Corporación Gráfica Navarrete S.A — Res. 622-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Subgrupo: Gratificaciones), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo: Vacaciones), Participación en las utilidades (Subgrupo: Pago), Seguridad Social (Subgrupo: Declaración y pago de la seguridad social), Certificado de Trabajo (Subgrupo: todas), Compensación por tiempo de servicios (Subgrupo: Deposito de CTS) y Bonificación no remunerativa (Subgrupo: todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

laborales, una (01) una infracción muy grave a la seguridad social y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber realizado el pago de las gratificaciones legales y trunca a favor de los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,670.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber realizado el pago de la bonificación extraordinaria a favor de los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,670.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber realizado el pago de la compensación por tiempo de servicios a favor de los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber cumplido con realizar el pago de la remuneración e indemnización vacacional a favor de los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar haber realizado el pago de los aportes previsionales a la administradora de fondos de pensiones (AFP) correspondientes a los meses de agosto y setiembre de 2019 a favor del trabajador afectado, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 27 de noviembre de 2019,

tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,450.00.

i. Cuestiona la calificación efectuada por la Sub Intendencia respecto al pago de beneficios sociales, al señalar que la afirmación sobre el carácter “diminuto” de las gratificaciones, la CTS y las vacaciones carece de sustento técnico, al no haberse precisado fórmula de cálculo, remuneración computable ni montos presuntamente omitidos. Señala que dicha conclusión se basa únicamente en apreciaciones subjetivas, sin motivación válida. ii. Alega que ha cumplido con acreditar el pago íntegro de las obligaciones sociolaborales observadas, mediante la presentación de hojas de liquidación, boletas de pago, constancias de depósito y recibos firmados por los extrabajadores en señal de aceptación, conformidad y pago, sin que en el procedimiento obre prueba en contrario que desvirtúe su contenido. iii. Asimismo, indica que la resolución apelada vulnera los principios de razonabilidad, presunción de veracidad y presunción de licitud establecidos en el TUO de LPAG, al descalificar dichos medios probatorios sin sustento válido ni pronunciamiento específico respecto a su contenido. iv. Precisa también que, antes de la notificación de la imputación de cargos, subsanó voluntariamente las obligaciones observadas, por lo que resultaba de aplicación el eximente de responsabilidad contemplado en el artículo 255 del TUO de la LPAG y el numeral 17.3 del RLGIT. v. Señala, además, que la Sub Intendencia incurre en error al no valorar correctamente sus descargos y al interpretar arbitrariamente los documentos presentados, forzando imputaciones sin respaldo técnico ni jurídico. vi. La inspeccionada cuestiona también que no se haya tomado en cuenta lo dispuesto en el Informe N° 013-2018-SUNAFIL/INII, relacionado a la posibilidad de eximir la sanción por cumplimiento validado tras la emisión de un requerimiento, lo cual considera aplicable al presente caso. vii. Finalmente, solicita la revocatoria de la resolución apelada por cuanto considera que ha desvirtuado idóneamente cada una de las imputaciones mediante prueba documental fehaciente, resultando improcedente que se mantenga una sanción basada en afirmaciones sin soporte técnico, jurídico, ni motivación suficiente.

Metropolitana resolvió declarar infundado el recurso de apelación, en atención a los siguientes fundamentos:

i. Señala que, del análisis de la resolución apelada, se advierte que la autoridad de primera instancia aplicó correctamente el eximente de responsabilidad previsto en el artículo 47-A del RLGIT, en concordancia con el artículo 257 del TUO de la LPAG, respecto al pago de los beneficios sociales requeridos a favor de los ex trabajadores Castro, Inga y Lindo, al haberse acreditado su subsanación antes de la notificación de cargos. ii. No obstante, también determinó que, en los casos de los ex trabajadores Gonzales, Lindo y Choñocca, los documentos presentados revelan pagos por beneficios sociales inferiores a lo que les correspondía, debido a errores en el cómputo de días laborados o inasistencias no justificadas, configurándose así un pago incompleto de los beneficios sociales. iii. Asimismo, si bien la inspeccionada sostiene en su recurso que los documentos presentados acreditan el pago completo de los beneficios laborales, la autoridad instructora sí evaluó dichos medios probatorios y explicó las razones por las que no resultaron suficientes para desvirtuar las imputaciones, en aplicación del criterio vinculante aprobado por Resolución de Superintendencia N° 016-2020- SUNAFIL. iv. En ese sentido, y en aplicación de los artículos 16 y 47 de la LGIT, al no haberse desvirtuado los hechos constatados por el acta de infracción —que goza de presunción de veracidad—, se concluye que persiste la responsabilidad administrativa de la inspeccionada por los extremos observados. v. Asimismo, señala que la inspeccionada no presentó documentación que acredite el pago de los aportes previsionales correspondientes a los meses de agosto y setiembre de 2019 a favor del señor Lindo, ni formuló argumento específico para desvirtuar dicho incumplimiento, corroborado por el inspector actuante. En consecuencia, corresponde confirmar la comisión de la infracción muy grave en materia de seguridad social, conforme a lo establecido en el numeral 44-8.2 del artículo 44-B del RLGIT. vi. Por otra parte, sostiene que, de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, se verifica que, mediante requerimiento de fecha 27 de noviembre de 2019, la inspectora actuante otorgó a la inspeccionada un plazo de once días hábiles para subsanar las infracciones detectadas en materia de relaciones laborales, advirtiéndose expresamente que su incumplimiento constituiría una infracción sancionable. No obstante, la inspeccionada no acreditó el cumplimiento total de dicho requerimiento dentro del plazo otorgado, ni en la citación programada para el 13 de diciembre de 2019, incumpliendo así con su deber de colaboración con la autoridad inspectiva. vii. Si bien el Informe N° 013-2018-SUNAFIL/INII establece la posibilidad de eximir de responsabilidad por incumplimiento del requerimiento en caso de que se subsanen todas las infracciones antes de la imputación de cargos, dicha excepción no resulta aplicable al presente caso, en tanto la inspeccionada solo corrigió parcialmente los incumplimientos observados. viii. En consecuencia, al no haberse acreditado la subsanación total de las infracciones objeto del requerimiento antes de la notificación de cargos, corresponde confirmar la infracción por incumplimiento de medida inspectiva y mantener sus efectos en todos los extremos. ix. Siendo así, la autoridad de segunda instancia, concluye que se evaluaron debidamente los argumentos y medios probatorios presentados por la inspeccionada en sus descargos y en el recurso de apelación, determinando que

no han logrado desvirtuar las infracciones imputadas. Así, no se advierte vulneración a los principios del debido procedimiento ni falta de motivación, por lo que corresponde desestimar los cuestionamientos de nulidad formulados por la apelante. x. Por último, señala que las infracciones han sido determinadas con base en la información recabada durante las actuaciones inspectivas, la cual fue recogida en el Acta de Infracción cumpliendo los requisitos formales establecidos en el artículo 54 del RLGIT, generando así una presunción de certeza. Por lo que, al no haberse presentado pruebas idóneas que desvirtúen dicha presunción, se mantiene la responsabilidad de la inspeccionada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACION GRAFICA NAVARRETE S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Mediante escrito de fecha 8 de setiembre de 2022, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1378-2022-SUNAFIL/ILM, sustentándolo en los siguientes argumentos:

Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

i. Alega que, la Resolución de Intendencia no valoró adecuadamente que el pago de los beneficios sociales fue realizado en efectivo, modalidad permitida por la normativa vigente. Así, cita como sustento el artículo 3 del TUO de la Ley de CTS, el artículo 18 del D.S. N.º 001-98-TR, y la Resolución de Superintendencia N° 016-2020-SUNAFIL, los cuales permiten acreditar el pago de obligaciones laborales mediante cualquier medio probatorio, incluyendo boletas o liquidaciones firmadas por los trabajadores. En ese sentido, considera que la exigencia de medios adicionales carece de base legal y vulnera el principio de legalidad. ii. La empresa afirma haber presentado hojas de liquidación, boletas de pago y documentos suscritos por los extrabajadores en señal de conformidad, aceptación y pago, lo que acredita el cumplimiento íntegro de sus obligaciones. Asimismo, adjuntó imágenes de su área de caja, acondicionada para pagos en efectivo, como práctica regular en su centro de labores. Alega que los comprobantes firmados constituyen prueba suficiente y válida, al no existir reclamo alguno por parte de los extrabajadores, y que ninguna persona suscribiría dichos documentos si no estuviera de acuerdo con su contenido. iii. En la misma línea, considera que la Intendencia incurrió en una inaplicación de la normativa vigente al desconocer la validez de los comprobantes firmados, sin ofrecer fundamento legal alguno. Reitera que no corresponde crear requisitos adicionales fuera del marco normativo y solicita se revoque o anule la resolución impugnada, declarando fundado su recurso de apelación y reconociendo que se cumplió con acreditar, de manera idónea y suficiente, el pago de los beneficios sociales a los extrabajadores mencionados, así como la subsanación de las infracciones observadas. iv. Por otro lado, sostiene que la resolución impugnada incurre en error al afirmar que no se habría efectuado el pago íntegro de la CTS a los ex trabajadores afectados, sin considerar lo dispuesto en el artículo 8 del TUO de la Ley de CTS, que permite descontar inasistencias injustificadas. v. Precisa que los montos consignados en las hojas de liquidación firmadas por los extrabajadores ya contemplan dichos descuentos y los intereses correspondientes a la fecha de cese, por lo que constituyen prueba válida y suficiente del pago conforme. Alega que desestimar estos documentos firmados vulnera los principios de veracidad y licitud, y solicita se revoque la resolución apelada, declarando fundado el recurso y reconocido el cumplimiento íntegro del pago por concepto de CTS. vi. La impugnante señala que la Resolución de Intendencia desconoce injustificadamente la validez probatoria de las hojas de liquidación y boletas de pago firmadas por los extrabajadores, pese a que estas acreditan el pago íntegro y conforme de los beneficios sociales. Alega que dicha desestimación carece de sustento legal, vulnera los principios de legalidad, razonabilidad, presunción de veracidad y licitud, y responde a un afán sancionador. Además, sostiene que los aportes previsionales del señor Lindo fueron acreditados oportunamente, por lo que su omisión resulta arbitraria. vii. Asimismo, afirma que la autoridad sancionadora debió presumir la veracidad de los documentos presentados y reconocer que las infracciones fueron subsanadas. Considera que la resolución tergiversa los hechos y desnaturaliza la finalidad del sistema inspectivo, por lo que solicita se revoque o anule la sanción impuesta y se declare fundado su recurso de apelación. viii. Por último, la recurrente sostiene que la Intendencia incurrió en error al no aplicar el eximente de responsabilidad prevista en el artículo 255 del TUO de la LPAG y en el artículo 17.3 del RLGIT, al no considerar que las obligaciones sociolaborales fueron subsanadas de manera voluntaria y documentada antes de la notificación de imputación de cargos. Asimismo, cuestiona que se haya omitido el criterio técnico establecido en el Informe N° 013-2018-SUNAFIL/INII, que permite eximir de sanción si se acredita el

cumplimiento previo. Por ello, solicita que se revoque la resolución y se declare fundado su recurso de apelación.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto a las infracciones competencia de este Tribunal

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

tiempo de servicios a favor de los trabajadores afectados, por estar fuera de la competencia conferida por la LGIT y su reglamento, así como el artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la

debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación incurridos en el caso concreto

Figura N° 01

Figura N° 02

Figura N° 03

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. 6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. (…)s

Figura N° 04

se vulnera lo dispuesto por esta Sala mediante el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2023-SUNAFIL/TFL, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de enero de 2023, el cual señala que:

“6.19. En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material. Así, conforme esta directriz, la autoridad administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley. 6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente. 6.21. Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción. 6.22. Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos; correspondiendo a la administración resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas al procedimiento.”.

sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una

perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549.

conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 y 13.210 del artículo 13 del TUO de la LPAG.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269. Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

la nulidad parcial de la citada resolución en los extremos referidos a las infracciones muy graves tipificadas en los numerales 25.6 del artículo 25, 44-B.2 del artículo 44-B y 46.7 del artículo 46 del RLGIT, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y motivación.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar haber realizado el pago de las gratificaciones legales y trunca a favor de los trabajadores afectados Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar haber realizado el pago de la bonificación extraordinaria a favor de los trabajadores afectados Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales Por no acreditar haber realizado el pago de la compensación por tiempo de servicios a favor de los trabajadores afectados Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CORPORACION GRAFICA NAVARRETE S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1378- 2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 5335-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 685-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE1, de fecha 20 de junio de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 5335- 2020-SUNAFIL/ILM, en los extremos referidos a las infracciones muy graves tipificadas en los numerales 25.6 del artículo 25, 44-B.2 del artículo 44-B y 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 685-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE1, de fecha 20 de junio de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en los extremos referidos a las infracciones muy graves tipificadas en los numerales 25.6 del artículo 25, 44-B.2 del artículo 44-B y 46.7 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CORPORACION GRAFICA NAVARRETE S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.45 de la presente resolución.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250604VLFR – HR. 124835-2019