Constructora y Servicios Generales Visap Sociedad Anónima Cerrada — Res. 454-2023

Mediante Orden de Inspección N° 132-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 204-2021-SUNAFIL/IRE-PIU (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otra, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada con fecha 15 de febrero de 2021, en mérito a la solicitud presentada por la señora Juana Mabel León Alburqueque, a fin de verificarse el cumplimiento de normas sociolaborales sobre pago de remuneraciones de mayo hasta julio 2020.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 249-2021-SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC, de fecha 14 de mayo de 2021, notificada el 17 de mayo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 419-2021-SUNAFIL-SIAI-IRE-PIURA, de fecha 17 de septiembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Piura, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 70-2022- SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, de fecha 14 de febrero de 2022, notificada el 16 de febrero de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 1,496.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 07 de marzo de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 70-2022-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 42-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 29 de abril de 20222, la Intendencia Regional de Piura declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 18 de mayo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Piura el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 42-2022- SUNAFIL/IRE-PIU.

La Intendencia Regional de Piura admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 000502-2022- SUNAFIL/IRE-PIU, recibido el 26 de mayo de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES VISAP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 42-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, emitida por la Intendencia Regional de Piura, que confirmó la sanción impuesta de S/1,496.00 por la comisión, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE a labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 04 de mayo de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES VISAP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

De acuerdo al numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, que establece normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038- 2020, Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID–19 y otras medidas, la suspensión perfecta de labores implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin extinción del vínculo laboral; pudiendo comprender a uno o más trabajadores.

Conforme al numeral 6.3 del artículo 6 del cuerpo normativo antes mencionado, los empleadores que deseen acogerse al procedimiento de suspensión perfecta de labores deben comunicarlo previamente a los trabajadores afectados y a sus representantes elegidos, de existir, de manera física o utilizando los medios informáticos correspondientes. Efectuado ello, el empleador presenta la comunicación de suspensión perfecta de labores, por vía remota, a la Autoridad Administrativa de Trabajo, según el formato anexo al Decreto de Urgencia Nº 038-2020, pudiendo adjuntar, de ser el caso, cualquier documento que el empleador estime conveniente a fin de respaldar su comunicación.

Es por ello que, en el numeral 7.1 del artículo 7 de la norma acotada, se dispone que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibida la comunicación, la Autoridad Administrativa de Trabajo competente solicita la actuación de la Inspección del Trabajo para la verificación de hechos sobre la suspensión perfecta de labores, teniendo en consideración la información proporcionada por el empleador en la declaración jurada. En ese sentido, la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en el marco de

El numeral 7.4 del artículo 7 de la norma antes indicada señala lo siguiente:

Entonces, la norma es clara y precisa al señalar que, si la Autoridad Administrativa de Trabajo rechaza la suspensión perfecta de labores, se ordena el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido, ya que la norma dispone que el periodo dejado de laborar es considerado como trabajo efectivo para todo efecto legal.

De acuerdo al numeral 4.5 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó constancia que, mediante Resolución Directoral General N° 372-2020- GRP-DRTPE-DPSC/SPL-DU038-2020, de fecha 30 de junio de 2020, se resolvió desaprobar la solicitud de suspensión perfecta de labores presentada por la impugnante.

Ahora bien, mediante OFICIO-000010-2023-SUNAFIL/TFL, de fecha 27 de abril de 2023 se solicitó a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo nos brinde información respecto al estado de la solicitud registrada con Nº 038236-2020 (número asignado a la solicitud de suspensión prefecta de labores presentado por la Inspeccionada), obteniéndose la siguiente respuesta, a través del Memorándum N° 063- 2023/GRP-DRTPE-DPSC el 02 de mayo de 2023:

Del mismo modo, a través de la CARTA-000007-2023-SUNAFIL/TFL, de fecha 05 de mayo de 2023, se requirió a la inspeccionada - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES VISAP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, dentro del plazo de tres (03) días hábiles de notificado el presente, remita documento, correo, imagen o cualquier archivo(s) que acredite la

En respuesta a la carta mencionada, con fecha 11 de mayo del 2023, el sujeto inspeccionado envía la impresión de un correo electrónico de fecha 13 de julio de 2020, que habría remitido a la dirección electrónica “notificaciones@trabajo.gob.pe”, indicando que adjuntó su recurso de apelación a dicho correo electrónico, asimismo presenta la impresión de la primera hoja del presunto recurso de apelación.

Mediante OFICIO-000015-2023-SUNAFIL/TFL, de fecha 12 de mayo de 2023 se solicitó a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo nos brinde información adicional, relativa al medio por el que los empleadores debían efectuar el trámite de Suspensión Perfecta de Labores, que incluía la presentación de la solicitud y recursos impugnatorios; siendo que, conforme la imagen insertada a continuación9, precisaron que tal trámite se realizaba a través de una Plataforma Virtual habilitada para estos fines:

En virtud a lo expuesto, y teniendo en cuenta la información recabada, se concluye que el procedimiento de suspensión perfecta de labores era realizado a través de la Plataforma Virtual habilitada para estos efectos, información que era de conocimiento de los administrados, hecho que se corrobora con el correo de respuesta automática enviada por la Administración al solicitante, donde le informa el resultado de su solicitud,

Como se evidencia, la Administración cumplió con informar que cualquier recurso impugnatorio debía presentarse ante la plataforma virtual en un plazo de 3 días hábiles; siendo que el correo notificaciones@trabajo.gob.pe, era un medio de respuesta automática del sistema, no siendo la vía de presentación de ningún documento, conforme era de conocimiento de los administrados, ya que dicha tramitación se realizó en la Plataforma Virtual de suspensión perfecta, donde la propio impugnante registró su solicitud, siendo ello debidamente informado, conforme ha quedado acreditado.

Asimismo, cabe señalar que la documentación presentada por la impugnante por la que pretende sustentar que presentó su recurso de apelación contra la resolución que declaró infundado su solicitud de suspensión perfecta de labores, no genera convicción en el Colegiado, ya que no se ha podido determinar fehacientemente que la imagen del correo de fecha 13 de julio del 2020, corresponda al alegado recurso de apelación, siendo además que el administrado solo adjuntó la primera hoja del mismo.

En conclusión, el procedimiento administrativo de Suspensión Perfecta de Labores había concluido al momento de realizarse las actuaciones inspectivas; por lo que el administrado estaba en la obligación de cumplir con sus obligaciones laborales para con sus trabajadores. Por tal razón, la propuesta de sanción por parte de los inspectores de trabajo contenida en el Acta de Infracción, se encuentra fundada en derecho, al encontrarse acreditado que la impugnante se encontraba en la obligación legal de cumplir con el pago de las remuneraciones a favor de la trabajadora afectada por el periodo por el cual solicitó la suspensión perfecta de labores y ésta fue desaprobada por la Autoridad Administrativa de Trabajo.

La impugnante alega en su recurso de revisión que ha interpuesto una demanda contencioso-administrativa solicitando se declare la nulidad total e ineficacia de la resolución ficta denegatoria por aplicación del silencio administrativo negativo, motivo por el cual existe una causa pendiente ante el Poder Judicial, por ello, solicitan se disponga el archivo del presente procedimiento administrativo sancionador.

Sobre el particular, del Portal de Transparencia Estándar del Poder Judicial, incorporado en el Portal del Estado Peruano, se aprecia el Sistema de Consultas de Expedientes Judiciales, el cual conforme a lo indicado en preguntas frecuentes del mismo sistema señala: “El sistema te permite realizar búsquedas de un expediente. Se puede realizar búsquedas de los expedientes judiciales de la corte superior, tanto por código o ingresando ciertos datos pertenecientes al expediente. Se puede visualizar las resoluciones emitidas por las cortes, y la información en tiempo real”10.

Al respecto, conforme lo dispone la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia de la Información Pública y el Decreto Supremo Nº 060-2001-PCM, el Portal de Transparencia Estándar, constituye una herramienta informática, que facilita el acceso a la información sobre la gestión institucional, a partir del cual, la ciudadanía puede tener acceso a una versión sencilla de la información de las entidades públicas, con definiciones en un lenguaje claro e iconografía manejable.

Asimismo, el Poder Judicial cuenta con el Sistema Integrado Judicial (en adelante, SIJ), que fue implementado a través de la Resolución Administrativa Nº 245-2009-CE-PJ, y la Resolución Administrativa Nº 129-2021-CE-PJ, la cual establece la obligatoriedad del descargo de los actos procesales de todas las actuaciones judiciales en el SIJ, bajo responsabilidad. De lo que se desprende que tales actuaciones se encuentran contenidas en el Sistema de Consultas de Expedientes Judiciales, al que tiene acceso la ciudadanía. Tal como se colige de lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº 000220-2020-P- CSJLI-PJ11, cuando precisa en su numeral 4.2, que la atención de consultas sobre el estado de expediente, la verificación de sentencias y autos que pongan fin al proceso o varíen situaciones jurídicas y cualquier otra información descargada por los órganos jurisdiccionales a través del SIJ, pueden ser visualizados por los usuarios a través del Módulo de Consulta de Expediente Judiciales- CEJ.

Así las cosas, en el portal del Poder Judicial, específicamente el sistema de consultas de expedientes judiciales, se puede apreciar todas las actuaciones realizadas en los

Conforme a lo señalado, se evidencia que existe un proceso judicial vigente en trámite de primera instancia, entre la impugnante y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por tanto, se verifica que el objeto contencioso que se trata en sede judicial, no coincide con el objeto de fondo del presente procedimiento administrativo sancionador, esto es, dilucidar la obligación del Sujeto inspeccionado de pagar las remuneraciones a la trabajadora afectada.

Por tanto, respecto a que exista la identidad de sujetos, hechos y fundamentos; se verifica que las partes intervinientes en la situación de fondo, no son las mismas, así como el hecho de que la demanda no se sustenta en los mismos fundamentos.

En ese sentido, de acuerdo a las razones expuestas previamente, no se cumplieron los requisitos del numeral 75.2 del artículo 75 del TUO de la LPAG, ya que no existe una triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos. En consecuencia, no es indispensable conocer la decisión de la magistratura para poder culminar el proceso sancionador.

Por lo tanto, al comprobarse la no existencia de similitud de sujetos, hechos y fundamentos entre ambas vías, no corresponde la suspensión del PAS. Por consiguiente, tampoco corresponde amparar en este extremo el recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.