Consultora & Constructora UBR E.I.R.L — Res. 1035-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Subgrupos materias: Pago de la remuneración (sueldos y salarios) y asignaciones), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo materia: Descanso semanal obligatorio), Seguro de vida ley (Subgrupo materia: Contratos), Bonificación no remunerativa (Subgrupo materia: Incluye todas), Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (subgrupo materia: Construcción civil) y, Equipos de protección personal (Subgrupo materia: Incluye todas).

instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no efectuar los reintegros y pagos de remuneraciones conforme a ley, a favor de setenta y seis (76) trabajadores; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no haber efectuado la entrega de equipos de protección personal, afectando a sesenta y siete (67) trabajadores; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber efectuado la contratación del seguro de vida ley, a favor de setenta y siete (77) trabajadores; tipificada en el numeral 24.12 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 37,268.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada en casilla electrónica con fecha 22 de noviembre de 2021; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,992.00.

2 Notificada a la impugnante el 25 de abril de 2022, véase folio 414 del expediente sancionador. 3 Notificada a la impugnante el 03 de mayo de 2023.

Intendencia N° 077-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE de fecha 15 de febrero de 2022 y, de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador 529-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no efectuar los reintegros y pagos de remuneraciones conforme a ley, a favor de setenta y seis (76) trabajadores; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no haber efectuado la entrega de equipos de protección personal, afectando a sesenta y siete (67) trabajadores; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber efectuado la contratación del seguro de vida ley, a favor de setenta y siete (77) trabajadores; tipificada en el numeral 24.12 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 37,268.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada en casilla electrónica con fecha 22 de noviembre de 2021; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,992.00.

i. Sostiene la falta de motivación por parte de la resolución de primera instancia, ya que se limitó a un argumento descriptivo en lugar de realizar un análisis exhaustivo basado en fundamentos reales y jurídicos. Argumenta que se copió y pegó un supuesto desarrollo de los hechos sin realizar un examen adecuado. ii. Las sanciones impuestas se basaron en suposiciones conjeturales en lugar de argumentos jurídicos sólidos. iii. Indica que los pagos de los salarios se realizaron de acuerdo al régimen de construcción civil y, señala que el convenio colectivo que establece los nuevos salarios fue publicado después de la fecha en que se realizaron los pagos. Por tanto, se solicita se verifique el cumplimiento de la ley y se argumenta que no se requiere ningún reintegro. iv. Por otro lado, refiere que ha cumplido con la entrega de los equipos de protección personal requeridos por la normativa correspondiente. También, señala que no se ha especificado la obligación de entregar dos (02) juegos de uniformes, sino que se realiza un cambio sí y solo si se evidencia deterioro. v. En relación a la póliza de seguro de vida, se afirma que se ha cumplido con la obligación de contratar a favor de los trabajadores afectados; por lo que, plantea la necesidad de volver a tipificar la sanción, dado que resulta ilógico sancionar por setenta y siete (77) trabajadores cuando solo nueve (09) se vieron afectados. Por consiguiente, solicita que se reconsidere la sanción y se ajuste de acuerdo a la cantidad real de trabajadores perjudicados. vi. De otra parte, menciona que al ser una microempresa le corresponde la reducción del monto total de la sanción al 50%, conforme con los beneficios otorgados por la normativa vigente; además, señala la vulneración de diversos principios.

i. De la revisión de la resolución apelado, evidencia el desarrollo y fundamentación de las razones que sustentan su decisión. Por ende, no advierte vulneración al deber de motivación, ni al debido procedimiento bajo los términos alegado por la impugnante. Por el contrario, considera que el pronunciamiento de primera instancia se encuentra debidamente motivado, en tanto se han detallado los hechos que produjeron la sanción, respetando el debido procedimiento e imparcialidad, así como el derecho a la defensa -que fue ejercido a través de sus escritos presentados-, determinándose que la impugnante incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción. ii. Sobre el reintegro de remuneraciones, refiere que, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 183-2021-TR —publicada con fecha 01 de octubre de 2021—, el Convenio Colectivo de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva de Construcción Civil 2021-2022 tiene una vigencia desde el pasado 01 de junio de 2021; por lo que, desde dicha fecha se genera la obligación de pago de reintegros de las remuneraciones y beneficios sociales sobre los incrementos efectuados. Del mencionado documento, se estableció que sí correspondía los reintegros materia de controversia y los mismos se harán efectivos una vez que el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – INEI fije los índices o porcentajes correspondientes, los cuales fueron fijados el 01 de octubre de 2021, mediante Resolución Jefatural N° 220-2021-INEI y la Resolución Jefatural N° 221-2021-INEI. Siendo así, la impugnante se encontraba en la obligación de reintegrar los montos correspondientes desde el 01 de junio de 2021; por lo que, al haber quedado desvirtuado lo alegado, confirma la sanción referida a esta materia.

4 Notificada a la impugnante el 15de julio de 2023.

iii. En cuanto a la entrega de los equipos de protección personal, indica que la documentación ofrecida por la impugnante -durante las actuaciones inspectivas y el procedimiento sancionador- no constituyen prueba suficiente ni genera certeza de que los trabajadores afectados recibieron los equipos de protección individual respecto a los riesgos específicos a lo que estaban expuestos en el desempeño de sus funciones; en consecuencia, sí se han valorado los documentos presentados, determinándose que no garantizan una prevención de riesgo con arreglo a ley. iv. Con relación a la entrega de los dos (02) juegos de uniforme, de acuerdo con el numeral 13 de la Norma Técnica de edificación 0.50 establece que se debe proporcionar dos (02) juegos de uniforme de trabajo; por lo que, la impugnante no puede realizar una interpretación deliberada, más aún si su obligación se encuentra expresamente contemplada en la norma. v. Sobre el seguro de vida ley, reitera lo señalado por la autoridad inspectiva, habiendo determinado a setenta y siete (77) trabajadores afectados, quienes no tuvieron cobertura del seguro de vida ley desde el inicio de la relación laboral. De la documentación presentada, referente al seguro de vida ley, aprecia que fue para treinta y siete (37) trabajadores y exclusivamente por el periodo del 01 de setiembre de 2021 al 30 de setiembre de 2021; sin embargo, ello no subsana la conducta infractora objeto de sanción, dado que no se ha tenido en cuenta la fecha de ingreso de los trabajadores afectados, muchos de los cuales comenzaron sus labores en meses anteriores. Esta negligencia ocasiona perjuicio en el trabajador, quien tiene derecho a beneficiarse de la protección brindada por un seguro de vida ley, pero que no ha sido contratado adecuadamente o no se mantiene vigente. vi. Respecto al cuestionamiento del número de trabajadores afectados, refiere que no existe error en el cálculo de los mismos; toda vez que, por la entrega de equipos de protección personal son sesenta y siete (67) afectados y, por no haber efectuado la contratación del seguro de vida ley, serían setenta y siete (77) trabajadores afectados, cuyo número también es considerado para el cálculo de la sanción impuesta por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. vii. En relación con la reducción de la sanción impuesta, reitera que desde el Acta de Infracción se ha considerado la condición de microempresa; por lo que, no corresponde aplicar ninguna reducción. De conformidad con el artículo 38 de la LGIT, los criterios para graduar las sanciones se basan en la gravedad de la falta cometida y el número de trabajadores afectados. Asimismo, acorde al artículo 48 del RLGIT, la tabla de cuantía de las sanciones establece montos preestablecidos según la condición del infractor, la gravedad de la infracción y la cantidad de trabajadores afectados. viii. En el presente caso aprecia que el cálculo del monto de sanción impuesta se ajustó a los parámetros establecidos en la tabla de sanciones, teniendo en cuenta la condición de microempresa. Por tanto, la primera instancia aplicó correctamente los valores establecidos al momento de cuantificar el monto de las sanciones, no observándose ninguna vulneración al principio de razonabilidad o proporcionalidad.

ix. Finalmente, sobre la vulneración de varios derechos y principios, menciona que no se explicó de manera concreta cómo los hechos verificados por la autoridad afectaron esos derechos, limitándose solo a mencionarlos. En ese sentido, se confirma que las actuaciones inspectivas y el procedimiento sancionador se desarrollaron conforme a ley. El Acta de Infracción cumple con los requisitos establecidos por la normativa, incluyendo la descripción de los hechos, calificación y graduación de la infracción, la norma vulnerada y la sanción propuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

9 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 08 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 072-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

i. Falta de motivación de los actos administrativos: El derecho al debido proceso es el de obtener una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente planteadas, por las partes en cualquier clase de procesos. Ello no ha sido realizado, habiéndose limitado a un argumento descriptivo, más no analítico, copiando y pegando un supuesto desarrollo de los hechos, sin realizar un examen exhaustivo, basándose en fundamentos reales y jurídicos.

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

ii. Los sustentos se han basado, únicamente, en suposiciones de análisis conjeturales, acogiendo los mismos argumentos para motivar la resolución, contradiciendo el sustento desarrollado en el acta, respecto al análisis realizado a una de las infracciones, donde se observan errores y deja sin efecto una sanción, que son reconocidas en esta resolución. Por tanto, recurren al superior jerárquico con la finalidad de que hagan un análisis más detallado con una debida motivación y con sustentos fácticos jurídicos. iii. Con relación al incumplimiento de los reintegros y pagos de remuneraciones conforme a ley, a favor de setenta y seis (76) trabajadores: La resolución del convenio colectivo fue publicada en el Diario El Peruano el día 01 de octubre de 2021, habiéndose publicado - conforme la Resolución Ministerial N° 183-2021-TR- el documento denominado “Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022” suscrito en trato directo el 09 de setiembre de 2021, entre la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP. iv. Entonces, como se pretende que paguen desde antes de la celebración del convenio colectivo, cuando recién tuvieron conocimiento de la nueva tabla de pagos en el régimen de construcción civil con la publicación en el mes de octubre de 2021; además, muchos de sus trabajadores ya no se encontraban por haber dejado de trabajar, porque las personas que laboran lo hacen de manera rotativa y se paga de acuerdo al monto que está establecido en el momento, siendo que la norma señala que mientras no exista convenio nuevo sigue surtiendo efecto el convenio anterior. Por tanto, en atención al principio de razonabilidad y legalidad, han cumplido con los pagos de las remuneraciones de acuerdo con el régimen de construcción civil, sin tener que realizar ningún reintegro. v. Con relación a la entrega del equipo de protección personal: Evidencia una contradicción relacionada al número de trabajadores afectados por lo que se sanciona, es decir, o son sesenta y siete (67) o sesenta y nueve (69). Asimismo, en el Acta de Infracción indican que han empadronado a veintiuno (21) trabajadores. Sin perjuicio de lo anterior, la impugnante indica que cumplió con entregar los equipos de protección personal - EPP, conforme lo establecido en la Norma Técnica de Edificación G.050. Precisa que, como es que se puede decir que un listado de entrega de EPP no es una prueba suficiente, ya que existe el principio de veracidad; por lo que, resulta un abuso de autoridad por la falta de credibilidad. vi. Sobre la aseveración del personal inspectivo de que no se acreditó la entrega de dos (02) juegos de uniforme de trabajo, conforme lo regulado en el numeral 13 de la Norma Técnica de Edificación G.050. No obstante, manifiesta que, en ninguna parte de la norma se señala que se tiene que hacer la entrega de eso dos (02) uniformes de trabajo, sino que se entrega un cambio cuando se evidencia el deterioro, lo que no ha ocurrido en el presente caso, más aún si en este rubro los trabajadores son eventuales. Por tanto, solicita que esta sanción se deje sin efecto,

porque se ha acreditado la entrega del EPP de acuerdo a la norma; además, no existe motivación suficiente. vii. Con relación a la contratación de la póliza de seguro de vida, indica que cumplió con la póliza de seguros, conforme el descriptivo de la póliza de seguro. Ahora, como se señala que sólo se pagó de treinta y siete (37), la sanción debe ser en base a los treinta (30) y no a los sesenta y siete (67); por lo que, observa que no se ha realizado una adecuada tipificación de la infracción, lo que es causal de nulidad. viii. Sobre la medida inspectiva de requerimiento: De conformidad al artículo 38 de la LGIT. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones al ordenamiento sociolaboral se gradúan atendiendo los siguientes criterios generales: gravedad de la falta cometida y número de trabajadores afectados. Con relación a la determinación del número de trabajadores afectados, precisa que, durante el procedimiento administrativo, se detalla el incumplimiento de acreditar el reintegro de remuneraciones a favor de sesenta y siete (67) trabajadores obreros, conforme el punto 4.24 de los hechos constatados del Acta de Infracción. En ese sentido, el incumplimiento a la labor inspectiva constituirá infracción, únicamente, por sesenta y siete (67) trabajadores y no por sesenta y siete (77) trabajadores como se detalla en la resolución impugnada, Acta de Infracción, Informe Final, resolución de primera instancia. Por tanto, resulta ilógico sancionar por 77 trabajadores. ix. Reducción de multa: En atención a que en el Acta de Infracción se afirma que tienen la condición de microempresa, corresponde la reducción de la sanción; toda vez que, la finalidad no es desaparecer al sector empresarial, sino ayudar y seguir fomentando el crecimiento de las microempresas; por lo que, se acogen al beneficio de reducción al 50% en caso de microempresas. Por consiguiente, la sanción que se imponga por las infracciones que se detecten a las empresas calificadas como micro o pequeña empresa se reduce en 50%; por lo tanto, requieren se proceda a volver a tipificar las faltas y reducir al 50% por su condición de MYPE. x. Sobre la vulneración de la normativa legal: Manifiesta que, en todo momento, se han vulnerado varios principios amparados constitucionalmente, que deben ser tomados en cuenta para dejar sin efecto las sanciones impuestas. Agrega que, el personal inspectivo realizó una inspección haciendo uso abusivo del poder. En ese sentido, señala una afectación al principio del debido proceso y el principio de presunción de veracidad, así como el principio de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad. Por otro lado, refiere que solo se ha valorado el mérito probatorio a suposiciones, los cuales resultan insuficientes y parcializados, pues al momento de la valoración probatoria, a fin de producir certeza sobre si se cometió o no una infracción, se debe considerar que estos medios probatorios deben ser contrastados por otros medios idóneos y pertinentes.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido). 6.5 En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con la infracción muy grave, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento 6.7 Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración al debido procedimiento11. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo. 6.8 El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

11 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 12 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 13 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

nuevo pronunciamiento tras haberse declarado la nulidad del acto anterior-, como la Resolución de Intendencia N° 072-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otras.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

Figura N° 01

trabajadores involucrados, especialmente considerando que dicho dato se vincula con uno de los criterios generales para la graduación de la sanción.

Sobre la reducción de multa

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No efectuar los reintegros y pagos de remuneraciones conforme a ley, a favor de setenta y seis (76) trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No haber efectuado la entrega de equipos de protección personal, afectando a sesenta y siete (67) trabajadores. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No haber efectuado la contratación del seguro de vida ley, a favor de setenta y siete (77) trabajadores. Numeral 24.12 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

14 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada en casilla electrónica con fecha de noviembre de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L., en contra la Resolución de Intendencia N° 072-2023-SUNAFIL/IRE- CAJ, de fecha 07 de julio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 529-2021- SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N°072-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L., y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes en la materia de su competencia.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250813SPDC- HR: 152836-2023