Cooperativa de Ahorro y Crédito la Florida — Res. 642-2021

Mediante Orden de Inspección N° 378-2020-SUNAFIL/IRE-JUN, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 169-2020-SUNAFIL/IRE-JUN (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Mediante Imputación de Cargos N° 074-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 28 de enero de 2021, y notificado el 01 de febrero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del inciso 2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 86-2021-SUNAFIL/IRE-JUN/SIAI, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 122-2021-SUNAFIL/IRE-JUN/SIRE, de fecha 21 de mayo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 42,871.00 por haber incurrido, entre otras, en:

Con fecha 08 de junio de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 122-2021-SUNAFIL/IRE-JUN/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 70-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 10 de setiembre de 20212, la Intendencia Regional de Junín declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, revocando en parte la Resolución de Sub Intendencia N° 122-2021-SUNAFIL/IRE-JUN/SIRE, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 29 de setiembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Junín, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 70-2021- SUNAFIL/IRE-JUN.

La Intendencia Regional de Junín, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 0834-2021- SUNAFIL/IRE-JUN, recibido el 05 de octubre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA FLORIDA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 70-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, emitida por la Intendencia Regional de Junín, en la cual se declaró fundado en parte y se impuso una sanción de S/. 36,120.00 por la comisión, entre otras, de dos infracciones tipificadas como MUY GRAVES, previstas en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 14 de setiembre de 2021, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA FLORIDA.

De conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, las autoridades administrativas “deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Frente a la vulneración, desconocimiento o lesión de un derecho o interés legítimo, derivado del apartamiento de la conducta descrita en el numeral precedente9, el TUO de la LPAG faculta a los administrados a interponer los recursos administrativos previstos en el artículo 218 del TUO de la LPAG10, pudiendo incluso “solicitar la nulidad de los actos

Así, respecto de la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en el punto 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al

Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 11 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves e identificando si sobre éstas se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Respecto a la solicitud de desistimiento de denuncia ingresada por la denunciante Betty Isabel Rocha Rudas, mediante correo electrónico de fecha 23 de octubre de 2020, conforme a lo señalado por el inspector comisionado en numeral 4.8 del acta de infracción12, se deja constancia que la extrabajadora afectada, se desistió del procedimiento administrativo ante la SUNAFIL; sin embargo, es preciso indicar que la SUNAFIL como Autoridad Central del Sistema de Inspección de Trabajo, de acuerdo al Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, a través de sus órganos desconcentrados ejerce la competencia en materia inspectiva y sancionadora a nivel nacional, en mérito al artículo 19 de la LGIT; manteniendo como rol principal: promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral.

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 61-2019-SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de febrero de 2019, se resuelve crear el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Investigación del Trabajo de la Superintendencia de Fiscalización Laboral – SUNAFIL”; el mismo que aprobó los criterios adoptados mediante Resolución de Superintendencia N° 154-2019-SUNAFIL, de fecha 08 de mayo de 2019 creado, que establecen en el Tema N° 03 “Efectos del desistimiento del denunciante”:

En ese contexto, la autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento. En ese sentido, corresponde a la administración pública, garantizar el reconocimiento de los beneficios laborales, más aún si, ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales; el pago de la remuneración y de los

En ese sentido, la SUNAFIL tiene como finalidad el promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral; rol que el Estado ha considerado a SUNAFIL para supervigilar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, por el es que debemos señalar que el interés público o general se constituye en garantía de los intereses individuales y de los colectivos simultáneamente, y se concreta en normas protectoras de bienes jurídicos diversos que imponen límites a la actuación pública y privada; por ellos que este concepto abstracto cuya aplicación a casos concretos ha de determinarse y transformarse en decisiones jurídicas que permitan proteger derechos sustanciales que son irrenunciables ya que se tratan de derechos indisponibles, como por ejemplo, el seguro social, la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, entre otros; frente a lo mencionado, el desistimiento de una pretensión no implica necesariamente que la administración pública no continúe con el procedimiento administrativo sancionador, consecuentemente, la solicitud de desistimiento presentada por la extrabajadora no tiene efectos jurídicos frente a la administración pública, por lo que, no amparamos el recurso de revisión en este extremo.

El artículo 10 del Decreto Legislativo N° 713, regula los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, disponiendo que el trabajador tiene derecho a treinta (30) días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios; además, dicho derecho está condicionado al cumplimiento de un récord conforme a la jornada semanal. Asimismo, en su artículo 12 establece: “Para efectos del récord vacacional se considera como días efectivos de trabajo los siguientes: a) La jornada ordinaria mínima de cuatro horas”.

El artículo 22 de la misma norma, señala que los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente.

Cabe señalar que, el descanso vacacional implica el otorgamiento de tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. Por lo que, en consideración a ello, el trabajador que cumpla con una jornada completa, tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, con la finalidad de reponerse del desgaste sufrido. Así, la disyuntiva que se presenta permite a su vez determinar si un trabajador con contrato a tiempo parcial tiene la necesidad de dicho descanso.

Al respecto, en aplicación del principio de igualdad, resultaría aplicable un descanso proporcional según el tiempo trabajado, en referencia a los treinta días concedidos al contrato de tiempo completo. Así, respecto al tiempo de descanso que correspondería a los trabajadores contratados a tiempo parcial como descanso vacacional, ante la posible restricción del Decreto Legislativo N° 713 del contenido constitucional, correspondería otorgar un mínimo de seis días al que alude el numeral 1 del artículo 2 del Convenio 52 OIT.

Cabe señalar, que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aunque sin pronunciarse en términos de inconstitucionalidad, ha referido en similares palabras, que debe otorgarse a los trabajadores contratados a tiempo parcial dicho beneficios de conformidad con el Convenio 52 de la OIT13.

Ahora bien, el inspector comisionado, deja constancia en el numeral 4.12 del acta de infracción que, la trabajadora afectada inició sus labores el 01 de enero de 2015, ocupando el cargo de personal de limpieza, año sobre el cual obran en el expediente los recibos por honorarios electrónicos14, con el pago de una retribución de S/ 800.00 soles mensuales, además de los registros de pago de la SUNAT15, y sobre los que el sujeto inspeccionado afirma que la labor fue de limpieza de las oficinas de la Cooperativa, y que “el hecho de haberla contratado con anterioridad no desnaturaliza en absoluto el contrato a tiempo parcial, pues en los contratos de locación igual laboraba un promedio menor a cuatro horas” 16, e incluso detalla que su horario de trabajo era de lunes a viernes de 07:00 am a 11:00 am y los días sábados de 07:00 a 10:00 am.

En ese sentido, es pertinente considerar que, por la naturaleza de las actividades desarrolladas en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (enero a julio), no se trataba de un contrato de locación de servicios como afirma la impugnante, sino de un contrato a plazo indeterminado, a la luz del Principio de Primacía de la Realidad, debido a que en dicha relación concurrían los elementos esenciales del contrato de trabajo: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación; elementos ampliamente desarrollados en las instancias inferiores.

Siendo claro entonces que, en el campo de los hechos, se mantuvo una relación de naturaleza laboral, en un primer período (año 2015) con un contrato verbal a plazo indeterminado, en virtud del cual, debía reconocerse a la extrabajadora todos los beneficios de ley y los posteriores contratos que recogen características de un contrato verbal.

Asimismo, la impugnante, señala que la extrabajadora afectada, desde el inicio de sus labores, mantuvo una jornada de trabajo menor a cuatro (04) horas; sin embargo, dicha afirmación no es correcta, por cuanto este tipo de prestación se desarrolla en jornadas de trabajo reducidas, diferente a los de tiempo completo que realizan labores con jornadas completas. En ese sentido, al haberse determinado que la relación mantenida en el año 2015, fue de naturaleza laboral acordada verbalmente, no encaja en el supuesto de prestaciones en jornada a tiempo parcial, porque no existe contrato celebrado por escrito. Correspondiendo el pago de los beneficios sociales, de forma íntegra de dicho año.

Que, conforme se puede apreciar de la Liquidación de Beneficios Sociales de fecha 31 de diciembre de 201917, firmada por la extrabajadora Rocha Rudas Betty Isabel, en señal de conformidad; no se acredita el pago de las vacaciones legales y truncas correspondiente a los años 2016, 2017 y parte de 2018 (enero a junio).

Por tanto, dado que se encuentra determinada la relación laboral de los años 2016, 2017 y parte de 2018 (enero a junio), de las documentales que obran en el expediente inspectivo (contratos de trabajo18), en concordancia con lo señalado por el inspector comisionado en el numeral 4.11 del acta de infracción la inspeccionada se encontraba en la obligación de cumplir con su obligación de acreditar el pago por vacaciones legales a la extrabajadora denunciante, y además como ocurre en el caso en particular, efectuar el pago de las vacaciones truncas.

Por las consideraciones antedichas, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

En tal sentido, de las actuaciones realizadas se evidencia que el inspector comisionado emitió la medida de requerimiento del 19 de octubre de 2020, con la finalidad de que la impugnante cumpla con acreditar el pago de: remuneración por descanso vacacional adquirido y no gozado y también una (01 indemnización equivalente a una remuneración por no haber otorgado el disfrute del descanso vacacional a favor de la trabajadora, correspondiente al periodo de 01 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018; así como el pago de las vacaciones truncas del periodo desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, a favor la extrabajadora Rocha Rudas Betty Isabel. Para el cumplimiento de las mismas, otorgó un plazo de cuatro (04) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva, en caso de incumplimiento.

La impugnante, mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2020, señala que cumple con la medida inspectiva de requerimiento, bajo el mismo fundamento expuesto en el recurso de revisión sobre la no correspondencia del derecho vacacional a su extrabajadora, no habiendo dado cumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento emitida.

En tal sentido, se advierte que el inspector comisionado al momento de la emisión de la medida inspectiva de requerimiento advirtió y determinó la comisión de la infracción imputada a la impugnante. Por tanto, la medida inspectiva de requerimiento se emitió al amparo de lo previsto en el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT. En consecuencia, la impugnante se encontraba en la obligación de cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 19 de octubre de 2020. Por tanto, no corresponde amparar dicho extremo del recurso de revisión.