Controles Automáticos S.A.C — Res. 858-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materias: Vacaciones). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia programada para el día 20 de noviembre de 2019 a las 10:30 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia programada para el día 26 de noviembre de 2019 a las 08:45 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. La resolución sancionadora no ha valorado correctamente los documentos presentados, siendo el motivo de la ausencia de ambas comparecencias ante SUNAFIL, la solicitud de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, el MINTRA), la cual estaba en proceso, habiendo comunicado cuando llegó a un acuerdo el 16 de diciembre de 2019, debiéndose tener en cuenta que las entidades públicas están interconectadas, más aun si es la SUNAFIL y el MINTRA, por lo que en atención al principio de buena fe y fiabilidad de la administración pública no asistió, procediendo a adjuntar el documento que prueba por qué no asistió a dichas diligencias, siendo así se debe tener en cuenta el acta de conciliación adjuntada, a través de la cual estaría cumpliendo con el objeto del origen de la orden de inspección. ii. Se ha enterado por casualidad la notificación de la Imputación de Cargos, no constando nombre alguno como persona que haya recepcionado dicha notificación, lo que ha violado su derecho al debido proceso y acarrea la nulidad de la notificación, al no haberse seguido el procedimiento de ley, ni se han percatado que la persona que recibe dicha notificación tenga algún vínculo contractual con su representada, ni siquiera se le ha identificado, vulnerándose sus derechos constitucionales de defensa, al haberle impedido que presente sus descargos. iii. Está en desacuerdo, al haberle impuesto una multa por cada inasistencia a las comparecencias, ya que dicho acto es el mismo, que supuestamente engloba la

obstrucción a la labor inspectiva, dado que se trata de la misma infracción, violándose el principio de Non Bis In ídem.

i. El hecho de que haya llegado a un acuerdo conciliatorio con el señor Cuadros para el pago de sus beneficios sociales, no la eximen de responsabilidad a la inspeccionada, ni mucho menos justifican las inasistencias a las comparecencias programadas, pues se tratan de infracciones distintas que se le atribuye en el presente procedimiento sancionador, siendo en este caso dichas inasistencias una falta de colaboración al sistema inspectivo, por lo que, ese documento no subsana sus inasistencias a las diligencias de comparecencias.

ii. Estando a lo dispuesto en la disposición legal antes referida, la notificación de la Imputación de Cargos N° 69-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, el proveído de fecha 19 de octubre de 2020 y el Acta de Infracción N° 4199-2019-SUNAFIL/ILM, han sido válidamente realizados, conforme a las reglas establecidas en el numeral 21.5 del artículo 21 del TUO de la LPAG; por lo que, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 16.1 del artículo 16 del TUO de la LPAG, surtiendo plenos efectos.

iii. En el presente caso no se advierte la imposición de una sanción sucesiva por el mismo hecho, tal como lo alega la inspeccionada en su recurso, toda vez que se han dado hechos distintos, uno consiste en incumplir con no haber asistido a la diligencia programada para el 20 de noviembre de 2019 a las 10:30 horas y el otro que consiste en no haber asistido a la otra diligencia programada para el 26 de noviembre de 2019. Precisa que las citadas comparecencias se notificaron a la inspeccionada el 13 de noviembre de 2019 siendo recibido por Carolina Chávez en calidad de apoderada, y el 20 de noviembre de 2019, siendo recibido por Edinson Liza Gonzales, en calidad de asistente, no existiendo contravención alguna al referido principio, en tanto que, cada una de las infracciones atribuidas se consumaron en fechas distintas.

iv. Para que proceda dicha reducción de multa, las infracciones objeto de sanción deben poder ser subsanadas, no obstante, las infracciones a la labor inspectiva por su naturaleza de entorpecer las actuaciones inspectivas, en el plazo otorgado para que sean efectuadas, son de naturaleza insubsanable en el tiempo.

2 Notificada a la impugnante el 23 de febrero de 2022, ver folio 51 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONTROLES AUTOMATICOS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 09 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 350-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. La resolución de intendencia es nula por vulnerar la debida motivación de las resoluciones administrativas. SUNAFIL ha llegado a la conclusión de que habría incurrido en dos infracciones MUY GRAVE por no asistir a dos comparecencias, pese que se le indicó que estaba en proceso de conciliación con el MTPE sobre el supuesto trabajador afectado y que incluso se probó que se le pagó todo lo adeudado. ii. No se ha pronunciado sobre la nulidad de la notificación de la imputación de cargos, debido que el notificador dejó las citaciones debajo del hall de entrada del “edificio” y no “bajo la puerta” de la empresa. Es así que no se ha seguido el procedimiento de ley ni mucho menos se ha percatado que la persona que recibe la notificación tenga algún vínculo contractual. iii. No se ha valorado los documentos presentados en el expediente inspectivo. El motivo de la ausencia de ambas comparecencias ante la SUNAFIL fue que ya había solicitado la conciliación y estaba en proceso de acuerdo con el trabajador y por tanto se les informó que apenas lleguen a un acuerdo, este debía ser comunicado a la inspección de trabajo, lo cual ocurrió con fecha 16 de diciembre de 2019, tal como consta en documento que adjuntó. Asimismo, se debe considerar que las entidades están interconectadas.

iv. Considerando la justificación de la inasistencia y la subsanación realizada, debe efectuarse la reducción de la multa al treinta por ciento de la multa. v. Se ha vulnerado el principio de non bis in ídem. Se sanciona dos veces por no asistir a la diligencia de comparecencia, concurriendo los tres supuestos para su configuración.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia

9 LGIT, artículo 1. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 11 “Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público.”

trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

- Con fecha 13 de noviembre de 2019 se notificó requerimiento de comparecencia para el día 20 de noviembre de 2019 a las 10:30 horas, conforme se corrobora del “requerimiento de comparecencia” obrante a folio 65, recibido por el apoderado de la impugnante, la misma que tenía por objeto la presentación de documentos, conforme se aprecia de la siguiente figura:

Figura N° 1

- Con fecha 20 de noviembre de 2019 se notificó el requerimiento de comparecencia para el día 26 de noviembre de 2019 a las 08:45 horas, conforme se corrobora del “requerimiento de comparecencia” obrante a folio 69, recibido por el personal de la impugnante, la misma que tenía por objeto la presentación de documentos, conforme se aprecia de la siguiente figura:

Figura N° 2

- Conforme se verifica de los numeral 4.5 y 4.7 del acta de infracción, se advierte que el inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no asistió a las diligencias de comparecencia antes referidas. Asimismo, en el numeral 4.8 dejó constancia que debido a las inasistencias señaladas, no se logró verificar las materias objeto de inspección recomendando la apertura de una nueva orden de inspección.

12 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

13 Folio 15 del expediente sancionador. 14 Folio 16 del expediente sancionador.

bajo puerta, al amparo de lo previsto en el numeral 21.5 del artículo 25 del TUO de la LPAG. Por lo tanto, no se advierte que la referida notificación incurra en causal de nulidad, no correspondiendo amparar dicho extremo del recurso de revisión.

Sobre la aplicación del principio de Non Bis In Ídem

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…) - La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen iuris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los

15 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”16 (énfasis añadido).

a) Identidad de Sujetos: CONTROLES AUTOMATICOS S.A.C.

b) Identidad de Hechos: Los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada se tratan de dos (02) conductas contra la labor inspectiva, sancionables en forma independiente, por cuanto las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata y son insubsanables, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta. En ese sentido, el primer incumplimiento es por no asistir a la diligencia de comparecencia de fecha 20 de noviembre de 2019; mientras que la segunda infracción se configura por inasistencia a la diligencia de comparecencia de fecha 26 de noviembre de 2019, siendo que, tales incumplimientos no han permitido al Inspector comisionado verificar el cumplimiento respecto a las materias contenidas en la Orden de Inspección. En esa línea argumentativa, cada requerimiento de comparecencia constituye una de las modalidades de actuación de investigación a las que se encuentra facultado el Inspector comisionado, por lo que el incumplimiento de cada uno constituye un acto independiente, como ocurre en el presente caso.

c) Identidad de Fundamentos: La obligación cuyo incumplimiento se sanciona tiene los mismos fundamentos: la obstrucción a la labor inspectiva, por la falta del deber de colaboración en la inspección, infracciones tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

16 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

acarrea la imposición de una multa independiente, o, dicho de otro modo, cada incumplimiento constituye una multa.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No asistir a la comparecencia programada para el día 20 de noviembre de 2019 a las 10:30 horas. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No asistir a la comparecencia programada para el día 26 de noviembre de 2019 a las 08:45 horas. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONTROLES AUTOMATICOS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 350-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 102-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 350-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a CONTROLES AUTOMATICOS S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230906CEC