Contratistas Generales en Minería J.H — Res. 351-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Seguridad Social (Sub materia: Aporte a la administradora de fondo de pensiones o entidad financiera designada); Remuneraciones (Sub materia: Pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional; y, Gratificaciones); Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); y, Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas). soft 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

pago de vacaciones, en favor de los ex trabajadores Wilfredo Alfonso Donayres Quijada y Oscar Walter Ortega Villa; una (01) infracción muy grave en materia de seguridad social, por incumplimiento de pago de aportes al sistema privado de pensiones, en favor del ex trabajador Oscar Eduardo Paredes Honores; y tres (03) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por la inasistencia a los requerimientos de comparecencia para el día 21 de diciembre de 2018 y 21 de enero de 2019; y, por no cumplir con la medida de requerimiento notificada el 11 de enero de 20192; en mérito a las denuncias formuladas por los ex trabajadores Oscar Eduardo Paredes Honores, Wilfredo Alfonso Donayres Quijada, y Oscar Walter Ortega Vila (Gerente de Seguridad, Gerente Corporativo de Operaciones y Residente de Obra, respectivamente), por supuestos incumplimientos del pago de beneficios sociales y remuneraciones.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la CTS, en favor del ex trabajador Wilfredo Alfonso Donayres Quijada por el periodo del 23 de abril al 18 de setiembre de 2018 y en favor del ex trabajador Oscar Walter Ortega Villa, por el periodo del 18 de mayo al 30 de setiembre de 2018, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar las remuneraciones de setiembre 2018, en perjuicio de los ex trabajadores Wilfredo Alfonso Donayres Quijada y Oscar Walter Ortega Villa, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no aportar al sistema privado de pensiones por el periodo comprendido desde junio a setiembre de 2018, en perjuicio del ex trabajador Oscar Eduardo Paredes Honores, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

2 Véase folio 149 del expediente inspectivo.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la remuneración vacacional, en favor del ex trabajador Wilfredo Alfonso Donayres Quijada por el periodo del 23 de abril al 18 de setiembre de 2018 y en favor del ex trabajador Oscar Walter Ortega Villa, por el periodo del 18 de mayo al 30 de setiembre de 2018, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la gratificación legal trunca de diciembre de 2018, a favor de los ex trabajadores Wilfredo Alfonso Donayres Quijada y Oscar Walter Ortega Villa, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la bonificación extraordinaria trunca de diciembre de 2018, a favor de los ex trabajadores Wilfredo Alfonso Donayres Quijada y Oscar Walter Ortega Villa, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11 de enero de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia de fecha 21 de diciembre de 2018, a las 13:00 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia de fecha 21 de enero de 2019, a las 10:00 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. Respecto al primer trabajador, Wilfredo Alfonso Donayres Quijada, del periodo laborado 23 de abril de 2018 al 19 de septiembre de 2018, indica que no

correspondía solicitar sus beneficios laborales por la vía administrativa, ya que se está cuestionando en la vía judicial, tal como se acreditó con documento anexo. Por tanto, se estaría vulnerando el principio del non bis in ídem, recogido en el TUO de la LPAG.

ii. Respecto al segundo trabajador, Oscar Walter Ortega Vila, del periodo laborado 18 de mayo de 2018 al 30 de septiembre de 2018, sostiene que ha cumplido con los pagos a cabalidad, adjuntan los abonos correspondientes.

iii. Respecto del trabajador Oscar Eduardo Paredes Honores, del periodo junio 2018 a septiembre 2018, sostiene que ha cumplido con los pagos al sistema privado de pensiones, conforme a la documentación anexa.

iv. Por otro lado, plantea la nulidad de la resolución sancionadora, considerando que, con fecha 12 de noviembre de 2020, fue notificada el Acta de Infracción, junto con la Imputación de Cargos, a sabiendas que el Acta de Infracción debe establecer un plazo máximo de 15 días hábiles para presentar los descargos, plazo que no fue otorgado, conforme a lo establecido en el artículo 45, literal c) de la LGIT.

En tal sentido, sostiene que se ha contravenido el principio de legalidad, perjudicando su derecho de defensa, que permite obtener una decisión fundada en hecho y en derecho. Por tanto, solicita se deje sin efecto el presente procedimiento.

i. Respecto a la nulidad planteada, con la emisión del Decreto Supremo N° 016-2017- TR se modifica el RLGIT, incorporando la Fase Instructora dentro del procedimiento sancionador, y estableciendo que ésta se inicia a mérito del acta de infracción, debiendo notificarse a los sujetos inspeccionados con la imputación de cargos, luego del cual éstos tienen un plazo no mayor de cinco (05) días para formular sus descargos y posteriormente emitirse el informe final correspondiente.

ii. Por ello, el plazo otorgado para la presentación de sus descargos contra la imputación de cargos, se encuentra acorde a las modificaciones realizadas al procedimiento sancionador.

iii. Respecto al conflicto con la función jurisdiccional, para el presente caso, en atención a lo prescrito en el artículo 75 del TUO de la LPAG, señala que no correspondía a las autoridades de primera instancia inhibirse de conocer el presente procedimiento, al no concurrir las siguientes condiciones: i) la necesidad objetiva de obtener un pronunciamiento judicial previo; y, ii) la estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos.

iv. Sin perjuicio de lo establecido, precisa que la inspeccionada ha adjuntado la Resolución N° 01, de fecha 10 de septiembre de 2019, conteniendo el Auto Admisorio con el que se admite la demanda interpuesta por Wilfredo Alfonso Donayres Quijada, contra el Consorcio Minero Horizonte S.A. y Contratistas Generales en Minería JH S.A.C., sobre el pago solidario por concepto de

3 Notificada a la impugnante el 14 de febrero de 2022, véase folio 79 del expediente sancionador.

remuneración y beneficios sociales no pagados e indemnización por daños y perjuicios.

Al respecto, la Intendencia revisó el Módulo de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial del Perú, apreciándose que el Expediente N° 02050-2019-0-3202- JR-LA-01 se encuentra en trámite. Por tanto, no existe a la fecha resolución judicial firme que obligue a tener en consideración lo analizado por el juzgado, conforme lo dispone el artículo 254 del numeral 254.1, inciso 2 del TUO de la LPAG.

v. Sobre la vulneración al principio de non bis in ídem, precisa que no se lesiona el citado principio, cuando existe un proceso laboral en trámite y un procedimiento administrativo sancionador por los mismos hechos, pero distintos sujetos y fundamentos. Aclara que dicho principio tiene como objeto establecer límites a la potestad sancionadora de la Administración Pública cuando coexista una pena y una sanción o dos sanciones que se impongan en vía administrativa, lo que no sucede en el caso de autos.

vi. Ahora bien, la impugnante ha alegado haber subsanado las infracciones materia de análisis. Al respecto, de la revisión de los actuados en la fase instructora como en la primera instancia, observa que ésta no presentó medios probatorios que evidencien que los hechos imputados hayan sido subsanados con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador, inclusive luego de éste.

vii. Por otro lado, adjunto a su recurso de apelación, la impugnante ha presentado medios probatorios con fecha posterior a la emisión de la imputación de cargos, con la cual indica haber subsanado las infracciones que se le imputan; por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la LGIT, advierte que la autoridad sancionadora de primera instancia deberá evaluar si corresponde que acceda al beneficio de reducción de la multa que le fue impuesta.

viii. Respecto a las infracciones a la labor inspectiva, determina que la impugnante no ha presentado argumento de defensa con relación a éstas, no encontrándose, por tanto, elementos que permitan desvirtuar la responsabilidad en la que ha incurrido, y que han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia.

ix. Finalmente, recalca que el pronunciamiento de primera instancia se encuentra debidamente motivado, en tanto se han detallado los hechos que fundamentan la sanción, precisando las normas vulneradas y determinándose que la inspeccionada incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción, no advirtiéndose vulneración al principio de legalidad aludido, derecho a la defensa o al debido procedimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONTRATISTAS GENERALES EN MINERIA J.H. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CONGEMIN J.H. S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 299-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Que, la autoridad inspectiva se encuentra errada al señalar que la identidad de sujetos no son los mismos, debido a que la i) Identidad de sujeto, alude al imputado o sancionador, en este caso la pretensión punitiva se ejerce contra el mismo sujeto CONTRATISTAS GENERALES EN MINERIA JH S.A.C.

ii. Con respecto a la ii) Identidad de Hechos, el ex trabajador solicita a través de la presente vía, el pago de CTS del periodo 23 de abril al 18 de septiembre de 2018; pago de remuneración de septiembre 2018; pago de remuneración vacacional del periodo 23 de abril al 18 de septiembre de 2018; pago de gratificación legal y bonificación extraordinaria trunca de diciembre 2018. De la misma forma, vía judicial solicita como pretensión principal el pago solidario por concepto de remuneración y beneficios sociales de los mismos periodos.

iii. Así también se tiene a la iii) Identidad de fundamentos, por cuanto es el mismo, resultando evidente la vulneración al principio de non bis in ídem.

iv. Que, la Intendencia no se ha pronunciado respecto a los medios probatorios anexados al recurso de apelación, vulnerando el principio de legalidad, por ende, no se está ante un debido procedimiento, deviniendo las infracciones impuestas en nulas.

v. Sobre la nulidad planteada, con fecha 12 de noviembre de 2020 fue notificada el Acta de Infracción junto con la Imputación de Cargos, a sabiendas que el Acta de Infracción debe establecer un plazo máximo de 15 días hábiles para presentar los descargos, plazo que no fue otorgado, conforme a lo establecido en el artículo 45, literal c) de la LGIT, perjudicando el derecho de defensa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento

“Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten” (énfasis añadido).

10 Al respecto, véase el siguiente enlace: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/01899-2017-AA.pdf.

las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. (...) De igual modo, (…) este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (párrafo 69) (…) (énfasis añadido).

“3.31. Que, por otro lado, adjunto a su recurso de apelación, el sujeto inspeccionado ha presentado los siguientes medios probatorios con los

que pretende acreditar el haber cumplido con los abonos correspondientes: i) Liquidación de Beneficios Sociales a nombre de Ortega Villa Oscar, del 24 de septiembre de 2018, a folios 61 (reverso); ii) Constancia de transferencia Scotiabank, de fecha 08 de julio de 2021, a nombre de Ortega V. Oscar, a folios 62 (anverso); iii) Boleta de pago de remuneraciones, de septiembre 2018, a nombre de Ortega Villa Oscar, a folios 62 (reverso); iv) Auto Admisorio de fecha 10 de septiembre de 2019, del Expediente N° 02050-2019-0-3202-JR-LA-01, por pago de beneficios sociales seguidos por el trabajador Donayres Quijada Wilfredo contra la recurrente, a folios 63 y 64 (anverso); v) Planilla y Declaración y Pago de Aportes Previsionales, periodo de devengue 2018-08, y fecha de pago 28 de octubre de 2019, correspondiente al trabajador Paredes Honores Oscar, a folios 64 (reverso); vi) Planilla y Declaración y Pago de Aportes Previsionales, periodo de devengue 2018-07, y fecha de pago 19 de mayo de 2021, correspondiente al trabajador Paredes Honores Oscar, a folios 65 (anverso); vii) Planilla y Declaración y Pago de Aportes Previsionales, periodo de devengue 2018-06, y fecha de pago 06 de marzo de 2021, correspondiente al trabajador Paredes Honores Oscar, a folios 65 (reverso); y, viii) Planilla y Declaración y Pago de Aportes Previsionales, periodo de devengue 2018-09, y fecha de pago 19 de mayo de 2021, correspondiente al trabajador Paredes Honores Oscar, a folios 66 (anverso). 3.32 (…) en cuanto a los medios aportados en su recurso de apelación, resulta oportuno traer a colación lo establecido en el artículo 40 de la LGIT (…). 3.33 Por tanto, considerando que la inspeccionada ha presentado documentación, con fecha posterior a la emisión de la imputación de cargos, con la cual indica haber subsanado las infracciones que se le imputan, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 40 de la LGIT, la autoridad sancionadora de primera instancia deberá evaluar si corresponde que acceda al beneficio de la reducción de la multa que le fue impuesta11”.

11 Énfasis agregado.

sancionador, no puede inhibirse de emitir pronunciamiento respecto de los argumentos y medios probatorios que sustentan un recurso de apelación, esto en el marco de garantizar el debido procedimiento del administrado, el cual se encuentra contenido en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG y en el inciso 2 del artículo 248 del mismo cuerpo normativo. Por ende, se exhorta a la Intendencia de Lima Metropolitana, tomar en cuenta lo señalado en los futuros procesos a resolver.

“28. En ese sentido, debe puntualizarse que el comportamiento de todos los componentes del Sistema de Inspección del Trabajo respecto al derecho

12 TUO de la LPAG, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo “(…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

fundamental a probar de los inspeccionados (y de los terceros con interés) debe ser observado a fin de que las competencias ejercidas por fiscalizadores y órganos del procedimiento sancionador se ejecuten en términos compatibles con el debido procedimiento administrativo. Conforme con la Sentencia citada precedentemente, la evaluación de las pruebas aportadas permite garantizar el respeto del debido procedimiento administrativo. 29. Así, los órganos sancionadores deben verificar si durante la fiscalización laboral, los inspectores de trabajo han considerado los medios de prueba presentados por los inspeccionados, motivando sus propuestas o justificando sus decisiones; siendo así que la motivación en las Actas de Infracción debe contemplar la valoración de los medios de prueba pertinentes que haya aportado el inspeccionado para acreditar la licitud de su comportamiento. 30. De lo anterior, cabe señalar que, los medios de prueba que son analizados en la inspección del trabajo, incluyen a los informes de parte presentados por el sujeto inspeccionado, siempre que se trate de documentación pertinente; es decir, que constituya un instrumento adecuado para la apreciación y valoración de los componentes de un caso concreto, conforme con el deber de buena fe ante la Administración. Así, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, los empleadores se encuentran en la obligación de realizar e implementar las obligaciones en materia de prevención de riesgos, por lo que el personal a su cargo, conforme con sus funciones, puede emitir informes que deben ser examinados por los inspectores actuantes como medios de prueba aportados por la interesada. Sin embargo, la presentación o exhibición de información impertinente; es decir, no conducente a probar alguna conducta o hecho materia de análisis o no idónea para ello, suponiendo un puro recargo documental, podrá ser calificada como un acto contrario al deber de colaboración, conforme con los hechos ocurridos en cada caso. 31. Sobre el particular, siguiendo una nutrida corriente de resoluciones emitidas por la Primera Sala del Tribunal, tales como las Resoluciones Nº 127-2022, 1187- 2022, entre otras, y a la luz de los principios de veracidad y verdad material expresamente reconocidos en el TUO de la LPAG, debe reafirmarse que las declaraciones juradas, informes y comunicaciones en general presentadas por la parte interesada —sea por representantes de la compañía o por personal subordinado del sujeto fiscalizado, incluyendo al propio denunciante— no son instrumentos suficientes para generar convicción a su favor, sea que ello se exponga en la inspección o durante el procedimiento sancionador. Esto, debido a la naturaleza asimétrica de la relación laboral, que pone al declarante en un vínculo jurídico especial con la parte interesada. De esta manera, los indicados instrumentos no son idóneos para contrarrestar la presunción de certeza a la que refiere el artículo 16º de la LGIT en favor de las actas de infracción; pero sí deben ser valorados por los inspectores en el cumplimiento de sus funciones.

32. En ese sentido, el TUO de la LPAG recoge esta regla probatoria al disponer que la carga de la prueba se rige por el denominado “principio de impulso de oficio”, en virtud del cual es a la autoridad a quien corresponde “dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias13”. A decir de Morón Urbina, “el principio de impulso de oficio impone a la Administración la obligación de verificar y probar los hechos que se imputan o que han de servir de base a la resolución del procedimiento, así como la obligación de proceder a la realización de la actividad probatoria misma cuando lo requiera el procedimiento14”.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

13 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo (…) 1.3. Principio de impulso de oficio. – Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 14 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento…, Tomo II, 18. 15 Cfr. artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 16 TUO de la LPAG, Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”.

administrativo, según fue invocado por la impugnante, el Tribunal se encuentra en la obligación de revisar el cumplimiento de esta normativa adjetiva en materia sociolaboral. Cabe resaltar que la normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujeto del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídica procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo.

17 TUO de la LPAG, Artículo 227.- Resolución “(…) 227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.”

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CONTRATISTAS GENERALES EN MINERIA J.H. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CONGEMIN J.H. S.A.C., y; en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 299-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 10 de febrero de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2215-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Intendencia N° 299-2022- SUNAFIL/ILM, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente Resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a CONTRATISTAS GENERALES EN MINERIA J.H. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CONGEMIN J.H. S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.19 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230412MCR