Corporación Andina del Gas Perú Sociedad Anónima Cerrada — Res. 1113-2022

Mediante Orden de Inspección N° 1683-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 153-2020-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de información de fecha 23 de julio de 2020 y el requerimiento de comparecencia virtual de fecha 06 de agosto de 2020; en mérito a la denuncia interpuesta por el trabajador Ygidio Augosto Ccallo Velasco (Grifero), por el supuesto incumplimiento del pago de beneficios sociales.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 358-2020-SUNAFIL/SIAI-AQP, de fecha 23 de marzo de 2021, notificada el 25 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 332-2021-SUNAFIL/SIAI-AQP, de fecha 30 de abril de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 672-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, de fecha 17 de noviembre de 2021, notificada el 19 de noviembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 22,618.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 09 de diciembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 672-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 050-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 16 de febrero de 20222, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 09 de marzo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 050-2022- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM N° 193-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 14 de marzo de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral,

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la CORPORACIÓN ANDINA DEL GAS PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 050-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción impuesta de S/ 22,618.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 21 de febrero de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la CORPORACIÓN ANDINA DEL GAS PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

De acuerdo al artículo 1 de la LGIT, las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.9

Asimismo, conforme al numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el literal d) del artículo 12 del RLGIT, que precisa que, en cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores de trabajo iniciaran las actuaciones de investigación, entre otras modalidades, mediante el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica (énfasis añadido).

Del mismo modo, numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT, establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo (énfasis añadido).

Asimismo, el artículo 11 de la LGIT, establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT10, establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes el facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad11. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia.13 Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).

En el presente caso, la impugnante cuestiona la modalidad de notificación puesto que, no se confirmó la recepción de los documentos remitidos. Sobre el particular, de la revisión del expediente inspectivo verificamos que, a fojas 12 obra la constancia del correo electrónico remitido por el inspector comisionado a las direcciones electrónicas rguerra@corpandinadelgas.com.pe y cocsam@corpandinadelgas.com.pe, con fecha 03 de julio de 2020, anexando la autorización de notificación por correo electrónico, con el fin de que la impugnante señale una dirección de correo electrónico válida y teléfono de contacto para efectos de autorizar ser notificados por ese medio, para lo cual debía enviar una comunicación a la dirección avargas@sunafil.gob.pe.

Asimismo, a fojas 08 obra la constancia del correo electrónico recibida por el inspector comisionado, de la dirección cocsam@corpandinadelgas.com.pe, identificándose la remitente como Celydee Ocsa Mares del área de Recursos Humanos, precisando los datos de los contactos de la empresa Corporación Andina del Gas Perú S.A.C., que incluían los de su persona, con número de celular 973585184 y, de la señora Magaly Basilia Calla Yanque, con número de celular 973585206 y correo mcalla@corpandinadegas.com.pe.

Con fecha 23 de julio de 2020, el inspector comisionado remitió vía correo electrónico a cocsam@corpandinadelgas.com.pe y, mcalla@corpandinadegas.com.pe el “Requerimiento de información virtual” obrante a fojas 16 del expediente inspectivo, conforme a la constancia que obra a fojas 17, cabe precisar que se cumplió con dejar constancia del apercibimiento en caso de incumplimiento, señalando lo siguiente: “la no remisión de la información solicitada constituirá infracción por obstrucción a la labor inspectiva, sancionable con multa”. Asimismo, a fojas 19 obra la constancia de la comprobación de datos efectuada por el inspector el 25 de julio de 2020, señalando que, en la fecha, se verificó que el sujeto inspeccionado ha tomado conocimiento del “Requerimiento de Información Virtual”, de fecha 23 de julio de 2020, lo que a su vez acredita, a través de la captura de pantalla, que evidencia la comunicación telefónica que sostuvo con la señora Celydee Ocsa Mares, confirmando que tomó conocimiento del requerimiento de información virtual, así como de la comunicación sostenida con el abogado de la empresa, señor Gabriel Aquino, quien manifestó que los números de contacto no podían ser atendidos porque el personal se encontraba en delicada situación de salud y que el requerimiento no podía ser atendido por el fallecimiento del encargado de su gestión, imposibilitando la atención de posteriores requerimientos, lo que reitera en sus descargos, dejando constancia de dicha comunicación, a fojas 21 del expediente inspectivo (énfasis añadido).

Respecto al no cumplimiento del “Requerimiento de información virtual” de fecha 23 de julio de 2020, el inspector comisionado extendió la constancia respectiva el 06 de agosto de 2020, conforme obra a fojas 20, no presentando la inspeccionada hasta ese momento justificación alguna.

Es necesario señalar que, conforme a los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar los interesados.

Entonces, tomando en cuenta que, durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, deben prestar la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de sus funciones, y siendo el requerimiento de información a través de medio electrónico una actuación inspectiva, la impugnante se encontraba en la obligación legal de proporcionar a la Inspección del Trabajo los datos, antecedentes o información con relevancia en las actuaciones inspectivas en la oportunidad y en cumplimiento pleno de lo requerido. En tal sentido, la conducta referida a no proporcionar al inspector de trabajo, la información solicitada, en cada caso, constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Es necesario dejar en claro que, el documento que contiene el requerimiento de información que fue notificado a la impugnante, precisa que en caso de negarse a proporcionar al inspector de trabajo la información solicitada, dicha conducta constituirá una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa. Por lo tanto, la impugnante tenía pleno conocimiento de las consecuencias que acarrearía incumplir con presentar, en el plazo otorgado, los documentos requeridos.

En consecuencia, esta Sala concluye que, la impugnante resulta ser responsable administrativamente por la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, toda vez que se negó a dar cumplimiento al requerimiento de información antes referido.

Contrario a lo alegado por la impugnante, respecto a que no se habría considerado que el personal que estuvo a cargo del área legal puso en conocimiento que las personas con número de contacto habilitados para estas gestiones se encontraban delicadas de salud y que se habría suscitado el fallecimiento del encargado de la gestión, cabe precisar que en el considerando 15 de la Resolución de Intendencia N° 050-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, se ha cumplido con desarrollar y desvirtuar lo argumentado.

Asimismo, es necesario señalar que mediante Imputación de Cargos N° 358-2020- SUNAFIL/SIAI-AQP, de fecha 23 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, y que mediante Resolución de Intendencia N° 050-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, se confirman las infracciones a la labor inspectiva, por el incumplimiento al “Requerimiento de información virtual” de fecha 23 de julio de 2020 y por no asistir a la diligencia de comparecencia para el 13 de agosto de 2020; en tal sentido, la Resolución de Intendencia N° 173-2019- SUNAFIL/IRE-AQP y, la Imputación de Cargos N° 324-2019-SUNAFIL/SIAI-AQP, consignadas por la impugnante, no forman parte del presente procedimiento sancionador; por tanto no corresponde acoger estos extremos del recurso de revisión.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”14. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad15.

Por su parte, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores- inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.” siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1116 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, a folio 22 del expediente inspectivo corre el “Requerimiento de comparecencia virtual” de fecha 06 de agosto de 2020, notificado vía correo electrónico, por medio del cual se citó a la impugnante a la reunión virtual por medio electrónico (Google Meet), en la siguiente dirección: https://meet.google.com/nbz-mzsv-hpk, programada para el día 13 de agosto de 2020 a las 9:00 horas, a fin de que cumpla con aportar los siguientes documentos: 1. Documentos que acrediten la representatividad del remitente; 2. Constancia de alta o modificación de datos y de baja del T-Registro del extrabajador Ccallo Velasco, Ygidio Augosto; 3. Acreditar la entrega de boletas de pago de remuneración del trabajador detallado en el Cuadro N° 1; 4. Documento que acredite el pago de las Gratificaciones Legales (incluida la Gratificación Legal Trunca), por el periodo laborado, a favor del trabajador descrito en el Cuadro N° 1; 5. Documento que acredite el pago de las Bonificaciones – 9% y otras (incluida la Bonificación Trunca), por el periodo laborado, a favor del trabajador descrito en el Cuadro N° 1; 6. Documento que acredite el pago de la Remuneración Vacacional (incluida las Vacaciones Truncas), por el periodo laborado, a favor del trabajador descrito en el Cuadro N° 1; 7. Documento que acredite el depósito o pago de la Compensación por Tiempo de Servicios - CTS (incluida la CTS Trunca), por el periodo laborado, a favor del trabajador descrito en el Cuadro N° 1; 8. Cuadro Resumen en Hoja de Cálculo Excel que contenga la descripción de los montos abonados y su periodo respectivo, por concepto de los beneficios sociales antes descritos (Gratificaciones, Bonificaciones – 9% y otras, Remuneración Vacacional y Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, incluyendo los conceptos truncos); 9. Acreditar la entrega de la Hoja de Liquidación de Beneficios Sociales por el periodo laborado, a favor del trabajador descrito en el Cuadro N° 1; 10. Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta Tercera Categoría, del ejercicio de los años 2017, 2018 y 2019, adjuntando la constancia de presentación a la SUNAT, rectificatorias de ser el caso; 11. Hoja de trabajo del cálculo de la distribución de las utilidades, correspondiente al ejercicio de los años 2017, 2018 y 2019; 12. Hoja de la liquidación de participación en las utilidades, correspondientes al ejercicio de los años 2017, 2018 y 2019, a favor del trabajador descrito en el Cuadro N° 1 y, 13. Acreditar el pago de las utilidades de los años 2017, 2018 y 2019, a favor del trabajador descrito en el Cuadro N° 1. Asimismo, del referido documento se verifica que se efectuó el siguiente apercibimiento: “Cabe recordarle que la no remisión de la información solicitada o la inasistencia constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa (…)”.

Sin embargo, el día y hora fijados, el sujeto inspeccionado no se hizo presente a la diligencia programada, pese a que se le esperó por 15 minutos, superando así el tiempo de tolerancia previsto para este tipo de diligencia (10 minutos), conforme al sub numeral 7.13.1.2. del numeral 7.13 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, vigente a la fecha de configuración de la infracción, incurriendo en una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

En ese entendido, como se ha establecido en el Acta de Infracción, el comisionado ha determinado como parte de los hechos constatados, en el numeral 4.13, “el sujeto inspeccionado incurrió en infracción a la labor inspectiva al inasistir a la Comparecencia Virtual programada para el día 13 de agosto de 2020, no habiéndose presentado ningún representante ni apoderado debidamente acreditado a la hora requerida (09:00 horas); a pesar del tiempo de espera y los llamados respectivos”.

Como se verifica de los actuados, la impugnante primero alega la posible existencia de razones de caso fortuito/fuerza mayor, que no le habrían permitido cumplir con los requerimientos de información y de comparecencia virtual, por estar el personal en una muy delicada situación de salud y en riesgo de contagio por la Covid-19, habiéndose comunicado además, el contagio y fallecimiento de personal encargado de la gestión, que han impedido la atención de los requerimientos, justificando tal situación respecto del representante legal, el señor Alejandro Corrales Ramos, mediante escrito de fecha 28 de setiembre de 2020. Posteriormente señala que la comunicación (respuesta a la notificación del requerimiento de comparecencia virtual) que se realizó desde el correo electrónico cocsam@corpandinadelgas.com.pe, no autoriza expresamente la notificación a través de correo electrónico; para concluir señalando que la comparecencia virtual no fue válidamente notificada. No obstante, los argumentos contradictorios realizados por la impugnante, no desvirtúan la conducta infractora examinada, en razón que se ha dejado constancia que el requerimiento de comparecencia para el día 13 de agosto de 2020 fue notificado válidamente el 06 de agosto de 2020.

Sin embargo, del expediente inspectivo se evidencia que la impugnante no actúo diligentemente en atender a un requerimiento de comparecencia virtual en virtud a su deber de colaboración con la inspección del trabajo, en razón que, de manera extemporánea (28 de septiembre de 2020) justifica su inasistencia a la diligencia de comparecencia. Por tanto, se puede advertir una secuencia en el proceder del sujeto inspeccionado que no permite apreciar que, en virtud a su deber de colaboración con los inspectores de trabajo, debía cumplir con la asistencia a la diligencia de comparecencia virtual programada por los inspectores de trabajo como parte del desarrollo de las actuaciones inspectivas, de conformidad con el artículo 9 de la LGIT17.

En tal sentido, se evidencia que la impugnante no actuó diligentemente, y que lo alegado no justifica la inasistencia a la diligencia de comparecencia, en razón de que la atención de

Por tanto, como se verifica de los actuados, la impugnante no participó de la referida diligencia, así como tampoco ha acreditado la existencia de la causal eximente invocada. Por lo que, el incumplimiento de su deber de diligencia, no la exime de responsabilidad, por la no participación de su representante en la diligencia de comparecencia de fecha 13 de agosto de 2020, para la cual se encontraba debidamente notificada, más aún, si se dejó constancia del apercibimiento en el referido requerimiento de comparecencia, advirtiendo que la inasistencia a la citada comparecencia constituye infracción a la labor inspectiva.

Por tanto, ante la falta de una explicación que satisfactoriamente pueda llevar a atenuar su responsabilidad, esta se confirma. Por tanto. corresponde desvirtuar lo argumentado en este extremo de su recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.