Corporación Ceramica S.A — Res. 617-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: pago de la remuneración (sueldos y salarios)); actos de hostilidad y modificación unilateral de condiciones de trabajo (Sub materia: otros hostigamientos). soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar íntegramente las remuneraciones al trabajador Carlos Alberto Palomino Gamboa, respecto de los meses de agosto de 2017 a noviembre de 2019, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,805.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 3 de enero de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

i. Que, la diferenciación salarial aplicada entre los trabajadores tiene su razón de ser en la diferencia existente en las categorías que ocupan cada uno de ellos; pues el señor Milton Freddy Aponte Guevara, tiene el cargo y categoría de Operador de Montacargas B.MB 4, el señor Eduardo Ismael Parreño Fernández igualmente es operador de montacargas B.MB 4, y el señor Carlos Alberto Palomino Gamboa, es Operador de Montacargas B.OA2 5.

ii. Que, la autoridad de trabajo a lo largo del procedimiento no ha cumplido con demostrar los requisitos de homologación señalados, a pesar de existir un elemento o categoría que a simple vista permite efectuar un trato diferenciado, sin que ello implique una discriminación.

iii. Sostiene que un trabajador que maneja maquinaria de distinta infraestructura tal como es un Montacarga B.OA2 5 o un Montacarga B.MB 4, implica necesariamente que se encuentre especializado en forma distinta para el uso de cada vehículo. No existe un parámetro de igualdad objetivo entre el señor Palomino Gamboa, quien ocupa el puesto de Operador de Montacarga B.OA2 5 y los señores Aponte Guevara y Parreño Fernández, ocupan los puestos de Operador de Montacarga B.MB 4, no siendo equitativo/igualitario que CORCESA remunere con el mismo salario a ambos operadores.

iv. Que, contempló distintas remuneraciones para el puesto de operador de montacargas, teniendo como causa razonable y objetiva, la categoría distinta a la que pertenecen los trabajadores; de este modo, se acreditó el cumplimiento de sus obligaciones en materia de relaciones laborales, demostrando que la diferencia salarial aplicada al señor Palomino se encuentra debidamente justificada, por lo que se debe dejar sin efecto la multa aplicada.

v. Considera que ha ocurrido una vulneración al Principio de Non Bis In Ídem, reconocido en la Constitución Política y en el artículo 248 numeral 10, del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que, no es posible que la administración imponga varias sanciones por un mismo hecho; en tanto, la sanción recae sobre el mismo sujeto por los mismos hechos y fundamentos.

i. Señala que los argumentos han sido formulados de forma repetitiva en los descargos de la inspeccionada, sobre los cuales la Autoridad instructora ha emitido su pronunciamiento en el numeral 48 del Informe Final, y la Autoridad resolutora en el considerando 22 de la resolución apelada, desvirtuando lo argumentado por la inspeccionada, que la Intendencia comparte; toda vez que, ha señalado con claridad que, se determinó en base a los medios probatorios ofrecidos por la inspeccionada durante las actuaciones inspectivas que, el trabajador Carlos Alberto palomino Gamboa, realizaba las mismas funciones que los trabajadores Milton Freddy Aponte Guevara y Eduardo Ismael Parreño Fernández, funciones que fueron descritas por la propia inspeccionada en su Informe N° 2-2019; asimismo, ha precisado en cuanto a las categorías referidas por la inspeccionada que, si bien se observa en las boletas de pago de los trabajadores que se asignan categorías distintas, lo cierto es que, su cuadro de categorías y funciones no cuenta con una descripción general de las características de los puestos de trabajo que justifican su agrupación en una categoría, no se justifican la valoración y tampoco la política remunerativa se encuentra acorde con el cuadro de categorías y funciones, de lo cual ha advertido que no existe causa que justifique objetiva y razonablemente los motivos de la diferencia remunerativa entre el trabajador Carlos Alberto Palomino Gamboa y los trabajadores Milton Freddy Aponte Guevara y Eduardo Ismael Parreño Fernández, correspondiendo al trabajador Carlos Alberto Palomino

2 Notificada a la impugnante el 15 de julio de 2022, véase folio 71 del expediente sancionador.

Gamboa, que se le pague íntegramente las remuneraciones por la función que realiza como montacarguista.

ii. Indica que, no se advierte que haya justificación de una existencia de varias categorías o subcategorías dentro del grupo de trabajadores que desempeñan la función de Operador de montacargas, lo cual evidentemente no justifica a su vez la existencia de la diferenciación salarial alegada por la inspeccionada.

iii. Asimismo, de acuerdo a las constataciones efectuadas por el Inspector comisionado y el análisis de la Autoridad instructora como de la Autoridad resolutora, se evidencia que siendo el cargo y las funciones que realiza el trabajador Carlos Alberto Palomino Gamboa, las mismas que realizan los trabajadores Milton Freddy Aponte Guevara y Eduardo Ismael Parreño Fernández; no justifica aplicar una diferencia remunerativa, sino una remuneración similar a la que perciben los trabajadores homólogos que realizan las mismas funciones de Operador de Montacargas.

iv. Señala que la inspeccionada no cumplió en el plazo de tres (3) días hábiles con la medida de requerimiento de fecha 03 de enero de 2020, vulnerando así lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política del Perú, y el artículo 6 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR e incurriendo en infracción a la labor inspectiva.

v. En consecuencia, los argumentos esbozados en la apelación no desvirtuaron las infracciones en que ha incurrido la inspeccionada, las cuales han sido debidamente determinadas por la sub intendencia, confirmándose la resolución apelada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola,

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACION CERAMICA S.A.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 18 de julio de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 9 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1195-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Alega se ha interpretado erróneamente el inciso 2 artículo 2 de la Constitución Política del Perú referido a la igualdad de trato, pues considera que es erróneo considerar que ante situaciones dispares no es factible aplicar un tratamiento distinto.

ii. Sostiene que el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, sobre el principio de non bis in ídem.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos

Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”9:

Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII “El inspector comisionado establece el plazo para el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, procurando tener en cuenta, los siguientes factores: a) Cantidad de trabajadores afectados. b) Gravedad y naturaleza de la infracción. c) Urgencia de la medida de requerimiento. d) Razonabilidad. e) Cualquier otro factor que, a su juicio, le permitan evaluar la duración de dicho plazo.”

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

puestos, sin acreditar sus alegaciones con algún medio probatorio que logré acreditar una mayor especialización entre uno u otro trabajador, pues como se ha verificado con vista a los documentos presentados por la impugnante, el Cuadro de Categorías y funciones no cuenta con una descripción general de las características de los puestos de trabajo que justifiquen su agrupación en una categoría, ni se ha explicado cual es la diferencia entre un Operado de Montacarga B.MB 4 y un Operado de Montacarga B.OA2 5; tampoco dicha diferencia se ha sustentado en un criterio de antigüedad en el cargo, fecha de ingreso, nivel académico alcanzado, capacitación profesional, responsabilidad atribuida, experiencia y bagaje profesional, ni se explica ello, en la Política Remunerativa presentada, a folios 117 a 124 del expediente inspectivo.

En relación con el principio del non bis in ídem 6.22. Ahora bien, en relación con la supuesta vulneración del principio de non bis in ídem, el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, señala que: “No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”.

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”10 (énfasis añadido).

Información Adicional

10 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No pagar íntegramente las remuneraciones al trabajador Carlos Alberto Palomino Gamboa, respecto de los meses de agosto de 2017 a noviembre de 2019. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 3 de enero de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CORPORACION CERAMICA S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 1195-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de julio de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2514-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1195-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CORPORACION CERAMICA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240626JCR- HR: 132623-2019