Cooperativa de Ahorro y Crédito Finantel Limitada — Res. 1170-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Subgrupo materia: Alta, modificación y baja en el T-Registro) y; Hostigamiento y actos de hostilidad (Subgrupo materia: otros hostigamientos) . PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 1.2 Corresponde indicar que, en atención al proveído de fecha 22 de junio de 2022 emitido por la Subintendencia de Sanción 1 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la autoridad instructora emitió el proveído de fecha 11 de julio de 2022. Por tanto, en base a los argumentos expuestos en el proveído de fecha 11 de julio de 2022, se determinó dejar sin efecto el Informe Final de Instrucción N° 852-2022- SUNAFIL/ILM/AI3 de fecha 26 de abril de 2022, la Imputación de Cargos N° 535-2022- SUNAFIL/ILM/AI3 de fecha 25 de febrero de 2022, así como todos los actos procedimentales posteriores; asimismo, determina que se emita una nueva imputación de cargos, debiendo continuarse con el procedimiento sancionador correspondiente.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del administrado de facilitar la información y documentación al personal inspectivo, para el desarrollo de sus funciones, solicitada mediante requerimiento de información de fecha 20 de noviembre de 2020; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del administrado de facilitar la información y documentación al personal inspectivo, para el desarrollo de sus funciones, solicitada mediante requerimiento de información de fecha 11 de diciembre de 2020; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. La resolución apelada le causa agravio al recurrente, lo que genera en la resolución un vicio de motivación insuficiente; toda vez que, no toma en cuenta que no cumplieron con su obligación legal –de presentar documentación de la representación requerida– dado que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS removió al gerente

2 Notificada el 11 de noviembre de 2022 a la impugnante.

general; por lo que, no existía representante legal ni directivos legítimos, el edificio y sede principal de la cooperativa se encontraba cerrado, sin funcionamiento desde el 01 de diciembre de 2020 al 21 de abril de 2021, conforme los documentos notariales que acreditan la existencia de la situación excepcional de cese total de actividades y operaciones al interior de la cooperativa. ii. La falta u omisión de motivación y pronunciamiento expreso sobre cada una de las observaciones y agravio formulados respecto del fundamento relativo a que incurren en infracción al principio de legalidad de las faltas y el principio de tipicidad, en tanto el Acta de Infracción impone una sola multa, mientras que la resolución de primera instancia impone dos (02) multas por la no presentación de un certificado de vigencia de gerente general, lo cual es incompatible con la infracción de la negativa injustificada que frustre o impida la fiscalización laboral. iii. Omite en pronunciarse sobre el agravio invocado consistente en la transgresión del precedente de observancia obligatorio, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral, establecida en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala (fundamento 15). La afectación del principio de legalidad y tipicidad de las faltas terminó imponiendo una doble sanción por infracciones típicamente diferentes, lo que conlleva a la nulidad e insubsistencia de la resolución apelada y todo lo actuado. Entonces, lo ocurrido no es una negativa o rechazo, más aún cuando ha mediado un motivo de fuerza mayor. iv. La finalidad de la inspección no es imponer sanciones económicas a toda costa, violando principios y reglas del proceso sancionador, ya que la finalidad de la inspección laboral es brindar orientación y asistencia técnica a las entidades empleadoras y trabajadoras a fin de poder lograr el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales.

i. En virtud del Oficio N° 45024-2019-SBS de fecha 19 de noviembre de 2019, se comunica a la impugnante que debe remover de cargo al gerente general; sin embargo, dicha circunstancia no impide el cumplimiento de obligaciones sociolaborales ni de las obligaciones relativas a inspecciones de trabajo, dado que el Consejo de administración es el responsable de la gestión administrativa de una cooperativa, conforme el artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas aprobado mediante Decreto Supremo N° 074-90-TR. Por tanto, no es posible concluir que hubo motivo de fuerza mayor para la atención a los requerimientos de información de fecha 20 de noviembre de 2020 y 11 de

3 Notificada el 13 de febrero de 2023. diciembre de 2020, en tanto que el Consejo de Administración tuvo entre sus posibilidades el diligenciamiento de lo requerido por el personal inspectivo. ii. En el escrito de apelación adjuntó la siguiente documentación: Oficio N° 45024- 2019-SBS, copia del asiento C00075 de la partida electrónica, Acta Notarial de Constatación de Bienes Muebles levantada por el Notario Público de Lima, Acta Notarial de Constatación de Unidad de Auditoría Interna, Acta Notarial de Constatación de Consejo de Administración y Gerencia General, así como el Acta Notarial de Constatación de Acta de Ingreso a la Oficina de Riesgos. Sin embargo, verifica que dichas acciones obstaculicen el cumplimiento de la responsabilidad de la cooperativa, dado que su Consejo de Administración tenía amplias facultades para dar continuidad al funcionamiento de la cooperativa, esto es, cumplir con el requerimiento del personal inspectivo. iii. Sostiene que, es obligación de toda persona jurídica de intervenir en los procedimientos administrativos por medio de sus representantes legales, quienes actúan por medio de sus poderes, observando que, en el presente caso, no se verifica la actuación de su representante legal con documento que acredite las facultades de representación, lo cual no permitió continuar con la fiscalización, configurándose la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. iv. Precisa que, al existir la frustración de las actuaciones inspectivas se puede subsumir la actitud de la impugnante en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT; por lo que, no puede decirse que, solamente, se verificó una demora en las actuaciones inspectivas; en consecuencia, se cumplió con el principio de tipicidad y legalidad. Asimismo, indica que el incumplimiento fue cometido en dos (02) oportunidades (requerimiento de información de fecha 20 de noviembre de 2020 y 11 de diciembre de 2020); por tanto, se han determinado dos (02) infracciones a la labor inspectiva durante el procedimiento sancionador. v. Finalmente, menciona que si bien es cierto que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL y la inspección laboral tiene la finalidad de brindar orientación y asistencia técnica a las entidades empleadoras y trabajadores; también es cierto que, según el artículo 3 de la LGIT, es función de la autoridad inspectiva la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales. En ese sentido, la autoridad instructora procede a iniciar un procedimiento sancionador en mérito de las actas de infracción, conforme el numeral 5.5 del artículo 5 de la LGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa. III. DEL RECURSO DE REVISIÓN

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Cooperativa De Ahorro Y Credito Finantel Limitada

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de marzo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 087-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que, en autos, se encuentra debidamente acreditada la eximente de responsabilidad administrativa por motivo de fuerza mayor, toda vez que, en el periodo de enero 2020 y abril 2021, no existía representante legal (gerente general), ni representante institucional (consejo administrativo) inscritos y con mandato vigente en la partida electrónica del registro de personas jurídicas de Lima; motivo por el cual, era física y jurídicamente imposible poder cumplir con el requerimiento solicitado de presentar el certificado de vigencia del gerente general (requerimiento del 20 de noviembre de 2020) y presentar documentación e intervenir en el procedimiento administrativo de fiscalización laboral (requerimiento del 11 de diciembre de 2021). ii. Adicionalmente, refiere que la cooperativa se encontraba cerrada y sin funcionamiento alguno desde enero 2020 a Abril 2021, conforme la siguiente documentación: a) Oficio N° 45024-2019-SBS de fecha 19 de noviembre de 2019, b) Copia del asiento C00075 de la partida electrónica, c) Acta Notarial de Constatación de Bienes Muebles, d) Acta Notarial de Constatación de Unidad de Auditoría Interna, e) Acta Notarial de Constatación de Consejo de administración y Gerencia General y, f) Acta Notarial de Constatación de Acta de Ingreso a la Oficina de Riesgos. iii. En conclusión, los medios probatorios ofrecidos acreditan los motivos de fuerza mayor e intervención de la SBS con fecha 19 de noviembre de 2019, que obligó a remover en el cargo al anterior gerente general quien, al resistirse de hacer entrega de cargo, libros y acervo documentario, motivó la designación de otro gerente general, cuyo trámite e inscripción fue el 22 de diciembre de 2020; por lo que, recién, con fecha 20 de abril de 2021, pudieron ingresar conjuntamente con el nuevo Consejo de Administración al edificio principal y la administración efectiva de la cooperativa. iv. Aplicación indebida de una norma jurídica de derecho material: La norma jurídica aplicable es el numeral 1 del artículo 35 del TUO de la Ley General de Cooperativas aprobado por Decreto Supremo N° 074-90-TR, que establece que el gerente general de la cooperativa es quien ejerce la representación administrativa y judicial de la misma. v. Así, la resolución impugnada infringe el marco jurídico de la representación legal (administrativa y judicial) de la cooperativa, que establece que es obligación de toda persona jurídica intervenir en los procedimientos administrativos por medio de su gerente general y no a través del consejo de administración o directorio, que son órganos colegiados que no detentan facultades de representación legal alguno, ni mucho menos permite cumplir con el requerimiento del personal inspectivo, más aún si el nuevo gerente general y el nuevo consejo de administración recién pudieron ingresar a las instalaciones de la cooperativa mediante fe notarial de fecha 20 de abril de 2021. vi. También, desconoce el hecho extraordinario e imprevisible que impidió conocer y absolver, oportunamente, los requerimientos de información del personal inspectivo, esto es, la remoción del gerente general y la no existencia de directivos con mandato vigente; por lo que, se generó la paralización, cierre y no funcionamiento de la cooperativa, entre ellos, el edificio de siete (07) pisos ubicado en el distrito de Miraflores. Además, los nuevos representantes no podían acceder a las notificaciones virtuales del personal inspectivo, debido a que no tenían acceso al referido edificio y oficina principal en Miraflores, no contaban con clave SOL ni autorización para acceder al Sistema Informático de la cooperativa, hechos de fuerza mayor que impiden el deber de colaboración y evidencian la plena observancia del principio de buena fe procedimental. vii. Apartamiento de precedente de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral: La resolución impugnada vulnera el principio de predictibilidad y confianza legítima. Precisa que los administrados que no reciban la alerta que la administración se ha comprometido a enviarles, su derecho de defensa podría verse vulnerado, al no tener conocimiento previo y oportuno de la medida de requerimiento que le impone determinadas obligaciones. viii. Por tanto, es deber del Tribunal de Fiscalización Laboral no afectar los derechos e intereses legítimos de los administrados en los casos en los que no hayan recibido la mencionada alerta y, por tanto, no han cumplido con determinada orden depositada en la casilla electrónica, al no haber tomado conocimiento de su existencia. Siendo así, en el presente caso, la impugnante afirma que no recibió las alertas a través del correo electrónico y/o el sistema de mensajería, tal como lo dispone el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL. ix. Por tanto, corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta por aquellas infracciones derivadas del incumplimiento de los requerimientos remitidos a través del sistema de casilla electrónica. Por consiguiente, no se le puede imputar la omisión de una obligación, debido a que no recibió la notificación del documento remitido a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica. x. Por otro lado, indica que el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT sanciona la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar la información y documentación necesaria; por lo que, no se trata de una mera omisión o falta de respuesta, sino de una conducta claramente establecida en la que la se nieguen a entregar la información solicitada. Además, se debe de tener en cuenta el principio de

culpabilidad. En el presente caso, manifiesta que, el incumplimiento de remitir la información requerida obedeció a que la impugnante no tuvo conocimiento de este, pues la autoridad inspectiva no comunicó al usuario cuándo se le notificó con el requerimiento de información, a través de las respectivas alertas del sistema Informático de Notificación Electrónica. xi. También indica que no se ha configurado el supuesto contemplado en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, debido a que la labor inspectiva no se frustró con la no presentación de documentos exigidos con los requerimientos de información, pues no pudieron conocer del mismo porque la autoridad inspectiva no envió las alertas de notificación (correo electrónico y/o servicio de mensajería). xii. En consecuencia, refiere que corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta. Asimismo, afirma que el Acta de Infracción y la resolución de sanción vulneran normas de jerarquía constitucional como el principio de legalidad, debido procedimiento, artículos 5 y 46 del RLGIT, principio de motivación por ser incongruente, razonabilidad y proporcionalidad, por pretender sustentar la imposición de una sanción sobre hechos o conductas que no se adecuan a la tipicidad de la falta y la motivación debida.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

10 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. (…)

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador y sobre el Requerimiento de Información de fecha 20 de noviembre de 2020:

“Que, mediante requerimiento de información de fecha 20 de noviembre de 2020, se solicitó al sujeto inspeccionado el documento registral vigente (vigencia de poder o documento registral) que acredite su representatividad del sujeto inspeccionado, carta poder simple de representación y Autorización de notificación por correo electrónico, sin embargo, dichos documentos no fueron enviados junto con la información presentada el 27 de noviembre de 2020. Es por ello que con fecha 03 de diciembre de 2020, la inspectora de trabajo que suscribe, respondió al correo del sujeto inspeccionado, indicando que a los documentos enviados, estaría faltando la vigencia de poder, la carta poder de representación y la autorización de notificación por correo electrónico, a lo que la señora (…) – Jefe de Gestión de Talento Humano y compensaciones respondió que el personal administrativo se encuentra realizando trabajo remoto y ello complica el trámite de la vigencia de poder actual de nuestro representante, indicando que estará coordinando con el área competente en dicho trámite para que de alguna manera pueda gestionar la documentación solicitada.”

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

33. Por ello, en la misma medida en la que la autoridad inspectiva cuenta con amplias facultades de supervisión, extendiéndose a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de la normativa sociolaboral, los inspectores comisionados deben realizar todas las acciones legalmente permitidas para cumplir con la función de vigilancia y exigencia que les ha sido conferida; sin inhibirse de examinar, analizar y valorar los documentos que son presentados por el sujeto inspeccionado a lo largo del procedimiento inspectivo, sea como respuesta a los requerimientos efectuados por la autoridad inspectiva o como contraprueba. 34. En ese sentido, se atenta contra la finalidad de la inspección laboral al acudir a formalismos o exigencias en la forma de presentación de la información solicitada, sin revisar la data exhibida por el sujeto inspeccionado, dando por concluida las actuaciones inspectivas e imputándose la falta de colaboración del sujeto inspeccionado por no presentar lo requerido por la actuación inspectiva, en el medio solicitado. Tal proceder resulta contrario a lo establecido en el precedente administrativo de observancia obligatoria establecido en la Resolución de Sala Plena Nº 002-2021-SUNAFIL/TFL (fundamento 23), así como a los principios de verdad material e informalismo, expresamente reconocidos en el Texto Único de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019- JUS. (énfasis añadido)

infractora al administrado en base a hechos que no se subsumen en el tipo infractor, y como consecuencia de haberse vulnerado los citados principios.

Sobre el Requerimiento de Información de fecha 11 de diciembre de 2020

“Artículo 20. Modalidades de notificación

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24-1 del artículo 24. Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la materia. (…)” (énfasis añadido).

“Un correo electrónico personal proporcionado libre y espontáneamente por el administrado (por ejemplo, una cuenta Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.). Es decir que el propio administrado haya consignado su dirección electrónica en un escrito que obre en el expediente objeto de la notificación, de modo que no podría ser empleado este medio si, por ejemplo, la entidad hubiere obtenido la data de la cuenta de correo de cualquier otra forma (escrito de otro administrado o la consignada por el propio administrado en otro expediente anterior) o si no constara en el mismo expediente en que se produce la resolución”13 (énfasis añadido).

12 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo I. Página 296. 13 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo I. Página 298.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…)

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

14 Véase a folios 25 del expediente inspectivo. 15 Véase a folios 26 del expediente inspectivo. 16 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.37 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Asimismo, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANTEL LIMITADA, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Subintendencia N° 1366-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 07 de noviembre de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2203-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Subintendencia N° 1366-2022- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 07 de noviembre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. -Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.41 de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANTEL LIMITADA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250903SPDC- HR: 218908-2020