Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores del Sector Salud… — Res. 1958-2025

Mediante Orden de Inspección N° 28238-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 403-2020-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito al operativo denominado “OP. FISC. FORM. LAB. DICIEMBRE 2019 ILM – TODOS LOS SECTORES – JESUS MARIA”.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 083-2022-SUNAFIL/ILM/AI12, de fecha 27 de enero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1072-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 31 de mayo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 1098-2022- SUNAFIL/ILM/SISA4, de fecha 28 de setiembre de 2022, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 20 de octubre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 1098-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4.

Mediante Resolución de Intendencia N° 0010-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 03 de enero de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró fundado en parte el recurso de apelación sin que ello modifique la sanción económica impuesta.

Con fecha 24 de enero de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 0010- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM recibido el 05 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD LTDA. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0010-2023-SUNAFIL/ILM emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad social, tipificados en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 06 de enero de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD LTDA.

El artículo 4 del TUO de la LPCL, establece que “en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”. Así, existe un vínculo de naturaleza laboral cuando se presenten los siguientes tres (3) elementos: (i) prestación personal del servicio, (ii) remuneración, y (iii) subordinación; siendo este último el elemento distintivo entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios, el cual adopta una serie de manifestaciones cuyo descubrimiento nos lleva a concluir el carácter laboral de una relación contractual.

Por su parte, mediante Decreto Supremo N° 015-2010-TR se modificó el Decreto Supremo N° 018-2007-TR, mediante el cual se establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrónica”, estableciendo en su art. 4-A lo siguiente:

En tal sentido, es obligación del empleador registrar a sus trabajadores en el T- REGISTRO el mismo día de ingreso a prestar el servicio, esto es, en el transcurso de dicho día. Por lo tanto, de no hacerlo, dicha conducta constituiría un incumplimiento en materia de relaciones laborales.

En el caso en concreto, se determinó la existencia de la relación laboral entre los 7 trabajadores afectados cuyos datos figuran en el cuadro inserto en el considerando 4.13 del Acta de Infracción donde se detalló de cada uno de ellos como es que concurren los tres elementos de una relación laboral, los cuales resumimos a continuación:

De acuerdo a la información descrita, en el presente caso, queda claro que las labores realizadas por los trabajadores corresponden a actividades ordinarias y subordinadas que al formar parte de los servicios que brinda el sujeto inspeccionado como actividad principal, constituyen indicios de laboralidad que demuestran que este tipo de servicios no debieron realizarse en el marco de un contrato civil.

En su recurso, la impugnante indica que se ha interpretado erróneamente el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, y sostiene que en este caso es de aplicación el contrato 1764 del Código Civil, argumentando que la prestación personal de servicios y remuneración son elementos que no son determinantes, pues lo más importante es verificar la existencia de subordinación, y menciona que en este caso no hay

Al respecto, el contrato de locación de servicios es definido en el artículo 1764 del Código Civil como aquel acuerdo de voluntades por el cual el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Entonces, efectivamente el elemento esencial diferenciador entre el contrato laboral y el de locación de servicios es la subordinación.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 22 de octubre de 2012 recaída en el Expediente N° 03146-2012-PA/TC, en cuyo fundamento 3.3.3, señala: “Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud”. (énfasis añadido).

En el presente caso, justamente se han constatado dichos rasgos de laboralidad en las personas que brindaron servicios legales que hace mención la impugnante, conforme lo hemos descrito previamente, el señor Hernani Biaggi fue contratado para prestar servicios como asesor legal, puesto que según el propio organigrama de la inspeccionada forma parte de la estructura de la organización, además se le reconoció derechos laborales como gratificaciones que solo corresponden a trabajadores y no a locadores de servicios. Asimismo, el señor William Oblitas, también fue contratado para brindar asesoría legal, e incluso en su contrato de locación de servicios se estableció un horario de trabajo, es decir, para ambos casos de asesores legales, se han comprobado rasgos de laboralidad, por tanto, ese extremo del recurso debe ser desestimado.

En cuanto a la exclusividad en la prestación de servicios, este no es un requisito indispensable para confirmar la existencia de un vínculo laboral, si bien, es un rasgo o característica importante conforme lo ha establecido la Resolución de Sala Plena N° 014-2024-SUNAFIL/TFL, pero lo más importante es que se cumplan los criterios de subordinación, prestación personal de servicios y percepción de una remuneración, elementos que en este caso si han sido verificados por lo cual se desestima este extremo del recurso.

Por otro lado, la impugnante cuestiona su propio organigrama, sostiene que solo es una herramienta de gestión empresarial y no determina que una relación civil y/o comercial deba ser de naturaleza laboral.

Sobre el particular, en este caso el organigrama solo ha sido utilizado por el personal inspectivo y las instancias previas para identificar la integración de los afectados en la estructura de la organización de la inspeccionada. Si bien los organigramas no son documentos determinantes para identificar relación laboral, si muestran cómo están

Tómese en cuenta que, en el presente caso, la impugnante ha ubicado directamente a cuatro (04) de los trabajadores afectados en puestos clave de dicho esquema organizacional, conforme se aprecia a continuación:

En tal sentido, resulta contradictorio que ahora la impugnante pretenda restar importancia a dicho organigrama, aduciendo que solo es una herramienta empresarial, cuando su composición justamente es relevante para deducir algunos rasgos de laboralidad que en este caso ayudaron a determinar la relación laboral.

De otra parte, la impugnante ha sostenido que el pago de la gratificación que hizo a algunos de los afectados fue una liberalidad empresarial, y que el concepto utilizado solo fue un error y este no debería generarles ningún derecho.

Sobre el particular, nuevamente resulta contradictorio que la impugnante mencione que consignó como pago de gratificaciones a dichos trabajadores solo por “error”, más aún si las fechas que fueron pagados dichos conceptos justamente coinciden los periodos donde los trabajadores reciben dicho beneficio laboral (julio y diciembre), en tal sentido, si supuestamente dicho pago solo era una liberalidad, pudo haberse pagado en otra época del año, pero haberlo consignado justo en esas fechas acredita que la impugnante reconoció estos derecho de naturaleza laboral a dichos trabajadores, pues es imposible que un locador de servicios válidamente contratado reciba dichos conceptos.

Por otro lado, la impugnante señala que los locadores en este caso no han mantenido exclusividad con la empresa, y además en los registros de asistencia que se presentó se verifica que no hubo subordinación porque algunos registran solo minutos que asisten en el día, lo cual acredita que no hubo subordinación porque tenían libertad de organización sin rasgos de laboralidad, agrega que no tiene sentido que para hacer mantenimiento de los equipos de cómputo se tenga que sacar las computadoras de la empresa y que no está prohibido contratar a un locador cuando no se tenga dependencia sobre el trabajo que realiza.

Nuevamente se menciona que los afectados no brindaban servicios de carácter exclusivo para ellos. Sobre ello, efectivamente se verifica que la impugnante ha informado y acreditado ante el personal inspectivo que el señor Hernani Biaggi y señor Elmer Duplex son pensionistas (cesantes), el señor Alexander Nuñez que es asegurado de EsSalud de otra planilla. Sobre William Oblitas indica que presta servicios mediante locación de servicios a otras entidades, el señor Carlos Otiniano es asegurado de EsSalud de otra planilla. El señor Carlos Sotelo presta servicios vía locación para otras entidades al igual que el señor Julio Sotomayor.

Al respecto, tal como ha sido señalado por la instancia previa, cabe aclarar que el pluriempleo no está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, pues una persona

Ahora bien, en cuanto a los registros de asistencia, la impugnante pretende alegar que como algunos de los trabajadores no realizaban jornadas laborales completas de 8 horas, entonces no eran trabajadores sino locadores de servicios. Al respecto, tampoco este argumento desvirtúa la determinación del vínculo laboral, pues los “Reportes manuales de asistencia del personal” presentados, por el contrario acreditan que había cierto control sobre dichos trabajadores afectados, rasgo común de un contrato de trabajo, situación que no ocurre con los locadores de servicios que no están obligados a llevar ningún registro, es decir, si realmente solo fueran locadores de servicios no era necesario llenar ningún registro de entrada o salida del centro de trabajo.

En cuanto a las labores del señor Alexander Nuñez que brindó servicios en el centro de cómputo de la inspeccionada, el personal inspectivo no solo determinó la relación laboral porque haya brindado servicios en el centro de trabajo, sino porque habían otros rasgos de laboralidad como su integración en el organigrama en el área de “Asesoría Informática” así como el otorgamiento de beneficios sociales (gratificaciones), y el hecho que su contrato de locación de servicios, se haya pactado un servicio personalísimo, y estar al tanto que se le solicite cualquier informe, e incluso haberse pactado una jornada y horario de trabajo, elementos que no se corresponden a un contrato de locación de servicios sino a uno de naturaleza laboral.

De otro lado, la impugnante invoca el elemento de la subordinación, e indica que en este caso no se comprobó la existencia de sanciones disciplinarias, ordenes, disposiciones a todos los trabajadores afectados, de modo que no se acreditó la existencia de una relación subordinada. Agrega que no se analizó el contenido del artículo 9 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, no hay pruebas que determinen el poder de dirección del empleador, existen elemento de gestión empresarial pero no son determinantes o indicios de laboralidad.

Sobre este aspecto, esta Sala ya ha expuesto uno a uno los rasgos de laboralidad que en este caso fueron constatados por el personal inspectivo respecto a los 7 trabajadores afectados, la impugnante menciona que no hay pruebas de subordinación; sin embargo, si hay suficientes indicios y material probatorio para ratificar las conclusiones de las instancias previas, puede que no haya memorándum de sanciones, pero si hay

Asimismo, puede que no haya documentos donde la impugnante les de órdenes o directivas, pero se ha comprobado la existencia de una distribución jerárquica que incluye a los afectados dentro de su organización, además que los servicios prestados están relacionados a su actividad principal. En tal sentido, no quepa duda de la existencia del vínculo laboral entre los afectados y al inspeccionada, pues se acreditó que el poder de dirección que regula el artículo 9 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, si ha sido comprobado en este caso a través de indicios de laboralidad que se desprenden de los contratos de locación de servicios, recibos por honorarios, organigramas, etc.

Por último, la impugnante alega que se dejó de lado la declaración jurada presentada por los locadores de servicios donde ellos mismos declaraban ser locadores de servicio, esta falta de valoración habría afectado su derecho a la prueba, derecho de defensa, principio de tipicidad y debido procedimiento.

Al respecto, se verifica que las instancias previas si han absuelto cada vez que ha sido invocado este argumento de defensa, habiendo desvirtuado este punto en base a la comprobación de los elementos de laboralidad que el personal inspectivo constató en mérito al principio de primacía de la realidad.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la declaración de los afectados donde alegan ser solo locadores de servicios no genera mayor incidencia en este caso en aplicación del principio de irrenunciabilidad de derecho laborales.

Al respecto, sobre la posibilidad de renunciar a derechos laborales, la Constitución Política del Estado en su artículo 26 establece que:

En ese contexto, resulta relevante invocar lo resuelto por el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el expediente N° 4635-2004-PA/TC:

Asimismo, el máximo intérprete de la Constitución precisó en la sentencia recaída en el expediente N° 0008-2005-PI/TC, sobre el principio de irrenunciabilidad de derechos, lo siguiente:

Por parte del Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Resolución de Sala Plena N° 010-2023-SUNAFIL/TFL publicada en el Diario Oficial El Peruano en fecha 11 de junio de 2023, se estableció como precedente administrativo de observancia obligatoria lo siguiente:

En virtud del reconocimiento de la irrenunciabilidad de derechos como principio jurídico, esta Sala debe afirmar que no se advierte un parámetro significativo que permita reconocer que su aplicación deba ser afectada en el caso en concreto, de manera que el empleador pueda ser exonerado de la responsabilidad administrativa que le concierne al no haber inscrito a su personal en la planilla electrónica como trabajadores y en el régimen de seguridad social en pensiones y salud correspondientes.

En línea con lo analizado, el administrado no puede alegar que la supuesta renuncia de sus trabajadores a un derecho indisponible pueda aliviarle de sus responsabilidades legales como empleador. Al respecto, cabe señalar que el principio de culpabilidad tiene un estándar debido de cumplimiento, ya que el empleador es el centro de imputación de responsabilidad laboral para el cumplimiento de las obligaciones laborales, tales como la observancia de los deberes de registro que la normativa laboral imperativa ha establecido. De esa forma, siendo un comportamiento exigible bajo estándares de diligencia razonables, el empleador no puede exonerarse del cumplimiento del deber de formalizar a su personal bajo un pretexto de acuerdo unilateral ni bilateral sustentado en la renuncia de derechos fundamentales”. (énfasis añadido)

En esa línea normativa y jurisprudencial, esta Sala no puede exonerar a la impugnante solo por haber presentado declaraciones juradas de los afectados reconociéndose a sí mismos como locadores de servicios, pues como indica la Resolución de Sala Plena N° 010-2023-SUNAFIL/TFL, la responsabilidad administrativa igualmente le corresponde por no haber inscrito a este personal en la planilla electrónica como trabajadores, pues tales declaraciones juradas no generan ningún tipo de efecto válido, al tratarse de derechos indisponibles a los cuales no pueden renunciar estas personas por su condición de trabajadores, la Constitución protege al trabajador aun respecto a sus actos propios, cuando pretenda renunciar a los derechos y beneficios que por mandato constitucional y legal le correspondan.

Siendo ello así, corresponde desestimar el recurso también en este extremo, pues no hubo ninguna afectación al derecho a la prueba, o derecho de defensa o tipicidad, ya que las instancias previas han aplicado las instituciones del derecho laboral y administrativo conforme a ley, habiendo expuesto una motivación suficiente, respetando el debido procedimiento.

De esta forma, ha quedado acreditada la infracción imputada, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, respecto a los 7 trabajadores identificados como afectados.

Asimismo, el artículo 5° de la norma antes señalada, prescribe: “El Registro de Entidades Empleadoras y la inscripción de los afiliados regulares se realiza ante el Instituto Peruano de Seguridad Social, en adelante IPSS, en la forma y en los plazos establecidos en los reglamentos. Es obligación de las Entidades Empleadoras registrarse como tales ante el IPSS y realizar la inscripción de los afiliados regulares que de ellas dependan, así como informar el cese, la suspensión de la relación laboral y las demás ocurrencias señalados en los reglamentos. La inscripción de los afiliados potestativos se realiza bajo la forma y condiciones señaladas en los reglamentos”.

Del mismo modo, el artículo 32° del D.S N° 009-97-SA, dispone: “Las Entidades Empleadoras tienen la obligación de registrarse como tales ante el IPSS y realizar la inscripción de los afiliados regulares que de ellas dependan, diferenciando los cubiertos con establecimientos propios, los atendidos a través de planes contratados con una Entidad Prestadora de Servicio (EPS) y los cubiertos íntegramente por el IPSS. Asimismo, deberán informar el cese, la suspensión de la relación laboral, modificación de la cobertura y las demás ocurrencias que incidan en el monto de las aportaciones o del crédito referidos en los Artículos 6 y 15 de la Ley N° 26790, dentro de los 5 primeros días del mes siguiente a la ocurrencia. Para tal efecto el IPSS determinará los procedimientos respectivos”.

En el presente caso, el personal inspectivo dejó constancia que, la inspeccionada no cumplió con acreditar la inscripción en el régimen de seguridad social en salud de los 7 trabajadores identificados en el Acta de Infracción, desde su real fecha de ingreso. Por

Asimismo, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales dispone que los Estados parte del Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. El artículo 9.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que le imposibiliten física o mentalmente obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional Peruano en los fundamentos 8 y 9 de la sentencia recaída en el expediente N° 1473-2009-PA/TC, recordó que, basándose en el artículo 10 de la Constitución, que reconoce el régimen de seguridad social, el artículo 11 reconoce el derecho al acceso con libertad a las prestaciones pensionarias, en los siguientes términos: "El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento (…)".

De la normativa supranacional y nacional, así como de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, se aprecia que existe un bloque de constitucionalidad y legalidad, referidas a que todo trabajador tiene el derecho humano fundamental a la seguridad social en pensiones y salud; el cual es adquirido por el trabajador desde el

En similar sentido ha indicado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la guía de obligaciones del empleador al iniciar una relación laboral12 en la que de forma clara señala que, entre otras obligaciones, el empleador tiene la obligación de la inscripción al Seguro de Salud y de Pensiones, la misma que se da desde el inicio del vínculo laboral.

Adicionalmente, el artículo 6° del Decreto Supremo N° 054-97-EF – Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones – establece que: “Cuando un trabajador no afiliado al Sistema Privado de Pensiones ingrese a laborar a un centro de trabajo, el empleador deberá obligatoriamente afiliarlo a la AFP que aquél elija, salvo que, expresamente y por escrito, en el plazo improrrogable de 10 días naturales manifieste su deseo de permanecer o incorporarse al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Así también, el artículo 45° del Decreto Supremo N° 004-98-EF – Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones – establece lo siguiente: “Cuando un trabajador no afiliado al Sistema Privado de Pensiones ingrese a laborar a un centro de trabajo, el empleador deberá obligatoriamente afiliarlo a la AFP que el trabajador elija, salvo que, expresamente y por escrito, en un plazo improrrogable de diez (10) días naturales, manifieste su deseo de permanecer o incorporarse al SNP. Para tal efecto, el empleador requerirá por escrito al trabajador, dentro del indicado plazo, para que éste elija la AFP o que manifieste su deseo de permanecer o incorporarse al SNP. En el caso de incorporación al SPP, la elección efectuada por el trabajador se formalizará mediante la suscripción, por su parte, del respectivo contrato de afiliación.”

Como puede observarse, el derecho a la seguridad social de los trabajadores genera prestaciones de obligatorio cumplimiento por parte de trabajadores y empleadores. Con relación a los segundos, la inspección del trabajo tiene competencia para determinar situaciones de incumplimiento y en tales casos deducir propuestas de sanción, en atención al elevado interés público que esta normativa sustenta. En el presente caso, se ha corroborado que respecto a los siete (7) trabajadores afectados identificados en el Acta de Infracción, la Inspeccionada no ha cumplido con inscribirlos en el régimen de seguridad social en pensiones, desde su real fecha de ingreso, lo que constituye un hecho sancionable.

En atención a las consideraciones antes expuestas, se advierte como correlato de la existencia del vínculo laboral que a los trabajadores afectados les asistía los derechos legalmente establecidos, entre los que encontramos los derechos de la seguridad social en pensiones desde el momento que ingresaron a laborar, sin embargo, se ha verificado que la impugnante no cumplió con ello. Por lo que, se debe confirmar la multa impuesta por la infracción a la seguridad social en pensiones, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento 6.48 En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

En ese orden de ideas, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la medida de requerimiento, el Inspector de Trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”13: Figura N° 3 Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

En similar sentido -y de manera referencial– la versión 2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021- SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021, mantiene el mismo enfoque al detallar los factores para el establecimiento del plazo de cumplimiento en el numeral 7.15.5.

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso de la revisión de los actuados se observa que, el personal inspectivo emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de enero de 2020, y otorga un plazo de cuatro (04) días hábiles, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en las materias que se detallan, con la debida advertencia de que el incumplimiento de requerimiento constituirá una infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, conforme se puede apreciar a continuación:

Acreditar el Registro en la Planilla, en calidad de trabajador del personal señalado en el Cuadro N° 01 del Hecho Verificado Segundo de la presente medida inspectiva de requerimiento, desde la fecha de ingreso consignada en el citado Cuadro N° 01, cuando menos. 1.2. Acreditar la Inscripción en la Seguridad Social en Pensiones conforme a Ley, a favor de los trabajadores señalados en el Cuadro N° 01 del Hecho Verificado Segundo de la presente medida inspectiva de requerimiento, desde la fecha de ingreso consignada en el citado Cuadro N° 01, cuando menos. 1.3. Acreditar la Inscripción en la Seguridad Social en Salud conforme a Ley, a favor de los trabajadores señalados en el Cuadro N° 01 del Hecho Verificado Segundo de la presente medida inspectiva de requerimiento, desde la fecha de ingreso consignada en el citado Cuadro N° 01, cuando menos. Segundo. – A efectos de acreditar lo ordenado, deberá exhibir los siguientes documentos: 2.1. Constancias de alta de los trabajadores señalados en el Cuadro N° 01 del Hecho Verificado Segundo de la presente medida inspectiva de requerimiento; y, 2.2. Formatos TR5 y TR6 del T-Registro de la planilla electrónica suscritos por el representante legal del sujeto inspeccionado. Tercero. – En el PLAZO MAXIMO de CUATRO (04) DIAS HÁBILES se acreditará el cumplimiento del presente Requerimiento mediante la COMPARECENCIA del sujeto inspeccionado arriba identificado para el día 23 de enero de 2020, a horas 09:00, en la Oficina de la Intendencia de Lima Metropolitana de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, sitio en Avenida Arenales N° 815-821, Cercado de Lima. Se le recuerda que el incumplimiento del presente requerimiento constituirá INFRACCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA, sancionable con multa, calificado y tipificado como infracción MUY GRAVE de conformidad con el artículo 31° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, concordante con el artículo 46° numeral 46.7, de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR (…). 6.56 Conforme consta en el numeral 4.18 del Acta de Infracción, el sujeto inspeccionado no cumplió con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de enero de 2020; generando con ello una infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Cabe precisar que, si bien se admite prueba en contrario a ser actuada dentro del procedimiento inspectivo y del procedimiento sancionador, la impugnante no ha presentado en su recurso de revisión elementos ni ha aportado medios de prueba

Adicionalmente, se observa la razonabilidad y proporcionalidad de la medida inspectiva de requerimiento, otorgando un plazo razonable para su cumplimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 28238-2019-SUNAFIL/ILM, y en relación con los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción.

Por lo tanto, al no advertir afectación a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, puesto que, se encontraba en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva, y al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento que transgreda lo dispuesto por el artículo 14 de la LPAG y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, corresponde confirmar la sanción impuesta

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.