Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda — Res. 1953-2025

Mediante Orden de Inspección N° 363-2023-SUNAFIL/IRE-SMA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 096-2023-SUNAFIL/IRE-SMA (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 169-2023-SUNAFIL/IRE-SMA/SIFN, notificada a la impugnante el 05 de septiembre de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 178-2023-SUNAFIL/IRE- SMA/SIFN, notificada el 11 de octubre de 2023, que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de San Martin, la cual, mediante Resolución de Subintendencia N° 250-2023-SUNAFIL/IRE- SMA/SISA, notificada el 30 de octubre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 21 de noviembre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 250-2023-SUNAFIL/IRE-SMA/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia Regional N° 77-2023-SUNAFIL/IRE-SMA, notificada el 04 de diciembre de 2023, La Intendencia Regional de San Martin declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 29 de diciembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Regional de San Martin, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia Regional N° 77-2023-SUNAFIL/IRE-SMA.

La Intendencia Regional de San Martin admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, recibido el 11 de enero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias7.

En ese contexto, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esa línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Regional N° 77-2023-SUNAFIL/IRE-SMA, emitida por la Intendencia Regional de San Martin, que confirmó la sanción impuesta, por la comisión, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 05 de diciembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que, “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra

Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que, “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva,es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad9.

Por su parte, el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de

De acuerdo a las disposiciones normativas expuestas en los considerandos precedentes, se encuentra debidamente acreditado que la impugnante se encontraba en la obligación legal, en virtud a su deber de colaboración con el inspector de trabajo, de cumplir con con facilitarle la información y documentación necesaria para el desarrollo de las funciones inspectivas, de forma oportuna.

A propósito, considerando los hechos señalados en la presente resolución, y de la revisión íntegra del expediente, se evidencia que la inspeccionada (ahora impugnante) fue válidamente notificada vía casilla electrónica con el Requerimiento de Información10 de fecha 24 de mayo del 2023 (materia de imputación), mediante el cual se otorgó un plazo de tres (05) días hábiles para remitir la información necesaria para el objeto de la orden de inspección.

Frente a este requerimiento de información, la impugnante decidió no cumplir con la misma, pese a haberse dejado constancia en dicho documento que el no proporcionar información constituirá INFRACCION A LA LABOR INSPECTIVA sancionable con multa según lo dispuesto por los artículos 3611 y 39° de la Ley 28806, Ley General de Inspección

Al respecto, esta Sala procedió a realizar un análisis exhaustivo sobre el Requerimiento de Información de fecha de fecha 24 de mayo del 2023, habiéndose determinado que el sujeto inspeccionado (ahora impugnante) fue válidamente notificado en su Casilla Electrónica y que incluso se lo alertó oportunamente sobre dicha notificación; conforme se puede acreditar a continuación:

Sobre el particular, es preciso hacer recordar que, con fecha 14 de enero de 2020 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Denominado “Aprueban el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL”, el cual en su artículo 1

Es así que, las obligaciones del usuario de la casilla electrónica contenidas en el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR13 resultan una norma de carácter imperativo y genera un régimen obligatorio bajo los parámetros convalidados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Presidencia del Consejo de Ministros, conforme con las reglas que la propia LPAG a través de su TUO de la LPAG definió para los efectos de la notificación. Así mismo, este decreto definió las pautas para su validez y efectos de su notificación14.

En ese sentido, se puede acreditar que el sujeto inspeccionado (ahora impugnante) fue válidamente notificado, con el depósito del documento Requerimiento de Información, en su Casilla Electrónica; así como, que el envió de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica de SUNAFIL al correo electrónico registrado por el sujeto inspeccionado (ahora impugnante) para tal fin.

Siendo así, de acuerdo con la figura 02 “Accesos a Casilla Electrónica”, el Sujeto Inspeccionado (ahora impugnante) como usuario de la Casilla Electrónica, tiene como primera fecha de ingreso y/o acceso a la Casilla el 14 de junio del 2022, es decir, previo al requerimiento de información notificado el 24 de mayo del 2023 (materia de revisión); determinándose con ello, que conocía sobre su funcionamiento.

En un caso como el analizado, entonces, la sanción administrativa es procedente al haberse impedido la verificación del objeto de la fiscalización laboral, por la conducta referida a no remitir la información solicitada durante las actuaciones inspectivas (inspección del trabajo), al encontrase acreditado el incumplimiento por parte de la impugnante (conforme al numeral 4.3 y 4.5 del Acta de Infracción).

Se debe invocar la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL que contiene el precedente administrativo de observancia obligatoria15, entre otros, ha establecido lo siguiente:

Entonces, el cumplimiento posterior de la entrega de la información es sancionable como una infracción a la labor inspectiva cuando se subsuman en los supuestos establecidos en los precedentes aprobados por este Tribunal en la Resolución Nº 001- 2021-SUNATIL/TFL y la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL.

En el caso analizado, la presentación de documentación con fecha 20 de octubre de 2023, presentados, conjuntamente, con sus descargos a la Imputación de Cargos, esto es, posterior a al cierre de la orden de inspección –; puesto que ya había dado inicio el procedimiento sancionador con la notificación de la imputación de cargos el 05 de setiembre de 2023. Por tanto, no se verifica una eximente de responsabilidad de la impugnante, en los términos alegados, pues, la entrega de la información requerida durante las actuaciones inspectivas, remitida recién durante el procedimiento sancionador y no durante la inspección de trabajo, no permite que la fiscalización laboral determine el objeto de la orden de inspección. De ahí que no resulta acogible el argumento del impugnante referido a que se debe reducir la sanción impuesta; por lo que dicho alegato debe ser desestimado.

En efecto, la Inspección de Trabajo no pudo conocer ni evaluar la documentación presentada 20 de octubre de 2023 mediante la Carta N° 0019-2023-CAT, debido a que la Orden de Inspección había fenecido, conforme el numeral 4.6 del Acta de Infracción, en la que se verifica que la Inspección de Trabajo debido a la conducta de la inspeccionada

De lo expuesto en los fundamentos precedentes, esta Sala verifica que la impugnante tenía pleno conocimiento del requerimiento de información efectuada, al ser debidamente notificada. Por tanto, se ha configurado el tipo infractor contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, al no haberse cumplido con los términos dictados en cada requerimiento de información efectuado por la autoridad inspectiva y plazos otorgados por este, conforme lo han determinado, adecuadamente, las instancias de mérito, al establecer la sanción a imponerse.

Asimismo, esta Sala verifica que, ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, así como tampoco la resolución impugnada, contravienen a la Constitución, ni a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. En consecuencia, no corresponde acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.