento, de modo que es flagrantemente violatorio de este principio, la producción de actos administrativos de plano o sin escuchar a los administrados”36. 6.15 Así, el principio del debido procedimiento se constituye como garante de una serie de derechos procesales de los administrados, dentro de los cuales se encuentra el derecho a ofrecer y producir pruebas, y que las mismas sean debidamente valoradas por la Administración (…)”

“(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (énfasis añadido).

36 Juan Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I (Lima: Grijley, 2019), 83. 37 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 38 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

39 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

Por tales razones, corresponde no acoger los argumentos expuestos por la impugnante en este extremo.

De la buena fe procedimental

“(…)utilizar el procedimiento o algunas de sus actuaciones para lograr fines fraudulentos, reiterar un pedido simultánea o sucesivamente hasta lograr su aceptación sin perfeccionar la documentación ya observada antes, alegar hechos contrarios a la realidad, emplear maniobras dilatorias o que tiendan a entorpecer la buena marcha del procedimiento, ocultar información sobre terceros interesados, son conductas contrarias a la buena fe ejecutadas por los administrados, y que vician un procedimiento por aplicación de este principio” 42 (…) “…no debe dejar de advertirse que la autoridad como instructora del procedimiento también asume el deber de estar atenta a identificar cualquier fraude, colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria y adoptar las decisiones adecuadas y para desalentarlas. Cuando ello sucede la autoridad está llamada a advertirlo y llamar la atención a las partes, valorar dicha conducta al momento de resolver (por ejemplo, en materia sancionadora) y, si cuenta con norma habilitante, aplicar al administrado desleal una multa administrativa y/u obligarle a asumir costos del proceso” 43 (énfasis añadido)

40 Conforme se aprecia del ítem 1 de la página 8 de su recurso de revisión. 41 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 42 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica Editores. Tomo I. Página 106. 43 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob cit. Página 107. 6.57 En el presente caso, se aprecia que la impugnante señala en su recurso de revisión que se ha vulnerado su derecho de defensa, pues la resolución impugnada no ha dado respuesta a sus argumentos referidos a: “i) la ausencia de motivación de la Resolución de Sub Intendencia, ii) la contravención al principio de concurso de infracciones, iii) No se valoró la extensa jurisprudencia y pronunciamientos administrativos de la materia”; sin embargo, tal afirmación no se condice con la lectura de la Resolución de Intendencia N° 1773-2021-SUNAFIL/ILM, conforme a los considerandos 3.9 al 3.17, 3.18, 3.20 al 3.23, así como se ha dado respuesta a su solicitud de nulidad, indicando que de la revisión de los actuados, la Intendencia de Lima Metropolitana no advierte que la Resolución de Sub Intendencia haya incurrido en alguna causa de nulidad establecida en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Por lo que, no corresponde acoger los argumentos señalados por la impugnante.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”. 6.61 En similar sentido, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado:

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

44 Tal y como se establece a través del artículo 9 del TUO de la LPAG, al establecer que “Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda”.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”. 6.62 Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del Informe Oral.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Incurrir en actos de discriminación en el trabajo por razón sindical, al haber otorgado a los trabajadores no sindicalizados, una bonificación extraordinaria denominada “GRATIF. EXTRA COMPENS. CP. Y BONIFICACION CP”, establecidos en la política remunerativa de Capital Humano, excluyendo a los trabajadores afiliados al SINATREL. Numeral 25.12 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva

Incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de setiembre de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CORPORACIÓN LINDLEY S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1773-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 424-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE3, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1773-2021-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CORPORACIÓN LINDLEY S.A., y a la de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente DESIREÉ BIANCA ORSINI WISOTZKI

20221103ECHV