Corporación F — Res. 1357-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Subgrupo materia: Gratificaciones y Pago de la remuneración (sueldos y salarios)), Certificado de trabajo (Subgrupo materia: Incluye todas), Bonificación no remunerativa (Subgrupo materia: incluye todas), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo materia: Vacaciones y horas extras), Compensación por tiempo de servicios (Subgrupo materia: Depósito de CTS) y, Registro de control de asistencia (Subgrupo materia: Incluye todas).

medida de requerimiento de fecha 13 de setiembre de 2021 y por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, las cuales fueron notificadas en tres (03) oportunidades en los días 04 de agosto de 2021, 26 de agosto de 2021 y 06 de setiembre de 2021.

- Una (01) infracción en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago íntegro y oportuno de la remuneración. Imponiéndole una multa de S/ 484.00.

- Una (01) infracción en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de bonificación unificada de construcción (BUC). Imponiéndole una multa de S/ 484.00.

- Una (01) infracción en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de bonificación por movilidad a los trabajadores del régimen de construcción civil. Imponiéndole una multa de S/ 484.00.

- Una (01) infracción en materia de relaciones laborales, por no acreditar pago de gratificaciones. Imponiéndole una multa de S/ 484.00.

- Una (01) infracción en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria. Imponiéndole una multa de S/ 484.00.

- Una (01) infracción en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de las vacaciones. Imponiéndole una multa de S/ 1,012.00.

- Una (01) infracción en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios. Imponiéndole una multa de S/ 484.00.

- Una (01) infracción en materia de relaciones laborales, por no entregar el certificado de trabajo. Imponiéndole una multa de S/ 198.00

- Una (01) infracción a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de información. Imponiéndole una multa de S/ 1,012.00

- Una (01) infracción a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. Imponiéndole una multa de S/ 1,012.00

i. Con relación a su condición de microempresa, le es de aplicación la norma denominada Dictan Ley de Fomento a la Inversión Privada en la Construcción - Decreto Legislativo N° 727. El legislador ha optado por señalar un límite cuantitativo para la aplicación del régimen laboral de construcción civil, debido a que no toda labor de construcción civil puede calificar dentro de este régimen laboral especial. Por tanto, se encuentra excluido del reconocimiento de los beneficios del mencionado régimen. ii. No se han tenido en cuenta los montos máximos establecidos en el artículo 12 de la norma denominada Dictan Ley de Fomento a la Inversión Privada en la Construcción - Decreto Legislativo N° 727, que se refiere a la sumatoria de ambos costos (materiales y remuneraciones en forma conjunta). El monto de las remuneraciones de los trabajadores era asumido por su representada del monto de liquidación a favor del contratista y no de la liquidación total de la obra. En consecuencia, su representada no estaría infringiendo lo señalado en la norma denominada Dictan Ley de Fomento a la Inversión Privada en la Construcción - Decreto Legislativo N° 727, considerando que los gastos, remuneraciones y materiales no deben exceder las 50 UIT y, este último no se encontraba incluido en la liquidación de obra como es posible de advertir. iii. Con relación a la valoración de la obra, el personal inspectivo realizó una comprobación de datos en el sistema de seguimiento de inversiones de la página web invierte.pe, con la finalidad de probar el costo de inversión de las obras realizadas. Sin embargo, con relación a las obras de mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico mediante redes y biodigestores en el anexo Pampa de la Espina, distrito de Parcoy – Pataz figura como costo de inversión total de S/1, 902,821.00 soles. No obstante, esta obra fue ganada por el monto de S/494,953.62 soles. De igual forma, ocurre con las obras de mejoramiento y ampliación de las redes de alcantarilla e instalación del servicio de saneamiento básico rural mediante redes y biodigestores en los centros poblados de Ciro Alegría, Corral Pampa, Pueblo Joven, distrito de Parcoy, provincia de Pataz por el monto de S/1,644,233.89 soles; sin embargo, el monto de la buena pro que figura en el Sistema Electrónico de contrataciones del Estado - SEACE es por S/606,672.08 soles.

iv. Desde el inicio del proceso han acreditado el pago de la remuneración en los periodos laborados, documentos que no han sido valorados por el personal inspectivo. Con relación a la supuesta falta de pago de remuneraciones de los meses de Diciembre 2017, Enero 2018, Agosto 2018, Setiembre 2018 y Octubre 2018, así como el pago de vacaciones truncas, cumplieron con acreditar las obligaciones con la presentación de planillas electrónicas, constancias de depósito, recibo de pago por la suma de S/4,000.00 soles, del que solicitan su reconocimiento en su contenido y firma, y recibo de pago; por lo que, acreditan el pago oportuno de las remuneraciones del año 2018. v. Con relación a la supuesta infracción por incumplimiento en materia laboral e infracción a la labor inspectiva, rechazan la imputación de cargos dirigida en su contra, ya que acreditaron que no solo han cumplido oportunamente con todos los requerimientos de información solicitada, sino también con la comparecencia virtual.

i. Refiere que, en el Acta de Infracción se ha dejado constancia que la impugnante no ha cumplido con el pago de los beneficios sociales que corresponden a los trabajadores del régimen especial de construcción civil a favor del extrabajador. Tampoco ha cumplido con la entrega del certificado de trabajo. ii. La obra que fue adjudicada a la empresa ha superado las 50 UIT; por lo que, la obra realizada se encuentra excluida de los alcances del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 727, que contempla lo siguiente: “(…) en la medida en que exclusivamente ejecuten obras cuyos costos individuales no excedan cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (…) Para establecer el costo individual de cada obra se tomarán en cuenta todos los gastos, incluyendo las remuneraciones y materiales.” iii. La impugnante pretende indicar que el contratista fue una empresa independiente a la impugnante; sin embargo, de la revisión de la página web invierte.pe, verifica que el contratista es Corporación F. de Fátima S.A.C., es decir, el contratista es la impugnante, conforme la imagen inserta. iv. En cuanto a la diferencia de los montos que figura en la página web invierte.pe y lo que figura en el contrato, indica que, los montos son diferentes a los consignados por el personal inspectivo; sin embargo, estos montos exceden las 50 UIT. En consecuencia, lo alegado por la impugnante debe desestimarse, debido a que al haber superado las 50 UIT debió pagar a sus trabajadores de conformidad con el régimen especial de construcción civil. v. De otro lado, si bien la impugnante ha cumplido con el pago de las remuneraciones y vacaciones del extrabajador; sin embargo, ello fue conforme al régimen laboral general, pero no de conformidad con el régimen especial de construcción civil, régimen bajo el cual se debió pagar al extrabajador. Pese a que el personal inspectivo requirió a la impugnante que cumpla con reintegrar los montos, así como con pagar los beneficios sociales que no fueron pagados en su oportunidad; no obstante, la impugnante hizo caso omiso. Por tanto, se evidencia que las infracciones mencionadas no han sido desvirtuadas.

2 Notificada a la impugnante el 11 de setiembre de 2023.

vi. Precisa que, mediante requerimiento de información notificada con fecha 28 de agosto de 2021, el personal inspectivo requirió en una segunda oportunidad el registro de control de asistencia; sin embargo, la impugnante indicó que no contaba con dicho documento por las condiciones del trabajo; por lo que, el personal inspectivo propuso sanción por obstrucción a la labor inspectiva, considerando que es obligación de todo empleador guardar los registros de control de asistencia por cinco (05) años, conforme el artículo 5 de la norma denominada Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada - Decreto Supremo N° 004-2006-TR. vii. Por otro lado, la impugnante no acreditó haber cumplido con las observaciones realizadas por el personal inspectivo, contenidas en la medida inspectiva de requerimiento y dentro del plazo establecido; por consiguiente, corresponde confirmar la multa impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CORPORACION F. DE FATIMA S.A.C.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 290-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Durante todo el proceso administrativo mantuvo una conducta participativa, cumpliendo con todos los requerimientos informativos solicitados, así como participando en las citaciones programadas; sin embargo, no se actuó adecuadamente la documentación que respalda su posición. Asimismo, insiste en que deben de reintegrar remuneraciones y beneficios adicionales, que en su condición de microempresa le es de aplicación la norma denominada Dictan Ley de Fomento a la Inversión Privada en la Construcción - Decreto Legislativo N° 727. En ese sentido, han cumplido con la medida inspectiva de requerimiento de pago, así como que no han tenido una actitud resistente a facilitar información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones inspectivas. ii. Sostiene que, el motivo por el que no ha acatado el requerimiento de reintegro de remuneraciones y beneficios se debe a que no existe una resolución firme, y mientras no exista una resolución firme, no tendría que acatar el requerimiento. Además, es materia del presente proceso que se determine si le corresponde el pago solicitado, dado que en su condición de Mype se encuentra excluido del reconocimiento de los beneficios del régimen laboral de construcción civil, ya que es una empresa constructora de inversión limitada desde el inicio de sus actividades, conforme se aprecia de la Consulta del Registro Nacional de la Micro Empresa. iii. Manifiesta que, es errado señalar que ha infringido el artículo 12 de la norma denominada Dictan Ley de Fomento a la Inversión Privada en la Construcción - Decreto Legislativo N° 727; sin embargo, dicho artículo hace referencia a las sumatoria de ambos costos (materiales y remuneraciones en forma conjunta). En el presente caso, el monto de las remuneraciones de los trabajadores era asumido por su representada del monto de liquidación a favor del contratista y no de la liquidación total de la obra como señala el personal inspectivo. En consecuencia, no estaría infringiendo lo señalado en el Decreto Legislativo N° 727, considerando que los gastos de remuneraciones y materiales no deben exceder las 50 UIT, y este último no se encontraba incluido en la liquidación de obra. De acuerdo a las liquidaciones de obra presentadas, tanto del contrato Pampa Espina y Ciro Alegría, estarían superando el monto establecido para que su representada sea considerada una MYPE. iv. Por otro lado, rechaza la infracción grave por incumplimiento de pago de remuneraciones y beneficios sociales; toda vez que, desde el inicio del proceso, acreditaron el referido pago; por lo que, los documentos no han sido valorados. Con relación a la supuesta falta de pago de remuneraciones de los meses de Diciembre 2017, Enero 2018, Agosto 2018, Setiembre 2018 y Octubre 2018, así

como el pago de vacaciones truncas, cumplieron con presentar las planillas electrónicas, constancias de depósito, recibo de pago por la suma de S/4,000.00 soles de puño y letra del trabajador, el que pese a su solicitud de reconocimiento, en su contenido y firma, por parte del denunciante; sin embargo, dicha prueba no ha sido actuada, ni se le ha corrido traslado al trabajador, a fin de que se pronuncie con relación al pago recibido. v. Señala que no se ha tenido en cuenta la buena conducta de su representada, quien ha cumplido con colaborar oportunamente con todos los requerimientos efectuados, así como que ha comparecido cuando se le ha requerido. No obstante, la documentación presentada como sustento de pago no ha sido valorada, ni actuada por el personal inspectivo. Sólo se ha forzado la idea de que estaría obligada a acreditar con documentos el cumplimiento, obligaciones que no le corresponden por su condición de microempresa inscrita en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE. vi. Finalmente, rechazan la imputación de cargos y multas en contra de su representada, solicitando el respectivo archivo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones no muy graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, por no acreditar el pago de la compensación vacacional

en su artículo 12 establece: “Para efectos del récord vacacional se considera como días efectivos de trabajo los siguientes: a) La jornada ordinaria mínima de cuatro horas”.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador 6.15 Conforme se detalla, la resolución de sanción (Resolución de Subintendencia N° 1126- 2022-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA) no ha efectuado una correcta subsunción de los hechos constatados bajo la conducta sancionada para la asignación de responsabilidades hacia la Inspeccionada.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz

de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la

“insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

motivaron el presente procedimiento sancionador. La actuación de la Sub Intendencia, a diferencia de lo requerido normativamente, considera la infracción imputada al tenor del tipo legal contenido en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, cuando lo que se atribuye a la impugnante es el hecho de no acreditar el pago de las vacaciones en perjuicio del extrabajador, es decir, se le imputa a la Inspeccionada una infracción laboral por no cumplir con el pago de dicho concepto.

9 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 10 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 11 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

Sobre la vulneración al principio del debido procedimiento 6.26 El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una

12 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.34 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su

13 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

14 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

Sobre la infracción al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

15 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

16 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…).

“4.20 (…) En este punto es preciso señalar que la inspeccionada no ha cumplido con presentar el control de asistencia (…). Sin embargo, la negativa de la inspeccionada a presentar la documentación, no ha permitido establecer el trabajo en horas extras, en días de descanso obligatorio ni en días feriados no laborables, estos dos últimos incluso son materias reclamadas en la denuncia del extrabajador, quien además presentó fotografías de lo que sería el cuaderno de asistencia, el cual se ha revisado (ver anexo 01) y se ha observado que habría meses en los que se habría trabajador el día de descanso (se trabajó de lunes a domingo), según el detalle presentado en la Tabla 07 (…)”

“I. INFRACCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA (…) Hechos constatados (…) Es oportuno señalar que el control de asistencia fue solicitado en el primer requerimiento de información notificado en fecha 04/08/2021 (…), por segunda vez en el requerimiento de información notificado en fecha 26/08/2021 (…) y por tercera vez en el requerimiento de información notificado en fecha 06/09/2021 (…). En todos los requerimientos de información antes señalados, se dejó constancia de que la negativa constituiría una infracción (…). Este incumplimiento por parte de la inspeccionada ha hecho imposible establecer el trabajo en horas extras, días de descanso obligatorio ni en días feriados no laborables (…) Tipificación La negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, las cuales fueron notificadas hasta en 03 oportunidades en los días 04/08/2021, 26/08/2021 y 06/09/2021, se califican como infracción MUY GRAVE (…), concordante con el numeral 46.3 (…)”

“55. Conforme se ha verificado en el acta de infracción, se emitieron requerimientos de información notificadas a través de su casilla electrónica, la cual tiene un uso obligatorio según lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, las mismas contenían apercibimientos de multa en caso de incumplimiento; siendo éstas: Requerimiento de fecha 04 de agosto de 2021 (presentación de registro de asistencia de control de asistencia) a ser cumplida el 10 de agosto de 2021. (…) 57. Conforme se ha verificado en el acta de infracción, el inspector comisionado deja constancia que en fecha 04 de agosto de 2021 se realizó el requerimiento de información a través de la casilla electrónica de la inspeccionada, con la finalidad de que acredite el cumplimiento de las materias objeto de fiscalización de la orden de inspección, indicando como fecha de cumplimiento el 10 de agosto de 2021, mediante depósito en la casilla electrónica. “58. Sin embargo, de la revisión de la casilla electrónica del inspector comisionado, la inspeccionada no cumplió con evitar la información solicitada en el requerimiento de información, la misma que fue válidamente notificada a través de la Casilla Electrónica (…); por cual dicha conducta constituye una obstrucción a la labor del inspector comisionado al no proporcionar la información necesaria para el desarrollo de sus funciones (…) 65. En ese sentido, teniendo en cuenta que se trata de un específico incumplimiento en materia de labor inspectiva, y que el inspeccionado tenía la obligación de brindar la información necesaria requerida por los inspectores de trabajo para el desarrollo de sus funciones, (…), acoge la multa propuesta” (énfasis añadido)

negativa de presentar la documentación (registro de control de asistencia), que se encuentra relacionada con los tres (03) requerimientos de información de fecha 04/08/2021, 26/08/2021 y 06/09/2021.

17 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

claridad de qué se le acusa y cómo defenderse. En un procedimiento sancionador, las reglas deben estar claras desde el inicio, y no pueden modificarse sobre la marcha. Solo así se garantiza un debido procedimiento.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

Figura N° 01

obligatoria, se reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, señalando:

“Los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”.

Por consiguiente, su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo, que se detecten.

que ordene su cumplimiento, corresponde indicar que esta afirmación no es correcta. La obligación de colaboración con la autoridad inspectiva surgió desde el momento en que la impugnante tomó conocimiento de dicha medida, no quedando condicionada a la existencia de una resolución firme. Es importante mencionar que, la medida inspectiva de requerimiento es una medida correctiva emitida dentro de las actuaciones inspectivas, que tiene fuerza obligatoria y exigibilidad inmediata.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Relaciones Laborales No cumplir con el pago íntegro y oportuno de la remuneración. Relaciones Laborales No cumplir con el pago de bonificación por movilidad a los trabajadores del régimen de construcción civil. Relaciones Laborales No cumplir con el pago de bonificación unificada de construcción (BUC) Relaciones Laborales No acreditar pago de gratificaciones. Relaciones Laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria. Relaciones Laborales No acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios. Relaciones Laborales No entrega el certificado de trabajo. Labor Inspectiva No cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la CORPORACION F. DE FATIMA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 290-2023- SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 985-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Subintendencia N° 1126-2022 SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 28 de octubre de 2022 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 985-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Subintendencia N° 1126-2022 SUNAFIL

SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 28 de octubre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Subintendencia N° 1126-2022-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 28 de octubre de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 290-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. QUINTO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 290-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. SEXTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia, respecto a las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 y 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

SÉPTIMO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.38 de la presente resolución

OCTAVO - Notificar la presente resolución a la CORPORACION F. DE FATIMA S.A.C., y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes. NOVENO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251001SPDC- HR: 97629-2021