Copasu Producción Empresa Individual de Responsabilidad Limitada — Res. 563-2022

Mediante Orden de Inspección N° 202-2021-SUNAFIL/IRE-MDS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo1. Las actuaciones inspectivas culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 082-2021-SUNAFIL-IRE-MDS (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, en razón al operativo denominado “OP SST COMITÉ O SUPERVISOR IRE MDS de abril de 2021”, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa sobre Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo, se emitieron dos medidas de requerimiento de información de fechas 14 y 21 de abril de 2021, en las que se solicitaba la remisión de

Mediante Imputación de Cargos N° 086-2021-SUNAFIL/IRE- MDS/SIAI, de fecha 04 de junio de 2021, notificada el 07 de junio de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 094-2021-SUNAFIL/IRE-MDS/SIAI, de fecha 15 de julio de 2021, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Madre de Dios, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 136-2021-SUNAFIL/IRE-MDS/SIRE, de fecha 08 de noviembre de 2021, notificada el 10 de noviembre de 2021 multó a la impugnante por la suma de S/ 4,136.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 24 de noviembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 136-2021-SUNAFIL/IRE-MDS/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 024-2021-SUNAFIL/IRE-MDS, de fecha 01 de diciembre de 20212, la Intendencia Regional de Madre de Dios declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 21 de diciembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Madre de Dios, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 024- 2021-SUNAFIL/IRE-MDS.

La Intendencia Regional de Madre de Dios admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 373-2021- SUNAFIL/IRE-MDS, recibido el 22 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de

De la revisión de los actuados, se ha identificado que COPASU PRODUCCIÓN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 024-2021-SUNAFIL/IRE-MDS, que confirmó la sanción impuesta de S/ 4,136.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 06 de diciembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por COPASU PRODUCCIÓN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Del mismo modo, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Sobre el particular, “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.10 En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.11

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.” (énfasis añadido)

En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.11.3 del ítem 7.11 “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA” de la directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII denominada “DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 031-2020- SUNAFIL, de fecha 03 de febrero de 2020 (vigente en ese momento), se dispone que: “Si el sujeto inspeccionado no cumple con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en infracción a la labor inspectiva, según los previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido válidamente notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG”.

Así, de autos se desprende que la impugnante, en atención al requerimiento de información de fecha 14 de abril del 2021 con fecha límite al 19 de abril 2021 y el requerimiento de información de fecha 21 de abril 2021 con fecha límite al 26 de abril 2021, no presentó los medios probatorios requeridos de acuerdo a la modalidad solicitada en dichos requerimientos de información, entiéndase por el Sistema de Comunicación Electrónica, a través de la casilla electrónica, en el plazo otorgado.

Ahora, es cierto que la impugnante señala que la resolución impugnada incurriría en falta de motivación al no haberse pronunciado respecto a la supuesta vulneración de los principios mencionados previamente, motivo por el cual esta Sala procedió a revisar dicho acto administrativo, verificando que el inferior en grado ha desvirtuado dicho argumento en los considerandos 9 al 15 de la resolución impugnada, donde se precisa que si bien la inspeccionada presentó diversa documentación, ésta fue con fecha posterior a las fechas límite de los requerimientos efectuados, e incluso un mes después de emitirse el Acta de infracción, por lo que, dichas omisiones impidió continuar con las actuaciones inspectivas, lo que constituye una alta de colaboración con la Inspección del Trabajo; en ese sentido, se trae a colación el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, así como la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL que ha modificado el artículo 1 de la Resolución de

Adicionalmente, se trae a colación el artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en dónde se aprecia las obligaciones del usuario de la casilla electrónica, entre las cuales se encuentra, revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos o actos administrativos que se notifique, por lo que en atención al artículo 11 del mismo cuerpo normativo, la notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada, surtiendo efecto el día que conste haber sido recibida en la casilla electrónica.

Finalmente, es de precisar que, de acuerdo a lo señalado precedentemente, la conducta referida a no remitir información y/o documentación, requerida por la autoridad inspectora, se encuentra tipificada claramente en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, el mismo que acarrea una infracción muy grave a la labor inspectiva.

Por las consideraciones antedichas, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

En el presente caso, según la impugnante en su argumento recursivo, no habría recibido la alerta del Sistema Informático de Notificación Electrónica, lo que la imposibilitó de cumplir con el requerimiento de información, de fecha 14 y 21 de abril de 2021. Sin embargo, de la revisión de las actuaciones que dieron mérito al procedimiento de inspección, así como del sancionador, se acredita la notificación efectuada por el inspector comisionado a la casilla electrónica de la impugnante; aspecto que, no guarda la debida relación con la consecuencia del incumplimiento advertido en la omisión de la información.

En ese entendido, en el caso, materia de autos, se aprecia a folio 02 del expediente inspectivo el documento denominado: “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 14 de abril de 2021, notificada en la casilla electrónica del administrado conforme la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, a folios 03 del expediente inspectivo, conforme se puede apreciar a continuación:

Asimismo, también se aprecia de fojas 07 del expediente inspectivo, el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación” de fecha 21 de abril de 2021; y, a folios 08, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante en mismo día, con el cual se deja constancia del depósito del documento denominado “Requerimiento de Información”, conforme se puede apreciar a continuación:

Cabe precisar que, conforme a la información brindada por la OGTIC de la SUNAFIL, en referencia al listado de notificaciones sobre la Orden de Inspección N° 202-2021- SUNAFIL/IRE-MDS, se puede apreciar el detalle de los dos requerimientos de información, estos son del 14 de abril del 2021 con fecha límite al 19 de abril 2021 y el requerimiento de información de fecha 21 de abril 2021 con fecha límite al 26 de abril 2021 (Figura N° 03 y 04), precisando la información requerida (Figura N° 05).

Conforme a la información brindada por la OGTIC de la SUNAFIL, a la fecha de notificación de los requerimientos de información, de fechas 14 y 21 de abril de 2021, la impugnante registró su contacto con fecha previa a la notificación de los requerimientos, por lo que a dicho correo electrónico recibió las alertas, conforme se aprecia a continuación:

En consecuencia, la imposibilidad por falta de alerta alegada por la impugnante no se condice con la información proporcionada por la OGTIC de la SUNAFIL de la revisión del Sistema Informático de Notificación Electrónica, lo que no justifica la falta de cumplimiento de los requerimientos de información, de fechas 14 y 21 de abril de 2021; por ende, se ha procedido a verificar que la impugnante ha superado la fecha límite de envío de documentos, motivo por el cual impidió la continuidad de las actuaciones inspectivas debido a su falta de colaboración; lo que deja constancia que no adoptó una actitud diligente frente a lo sucedido en el curso del procedimiento inspectivo, al no cumplir con enviar la información requerida en el plazo otorgado, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, conforme a los artículos 36 y 39 de la LGIT y el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, lo que desvirtúa la supuesta vulneración al principio de tipicidad alegado.

Por las consideraciones antes dichas, no cabe acoger el recurso de revisión en todos sus extremos.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.