Corporación Aceros Arequipa S.A — Res. 206-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: No goce de vacaciones y, Vacaciones). 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por el retraso del envío de la información contenida en el requerimiento de información notificado el 13 de enero de 2021, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 57,464.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no otorgar el correspondiente descanso vacacional en los periodos señalados y reconocidos por el sujeto inspeccionado como periodos compensados con vacaciones a favor de los trabajadores descritos en el cuadro 3-B del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 50,864.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, adoptada el 10 de febrero de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 50,864.00.

i. Que, en los descargos presentados contra el Informe Final, se solicitó a la Sub Intendencia que, al momento de resolver el presente procedimiento sancionador, tuviera en cuenta los múltiples vicios formales, advertidos, en los que habían incurrido las instancias previas, debiendo declarar la nulidad de todo lo actuado y, consecuentemente, no acoger las sanciones propuestas en el Acta de Infracción e indebidamente ratificadas en el Informe Final. ii. Contrario a lo que se afirma, sin mayor fundamento en la resolución, el Acta de Infracción no habría valorado debidamente los diversos medios probatorios y argumentos ofrecidos durante la etapa de fiscalización. Es decir, el acto emitido por la autoridad inspectiva, al no contener una debida motivación que dé cuenta de manera lógica y coherente de las razones por las cuales, todo lo actuado por la empresa resultaría insuficiente para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales, lesiona el principio-derecho al debido procedimiento y adolece de vicios de nulidad

insalvables que, como consecuencia ineludible, deben implicar su nulidad y el no acogimiento de las infracciones que proponen. iii. Así, no hay discusión alguna en cuanto a que dicha exigencia no se satisface con la mera enunciación de que será satisfecha, sino que lo debe ser en los hechos. En otras palabras, no basta con que el instructor declare en los numerales 2.2 y 2.3 del Informe Final, que procederá a valorar los argumentos y medios probatorios presentados, sino que, evidentemente, resulta indispensable que efectivamente lo haya hecho y que ello conste expresamente en el acto que va a emitir, a efectos de satisfacer el contenido esencial del principio-derecho al debido procedimiento. iv. En efecto, por un lado, en los numerales 4.2.1 al 4.2.3 del Informe Final, si bien la autoridad instructora aborda la normativa que presuntamente habría vulnerado la empresa con su actuar, aquella no se pronuncia ni analiza ni uno solo de los argumentos expuestos por la empresa en su escrito de descargos contra el Acta de Infracción. Por el contrario, únicamente se reitera lo mismo que habría sido consignado en distintos extremos del Acta de Infracción; descripciones genéricas a la normativa aplicable y a los supuestos tipos infractores relevantes, así como una reiteración de los hechos fácticos constatados durante actuaciones inspectivas y de los que ya había dado cuenta el inspector comisionado dejando de lado toda la línea argumentativa presentada por la empresa en sus descargos al Acta de Infracción. v. La referencia al otorgamiento de vacaciones pendientes de goce (unilateral, por oposición a la exigencia de un “acuerdo” en el caso del descanso vacacional adelantado), en tanto medida orientada a preservar el vínculo laboral y como un presupuesto para la validez de una suspensión perfecta de labores, solo se podría entender como una compensación con los días que venían siendo remunerados sin trabajo. Así es fácil advertir que el otorgamiento de descanso físico hacia el futuro resultaba materialmente imposible, toda vez que el vínculo laboral en tal oportunidad ya se encontraba suspendido y consecuentemente, los trabajadores no prestaban servicios efectivos y no era posible otorgar trabajo remoto ni resultaba razonable la continuidad del otorgamiento de una licencia compensable por un periodo imposible de prever. vi. Existiría una clara e injustificada incongruencia entre los tratamientos que han recibido por parte de las distintas autoridades laborales sobre un mismo supuesto. Por un lado, la DGT reconoce la crisis que exige la aplicación de la suspensión perfecta de los vínculos laborales para garantizar que en el futuro los contratos laborales subsisten, tras verificar todos nuestros esfuerzos previos (incluido el del otorgamiento de vacaciones en el periodo ahora materia de fiscalización); y por otro, la SUNAFIL pretende multar por haber otorgado vacaciones contra la licencia con goce compensable (medida validada por la DGT), como paso previo y para no tener que llegar a la suspensión perfecta o como mecanismo de preservación de los vínculos laborales.

vii. A partir de los párrafos citados textualmente en la Resolución Directoral General N° 105- 2021-MTPE/2/14, contrario a lo que afirma la Sub Intendencia en los numerales citados de la Resolución apelada, la empresa si entabló múltiples negociaciones con las organizaciones sindicales representativas de sus trabajadores, dejando constancia de ello mediante diversas convocatorias y comunicaciones intercambiadas de manera virtual, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4.2 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR. Por lo tanto, cualquier conclusión que se sustente en dicho supuesto incumplimiento, carece de validez y debe ser revertida para todo efecto por su autoridad. viii. En ese sentido, si el legislador ha optado por precisar expresamente que los empleadores deben privilegiar el acuerdo con sus trabajadores, aquellos que no se encuentran obligados a acordar todas y cada una de las medidas que se listan en el artículo 4.1 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR y que se encuentran a su disposición. Si la intención del legislador no fuera esta, aquel en la redacción del artículo 3.1 del Decreto de Urgencia N° 038-2020 hubiera recurrido a fraseos como “garantizando o asegurando” el acuerdo de los trabajadores. ix. En consecuencia, al resultar perfectamente legal y válida la compensación de las licencias con goce de haber contra las vacaciones pendientes de goce efectuadas, CASSA no adeudaba a sus trabajadores ningún concepto relacionado con su descanso vacacional ni algún otro, habiendo cumplido íntegra y oportunamente con todas y cada una de las obligaciones sociolaborales a su cargo. x. Aunque no desconocen que el referido requerimiento de información fue depositado en su casilla electrónica el mismo 13 de enero de 2021, es indispensable tener en cuenta que aquel no cumplió con ser informado a través de la alerta informativa del correo electrónico. En efecto, la referida alerta que el Sistema Informático de notificación electrónica debe generar cada vez que las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo depositen algún documento en la casilla electrónica de los administrados. En ese sentido, resultaría evidente que la notificación del requerimiento de información, por causas externas deviene en ilegal, en tanto que no se informó a la empresa, mediante correo electrónico, que el documento habría sido depositado en su casilla electrónica, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. xi. La posición vigente del Tribunal de Fiscalización Laboral es absolutamente clara: si no existe constancia de que se haya emitido la correspondiente alerta de depósito en la casilla electrónica, no es posible sancionar al administrado por incumplir requerimientos notificados por la autoridad inspectiva.

i. En mérito al sub numeral 8.2.2. de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII – Versión 1, es consecuente considerar al Acta de Infracción, como un acto administrativo de trámite, pasible de ser impugnado sólo en aquellos casos en los cuales este determine “la imposibilidad de continuar el procedimiento” o produzca indefensión, según lo prescribe el numeral 2 del artículo 217 del TUO de la LPAG.

2 Notificada a la impugnante el 04 de abril de 2022, véase folio 160 del expediente sancionador.

ii. En el caso materia de autos, la inspeccionada solicita la nulidad del Acta de Infracción; sin embargo, se advierte que los inspectores comisionados utilizaron como respaldo jurídico las normas referentes a las vacaciones, como es el Decreto Legislativo N° 713; asimismo, sustentaron la razón de proponer sanción al evidenciar que la compensación por los días de licencia con goce de haber fueron cubiertos respecto al tema pecuniario contra las vacaciones pendientes de goce, tal y como se advierte en las boletas de pago, en donde se evidencia la retribución por concepto de vacaciones en los meses de mayo, junio y octubre de 2020, pese a que la compensación con goce de haber fue materializada en los meses de marzo y abril de 2020, lo que denota una mala interpretación de la norma por parte de la inspeccionada, al no demostrar el descanso físico. iii. La inspeccionada en su posición de defensa pretende, de manera equívoca se declare la nulidad del Acta de Infracción, únicamente porque los argumentos de los inspectores comisionados no se encuentran alineados a su posición frente al entender particular de la norma; por tanto, este despacho puede finiquitar que el Acta de Infracción no incurre en nulidad, ya que no ha causado indefensión a la inspeccionada. iv. No se advierte causal de nulidad del Informe Final de Instrucción, en razón que se observa que la inspeccionada adjunta documentos frente al Acta de Infracción e Imputación de Cargos, para desvirtuar las infracciones; no obstante, se advierte que la autoridad instructora se pronuncia sobre cada materia objeto de sanción, siendo puntual al reafirmar de manera fáctica y jurídica su posición al respecto. v. Respecto al otorgamiento de vacaciones pendientes de goce, en estado de emergencia sanitaria, la inspeccionada de manera equívoca pretende compensar esta licencia con goce de haber por las vacaciones vencidas pendientes de goce, sin haber acreditado un acuerdo con sus trabajadores, máxime si el Decreto de Urgencia N° 029-2020-PCM, indica claramente que a falta de acuerdo corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia del estado de emergencia. vi. Es válido recalcar que la inspeccionada ya había optado desde un principio por acogerse al Decreto de Urgencia N° 029-2020-PCM y, otorgar la licencia con goce de haber a sus trabajadores por los periodos de marzo y abril de 2020. Sin embargo, con la promulgación del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, la inspeccionada acredita haber convocado a los trabajadores de su representada con el fin de adoptar medidas para no llegar a la suspensión perfecta de labores; como resultado de las convocatorias sólo llegó a un acuerdo con los trabajadores del sindicato de la sede de Arequipa, más no con los trabajadores del sindicato de la sede de Pisco. vii. En ese entender, se puede finiquitar que la inspeccionada no debió convalidar la licencia con goce de haber otorgada a sus trabajadores en los meses de marzo y abril de 2020 contra las vacaciones pendientes de goce que finalmente fueron compensadas con dinero pagado con remuneración vacacional correspondiente al descanso vacacional del

récord vacacional adquirido pendiente de goce, sin el correspondiente otorgamiento del descanso y goce vacacional, lo cual configuró la transgresión al artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713. viii. La inspeccionada tampoco acredita un acuerdo con sus trabajadores, y que estos manifiesten su consentimiento expreso, muy por el contrario, de manera unilateral se advierte que comunica a sus extrabajadores la “decisión” de compensar todo o parte de los días con licencia con goce de haber otorgados desde el inicio del estado de emergencia nacional contra las vacaciones que tenían los trabajadores pendientes de goce. ix. En esa línea, lo perpetrado por la inspeccionada configura que no haya acreditado el descanso físico de sus trabajadores afectados en los periodos compensados de manera equívoca por la inspeccionada, al no disfrutar del descanso físico dentro del año siguiente a aquel en el que adquieren el derecho, por tanto, la inspeccionada debió de acreditar lo requerido en la medida de requerimiento. x. Respecto a que no fue alertada ante el requerimiento de información notificado el 13 de enero de 2021, razón por la cual no emitió respuesta, generando el incumplimiento tardío por parte de la inspeccionada, en razón de que se evidencia que la documentación fue presentada como respuesta al consiguiente requerimiento de información, notificado a la inspeccionada el 20 de enero de 2021, siendo subsanado y por tanto evidenciándose la no frustración de la inspección, comportamiento que está tipificado en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. xi. Teniendo en cuenta lo expuesto, debe tenerse presente que la inspeccionada fue debidamente alertada en el correo electrónico asignado, para tales efectos, como se deja constancia, luego de correr traslado de la observación realizada a la OGTIC de la SUNAFIL.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14.

corresponde analizar los argumentos planteados por la CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 034-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando lo siguiente:

i. La Intendencia al igual que las instancias previas, lleva a cabo un análisis incompleto del caso y arriba a la misma conclusión que simplifica el fondo del asunto; la lectura que realiza la autoridad de segunda instancia con relación a la presunta infracción señala que: la compensación efectuada por CAASA no sería válida al no haberse acreditado el acuerdo con sus trabajadores comprendidos en dicha medida. ii. En efecto, no se ha tenido en cuenta que, han acreditado fehacientemente (i) la existencia de un acuerdo válido con los trabajadores respecto de los cuales operó la compensación de las licencias con goce de haber compensables; y, (ii) que (incluso sin este acuerdo) la normativa vigente faculta a proceder conforme se hizo. iii. El marco normativo aplicable a la compensación de la licencia con goce de haber compensable en el contexto de la pandemia por Covid-19, ha merecido mayor atención de la Intendencia, evidenciando una inconsistencia argumentativa: se admite la existencia y validez de las medidas extraordinarias que habilitaban tomar acción en aras de mantener la fuente de empleo, pero, a la vez, en la misma resolución niega la facultad de CAASA de actuar en aplicación de dichas disposiciones. iv. Sobre la facultad normativa de la empresa para otorgar vacaciones pendientes de goce y compensarlas con las licencias con goce de haber concedidas; en los supuestos previstos en el artículo 4.1 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, se tiene el literal a), el legislador concede a los empleadores la posibilidad de otorgar el descanso vacacional pendiente de goce como una medida para procurar mantener la vigencia de los vínculos laborales y, el literal b), la norma precisa de forma expresa que se permite a los empleadores acordar el adelanto de vacaciones. v. La diferencia en los verbos no es arbitraria, toda vez que, si el legislador hubiese querido que en ambos supuestos fuese necesario llegar a un acuerdo previo entre las partes, habría utilizado la misma referencia verbal: “acordar”. No obstante, al distinguir entre la capacidad de otorgar y el deber de concertar; es claro que la norma admite que, respecto de las vacaciones pendientes de goce, los empleadores puedan decidir unilateralmente otorgarlas. vi. El propio dispositivo legal no establece mayores restricciones a dicha facultad concedida, es evidente que el otorgamiento del descanso vacacional pendiente de goce podría ser inmediato, futuro o, imputado a periodos anteriores que, por mandato legal, fuese necesaria la compensación. Entender de otra manera los alcances de esta

medida, puesta a disposición de los empleadores para mitigar los efectos de la crisis sanitaria, implicaría limitar de forma grave las posibilidades de las empresas de garantizar la subsistencia de la fuente de trabajo. vii. Cuando el otorgamiento de vacaciones pendientes de goce entró en vigencia, CAASA ya se encontraba con vínculos laborales suspendidos. Entonces, el otorgamiento de vacaciones pendientes no era posible; en cambio, toda vez que estas relaciones de trabajo ya se habían beneficiado con licencias con goce compensables previas a la referida suspensión, el otorgamiento de vacaciones para extinguir la carga de compensación sobre los trabajadores, era la medida idónea para alcanzar el objetivo previamente descrito. viii. La compensación de las licencias con goce de haber que se efectuó contra las vacaciones pendientes de goce, aún sin ser necesario, en atención a la facultad unilateral que reconoce el literal a) del artículo 4.1 del Decreto Supremo N° 011-2020- TR, fue convalidada de manera tácita, hasta en dos oportunidades, por los trabajadores comprendidos en la medida adoptada; debido a que se agotó el diálogo directo con las organizaciones sindicales representativas para convenir una reducción de remuneraciones; por lo cual, comunicó a sus trabajadores, con fecha 04 de mayo de 2020, que procedería a efectuar la referida compensación de las licencias con goce de haber compensables contra sus descansos vacacionales pendientes de goce, lo que fue comprendido por los trabajadores, quienes luego de ser informados, decidieron no oponerse a la medida, aceptando la compensación propuesta en lugar de tener que someterse a extensos periodos de trabajo en sobretiempo no remunerados. ix. Luego, una vez reflejada de forma efectiva la compensación en las planillas y boletas de pago, los trabajadores tampoco efectuaron cuestionamiento o rechazo alguno, pese a tener absoluto conocimiento de las vías que se encontraban a su disposición, configurándose así una doble convalidación tácita de la medida adoptada. x. En conclusión, de los párrafos transcritos, es posible advertir que, según la segunda instancia, el otorgamiento de descanso vacacional estaría condicionado al acuerdo con los trabajadores, disponiendo una exigencia que no se encuentra prevista en la normativa, realizando una interpretación forzada y aislada, que contradice los criterios desarrollados por la Dirección General de Trabajo. xi. El pronunciamiento de segunda instancia ignora la opinión técnica emitida por la Dirección General de Trabajo, que valida todas las acciones ejecutadas por CAASA en el marco del procedimiento de suspensión perfecta de labores, en razón que, por medio de la Resolución Directoral General N° 105-2021-MTPE/2/14, de fecha 20 de enero de 2021, no sólo declaró la validez de la suspensión perfecta de labores sino que, además, reconoció expresamente que cumplieron con la exigencia a que se refiere el artículo 4.2 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, lo que deja constancia que se han entablado múltiples negociaciones con las organizaciones sindicales representativas de sus trabajadores. xii. El Tribunal de Fiscalización Laboral viene efectuando interpretaciones que favorecen la compensación unilateral, teniendo en cuenta la naturaleza de la licencia con goce compensable mediante las Resoluciones N° 052-2021-SUNAFIL/TFL, 069-2021- SUNAFIL/TFL, 072-2021-SUNAFIL/TFL, 089-2021-SUNAFIL/TFL y, 293-2021- SUNAFIL/TFL. Donde reconoce expresamente la facultad con la que cuentan los empleadores de efectuar descuentos unilaterales a diversos conceptos a que tendrían derechos los trabajadores.

xiii. La medida inspectiva de requerimiento notificada el 10 de febrero de 2021, carece de razonabilidad y legitimidad, y, sobre todo lesiona el principio de legalidad, pues exige cumplir con una conducta que no se encuentra conforme a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, habiéndose acreditado que no han incurrido en los supuestos incumplimientos que les fueron imputados por las autoridades de las instancias previas. xiv. Sobre la nulidad del Acta de Infracción y el Informe Final por haber sido expedidos en vulneración al principio-derecho al debido procedimiento, en razón a que no contienen, en ninguno de sus extremos, constancia de que se hayan valorado de forma adecuada los argumentos y medios probatorios ofrecidos durante las actuaciones inspectivas. La grave situación referida, no solo ha sido denunciada de manera reiterada ante las instancias previas, sino que la Intendencia reconoce expresamente el proceder del instructor, cuando en el numeral 3.21 de la resolución impugnada, señala que le parece “lógico” que aquel utilice los mismos argumentos de la autoridad inspectiva, restándole valor al escrito de descargos. xv. Por tal motivo, el Acta de Infracción ni el Informe Final de Instrucción cuentan con una debida motivación, habiendo producido una lesión al contenido esencial del principio- derecho al debido procedimiento, esto debe conllevar a que se declare la nulidad de lo actuado en las instancias previas y no acoger las sanciones que de manera infundada se pretenden imponer.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la obligación de cumplir con las disposiciones relacionadas al descanso vacacional

establece: “Para efectos del récord vacacional se considera como días efectivos de trabajo los siguientes: a) La jornada ordinaria mínima de cuatro horas”.

a) Una remuneración por el trabajo realizado; b) Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y c) Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esta indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo.

El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago.

exigido conforme lo dispone el artículo 26 del inciso 26.2 del Decreto de Urgencia N° 029- 2020”

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y de seguridad y salud en el trabajo.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”9:

Figura N°01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor Inspectiva El retraso del envío de la información contenida en el requerimiento de información notificado el 13 de enero de 2021. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No otorgar el correspondiente descanso vacacional en los periodos señalados y reconocidos por el sujeto inspeccionado como Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

periodos compensados con vacaciones a favor de los trabajadores descritos en el cuadro 3-B del Acta de Infracción. Labor Inspectiva No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, adoptada el 10 de febrero de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 034-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, emitida por la Intendencia Regional de Ica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 112-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 034-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y, a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A., y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20230301MCR