Contratistas Generales en Minería J.H — Res. 666-2022

Mediante Orden de Inspección N° 1414-2020-SUNAFIL/IRE-LIM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 087-2021-SUNAFIL/IRE-LIM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual, se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no haber asistido a la diligencia de comparecencia programada para el 20 de enero de 2021, y, por negarse a proporcionar la información

Mediante Imputación de Cargos N° 156-2021-SUNAFIL/IRE-LIM/SIAI-IC, de fecha 19 de abril de 2021, notificada a la impugnante el 26 de abril de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 193-2021-SUNAFIL/IRE-LIM/SIAI-IF, de fecha 26 de mayo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lima, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 383-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, de fecha 26 de octubre de 2021, notificada el 28 de octubre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 23,144.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 22 de noviembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 383-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, argumentando principalmente, lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 113-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 02 de diciembre de 20212, la Intendencia Regional de Lima declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 27 de diciembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lima, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 113-2021- SUNAFIL/IRE-LIM.

La Intendencia Regional de Lima admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 871-2021-

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CONTRATISTAS GENERALES EN MINERIA J.H. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONGEMIN J.H. S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Nº 113-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 23,144.00 por la comisión de una (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.3 y 46.10, del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 07 de diciembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CONTRATISTAS GENERALES EN MINERIA J.H. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONGEMIN J.H. S.A.C.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de los requerimientos de comparecencia y de las medidas inspectivas de requerimiento. Así lo estipula el numeral 3.1 del artículo 5° de la LGIT: “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.” En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece: “(…) Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)”.

En esa misma línea, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los

Y es que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2: “Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”

Consecuentemente, de acuerdo con el artículo 36 de la citada la LGIT, son infracciones a la labor inspectiva contrarias al deber de colaboración, las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, que perjudiquen la labor de los Supervisores–Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares. Tales infracciones pueden consistir en: 1) La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2) El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3) La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

Sobre el particular, los Vocales integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 del Reglamento del Tribunal, emitieron el Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, del 30 de julio de 20219, el cual, incorpora un conjunto de criterios resolutivos cuya observancia y aplicación resulta obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo. En dicho Acuerdo Plenario, se estableció como criterio vinculante, entre otros, el fundamento jurídico N° 9, relacionado a la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva, el cual establece literalmente lo siguiente:

Como se evidencia de las normas acotadas, las actuaciones inspectivas están orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, previo al procedimiento administrativo sancionador. Dada la trascendencia de dichas actuaciones, la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva es inequívocamente, de carácter principal e independiente de otras posibles infracciones referentes a aspectos sustantivos.

De la revisión de los actuados, se aprecia que, el día 15 de enero de 2021, se notificó a la impugnante, vía casilla electrónica, un requerimiento de comparecencia virtual, a llevarse a cabo, el día 20 de enero de 2021, a horas 09:00 am, con el objeto de recoger manifestaciones y exhibir la siguiente documentación: 1. Vigencia de poder o carta de poder de representación; 2. Declaración jurada de actuaciones inspectivas vía correo electrónico u otro medio; 3. Acreditar el pago o goce físico de vacaciones del periodo 2013 al 2020, y las truncas, correspondientes al trabajador Joel Issac Rodríguez Urbano, para ello debía presentar boletas de remuneración, hojas de liquidación y constancia de depósito.

Sin embargo, conforme lo precisado en el numeral 4.4 de los Hechos constatados del Acta de Infracción, el día y hora señalado, el inspector actuante hizo el llamado en dos (2) oportunidades, no obteniendo respuesta alguna, por cuanto ningún representante o apoderado de la impugnante se presentó a la diligencia, razón por la cual, esta no se pudo llevar a efecto.

Así también, se aprecia que, el día 27 de enero de 2021, se notificó a la impugnante, vía casilla electrónica, un requerimiento de información, a fin de que, remita la información detallada en el párrafo precedente. Todo ello en el plazo de tres (03) días hábiles, advirtiendo además que, si se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según dispone los artículos 36 y 39 de la LGIT y el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Sin embargo, conforme lo precisado en el numeral 4.6 de los Hechos constatados del Acta de Infracción, al día 01 de febrero de 2021, fecha en la que venció el plazo concedido, la impugnante no remitió la información requerida por el inspector actuante.

Considerando lo anterior y habiéndose evidenciado los incumplimientos de la impugnante respecto a los requerimientos de comparecencia y de información, debidamente notificados, en fecha 15 y 27 de enero de 2021, respectivamente, el Inspector actuante, dejó constancia de las infracciones cometidas por la impugnante y recomendó la imposición de sanción económica ascendente a S/23,144.00, lo cual dio mérito al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. Figura N° 06 Acta de Infracción N° 087-2021-SUNAFIL/IRE-ILM, Página 7.

La impugnante fundamenta su recurso en que se habría vulnerado lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 3 de la LGIT, al haberse omitido la conciliación administrativa, impidiéndole obtener un consenso con sus trabajadores, a fin de lograr el cumplimiento de nuestras obligaciones socio laborales y evitar procedimientos sancionadores. Agrega que las actuaciones inspectivas iniciaron el 15 de enero del 2021, y que la comprobación de datos no es una actuación inspectiva, sino, por el contrario, son actuaciones previas a las actuaciones inspectivas.

Sobre el particular, el Decreto Legislativo N° 1499, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 10 de mayo de 2020; estableció diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores de la actividad privada y de los servidores civiles del sector público en el marco de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional. Asimismo, introdujo en la en la LGIT, diversas disposiciones, entre ellas, el artículo 3, cuyo sub numeral 3.1, estableció lo siguiente:

Cabe precisar, que conforme lo estipulado en el último párrafo de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1499, lo previsto sobre la conciliación administrativa en materia de inspección del trabajo, entraría en vigencia a los ciento ochenta (180) días hábiles de publicada la presente norma, esto es, aproximadamente, a finales de enero de 2021.

En el presente caso, se advierte que la Orden de Inspección, se emitió el 10 de diciembre de 2020, siendo que, conforme a lo precisado en el Acta de Infracción, la primera actuación inspectiva desplegada por el inspector actuante, esto es, la comprobación de datos, se llevó a cabo, el 29 de diciembre de 2020, con fecha anterior a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1499.

Y es que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 11 de la LGIT, las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público. Así, el RLGIT, define y detalla en su artículo 12, numeral 12.1, las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias:

En el presente caso, se tiene acreditado que, inicialmente, el Inspector hizo uso de la modalidad de comprobación de datos, habiendo efectuado consultas en las páginas web de la SUNAT, REMYPE y Planillas Electrónicas. En consecuencia, se colige, que las actuaciones inspectivas se iniciaron el 29 de diciembre de 2020, mediante la modalidad de comprobación de datos, no siendo aplicable, las disposiciones sobre conciliación administrativa previstas en el Decreto Legislativo N° 1499. Por lo tanto, no se acoge lo alegado en ese extremo.

Por otro lado, la impugnante, ha señalado que se ha transgredido el literal c) del artículo 45 de la LGIT, al no habérsele otorgado el plazo de quince (15) días para efectuar sus descargos frente al Acta de Infracción.

Sobre este punto, se debe precisar, que el artículo 53 del RLGIT, desarrolla con mayor detalle el trámite que debe seguir el procedimiento administrativo sancionador, a mérito del Acta de Infracción que emite la autoridad inspectiva. El literal e) del numeral 53.1, prevé que el Luego de notificada la imputación de cargos10, el sujeto o sujetos responsables, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, presentan los descargos que estimen pertinentes ante el órgano competente para instruir el procedimiento. Asimismo, el literal a) del numeral 53.2, establece que, recibido el informe final de instrucción, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción notifica al sujeto o sujetos responsables

Como se puede apreciar, en el presente procedimiento sancionador, se han observado los plazos previstos en la normativa reglamentaria de la materia, otorgándosele los plazos de ley, al impugnante, a fin de que pueda formular los descargos que estimare pertinentes. Asimismo, se aprecia de la revisión del expediente, que la impugnante ha presentado sus escritos de descargos, dentro de los plazos conferidos, los mismos que han sido admitidos e incorporados al procedimiento, y evaluados oportunamente por las autoridades competentes. Por lo tanto, no se acoge lo alegado en ese extremo.

Respecto al argumento de que la actuación de la Intendencia Regional de Lima le resulta arbitraria, por considerar que la impugnante ha evidenciado el cumplimiento de sus responsabilidades, se precisa que tal y como lo han advertido las instancias precedentes, la generación de la orden de inspección se realiza como consecuencia de una denuncia solicitada por el ex trabajador en mención, siendo atendido mediante Módulo de Gestión de Cumplimiento, conforme a las directivas y lineamientos propias de la SUNAFIL, siendo que al no haberse detectado cumplimiento conforme lo establecen las normas vigentes, se procedió con la generación de la orden de inspección a fin de realizar las diligencias de investigación inspectiva; sin embargo el sujeto Inspeccionado debido a su falta de colaboración y omisión de proporcionar información, así como el de su Inasistencia al requerimiento de comparecencia, frustró las actuaciones inspectivas a cargo del inspector comisionado. Asimismo, la sanción impuesta responde a los parámetros contenidos en las tablas para el cálculo del monto de las sanciones aplicables, contenidas en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT y sus modificatorias. En consecuencia, no resulta cierto que la impugnante haya cumplido sus responsabilidades, por el contrario, el incumplimiento de las mismas, dio lugar a la generación de la Orden de Inspección y el inicio de las actuaciones inspectivas, en la cual, se constató el quebrantamiento del deber de colaboración, y, por ende, la comisión dos (2) infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.10 y 46.3 del RLGIT. Por lo tanto, no se acoge lo alegado en ese extremo.

Con lo señalado anteriormente, la impugnante no ha desvirtuado su responsabilidad, respecto a la inasistencia a la diligencia de comparecencia programada para el 20 de enero de 2021, y el incumplimiento del requerimiento de información de fecha 27 de enero de 2021, pese a haber sido debidamente notificada, en ambos casos.

Finalmente, se precisa que, de la revisión del presente expediente administrativo, no se aprecia que la impugnante haya formulado un argumento “nuevo” que no se encuentre en las etapas precedentes, más bien, estos han sido debidamente tomados en cuenta, valorados y analizados por las instancias del procedimiento administrativo sancionador, no advirtiéndose alguna vulneración al debido procedimiento.

Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar el recurso de revisión, confirmando las multas impuestas por la comisión de dos (2) infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.10 y 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.