Corporación Global C & R E.I.R.L — Res. 728-2026

Mediante Orden de Inspección N°1964-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en Seguridad y Salud en el Trabajo, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 825-2021-SUNAFIL/IRE-JUN (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito al operativo denominado “IRE-JUNIN - SST- "OPERATIVO DE FISCALIZACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19-MAYO 2021".

Que, mediante Imputación de Cargos N° 003-2022-SUNAFIL/IRE-JUN/SIAI, notificada el 10 de enero del 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT). 20555195444 soft

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora de la Intendencia Regional de Junín emitió el Informe Final de Instrucción N° 358-2022-SUNAFIL/IRE-JUN/SIAI, notificada el 27 de junio del 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Junín.

Mediante Informe- 00250-2022-SUNAFIL/IRE-JUN/SISA, de fecha 30 de setiembre del 2022, la Sub Intendencia de Sanción solicito la ampliación de plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador ante la Intendencia Regional de Junín.

Mediante Resolución de Intendencia N° 28-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, notificada el 10 de octubre del 20221, la Intendencia Regional de Junín, autorizó excepcionalmente la ampliación de plazo del procedimiento administrativo sancionador.

Posteriormente, la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Junín, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 876-2022-SUNAFIL/IRE-JUN/SISA, notificada el 02 de enero del 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 20 de enero del 2023, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 876-2022-SUNAFIL/IRE-JUN/SISA. Ante ello, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 540-2023-SUNAFIL/IRE-JUN/SISA, notificada de fecha 29 de mayo del 2023, la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Junín, declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la impugnante.

Luego, con fecha 20 de junio del 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 540-2023-SUNAFIL/IRE-JUN/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 026-2024-SUNAFIL/IRE-JUN, notificada el 28 de febrero del 2024, la Intendencia Regional de Junín, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con escrito de fecha 14 de marzo del 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Junín el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 026-2024-SUNAFIL/IRE-JUN.

La Intendencia Regional de Junín admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, siendo recepcionado el 26 de marzo del 2024.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo4 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2° del Reglamento del

El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que, la CORPORACION GLOBAL C & R E.I.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 026- 2024-SUNAFIL/IRE-JUN, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 29 de febrero del 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la CORPORACION GLOBAL C & R E.I.R.L..

El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública se encuentra sujeto –entre otras condiciones– a su tramitación dentro de un plazo preestablecido, sancionándose la superación de este con la figura de la caducidad.

De aquí que la caducidad administrativa del procedimiento sancionador se constituya en “aquella figura que determina el tiempo máximo dentro del cual se debe instruir y resolver –que incluye notificar– un procedimiento sancionador, esto es, que –por el mero transcurso del tiempo– inhabilita legalmente a la autoridad administrativa para proseguir con el Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado, sin importar la etapa en que se encuentre, o, exigir la resolución de sanción dispuesta y aún no notificada oportunamente”9.

El artículo 237-A del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° Nº 006-2026-JUS, establece lo siguiente:

Así, al identificarse un supuesto de caducidad de oficio, le corresponde a esta instancia excepcional efectuar el análisis correspondiente relacionado con la caducidad del expediente sancionador N° 002-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, de la Intendencia Regional de Junín.

Sobre el particular, esta Sala ha sostenido, desde la primera resolución emitida por la cual declara la caducidad de un procedimiento administrativo sancionador (al respecto, el expediente N° 2155-2018-SUNAFIL/ILM), que las autoridades administrativas del Sistema de Inspección del Trabajo en ejercicio (fundamento 3.3.5) deben verificar el cumplimiento de cinco (5) condiciones con relación a la eventual caducidad del procedimiento:

Desarrollándose, en los distintos procedimientos posteriores, la posición de esta Sala respecto de la autoridad competente (órgano de segundo nivel organizacional), la cual, a través de una resolución debidamente sustentada y fundamentada, debía pronunciarse sobre el pedido de ampliación presentado antes del vencimiento del plazo de nueve (9) meses, por la autoridad solicitante que se encontraba a cargo de las actuaciones que requerían el plazo adicional.

Con posterioridad a esto, esta Sala tomó conocimiento del contenido de la Opinión Jurídica N° 012-2021-JUS/DGDNCR, de fecha 15 de diciembre de 2021 emitida por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, DGDNCR)11 respecto de la consulta planteada por la SUNAFIL en torno a la autoridad u órgano competente y otros alcances vinculados con el pronunciamiento sobre la caducidad. Por tanto, corresponde complementar la postura de esta Sala con dicho pronunciamiento en el análisis del presente procedimiento.

El procedimiento administrativo sancionador se desarrolló en el siguiente periodo:

FIN Resolución de Sub Intendencia N° 876-2022- SUNAFIL/IRE-JUN/SISA

Cabe precisar que la caducidad del procedimiento sancionador no se computa desde la fecha de emisión de la imputación de cargos, sino desde que se notifica la misma con la cual se da inicio al procedimiento sancionador; por ende, una vez transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento.

Sobre el particular, de lo señalado en el numeral 1.2 de la presente resolución se aprecia que el procedimiento inició el 10 de enero del 2022, por lo que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 237-A del TUO de la LPAG, la autoridad sancionadora (Sub Intendencia de Sanción), tenía hasta el 10 de octubre del 2022 para emitir y notificar la resolución de sanción.

No obstante, en mérito al Informe- 00250-2022-SUNAFIL/IRE-JUN/SISA, la Intendencia Regional de Junín, autorizo excepcionalmente la ampliación de plazo del procedimiento administrativo sancionador, a través de la Resolución de Intendencia N° 28-2022- SUNAFIL/IRE-JUN, la Intendencia Regional de Junín, autorizo excepcionalmente la ampliación de plazo del procedimiento administrativo sancionador.

Posteriormente, la Sub Intendencia de Sanción emite la Resolución de Sub Intendencia N° 876-2022-SUNAFIL/IRE-JUN/SISA, notificada el 02 de enero del 2023.

Sobre la ampliación dispuesta, conforme lo señalado en el TUO de la LPAG el plazo de 9 meses para resolver el procedimiento puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. (énfasis añadido)

De una revisión literal del TUO de la LPAG y la referencia al término “órgano”, esta Sala identificó inicialmente que conforme al Anexo N° 01 del Glosario de Términos del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, se entiende por “órgano” únicamente a las unidades de organización de primer y segundo nivel en una estructura; siendo en el caso de SUNAFIL, concluyéndose lo siguiente:

En este extremo, el punto 25 de la Opinión Jurídica N° 012-2021-JUS/DGDNCR, establece que las facultades y potestades otorgadas por las entidades a las autoridades administrativas en el marco del TUO de la LPAG, pueden estar a cargo de los órganos o funcionarios que determine cada entidad “conforme a su organización interna, sin que ello constituya una sujeción o condición necesaria […]”, para el ejercicio de tales competencias.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala evidencia que la propia DGDNCR en la Opinión Jurídica N° 012-2021-JUS/DGDNCR, contempla la necesidad de evitar que exista una conducta arbitraria por parte de la Administración y, consecuentemente, la necesidad de garantizar la imparcialidad del órgano que conoce y decide el pedido de ampliación del plazo de caducidad.

Esta Sala ha sostenido desde un inicio, en clara referencia al concepto de imparcialidad objetiva establecido en el fundamento 48 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 6149-2006-AA/TC, que en aquellos supuestos en los cuales la tramitación del procedimiento y a su vez la resolución o ampliación del plazo de caducidad recaen en la misma autoridad, se produce una vulneración a la figura de separación de

Este criterio también es recogido de la Opinión Jurídica N° 012-2021-JUS/DGDNCR, al señalarse en el punto 39 que “no podría considerarse que quien instruye el procedimiento sancionador solicite y decida sobre su propia petición de plazo”, en clara referencia en la separación de estos dos órganos; y concluyéndose en el punto 50 de la referida opinión jurídica que “la potestad para declarar la ampliación del plazo del procedimiento sancionador, y por ende del plazo de caducidad a que se refiere el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, debe recaer en el órgano resolutor o decisor de cada entidad”, sin contemplarse en esta conclusión a aquellos supuestos en los cuales las actuaciones del procedimiento administrativo sancionador se encuentran bajo los alcances del propio órgano resolutor.

En ese sentido, se aprecia que si bien la Resolución de Intendencia N° 28-2022- SUNAFIL/IRE-JUN, (que amplía el plazo del procedimiento sancionador), fue emitido de manera previa al vencimiento del plazo para resolver el procedimiento, y por un órgano imparcial, no obstante, no se evidencia que esta contenga un análisis respecto a la excepcionalidad de dictar la ampliación y el sustento que lo justifique. Antes bien, solamente contiene una referencia genérica indicando que “ (…) de los antecedentes se advierte que el órgano resolutor sostiene que, para la emisión de la resolución de sanción, se debe considerar que la información a ser verificada y procesada está relacionada a las infracciones sobre Gestión Interna de seguridad y salud en el trabajo - Plan de seguridad y salud en el trabajo; y añadido a ello sostiene la existencia de excesiva carga procesal de 649 expedientes sancionadores (incluidos los transferidos por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Junín - DRTPEJ), hecho informado en su oportunidad a la Dirección de Supervisión y Evaluación. Además, que, para la emisión de la resolución de sanción, deben ser priorizados los expedientes con plazos para prescribir (…)”.

Por tanto, la resolución con la que se amplía el plazo de caducidad debe estar “debidamente sustentada”. En el presente caso, la Autoridad Sancionadora ha señalado como fundamento de la ampliación que la información a ser verificada y procesada se encuentra vinculada a presuntas infracciones en materia de Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo —específicamente, respecto del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo—, añadiendo a ello la existencia de una supuesta carga procesal ascendente a 649 expedientes sancionadores, incluyendo aquellos transferidos por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín.

No obstante, tales argumentos no constituyen una motivación suficiente ni idónea que justifique válidamente la ampliación del plazo de caducidad. En primer lugar, la sola referencia a la naturaleza de la materia (seguridad y salud en el trabajo) no evidencia por sí misma un nivel de complejidad extraordinario, ni explica de qué manera concreta las particularidades del caso requerían un plazo adicional al legalmente previsto. En segundo lugar, la alegación de una elevada carga procesal carece de eficacia justificante, en la

Asimismo, se advierte que ni en el informe que sustenta la ampliación ni en la propia resolución se incorporan medios probatorios o documentación objetiva que permitan corroborar las afirmaciones efectuadas por la Autoridad Sancionadora, tales como reportes de carga efectiva, criterios de priorización, o explicación detallada de las actuaciones pendientes que justifiquen la necesidad de un mayor plazo. Tampoco se expone un análisis concreto del caso que evidencie la realización de diligencias complejas o actuaciones adicionales que excedan el estándar ordinario del procedimiento sancionador.

En consecuencia, la decisión de ampliar el plazo se sustenta en afirmaciones genéricas, abstractas y no verificables, lo cual resulta incompatible con el deber de motivación suficiente exigido por el ordenamiento administrativo. Esta falta de motivación determina la invalidez de la ampliación del plazo, al no acreditarse la concurrencia de circunstancias excepcionales que la justifiquen.

Así también, a consideración de esta Sala, el carácter excepcional de la medida bajo análisis exige que la Autoridad Administrativa, en principio, haya hecho todo lo posible por cumplir las actuaciones que le corresponden dentro del plazo de los nueve (9) meses establecidos en la norma, procediendo solo a la ampliación cuando el incumplimiento se advierta inminente.

Por tanto, no se advierte que la administración haya agotado todos los esfuerzos necesarios con el fin de culminar con el procedimiento dentro de los plazos de ley, o que dicha actuación se encuentre sustentada debidamente. Además de ello, tampoco se ha sustentado adecuadamente la razón por la cual la Administración requiere del plazo máximo que establece el artículo 237-A del TUO de la LPAG, para terminar con su actividad, no sustentándose lo razonable de la decisión en torno a los hechos expuestos y descritos en el expediente, conforme se ha señalado en párrafos precedentes.

En el presente caso la Intendencia Regional de Junín no ha cumplido con la justificación de la excepcionalidad de la ampliación y de la extensión del tiempo de dicha prórroga hasta el máximo posible.

En el presente caso, la Imputación de Cargos que dio inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador, fue notificada a la impugnante, el 10 de enero del 2022; por lo que, este debió ser resuelto y notificado, a más tardar, el 10 de octubre del 2022.

No obstante, la autoridad de primera instancia notificó su decisión, el 02 de enero del 2023, conforme se aprecia en la siguiente línea de tiempo:

Por tanto, corresponde declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador recaído en el presente expediente sancionador, disponiendo su archivo; careciendo de objeto pronunciarse sobre los demás argumentos esgrimidos por la impugnante en su recurso de revisión.

Conviene precisar que la declaración de caducidad que efectuará la Sala no supone la nulidad de toda la actuación realizada por las instancias precedentes, sino que, en virtud del texto expreso de los numerales 4 y 5 del artículo 237-A del TUO de la LPAG, determinadas actuaciones resultan subsistentes. De esta forma, la declaración de caducidad no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que puedan o no resultar necesarios ser actuados nuevamente.

Así también las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso de que se inicie el procedimiento sancionador. Además, la autoridad competente conforme al sistema, en caso de que la infracción no hubiera prescrito, evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.

Sobre la nulidad, cabe precisar que el artículo 202 del TUO de la LPAG, dispone que en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de dicha norma puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello.

En este caso, este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Ahora, cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (05) días para ejercer su derecho de defensa.

Se notifica la Resolución de Sub Intendencia

( Se notifica la Imputación de cargos)

02.01.2023

La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (02) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, o contado a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en lo referido a la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

En consecuencia, tomando en cuenta la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo, y evidenciándose que la Resolución de Intendencia N° 28-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, incurre en causal de nulidad y no constituye un acto favorable al administrado, corresponde a esta instancia declarar su nulidad, no resultando procedente la ampliación de plazo contenida en la misma, y como consecuencia, pronunciarse sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello.

En ese orden de ideas, evidenciándose la causal de nulidad en la Resolución de Intendencia N° 28-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, corresponde remitir los actuados del presente procedimiento sancionador a la intendencia respectiva y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, al declararse la caducidad del presente procedimiento sancionador, no es necesario pronunciarse sobre los demás argumentos planteados por la impugnante.