Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota Ltda 560 — Res. 435-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Certificado de trabajo (Sub materia: Incluye todas), Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Deposito de CTS), Bonificación N0(Sub materia: Incluye todas), Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (sueldos y salarios y Gratificaciones), y, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

muy grave a la labor inspectiva; por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 20 de mayo de 2022.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber entregado el certificado de trabajo, a favor del denunciante, por el periodo laborado de 10/04/2019 hasta el 31/01/2022, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,196.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el goce de vacaciones, ni el pago de indemnización, respecto al periodo 2019-2020, de conformidad a lo indicado en los numerales 6 y 16 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración correspondiente al periodo 10/04/2019-30/04/2019, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 7,222.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el depósito de CTS, correspondiente al periodo 10/04/2019 – 30/04/2019, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 7,222.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, respecto a la medida de requerimiento notificada el día 20/05/2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO A LABOR INSPECTIVA DE FECHA 21/04/2022.Que, durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, su representada ha colaborado con la inspección laboral de fecha 21/04/2022 logrando cumplir con remitir todos los documentos solicitados de acuerdo a la medida de requerimiento, en ese sentido no hubo negativa de su parte en brindar toda la información dentro del plazo. Asimismo, se dio todas las facilidades del caso para el desarrollo de sus funciones, conforme al deber de colaboración regulado en el Art. 9 de la ley general de inspección del trabajo. "Los empleadores, los trabajadores, sus representantes y todos los responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales están obligados a colaborar con los inspectores cuando sean requeridos para ello”. ii. Asimismo, su representada en etapa de actuaciones inspectivas de investigación ha aportado senda documentación que permite corroborar que no se ha vulnerado sus derechos laborales del extrabajador. RESPECTO AL PAGO DE LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/04/2019 AL 30/04/2019. Con fecha 30 de mayo del 2022 el extrabajador José Cruz Herrera Requelme, les envía una carta dirigida al Gerente General dando a conocer que se estará apersonando a las oficinas de la Coopac a partir del día sábado 11 de junio del 2022 para hacer efectivo el cobro ya que no se encontraba por id ciudad de chota. En ese sentido queda claro que no es responsabilidad de mi representada, que el extrabajador no haga el cobro oportuno. Es, así que con fecha 13 de setiembre del 2022 se acerca a la entidad a realizar el cobro respectivo. En cuanto a su remuneración, solo dependía de él. Quien era personal de dirección (gerente) quien debió disponer de su pago ya que en ningún momento se le impidió, existiendo una omisión por decisión propia y por lo tanto no podía valerse de sus propios actos para poder aventajarse, lo cual constituiría un abuso de derecho. iii. RESPECTO AL PAGO ÍNTEGRO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR EL PERIODO DE AL 31/04/ 2019. Con fecha 30 de mayo del 2022 el extrabajador José Cruz Herrera Requelme, les envía una carta dirigida al Gerente General dando a conocer que se estará apersonando a las oficinas de la Coopac a partir del día sábado 11 de junio del 2022 para hacer efectivo el cobro; debido a que no se encuentra por la ciudad de Chota. Insisten, en este caso, que ya no era responsabilidad suya como empleadora el pago oportuno. iv. RESPECTO AL PAGO ÍNTEGRO DE LAS VACACIONES POR EL PERIODO DE 2019- 2020. 6.5.- Con fecha 30 de mayo del 2022 el extrabajador José Cruz Herrera Requelme, les envía una carta dirigida al Gerente General dando a conocer que se estará apersonando a las oficinas de la Coopac a partir del día sábado 11 de

junio del 2022 para hacer efectivo el cobro; debido a que no se encuentra por la ciudad de chota. Denotando la mala fe por parte del extrabajador aduciendo que estará informando a la inspectora de SUNAFIL, sobre el pago respectivo de lo cual no lo ha hecho, según carta de fecha 30 de mayo del 2022 dirigida a su representada. El hecho de que no se habría otorgado vacaciones fue una omisión por parte de él tomando en cuenta que el goce y el pago en su momento por ese concepto se debió a la voluntad del empleador que era representado por el extrabajador, es decir, esa persona era quien determinaba cuando debía gozar las vacaciones del personal de la imperativa ya que él era el representante legal, por tanto, el definía el abono respectivo. v. RESPECTO A LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE TRABAJO POR EL PERIODO DE 10/04/2019 HASTA 31/01 /2022. Ese sentido se ha corregido y han cumplido con haber entregado el certificado de trabajo por el periodo de 10/04/2022 hasta 31/01/2022. Aún más, el extrabajador de mala fe en el momento de hacerle entrega el certificado de trabajo, observa y cuestiona el documento requerido por el inspector de SUNAFIL durante el periodo comprendido 10/04/2019 hasta 31/01/2022, dejando una nota que el certificado debería ser hasta el 10 de febrero. Denotando su mal proceder generando confusión a su representada. Alega la vulneración a LA PROHICION DE REFORMATIO IN PEIUS.”

i. Debe tenerse en cuenta que la inspeccionada en su calidad de empleadora debió emplear otros medios que permitan acreditar la entrega, como bajo conducto notarial, vía consignación judicial, entre otros; es decir, la inspeccionada está en la posibilidad de valerse de otros medios a fin de cumplir con su obligación, teniendo el recaudo a fin de realizar el pago que acredite el depósito o recepción de los beneficios sociales en favor del trabajador afectado, hecho que no se verifica en el presente procedimiento, anexando la inspeccionada únicamente como medios probatorios que son los mismos que ya han sido evaluados y desvirtuados durante las actuaciones inspectivas, e incluso tienen fecha anterior a la emisión del Acta de Infracción, por lo que lo alegado por la inspeccionada no le exime de su responsabilidad, debiendo desestimarse lo alegado. ii. Debe hacerse de conocimiento a la inspeccionada que, según lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 24° de la Constitución Política señala que: “El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador”. En ese sentido, para acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones de pago, el empleador tiene la carga de la prueba y siendo que durante las actuaciones inspectivas y el desarrollo del presente procedimiento sancionador, al no haber cumplido con su carga de probar los hechos que afirma, la sanción imputada no resulta ser desproporcionada ni irracional; es así que, se puede corroborar que la inspeccionada no ha cumplido con sus obligaciones laborales o en su defecto subsanar las infracciones imputadas respecto al mencionado extrabajador, por lo que corresponde confirmar la sanción referida a esta materia. iii. Siendo así, la inspeccionada es la única responsable de acreditar el pago de los beneficios laborales, y no pretender trasladar la responsabilidad al trabajador afectado quien como ya se ha señalado no percibió el íntegro de conceptos tales

2 Notificada a la impugnante el 10 de noviembre de 2022.

como remuneraciones, vacaciones, CTS, entre otros, por ello debe confirmarse la sanción en este extremo. iv. Asimismo, de la infracción referida al periodo vacacional 2019-2020, considerando para ello lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, el mismo que dispone, el derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. En este punto es importante señalar que, cada periodo vacacional se determina considerando la fecha de ingreso de cada trabajador, y las vacaciones son otorgadas al trabajador dentro del periodo anual siguiente a aquel en que alcanzó el derecho al goce. Por ello, la inspeccionada contaba con todo ese periodo anual para cumplir con su obligación laboral, lo cual no ha sucedido en el presente caso, por ello la inspeccionada debió cumplir con cancelar íntegramente la indemnización vacacional, no verificándose lo antes señalado de la documentación que obra en el expediente inspectivo y sancionador, reiterando que la inspeccionada en su calidad de empleador debió supervisar el otorgamiento y goce efectivo del periodo vacacional del trabajador afectado por ello debe confirmarse la sanción referida a esta materia. v. La inspeccionada alega haber subsanado la entrega del certificado de trabajo al trabajador afectado, sin embargo, se tiene que dicho documento es el mismo presentado a las instancias inferiores y que no se encuentra suscrito por el trabajador en calidad de recepción, llevando únicamente la firma de la inspeccionada como se aprecia a continuación por lo que debe confirmarse la sanción en este extremo. vi. En el caso de autos no resulta de aplicación el mencionado principio Non Reformatio In Peius, toda vez que en ejercicio de las facultades inspectivas, el Inspector del Trabajo al imputar hechos advierte la comisión de infracciones y propone sanción de multa contra el presunto infractor, ello, no está exento de ser analizado por la autoridad administrativa que en ejercicio de su potestad sancionadora es quien está facultada a determinar el monto de la sanción correspondiente conforme a los parámetros establecidos en la LGIT y el RLGIT, inclusive de la calificación del tipo legal en que se subsume los hechos constatados mediante las actuaciones inspectivas de investigación, descritos en el Acta de Infracción y del análisis y conclusiones del Informe Final, correspondiendo modificar o adecuar el tipo infractor en caso no se encuentre acorde con los parámetros legales, siempre que los hechos que sustentan la infracción no varíen, a fin de no afectar su derecho de defensa, para finalmente imponer la sanción de multa que corresponda; por consiguiente, lo alegado por la inspeccionada carece de asidero fáctico y jurídico en estos extremos de su apelación más aún si se tiene en cuenta que el monto propuesto como sanción de multa por el inspector comisionado no ha variado al momento de emitir la resolución venida en grado de apelación por ello debe confirmarse la sanción en todos sus extremos.

vii. De la revisión del expediente de actuaciones inspectivas, se verificó que el inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento el 23 de mayo de 2022, otorgando el plazo de (03) días hábiles para que la inspeccionada proceda a subsanar el incumplimiento detectado, a favor del trabajador afectado. Sin embargo, la inspeccionada no cumplió con acreditar el cumplimiento de la referida medida inspectiva, por lo que debe confirmarse la sanción establecida en la resolución apelada en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TODOS LOS SANTOS DE CHOTA LTDA 560

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 173-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando lo siguiente:

i. La resolución adolece de falta de motivación, transgrede el debido proceso y su derecho a la defensa; porque, al momento de explicar si se cometió alguna infracción y determinar la responsabilidad, solo mencionan artículos y normas sin siquiera tener una conexión lógica con los hechos en cuestión y sin denotar análisis crítico ni valorativo y vulnera su derecho de defensa indicando que, en caso de incumplimiento de alguna documentación, esta era totalmente subsanable. ii. El inspector y la Sub Intendencia a pesar de tener a su alcance las pruebas que acreditan fehacientemente el pago y el goce del descanso vacacional, como lo es la liquidación de beneficios sociales, le dieron mayor valor probatorio a cuestiones meramente

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

formales olvidando el principio de primacía de la realidad, haciendo caso omiso al documento con lo cual demuestra que realizaron el goce efectivo del derecho de descanso vacacional por 21 días, contrariamente a lo establecido por el principio de presunción de licitud. iii. Es así que con fecha 30 de mayo del 2022 el extrabajador José Cruz Herrera Requelme, les envía una carta dirigida al Gerente General dando a conocer que se estará apersonando a las oficinas de la Coopac a partir del día sábado 11 de junio del 2022 para hacer efectivo el cobro; debido a que no se encuentra por la ciudad de Chota. Denotando la mala fe por parte del extrabajador aduciendo que estará informando a la inspectora de SUNAFIL, sobre el pago respectivo de lo cual no lo ha hecho, según carta de fecha 30 de mayo del 2022 dirigida a su representada. iv. Estos Art. menciona que uno no puede beneficiarse de sus propios actos, por lo que el Gerente no gozó de vacaciones es porque no quiso, por lo tanto, no pudieron sancionar a su representada, ya que fue decisión propia entendiéndose que él era el representante legal (empleador). El hecho de que no se habría otorgado vacaciones fue una omisión por parte de él tomando en cuenta que el goce y el pago en su momento por ese concepto se debió a la voluntad del empleador que era representado por el extrabajador, es decir, esa persona era quien determinaba cuando debía gozar las vacaciones del personal de la cooperativa ya que él era el representante legal, por lo tanto, el definía el abono respectivo. v. Es así que con fecha 30 de mayo del 2022 el extrabajador José Cruz Herrera Requelme, nos envía una carta dirigida al Gerente General dando a conocer que se estará apersonando a las oficinas de la Coopac a partir del día sábado 11 de junio del 2022 para hacer efectivo el cobro, ya que no se encontraba por la ciudad de Chota. En ese sentido, queda claro que no es responsabilidad de su representada que el extrabajador no haga el cobro oportuno. Es así que con fecha 13 de setiembre del 2022 se acerca a su entidad a realizar el cobro respectivo. vi. En cuanto a su remuneración, solo dependía de él, quien era personal de dirección (gerente) quien debió disponer de su pago ya que en ningún momento se le impidió, existiendo una omisión por decisión propia y por lo tanto no podía valerse de sus propios actos para poder aventajarse, lo cual constituiría un abuso de derecho. vii. Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, su representada ha colaborado con la inspección laboral de fecha 21/04/2022 logrando cumplir con remitir todos los documentos solicitados de acuerdo a la medida de requerimiento, en ese sentido no hubo negativa de nuestra parte en brindar toda la información dentro del plazo. Asimismo, se dio todas las facilidades del caso para el desarrollo de sus funciones, conforme al deber de colaboración regulado en el Art. 9 de la ley general de inspección del trabajo.

viii. Asimismo, su representada en etapa de actuaciones inspectivas de investigación han aportado senda documentación que permite corroborar que no se ha vulnerado sus derechos laborales del extrabajador, por lo contrario, se logró acreditar el pago de sus obligaciones socio laborales y por ende el cumplimiento de las materias asignadas con sus respectivos pagos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves y leve 6.1. Se debe precisar que, de la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de una (01) infracción leve en materia de relaciones laborales, dos (02) infracciones graves en materia de relaciones laborales y una infracción muy grave (01) en materia de relaciones laborales, tipificadas en el numeral 23.2, 24.4 y 24.5 de los artículos 23 y 24 del RLGIT, y, en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Asimismo, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo.

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley

General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.7. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

sus propios actos, por lo que el Gerente no gozó de vacaciones es porque no quiso, por lo tanto, no pudieron sancionar a su representada y que el hecho de que no se habría otorgado vacaciones fue una omisión por parte de él tomando en cuenta que el goce y el pago en su momento por ese concepto se debió a la voluntad del empleador que era representado por el extrabajador.

Figura N° 01

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de

que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la

argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14” (énfasis agregado).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Respecto a la medida inspectiva de requerimiento 6.32. En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar

9 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. 10 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“(…)

Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse.

(…)”. 6.34. En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fi n de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. (…)” (énfasis añadido). 6.35. Por otro lado, es necesario precisar que, conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

Figura N° 02

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación

Relaciones Laborales No acreditar haber entregado el certificado de trabajo, a favor del denunciante, por el periodo laborado de 10/04/2019 hasta el 31/01/2022. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago de la remuneración correspondiente al periodo 10/04/2019- 30/04/2019. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar el depósito de CTS, correspondiente al periodo 10/04/2019 – 30/04/2019. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

Labor Inspectiva No cumplir con la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, respecto a la medida de requerimiento notificada el día 20/05/2022. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TODOS LOS SANTOS DE CHOTA LTDA 560; en contra de la Resolución de Intendencia N° 173-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 277-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Intendencia N° 173-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ, en el extremo referido a la infracción muy grave del numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, conforme a lo señalado en los considerandos 6.12 a 6.23 de la presente resolución. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Intendencia N° 173-2022-SUNAFIL/IRE- CAJ, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 173-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. QUINTO. - Notificar la presente resolución a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TODOS LOS SANTOS DE CHOTA LTDA 560, y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Remitir los actuados a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.30 de la presente resolución.

SEPTIMO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240502MLA