Corporación Gráfica Navarrete S.A — Res. 1195-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (sub materias: comité de seguridad y salud en el trabajo, libro de actas de comité de seguridad y salud en el trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo), identificación de peligros y evaluación de riesgos (sub materia: incluye todas), formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (sub materia: incluye todas), equipos de protección personal (sub materia: incluye todas), prevención y protección contra incendios (sub materia: orden y limpieza equipos de extinción) y condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (sub materia: condiciones de seguridad avisos y señales de seguridad). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft 1.2. Que, mediante Imputación de Cargos N° 1034-2022-SUNAFIL/ILM/AI-I2, de fecha 25 de mayo de 2022, notificado el 27 de mayo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar contar con el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 50,422.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar haber brindado formación e información en seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 28,012.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con su obligación de contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 28,012.50.

i. La Superintendencia ha empleado un vago argumento para forzar el tipo legal referido a no contar con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; ya que el mismo desarrolla los estándares de seguridad y salud en las operaciones (áreas de producción, troquel, acabado, almacén y mantenimiento); por ejemplo, en el área de acabados, se ha establecido los estándares de seguridad en la página 58 del reglamento. Se ha señalado en forma genérica que no estarían todas las actividades, lo cual es abusivo, arbitrario e ilegal al no indicar cuáles. Asimismo, no es verdad que solamente se describan ciertas actividades sin especificar los estándares, como pretende forzar la Subintendencia. Por ello, se vulnera el debido procedimiento al no motivarse debidamente porque se considera que el reglamento era insuficiente. ii. Se ha cumplido con la obligación de formación e información al presentar como medio probatorio no solo el comunicado de capacitación de fecha 26 de febrero de

2 La cual se ha generado en razón a la caducidad declarada por la Intendencia de Lima Metropolitana mediante Resolución de Intendencia Nº 637-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 27 de abril de 2022, al haberse superado el plazo máximo de los nueve (09) meses calendario para resolver el procedimiento sancionador.

2018, que fuera publicado en el panel de avisos de la empresa, sino también los registros de inducción de SST, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia respecto de los 163 trabajadores, los cuales se encuentran suscritos por cada uno de ellos en señal de conformidad. La Sub Intendencia pretende desconocer el cumplimiento de sus obligaciones de formación e información en fecha oportuna cuando tenía la obligación legal de presumir a su favor el cumplimiento y correcto actuar de la empresa, en observancia de los principios de presunción de veracidad y presunción de licitud. iii. En lo que respecta al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se ha valorado de manera conjunta los instrumentales presentados en sus descargos, valiéndose de exigencias forzadas que no se encuentran en la tipificación de la sanción. Con el mérito del Acta de Inicio del Proceso de Votación para elección de los Representantes Titulares y Suplentes de los Trabajadores y el Acta de Reunión Ordinaria, se acredita fehacientemente la exigencia del proceso de elecciones respecto al nuevo Comité con arreglo a ley. Se ha acreditado que el proceso electoral duró más de dos meses, esto es si se cumplió con la nominación de candidatos quince días antes de la convocatoria, debiendo haberse presumido en conformidad a la ley, ex aplicación de los principios de presunción de veracidad y licitud. iv. Existen infracciones al principio de tipicidad al haberse interpretado excesivamente los presupuestos de hecho en las sanciones administrativas, forzando los hechos sobre la base de una antojadiza, forzada y descontextualizada lectura de los documentos presentados por la empresa basada en mera especulación y analogía. v. Al haberse acreditado con documentos idóneos la inexistencia de las infracciones sociolaborales, se cumple con informar la aplicación del artículo 257 literal f) del TUO de la LPAG, por la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado de cargos. De acuerdo al artículo 17 numeral 17.3 del RLGIT, aquella será calificada por la autoridad instructora del procedimiento sancionador; por lo que mal hace la Sub Intendencia al hacer caso omiso al haber cumplido con sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. En ese mismo sentido, en el punto 3.19 del Informe Nº 013-2018-SUNAFIL/INII se establece que la autoridad instructora también podrá eximir de dicha sanción a su empresa, una vez determinada su eximencia de responsabilidad.

i. Conforme a lo señalado por la Autoridad Sancionadora, no se advierte que se haya motivado en forma genérica las razones por las cuales no se acreditó la subsanación de la infracción; pues claramente se describe que solo se subsanó lo relativo a los estándares de seguridad y salud en los lugares de trabajo y en los servicios y actividades conexas, pero en lo que corresponde a las operaciones vinculadas con las áreas de producción, rotativas, troquel y mantenimiento esto no se efectuó. Se entiende que al no hacerse alusión a las áreas de acabados y almacén estas tienen los estándares de seguridad y salud contemplados en el referido reglamento. Ahora, de la revisión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, se aprecia que se desarrolló una “Sección Impresión”, referido a las máquinas rotativas, donde consta un “Cuadro de Normas y Procedimientos Seguros de Trabajo Rotativas”; asimismo, se desarrolló una sección encuadernación, referido a la máquina troqueladora, donde consta un “Cuadro de Normas y Procedimientos Seguro de Trabajo Troquelador”; razón por la cual debe revocarse los extremos en que se determinó que no existía estándares de seguridad y salud para las áreas rotativas y troquel, sin embargo, aún no se ha subsanado el incumplimiento en su integridad al no tener dicho reglamento la información mínima obligatoria respecto de los estándares en las áreas de producción y mantenimiento. ii. Para acreditar el cumplimiento de la obligación de formación en seguridad y salud en el trabajo, la inspeccionada debe presentar el registro respectivo que contenga la información mínima obligatoria prevista en la Ficha Técnica del registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR, entre esta la referida a la fecha y números de horas de la inducción, a fin de poder determinar la oportunidad en que se brindó y la duración de la inducción. Del registro proporcionado por la administrada, no se ha detallado en qué días han participado cada uno de los trabajadores que lo suscribieron y si se cumplió con el tiempo establecido en su comunicado, por ser esto parte de la información mínima obligatoria que debe contener dicha prueba; además, no se han adjuntado prueba idónea al respecto. iii. La Autoridad de Sanción sí analizó las actas vinculadas con el proceso electoral y la instalación de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del periodo 2018-2019. Sin embargo, a fin de analizar si se subsanó la infracción, se observó que la inspeccionada no cumplió con el último párrafo del artículo 49 del RLSST. En efecto, de las actas que obran, solo se ha dejado constancia del inicio del proceso de votación, del escrutinio y de la conclusión del proceso de votación; pero no se ha aportado medios probatorios que demuestren la convocatoria a sus trabajadores para postular a dichos cargos de acuerdo a los requisitos legales y la nominación de los candidatos que quedaron para el inicio de las elecciones, lo cual no permite verificar si se cumplió con el plazo mencionado con anterioridad. iv. Sobre esa línea, la administrada no ha logrado demostrar la subsanación de las infracciones, razón por la cual se sostiene la imputación de cada una de las mismas, habiendo garantizado el Principio de Tipicidad en cada caso.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” III. DEL RECURSO DE REVISIÓN

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CORPORACION GRAFICA NAVARRETE S.A. EN LIQUIDACION

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

de Intendencia N° 0024-2023-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 106,447.50, por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 17 de enero de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 31 de enero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0024-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. La Intendencia reincide en el error de sancionar a la empresa, cuando obra en sus archivos los medios probatorios que acreditan que sí ha cumplido con desvirtuar la forma válida e indubitable la comisión de las tres (03) infracciones atribuidas, razón por la cual incurre en una inaplicación de lo regulado en los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, presunción de veracidad y verdad material regulados bajo el TUO de la LPAG. ii. Se menciona solamente que no se cuenta con la información obligatoria de las áreas de producción y mantenimiento, sin señalar a que información se refiere ni que es, a su decir, lo que estaría faltando; lo cual no hace más que concluir la abusiva, arbitraria e ilegal forma como se pretende forzar un incumplimiento en el caso concreto, cuando la realidad es no falta ninguna actividad, pues, el reglamento su comprende todas las actividades que se desarrollan en las áreas de la empresa, estas son: producción, rotativas, acabados, planas, despacho, troquel, acabado, almacén, mantenimiento. iii. En cuanto al presunto incumplimiento de la formación e información en seguridad y salud en el trabajo, se ha presentado como medio probatorio no solo el comunicado de capacitación de fecha 26 de febrero de 2018 el cual fuera publicado en el panel de avisos de la empresa, sino de todos los registros de inducción SST, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia, respecto de los 163 trabajadores, los cuales se encuentran suscritos por cada uno de ellos en señal de reconocimiento, conformidad y aceptación. iv. Respecto del supuesto incumplimiento con el comité de SST, en el cual no se ha valorado de manera conjunta las instrumentales presentadas, correspondientes al acta de inicio del proceso de votación para la elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores y el acta de reunión ordinaria. No debe perderse de vista que el proceso de elección duró más de dos meses, cumpliéndose con la nominación de los candidatos quince días antes de la convocatoria, debiéndose haber presumido en la conformidad de dicho procedimiento, sobre el marco del Principio de Presunción de Veracidad y presunción de licitud. v. La resolución recurrida incurre en una flagrante falta de motivación, toda vez que rechaza sin mayor análisis los argumentos y medios probatorios ofrecidos desde un inicio. No se ha tomado en cuenta la finalidad pública de todo acto administrativo, debiendo tomarse en cuenta que el Reglamento cumple con todos los requisitos de ley. Es ilegal que la Intendencia ratifique el forzamiento de los tipos legales de las infracciones en base a exigencias arbitrarias, por un mero capricho de la Sub Intendencia. No es razonable que se atribuya la empresa la comisión de tres (03) infracciones cuando se ha presentado documentación idónea, pertinente y debidamente firmada por el personal. La Intendencia debió presumir que la empresa ha actuado apegada a sus deberes, en razón a que toda la documentación presentada se encuentra debidamente suscrita por cada uno de los trabajadores en señal de aceptación y de conformidad. Se reitera que existe una infracción al Principio de Tipicidad, en razón a que se han interpretado extensivamente los presupuestos de hecho en las sanciones administrativas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento.- No se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…).” (énfasis agregado)

Sobre la debida motivación en el proceso administrativo sancionador

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta – pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”.

9 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 10 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348.

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican”.

“Principio de tipicidad, en mérito al cual, la descripción legal de una conducta específica aparece conectada a una sanción administrativa. Esta exigencia deriva de dos principios jurídicos específicos; el de libertad y el de seguridad jurídica. Conforme al primero, las conductas deben estar exactamente delimitadas, sin indeterminaciones, mientras que,

11 Cfr. Numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 12 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 13 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421.

en relación al segundo, los ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir, de manera suficiente y adecuada, las consecuencias de sus actos, por lo que no caben cláusulas generales o indeterminadas de infracción que permitan una actuación librada al “arbitrio” de la administración, sino que ésta sea prudente y razonada”.

“El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal”.

Imagen Nº 01:

expediente de inspección. Por tanto, constituye una afectación al Principio de Tipicidad el imputarle a la impugnante la comisión de una infracción que no se subsume en el plano fáctico del presente caso, esto es, el incumplimiento total de la implementación del registro interno de seguridad y salud en el trabajo.

14 Cfr. Numeral 1.2 del artículo 1 del TUO de la LPAG. 15 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” 16 Artículo 14 del TUO de la LPAG.- Conservación del acto “14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo, así tenemos:

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.” (énfasis agregado)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad parcial de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar haber brindado formación e información en seguridad y salud en el trabajo. Numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la CORPORACION GRAFICA NAVARRETE S.A. EN LIQUIDACION, en contra de la Resolución de Intendencia N° 0024-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 12 de enero de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1358-2018-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 1049-2022- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 06 de setiembre de 2022, y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1358- 2018-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT. TERCERO.- RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1049-2022- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 06 de setiembre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 6.43 de la presente resolución. QUINTO. - Notificar la presente resolución a la CORPORACION GRAFICA NAVARRETE S.A. EN LIQUIDACION y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250910RLSH HR: 18993-2023