Corporación Diamante Jubers S.A.C — Res. 184-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Horas extras y Vacaciones); Remuneraciones (Sub materia: Pago de bonificaciones, Asignaciones y Gratificaciones); y Verificación de Regímenes Especiales y Grupos Específicos (Sub materia: Construcción Civil). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la documentación y/o información requerida hasta el 19 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la documentación y/o información requerida hasta el 26 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Refieren que no se ha tenido en cuenta que pese a tener domicilio ubicado dentro del departamento de Huánuco, se ha procedido a notificar los dos requerimientos de información a la casilla electrónica creada de oficio por la SUNAFIL, lo que tuvo como consecuencia que no hayan podido ser notificados debidamente, y más aún si a la fecha de los requerimientos las notificaciones e inspecciones se están realizando físicamente, vulnerando su derecho a la defensa, lo que debe tenerse presente a fin de declarar la nulidad de la notificación.

ii. Asimismo, señalan que el numeral 21.1 del artículo 21 del TUO de la LPAG, establece que la notificación personal se hace en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio, resultando el acto administrativo de notificación abiertamente ineficaz, no solo por contravenir las normas, sino porque una debida notificación garantiza el derecho al debido procedimiento administrativo, especialmente el que respecta al derecho a la defensa, debiéndose tener en cuenta que el incumplimiento imputado responde a una notificación inválida que no les ha permitido ejercer debidamente su derecho a la defensa, debiéndose desestimar la propuesta de multa del inspector de trabajo contenida en el Acta de Infracción.

iii. Alegan que erróneamente se les ha considerado como una NO MYPE, asimismo, señalan que en la resolución apelada tampoco se ha motivado respecto al porqué no es una MYPE, vulnerando el derecho a la debida motivación, incurriendo el inspector en un grave error al considerar que un contrato de consorcio supone vinculación económica entre empresas, lo cual es un error, toda vez que se considera como grupo económico al conjunto de empresas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al control de una misma persona natural o jurídica o de un mismo conjunto de personas naturales o jurídicas; asimismo refieren que se encuentran vinculados contractualmente y no económicamente con las empresas del consorcio, por lo que, les corresponde responder como una microempresa por encontrarse a la fecha acreditada.

i. Que, el uso de la casilla electrónica es una modalidad de notificación de uso obligatorio, siendo responsabilidad y obligación del administrado, en este caso del empleador, revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen, en virtud del Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

ii. En este contexto, en el presente caso, si bien se ha determinado la obligatoriedad del uso de la casilla electrónica, se debe tener presente el envío de alertas del SINEI- SUNAFIL, y de la revisión de todo lo actuado dentro del procedimiento sancionador se tiene que, en estricta aplicación del principio de verdad material, efectivamente las alertas han sido emitidas por el SINEL SUNAFIL, según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, debido a que el propio sujeto inspeccionado ha registrado sus contactos antes de la emisión de los requerimientos de información, siendo que registró el 02 de junio de 2021 y los requerimientos fueron notificados mediante la casilla electrónica el 14 y 21 de octubre de 2021.

iii. Que, las exigencias que se derivan del significado constitucional del derecho de defensa, en el presente proceso se han dado cumplimiento, ello debido a que el sujeto inspeccionado ha podido ejercer su derecho de defensa, habiendo presentado los descargos correspondientes en cada etapa del presente procedimiento, asimismo, como ya se ha dejado establecido, el sujeto inspeccionado sí ha tomado conocimiento de cada uno de los requerimientos de información conforme a lo detallado en los considerandos precedentes.

2 Notificada a la impugnante el 03 de octubre de 2022. Véase folio 65 del expediente sancionador.

iv. Por otro lado, se tiene que el sujeto inspeccionado forma parte del Consorcio Ingeniería Diamante, siendo este el operador tributario y teniendo una participación del 85% del total de los consorciados, el mismo que se ha conformado con la finalidad de ejecutar una obra por un importe de S/ 25’295,966.78: “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad del Puente Esteban Pavletich, creación de los accesos en la Av. Colectora, distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco”; asimismo, del contrato firmado por el Gobierno Regional de Huánuco y el Consorcio Ingeniería se pacta que las órdenes de pago, cheques y demás documentos de pago se girarán a nombre del sujeto inspeccionado. En ese sentido, corresponde a cada uno de los integrantes del Consorcio asumir las obligaciones y responsabilidades a las cuales se han comprometido en virtud del referido contrato.

v. Que, de las actuaciones inspectivas realizadas y de los documentos que obran en autos ha quedado plenamente acreditado que la empresa Corporación Diamante Jubers S.A.C., ha asumido dentro del Consorcio la obligación de empleador de los trabajadores de dicha obra; en tal sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley, se debe tener en cuenta que dentro de las actuaciones inspectivas, el responsable de acreditar el cumplimiento de la normativa sociolaboral es el presente procedimiento es la Empresa Corporación Diamante Jubers S.A.C., por lo que el procedimiento de actuaciones inspectivas se ha seguido conforme a ley, habiéndose determinado como sujeto responsable de la infracción incurrida al sujeto inspeccionado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981 Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACIÓN DIAMANTE JUBERS S.A.C.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 24 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 51-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que no se ha tenido en cuenta que pese a tener domicilio ubicado dentro del departamento de Huánuco, se ha procedido a notificar los dos requerimientos de información a la Casilla Electrónica creada de oficio por la SUNAFIL, lo que tuvo como consecuencia que no hayan podido ser notificados debidamente, más aún si a la fecha de los requerimientos las notificaciones e inspecciones se están realizando físicamente, vulnerando su derecho a la defensa, lo que debe tenerse presente a fin de declarar la nulidad de la notificación.

ii. Asimismo, señalan que el numeral 21.1 del artículo 21 del TUO de la LPAG, establece que la notificación personal se hace en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio, resultando el acto administrativo de notificación abiertamente ineficaz, no solo por contravenir las normas señaladas, sino porque una debida notificación garantiza el derecho al debido procedimiento administrativo, especialmente el que respecta al derecho a la defensa, debiéndose tener en cuenta que el incumplimiento imputado responde a una notificación inválida que no les ha permitido ejercer debidamente su derecho a la defensa, debiéndose desestimar la propuesta de multa del inspector de trabajo contenida en el Acta de Infracción.

iii. Alegan que erróneamente se les ha considerado como una NO MYPE, asimismo, señalan que en la resolución apelada tampoco se ha motivado respecto al porqué no es una MYPE, vulnerando el derecho a la debida motivación, incurriendo el inspector en un grave error al considerar que un contrato de consorcio supone vinculación económica entre empresas, lo cual es un error, toda vez que se considera como grupo económico al conjunto de empresas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al control de una misma persona natural o jurídica o de un mismo conjunto de personas naturales o jurídicas; asimismo refieren que se encuentran vinculados contractualmente y no económicamente con las empresas del consorcio, por lo que, les corresponde responder como una microempresa por encontrarse a la fecha acreditada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.1 Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”9 (énfasis añadido).

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV, Numeral 1.8. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

- A folio 49 del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 13 de octubre de 2021; y, a folios 52 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el 14 de

octubre de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 01:

- Así también, se aprecia a folio 56, el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 20 de octubre de 2021; y, a folios 59 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el 21 de octubre de 2021, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 02:

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las

garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No remitir la documentación y/o información requerida hasta el 19 de octubre de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No remitir la documentación y/o información requerida hasta el 26 de octubre de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CORPORACIÓN DIAMANTE JUBERS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 51-2022-SUNAFIL/IRE- HUA, de fecha 30 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Huánuco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 423- 2021-SUNAFIL/IRE-HUA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 51-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa CUARTO. - Notificar la presente resolución a CORPORACIÓN DIAMANTE JUBERS S.A.C., y a la Intendencia Regional de Huánuco, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240221MCR