Contraloria General de la Republica — Res. 512-2024

Mediante Orden de Inspección N° 243-2021-SUNAFIL/IRE-TAC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 132-2021-SUNAFIL/IRE-TAC (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otra, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 14 de abril de 2021.

Mediante Imputación de Cargos N° 094-2022-SUNAFIL/IRE-TAC/SIA-IC, de fecha 20 de mayo de 2022, notificado el 23 de mayo de 20222, se dio inicio a la etapa instructiva,

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 163-2022-SUNAFIL/IRE-TAC/SIFN- IFI, de fecha 17 de junio de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Tacna, la que mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 394-2022- SUNAFIL/IRE.TAC/SISA, de fecha 1 de setiembre de 2022, notificada el 5 de setiembre de 20223, multó a la impugnante por la suma de S/ 18,480.00 por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 26 de setiembre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 394-2022-SUNAFIL/IRE.TAC/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 123-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, de fecha 10 de noviembre de 20224, la Intendencia Regional de Tacna declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 1 de diciembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Tacna, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 123-2022- SUNAFIL/IRE-TAC.

La Intendencia Regional de Tacna admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000803-2022- SUNAFIL/IRE-TAC, recibido el 7 de diciembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 123- 2022-SUNAFIL/IRE-TAC, que confirmó la sanción impuesta de S/18,480.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 14 de noviembre de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Se debe precisar que, de la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de una (01) infracción grave en materia de relaciones laborales. Asimismo, por la comisión de una (01) infracción muy grave la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre el particular, debe observarse la naturaleza del recurso de revisión regulado por el artículo 218 del TUO de la LPAG, el cual establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, la siguiente redacción: "Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT, establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Por otro lado, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, establece que el recurso de revisión tiene por finalidad:

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente. Por lo que, no corresponde que esta Sala se pronuncie sobre lo alegado por el impugnante con relación a la infracción grave, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT en cuanto a su aplicación errónea, puesto que escapa de su competencia.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración al debido procedimiento, debida motivación, puesto que señala se habría inaplicado el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, y el numeral 4 del artículo 3 del referido TUO de la LPAG, así como, la vulneración de su derecho de defensa por la inaplicación del numeral 3 del artículo 66 del TUO de la LPAG. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Ahora bien, la impugnante alega que se ha afectado con ello su derecho a la defensa, puesto que indica se ha inaplicado el numeral 3 del artículo 66 del TUO de la LPAG y el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, pues no se atendió su pedido de información pública solicitado a través de su escrito de descargos al Informe Final de Instrucción, como se observa en la siguiente imagen: Figura N° 01

6.15

Asimismo, mediante su recurso de apelación presentado el 26 de setiembre de 2022, nuevamente solicita se atienda su requerimiento de información, señalando que:

De lo expuesto, el pedido del impugnante consistió en qué se le brinde copia simple de la resolución o norma reglamentaria que oficializa la forma y modelo de la medida inspectiva de requerimiento, así como la Resolución de Intendencia N° 062-2022-SUNAFIL/IRE-TAC y demás documentos. En principio, corresponde señalar que la Resolución de Intendencia N°062-2022-SUNAFIL/IRE-TAC y demás documentos emitidos después del acta de infracción fueron debidamente notificados a la impugnante, en su oportunidad, conforme se tiene a la vista en el presente expediente los cargos de notificación vía casilla electrónica y notificación física a folios 282, 323, 389, 399, 503, del expediente sancionador. Asimismo, se advierte que, la impugnante en cada estadio del procedimiento ha presentado sus escritos de descargos, y recurso de apelación.

Adicionalmente, la Resolución de Sub Intendencia N° 394-2022-SUNAFIL/IRE.TAC/SISA, en su fundamento décimo primero, señala que la medida inspectiva de requerimiento ha sido esbozada en base a la Resolución de Superintendencia N° 232-2018-SUNAFIL de fecha 28 de diciembre de 2018, que aprueba los FORMATOS EMPLEADOS POR EL PERSONAL INSPECTIVO contenidos en el Anexo N°02 de la citada resolución. Así de su revisión, tenemos que para la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, se estableció el siguiente formato:

Ahora bien la impugnante considera que al no atender su pedido de información, se habría lesionado su derecho de defensa puesto que se habría inaplicado el numeral 3 del artículo 66 del TUO de la LPAG, el cual señala concretamente que es un derecho del administrado: “Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley”.

Sobre este punto, si bien las instancias anteriores no han dado respuesta al pedido de la impugnante, esta Sala no advierte lesión a su derecho de defensa. En primer lugar, debido a que todos los actuados del presente procedimiento han sido debidamente notificados a la impugnante, otorgándole el plazo correspondiente para ejercer su derecho de defensa. Y en segundo lugar, porque el cuestionamiento de la impugnante es a considerar que la medida inspectiva de requerimiento no ha seguido debidamente los parámetros establecidos; situación que no ha sucedido en el caso, pues como se verifica, la medida inspectiva de requerimiento emitida el 14 de abril de 2021, siguió el formato establecido en la Resolución de Superintendencia N° 232-2018-SUNAFIL y así como la Resolución de Superintendencia N° 216-2021 SUNAFIL, que aprueba la Versión 2 de la Directiva N° 001- 2020-SUNAFIL/INII, denominada “DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA”.

Del mismo modo, la impugnante pudo solicitar debidamente su pedido conforme al procedimiento establecido en la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, que en su artículo 11 prescribe:

Es así que, si bien el pedido formulado por la impugnante en el primer otro sí de su escrito de descargos al Informe Final no fue atendido, ello no puede significar que se haya vulnerado el derecho de defensa de la impugnante. Pues el documento solicitado no sustenta el argumento de la impugnante, con relación a que la medida de requerimiento no fue esbozada conforme a los criterios establecidos; asimismo, como se ha indicado líneas

En consecuencia, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio no resulta trascendente y se encuentra comprendido en el numeral 14.2.4, en cuanto se ha concluido indudablemente que la decisión asumida por las instancias de mérito habría tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio, en aplicación de dicho dispositivo, se tiene que este vicio no ha acarreado la nulidad del procedimiento.

Es así como, del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que no se ha afectado el debido procedimiento, el derecho de defensa del administrado y la debida motivación, en la medida que tanto la Sub Intendencia e Intendencia correspondientes han emitido dado respuesta concretamente a los argumentos más relevantes del administrado entorno a la infracciones cometidas.

En esa línea de razonamiento, esta Sala considera que no se ha vulnerado el debido procedimiento, a través de su manifestación de la debida motivación y derecho de defensa.

Sobre el particular, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral, por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2 que:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la medida de requerimiento, el inspector de trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”11:

En similar sentido -y de manera referencial– la versión 2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021, mantiene el mismo enfoque al detallar los factores para el establecimiento del plazo de cumplimiento en el numeral 7.15.5.

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso, habiéndose determinado en base a los principios de primacía de la realidad e irrenunciabilidad de derechos, se determinó que el vínculo laboral del trabajador inicio el 29 de noviembre de 2011 y concluyo el 01 de marzo de 2021. Es así que, el inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 26 de marzo de 2021, notificada en el 12 de abril de 2021 a la impugnante, con la cual se le otorgó el plazo de tres (03) días hábiles, a fin de que adopte las medidas necesarias que acrediten el cumplimiento de las normas sociolaborales, con la debida advertencia de que el incumplimiento de requerimiento constituirá una infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, conforme se puede apreciar a continuación:

Sin embargo, conforme consta en el numeral 4.35 de los Hechos Constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento, pues no cumplió con el pago íntegro de su remuneración del periodo de 19 de febrero de 2021 a 01 de marzo de 2021; generando con ello una infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Asimismo, si bien se mantiene la conducta infractora en la medida inspectiva de requerimiento, se debe a que la infracción a la labor inspectiva fue comprobada en su momento, por ello, todo acto posterior no remediará los efectos negativos de no cumplir con subsanar, dentro del plazo establecido, las infracciones advertidas por el inspector comisionado.

Cabe precisar que, si bien se admite prueba en contrario a ser actuada dentro del procedimiento inspectivo y del procedimiento sancionador, la impugnante no ha presentado elementos ni ha aportado medios de prueba que permitan desvirtuar las infracciones en las que ha incurrido, las cuales han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera y segunda instancia.

Por otra parte, la impugnante señala que se ha inaplicado el artículo 14 de la LGIT, respecto al vicio relacionado a la elaboración del documento denominado “Medida de requerimiento” en un formato no autorizado; asimismo, cuestiona que se ha aplicado erróneamente el numeral 5.3 del artículo 5, tercer párrafo del artículo 14° de la LGIT y del numeral 18.2 del artículo 18 del RLGIT, pues son conductas diferentes el adoptar que el acreditar el cumplimiento.

Sobre este punto, esta Sala verifica que la mencionada medida de requerimiento de fecha 26 de marzo de 2021, y notificada el 12 de abril de 2021, fue elaborada conforme al formato correspondiente; por otro lado, se observa que se otorgó un plazo razonable a la impugnante para su cumplimiento (tres días hábiles), sin embargo, conforme menciona la impugnante en su escrito sobre el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, a folio 216 del expediente inspectivo, se advierte que en este no se expone que la medida de requerimiento fue expedida con algún vicio en el formato o que el plazo otorgado es irrazonable y que por ser una entidad pública no podría cumplirlo; por el contrario, la impugnante considera cumplido el requerimiento y desacata el mandato del inspector por considerar que no existe adeudo alguno a las remuneraciones del trabajador afectado a la fecha de cese del 19 de febrero de 2021, cuando conforme a lo verificado por el inspector, el trabajador afectado laboró hasta el 1 de marzo de 2021; conforme se advierte del considerando primero de su escrito:

Adicionalmente, se observa que la medida inspectiva de requerimiento fue emitida en el marco de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 243-2021- SUNAFIL/IRE-TAC, y en relación con los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción. Por lo tanto, al no advertir afectación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, corresponde declarar infundado el recurso de revisión en este extremo, en tanto la impugnante no acreditó el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

En tal sentido, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; puesto que, se encontraba en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva, y al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, que transgreda lo dispuesto por el artículo 14 de la LPAG y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, corresponde confirmar la infracción tipificada; en consecuencia, no acoger los argumentos expuestos en este extremo por parte de la impugnante en relación a la supuesta afectación de los dispositivos legales de los artículos 5 y 14 de la LGIT, y el artículo 18 del RLGIT.

Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, precisando que “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

En ese sentido, en el artículo 47 del RLGIT, se dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 248 numeral 3) del TUO de la LPAG12. Considerando ello, en la resolución de primera instancia, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa, se realiza ello, sobre la base de lo sustentado y de acuerdo con la normativa vigente. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto.

Sin perjuicio de lo señalado previamente, respecto a las infracciones subsistentes, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG13, la autoridad de primera instancia ha motivado su resolución, con base al contenido del Acta de Infracción, que recoge los medios de investigación utilizados en el presente caso y en los antecedentes generados en la Orden de Inspección, lo cual no está proscrita de hacer. Por lo tanto, no habiendo, la impugnante, desvirtuado la infracción subsistente, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.