Corporación Coco Torete S.A.C — Res. 37-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS) y Seguridad Social (Sub materia: Declaración y pago de la seguridad social). 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

2020, a raíz de la denuncia presentada por varios trabajadores afectados en fecha 08 de mayo de 2020. 1.2 Que, mediante Imputación de Cargos N° 14-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC, de fecha 21 de enero de 2021, notificada el 27 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

i. Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento del depósito de la CTS, en perjuicio de 9 trabajadores, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,537.00.

ii. Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar el pago de todo o parte de los aportes del Sistema Privado de Pensiones, en perjuicio de 50 trabajadores, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,825.00.

iii. Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 31 de agosto de 2020 que debió ser cumplida hasta el día 04 de setiembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,825.00.

i. Sostiene que la Sub Intendencia no ha cumplido con observar y calificar la obligación prevista en el inciso 4 del artículo 255 del TUO de la LPAG y en el literal f del artículo 53.2 del RLGIT; toda vez que el órgano de instrucción no ha cumplido con su obligación, correspondiente a recabar los datos e informaciones que sean relevantes para determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción, aun cuando la empresa presentó sus descargos en el plazo señalado, más aún si un hecho fundamental del procedimiento era determinar la existencia de los pagos a los trabajadores indicados en los requerimientos de información; por lo que, si los inspectores como el despacho advirtieron pagos inciertos o que no se pueden determinar, se debió haber solicitado una aclaración al respecto, teniendo en cuenta que son un gran número de trabajadores; sin embargo, refiere que se ha

hecho caso omiso a los pagos y documentos presentados sin indagar a qué trabajadores corresponde cada pago declarado. ii. Señala que no se ha valorado adecuadamente la información y documentos aportados a la investigación, sin que se haya individualizado cuál es el periodo en que se solicita la información concluyendo en una sanción en su contra sobre la base de meras presunciones no sustentadas en medio probatorio alguno y sin desvirtuar ni menos pronunciarse sobre los argumentos y documentos alegados por la empresa en sus descargos. Siendo que, respecto al pago de CTS, no se ha definido el periodo por el cual se les solicitan los pagos; sin embargo, se ha considerado imponer multa por un supuesto incumplimiento de pago, error que se agrava cuando no se ha tomado en cuenta las documentales presentadas en su oportunidad, las cuales vuelven a presentar, dejando algunas muestras del cumplimiento. iii. Respecto al pago de los aportes a la AFP, en el considerando 26 de la Resolución de Subintendencia, se aprecia que en un primer momento se considera la exhibición de los pagos por AFP Hábitat del periodo junio 2018 y abril 2020, sin considerar las pruebas aportadas al proceso como el referido a la del señor Castillo Pareja Gilver José, que según reporte de AFP HABITAT, se aprecia que por el periodo 2018 se cumplió con el pago correspondiente por concepto de AFP, asimismo, en el formato que se utiliza no tiene la condición de presentado sino de pagado. iv. Respecto al supuesto incumplimiento a las órdenes inspectoras, se ha determinado en el considerando 26 de la resolución de Sub Intendencia que se ha cumplido con exhibir los pagos a sus trabajadores, pero que, por el contrario, se ha impuesto una multa por incumplimiento de pago de CTS y aportes al sistema privado de pensiones, constituyendo una motivación contradictoria, evidenciándose la inacción de no valorar los documentos aportados al proceso o continuar con la investigación hasta llegar a la verdad de los hechos. Además, sostiene que se ha incurrido en vicio de nulidad de la resolución sancionadora e Informe Final de Instrucción, pues no ha considerado lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 1 del D.S. N° 004-2006-TR, así como el artículo 48.1-D del RLGIT. v. Finalmente, sostiene que la Sub Intendencia yerra al cuantificar la sanción, pese a que no se ha infringido norma alguna, inaplicando el principio de razonabilidad (o proporcionalidad) que se encuentra en concordancia con el deber de la Administración de motivar debidamente sus resoluciones; por lo que, advierte que no se ha cumplido con sustentar debidamente los criterios adoptados para imponer la sanción pecuniaria cuestionada por una supuesta infracción, incurriendo en motivación aparente.

2 Notificada a la impugnante el 07 de marzo de 2022, véase folio 48 del expediente sancionador.

Resolución de Sub Intendencia N° 478-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE; y, reformándola, le impuso una multa por el monto de S/ 21,414.00, por considerar los siguientes puntos:

i. Si bien la impugnante exhibe cheques del BCP por diferentes montos entregados a 06 trabajadores, no se acredita el concepto de pago de la Compensación por Tiempo de Servicios. Por ejemplo, no se puede evidenciar el periodo pagado del trabajador afectado Alexander Ysrael Plasencia Vargas, a excepción de la trabajadora Nicole Laleshka Rodríguez Capa, de quien sí se ha evidenciado el depósito de la CTS del periodo mayo – octubre 2019, pero subsiste el incumplimiento del periodo noviembre 2018 – abril 2019, lo cual no exime el incumplimiento de los demás trabajadores afectados.

ii. Independientemente que tales incumplimientos se encuentran plasmados en el Acta de Infracción que, siempre que se observen los requisitos establecidos conforme a los artículos 16 y 47 de la LGIT, merecen fe y se presumen ciertos, el impugnante puede aportar pruebas en defensa de sus respectivos derechos e intereses. Sin embargo, no ha ejercido su derecho a la defensa a través de la presentación de los descargos ante la Imputación de Cargos ni al Informe Final de Instrucción; por lo tanto, la Intendencia también coincide con el órgano de primera instancia en determinar la responsabilidad del impugnante sobre la comisión de la infracción, máxime si la inspectora ha expuesto las observaciones realizadas a la documentación exhibida por el impugnante que ha conllevado a verificar los hechos constitutivos de infracción, teniendo entre ellos, los periodos sobre los cuales no se ha acreditado el cumplimiento de la obligación sociolaboral.

iii. En respuesta a la supuesta inobservancia del inciso 4 del artículo 255 del TUO de la LPAG y el literal f del artículo 53.2 del RLGIT, señala que el literal f) del numeral 7.1.2.5 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII – Directiva que regula el procedimiento sancionador del sistema de inspección del trabajo, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL, establece que la autoridad instructora puede considerar que no es necesaria la actuación de pruebas respecto de hechos sobre los que con ocasión del ejercicio de sus funciones, hayan sido comprobados o sujetos a la presunción de veracidad, por lo que, los hechos constatados del Acta de Infracción, se presumen ciertos.

iv. Conforme al Acta de Infracción, se verificó que el impugnante no acreditó el pago de aportes a la AFP del periodo julio 2018 a diciembre 2019 a favor del ex trabajador Roberto Carlo Olguín Ravello, así como los aportes previsionales del periodo agosto 2018 a julio 2020 de cuarenta y nueve (49) trabajadores.

v. Al respecto, se advierte que el impugnante cumplió con subsanar el pago de los aportes retenidos al Sistema Privado de Pensiones respecto de 27 trabajadores; no obstante, no es aplicable la reducción de multa comprendida en el artículo 40 de la LGIT, toda vez que mantiene su conducta antijurídica respecto a 22 trabajadores; por tanto, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se dispone la aplicación de la multa de los trabajadores afectados, esto es ya no de 49 trabajadores, sino solo de 22.

vi. Conforme al principio de legalidad, al advertirse que el impugnante incumplió con acreditar la medida de requerimiento de 31 de agosto de 2020, la Intendencia confirma la multa impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACIÓN COCO TORETE S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 047-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Alegan que existe una trasgresión a la valoración de las pruebas aportadas, las cuales fueron presentadas junto con el escrito de apelación, ya que contienen la totalidad de la información solicitada para acreditar el pago de la CTS y que se ha registrado los aportes previsionales y han tenido poca valoración por parte de la Intendencia.

ii. Respecto al supuesto incumplimiento del depósito de la CTS, observa que en el considerando 14 de la resolución impugnada existe una motivación contradictoria, pues, por un lado, acepta que se han presentado documentos consistentes que acreditan el pago al señor Plasencia Vargas Alexander Ysrael y, luego, los desestima indicando que no acreditan el pago solicitado.

iii. Reitera lo señalado en su escrito de apelación, respecto que ahora la resolución impugnada no ha cumplido con observar y calificar la obligación prevista en el inciso 4 del artículo 255 del TUO de la LPAG y en el literal f del artículo 53.2 del RLGIT; toda vez que, ante la duda respecto a que los documentales omiten el pago de la CTS o la AFP en ciertos períodos, mínimamente se debió realizar los exámenes o actuaciones correspondientes a fin de solucionar la duda que se generó.

iv. Considera que antes de emitir el requerimiento de fecha 04 de setiembre de 2020, debió efectuar todas las diligencias necesarias para determinar la verdad de los hechos o tener certeza de los pagos efectuados a los ex trabajadores y no emitir el Acta de Infracción, que indica que se ha cumplido parcialmente con el requerimiento, no existiendo certeza por parte del inspector sobre la documentación que tenía a la vista.

v. Sostiene que se ha interpretado erróneamente el literal a) del artículo 40 de la LGIT, pues la perjudica al no reducir en 30% la multa impuesta que señala la norma, pese a haber acreditado los pagos de la AFP.

vi. Finalmente, señala que se ha vulnerado el principio de razonabilidad, pues no se ha tomado en cuenta que se ha procedido a subsanar todos los pagos que pudiesen encontrarse pendientes, los cuales se adjuntaron al recurso de apelación; sin embargo, a pesar de reconocerse dichos pagos, no se ha procedido a efectuar ningún descuento a la multa impuesta por la SUNAFIL. Considera que no existe sustento para que se le imponga una multa tan elevada.

Análisis Del Recurso De Revisión

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos” (énfasis añadido).

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De las infracciones a la seguridad social: no depositar a la AFP los aportes de los trabajadores

“Artículo 3.- Son asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, con la excepción a que se refiere el artículo 5, los siguientes:

a) Los trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada a empleadores particulares, cualesquiera que sean la duración del contrato de trabajo y/o el tiempo de trabajo por día, semana o mes (…)”.

Figura N° 01:

tienen la calidad de Presentada, pero la impugnante no exhibió un documento que acredite que realizó el pago de los aportes; por lo tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, en relación con un trabajador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otros conceptos.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá

circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Medida Inspectiva de Requerimiento

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa.

Sobre la reducción de la multa

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

10 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG.

acreditado que la impugnante ha incurrido en una infracción muy grave a la labor inspectiva y en una infracción muy grave en materia de seguridad social; por lo que, corresponde no acoger este extremo del recurso de revisión.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Trabajadores afectados Relaciones Laborales No pagar la compensación por tiempo de servicios (CTS). Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Seguridad Social No acreditar el pago de todo o parte de los aportes del Sistema Privado de Pensiones. Numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE

Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 31 de agosto de 2020 que debió ser cumplida hasta el día 04 de setiembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la CORPORACIÓN COCO TORETE S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 047-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 04 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 250-2020- SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 047-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, en los extremos referentes a las infracciones muy graves en materia de seguridad social y a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 44-B.2 y 46.7 de los artículos 44-B y 46 del RLGIT, respectivamente. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la CORPORACIÓN COCO TORETE S.A.C., y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20230111CVT