Contraloría General de la República — Res. 433-2025

Mediante Orden de Inspección N° 15310-2018-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3939-2018 (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, entre otras, de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 2108-2020-SUNAFIL/ILM/AI1 de fecha 10 de noviembre de 2020, notificada a la impugnante el 06 de setiembre de 20212, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 2099-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 30 de noviembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Resolución 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 635-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 01 de junio de 2022, notificada a la impugnante el 03 de junio de 20223, multó a la impugnante por la suma de S/ 37,350.00 soles por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 22 de junio de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 635-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1237-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 20 de junio de 20224, la Intendencia de Lima Metropolitana resolvió revocar en parte la resolución apelada, pero confirmó la multa de S/ 37,350.00 soles, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 15 de agosto de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1237- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM- 001326- 2023-SUNAFIL/ILM, recibido el 23 de mayo de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N°

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

La impugnante señala que correspondería aplicarle la eximente de responsabilidad prevista en el literal b) del artículo 257 del TUO de la LPAG, el cual dispone que constituyen condiciones eximentes el obrar en cumplimiento de un deber legal, el cual se aplica al presente caso por la prohibición legal de pagar horas extras dispuesta en la Ley del Presupuesto del Sector Público.

Esta causal en efecto se aplica cuando se materializan acciones infractoras que se originan en el cumplimiento de disposiciones normativas o del ejercicio de un determinado derecho. Ello se desprende de la propia redacción de este extremo de la norma:

La impugnante alega que no cumplió con pagar las horas extras a los veinte (20) trabajadores afectados debido a que las restricciones presupuestarias establecidas en las leyes del Presupuesto del Sector Público para el año 2017 y 2018 se lo impedían. Es decir, como el pago de horas extras se encuentra prohibida legalmente en las entidades de la Administración Pública no puede sancionársele por actuar en cumplimiento de un deber legal.

Al respecto, efectivamente la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017 (Ley N° 30518), indica en su numeral 8.6 que “Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras” Asimismo, el numeral 8.7 de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018 (Ley N° 30693) dispuso que “Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras”.

Debe tomarse en cuenta que la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público, que goza de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, conforme a la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27785,

Entonces, al ser una entidad pública si le son aplicables las prohibiciones de las leyes de presupuesto antes citadas, en tal sentido, no se le puede hacer responsable por haber actuado ceñido a las normas legales que emite el poder ejecutivo; no obstante, la prohibición regulada únicamente se circunscribe a la limitación de hacer gastos por concepto de horas extras, es decir, se refiere a una prohibición de carácter económico, pero en ningún momento se menciona que esta prohibición deba alcanzar también a la posibilidad de que los trabajadores puedan compensar estas horas laboradas en sobretiempo con descanso sustitutorio.

Nótese, que el mismo SERVIR emitió el Informe Técnico N° 729-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 22 de mayo de 2019, ante una consulta sobre compensación de horas extras en las entidades de la administración pública, y concluyó lo siguiente:

De conformidad con el artículo 11 de la Ley 28561, en concordancia con el artículo 11 de su Reglamento, la programación de horas extras se hará teniendo en cuenta las necesidades del servicio y la aceptación voluntaria del trabajador, siendo que para los trabajadores del sector público, independientemente del régimen laboral al cual pertenecen, se tomará en cuenta las restricciones presupuestables vigentes, con lo cual al trabajo realizado en sobretiempo será compensado mediante descanso sustitutorio. (resaltado agregado)

Este mismo tenor, es compartido en las conclusiones del Informe Técnico N° 001757- 2023-SERVIR-GPGSC de fecha 27 de noviembre de 2023, ante la consulta sobre las horas extras en las entidades de la administración pública: III. CONCLUSIONES […] 3.3 En general, en el sector público, de producirse trabajo en sobretiempo o en horas extras, considerado como aquel prestado en forma efectiva en beneficio del empleador fuera de la jornada ordinaria diaria o semanal vigente

En tal sentido, puede que la impugnante no haya podido realizar el pago de horas extras en favor de los trabajadores afectados por las prohibiciones legales vigentes; no obstante, no tenía ninguna limitante para instaurar un procedimiento que le permita compensar dicho trabajo en sobretiempo con descanso sustitutorio en favor de sus trabajadores afectados.

En por ello que, en el presente caso, tanto el Inspector comisionado como la autoridad sancionadora de primera instancia describieron el hecho infractor como un incumplimiento de “no pagar o compensar las horas extras laboradas, a favor de los 20 trabajadores”. Es decir, desde el principio del procedimiento se le hizo saber a la impugnante que el reproche administrativo también incluyó su incumplimiento de compensar de alguna forma el trabajo en sobretiempo plenamente verificado por el personal inspectivo en el Acta de Infracción.

No hay duda de que tales hechos se subsumen en el hecho infractor tipificado en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT el cual describe la conducta de incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general.

En tal sentido, corresponde desestimar el recurso de revisión en este extremo, toda vez que no aplica el eximente de responsabilidad invocado si se tiene en cuenta que no hubo ninguna limitación legal para instaurar un procedimiento idóneo a efectos de compensar con descanso sustitutorio el trabajo en sobretiempo prestado por los trabajadores afectados.

La Constitución Política del Perú en su artículo 25, señala que: “La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo”.

Por otro lado, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002-TR (en

Asimismo, el artículo 10 del TUO de la LJTHTS, establece que: “El tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se considera en sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las dos primeras horas no podría ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora calculado sobre la remuneración percibida por el trabajador en función del valor horas correspondiente y treinta y cinco por ciento (35%) para las horas restantes […] El empleador y el trabajador podrán acordar compensar el trabajo prestado en sobretiempo con el otorgamiento de periodos equivalentes de descanso”

Por su parte, el Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-TR (en adelante, Reglamento del TUO de la LJTHTS), en su artículo 20, dispone que: “Se considera trabajo en sobretiempo a aquel que exceda de la jornada ordinaria vigente en el centro de trabajo, aun cuando se trate de una jornada reducida” Asimismo, en su artículo 26 indica que “El acuerdo referido a la compensación del trabajo en sobretiempo con otorgamiento de periodos equivalentes de descanso, a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 10° de la Ley, deberá constar por escrito, debiendo realizarse tal compensación, dentro del mes calendario siguiente a aquel en que se realizó dicho trabajo, salvo pacto en contrario”.

En el presente caso, el personal inspectivo verificó del registro de control de asistencia presentado, que un total de veinte (20) trabajadores del área de procuraduría de la impugnante habían realizado horas extras en los años 2014 al 2018, al haberse prestado servicios desde antes de la jornada establecida como ingreso, así como después de la hora establecida como salida. Y respecto a ello el Inspector de Trabajo también concluyó que no se ha verificado que la impugnante haya realizado el pago y/o compensación de la labor en sobretiempo (horas extras) durante el periodo verificado.

Para la impugnante, lo único obligatorio es efectuar el pago de horas laboradas en sobretiempo, más no es imperativo compensarlos utilizando descansos sustitutorios. Sin embargo, en su condición de entidad pública estaba prohibida a efectuar gastos por concepto de horas extras en favor de sus trabajadores; siendo ello así, la única forma de retribuir las horas extras prestadas por los trabajadores afectados era a través de la compensación equivalente en descanso sustitutorio que establece el artículo 10 del TUO de la LJTHTS.

Al respecto, y como lo habíamos mencionado previamente, justamente la postura que ha tomado el órgano rector de la gestión de recursos humanos en el sector público

En tal sentido, alegar lo contrario, sería descartar cualquier forma de retribución del trabajo en sobretiempo de los trabajadores de las entidades públicas, es decir, si se acogiera la tesis de la impugnante dichos trabajadores no tendrían ningún tipo de derecho a una retribución por concepto de horas laboradas en sobretiempo, lo cual es un criterio totalmente errado que no puede ser acogido por esta Sala.

En consecuencia, se acredita una correcta aplicación e interpretación de la norma invocada en este extremo de la resolución impugnada y por tanto se desestima el recurso de revisión sobre este punto.

Al respecto, en la resolución impugnada no se advierte que la Intendencia de Lima Metropolitana haya aplicado el artículo 214 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, es más, no hay ningún acápite donde lo cite o haga alguna referencia a su contenido.

Sin perjuicio de ello, se advierte que, en la resolución impugnada, la Intendencia respectiva decidió revocar en parte un extremo de la resolución impugnada, ello en mérito a que estimó un argumento del impugnante referido a la prescripción de ciertos periodos de incumplimiento de pago y/o compensación de horas extras, por tanto, descartó dichos periodos y solo se sancionó por los periodos que no habían prescrito.

Ello de plano no constituye ninguna vulneración al debido procedimiento, simplemente la autoridad de segunda instancia ha resuelto el recurso de apelación presentado de la forma como consideró conveniente y en aplicación de su potestad reconocida en el artículo 227 del TUO de la LPAG12, el cual le concede la potestad de estimar en todo o en parte las pretensiones impugnatorias planteadas por los administrados.

Ello sin perder de vista que la Intendencia si era competente para ello, en consonancia a lo regulado en el literal ñ) del artículo 41 del Reglamento de Organización y Funciones, el cual indica que:

La Impugnante señala que se ha cometido transgresión al principio de razonabilidad, en relación con la emisión o error de parte de la administración de graduar la sanción conforme a la referida norma obligatoria.

Sobre el particular, el numeral 3 del artículo 248 del TUO del LPAG, prescribe que:

En cuanto al criterio de razonabilidad corresponde indicar que respecto a las infracciones muy graves tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, no existe normativa que permita al personal inspectivo o sancionador graduar las multas con criterios de proporcionalidad y razonabilidad aplicados al caso en concreto, ya que se trata de un sistema de multas tasada, el cual, según el artículo 38 de la LGIT determina que las multas se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) gravedad de la falta cometida b) número de trabajadores afectados y c) tipo de empresa.

Por tanto, de los actuados se verifica la observancia del principio de razonabilidad al momento de imponer la presente multa administrativa, obedeciendo la misma, a los parámetros legalmente establecidos por el ordenamiento de inspección de trabajo, tampoco se acredita algún supuesto de reducción de la multa, siendo la medida punible más idónea y de menor afectación para la inconducta verificada en autos y de acuerdo

Por otro lado, la impugnante sostiene que se ha vulnerado su derecho de defensa porque en su momento solicitó acceso y pidió documentos contenidos en el expediente indicando que la autoridad sancionadora no ha cumplido con atender este pedido.

Al respecto, de la revisión del expediente no se aprecia algún tipo de vulneración al derecho de defensa y debido procedimiento en este extremo, dado que no existe ningún pedido de información que haya quedado pendiente de atender. Lo que si existe son argumentos de defensa presentados contra la imputación de cargos e informe final, los cuales fueron absueltos oportunamente por las autoridades de instrucción y sanción respectivamente, entonces no es que se le haya negado el acceso a la información del expediente, sino que se ha desestimado sus argumentos de defensa en dichos extremos.

En ese orden de ideas, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Por otro lado, es necesario precisar que, conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso

del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, así como se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo), existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo). Por ello, la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT.

Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y de seguridad y salud en el trabajo, dada la naturaleza independiente de la infracción a la labor inspectiva, conforme a la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, de fecha 30 de julio de 2021, que contiene el precedente administrativo de observancia obligatoria donde, entre otros, se fijó el criterio sobre la naturaleza de la infracciones a la labor inspectiva:

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022 SUNAFIL/TFL del 22 de abril de 2022, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

En el presente caso, se aprecia que la medida inspectiva de requerimiento dictada el 05 de diciembre de 2018, requirió a la inspeccionada a que proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de relaciones laborales, para lo cual le concedió un plazo de cuatro (04) días hábiles:

Sobre el primer extremo de la medida inspectiva de requerimiento referida al pago de horas extras, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias citadas en la primera parte de esta resolución, establecidas por ley del presupuesto público del año 2018 (año de emitida la medida inspectiva de requerimiento), era legalmente imposible que la impugnante cumpla con el pago de las horas extras requeridas ya que estaba impedida legalmente de disponer este gasto.

Por otro lado, respecto al otro extremo de la medida inspectiva de requerimiento, referido a acreditar la compensación de horas laboradas en sobretiempo, se verifica que si bien este extremo del pedido si era legalmente posible de ser cumplido, no se le entregó a la impugnante un plazo razonable para acreditar ello, ya que era materialmente imposible que en apenas cuatro (04) días hábiles se pueda acreditar la compensación de todas las horas extras de los veinte (20) trabajadores afectados que habían sido efectuadas en un periodo aproximado de cuatro (04) años. En todo caso, el mandato de la medida inspectiva de requerimiento debió ser más acorde a la realidad de la impugnante y otorgar un plazo más razonable de acuerdo con los hechos constatados.

En este punto corresponde invocar el precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 11 de junio de 2022 en el diario oficial El Peruano, referida a los elementos de la medida de requerimiento se dispuso:

Asimismo, debe tomarse en cuenta el criterio vinculante aprobado por Resolución de Sala Plena N° 018-2024-SUNAFIL/TFL publicado en el diario oficial El Peruano en fecha

El Tribunal de Fiscalización Laboral recuerda que la aplicación del principio de razonabilidad es vinculante para la actuación de los servidores a cargo de la fiscalización. En ese sentido, de decidirse proceder en un caso con una medida de requerimiento, debe tenerse un análisis concreto ante casos complejos, donde existan diversos comportamientos que sean objeto de la misma medida. Así, es importante recordar a todos los órganos y servidores del Sistema de Inspección del Trabajo que, dentro de una medida de requerimiento, el inspector podría solicitar al sujeto inspeccionado la acreditación cabal del cumplimiento de ciertas reglas objeto de supervisión dentro de la normativa sociolaboral y seguridad y salud en el trabajo, siendo exigible que, ex ante, se establezcan plazos razonables para su ejecución por parte del empleador; o bien que, ex post la Administración del Trabajo valore lo lapsos distinguibles para cumplir con las medidas de requerimiento que comprendan a varios comportamientos exigidos al empleador. (resaltado agregado).

En tal sentido, al no haberse evidenciado vicios en la legalidad y razonabilidad de la medida inspectiva de requerimiento, corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta a la impugnante, por la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Se debe precisar que no corresponde emitir pronunciamiento sobre los demás alegatos invocados por la impugnante, al haber sido dejado sin efecto este extremo de la multa.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.