Constructora y Servicios Ares Building Perú Sociedad Comercial… — Res. 780-2026

Mediante Orden de Inspección N° 0000000805-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 700-2022-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), en mérito al OP INSPECCION- CONSTRUCCION CIVIL NSL-AQPABRIL 2022.

Mediante Imputación de Cargos N° 399-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificada el 15 de mayo de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 603-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificado el 23 de agosto de 2023 (en adelante, el Informe Final), a través del cual se determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1122-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 30 de octubre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 17 de noviembre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1122-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP.

Mediante Resolución de Intendencia N° 94-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, notificada el 06 de marzo de 2024, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 22 de marzo de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 94-2024- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, los mismos que fueron recibidos el 08 de abril de 2024.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización

El artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARES BUILDING PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ABP S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 94-2024- SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción impuesta, entre otras, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 07 de marzo de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARES BUILDING PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ABP S.R.L.

En cuanto a la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 207 del TUO de la LPAG determina que, solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. Para el presente caso, el artículo 49 de la LGIT, ley especial de la materia, señala lo siguiente:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT determina que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente, por lo que no corresponde que esta Sala se pronuncie por lo alegado por el impugnante en relación a las infracciones Graves, ni valorar la subsanación de estas, por estar fuera de la competencia conferida por la LGIT y su reglamento, así como el artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que mediante Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

Del recurso de revisión se evidencia que algunos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del debido procedimiento8, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

En los argumentos expuestos por la impugnante, se cuestionan las infracciones tipificadas en el numeral 25.20 del artículo 25 y en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, referidas a la falta de inscripción del trabajador M.T.E. en planilla, sistema de salud y sistema pensionario, señalándose que estas se impusieron respecto de un trabajador afectado que no laboró para la impugnante sino para otra empresa.

Ahora bien, en relación al registro de trabajadores en planilla y su inscripción en el régimen de la Seguridad Social en Salud y en Pensiones, en el numeral 4.13 del Acta de Infracción, el inspector de trabajo dejó señalado que el sujeto inspeccionado exhibió el reporte TR5 del T-Registro, así como los formularios 1604-1 constancia de alta del trabajador y formulario 1604-2 constancia de modificación / actualización de datos del trabajador de 38 trabajadores, acreditando su registro en la planilla electrónica.

Asimismo, en el mismo numeral, el inspector deja constancia que, a la fecha de notificación de la medida de requerimiento, el día 27 de mayo de 2022, el impugnante no acreditó la documentación suficiente de doce (12) trabajadores, entre los cuales se encontraba el trabajador de iniciales M.T.E. conforme se advierte del “Cuadro N° 02” que obra en el mismo numeral. Así, se dejó señalado que se verificaron incumplimientos respecto al registro de trabajadores en planilla y su inscripción en el régimen de la seguridad social en salud y pensiones.

Posteriormente, en relación a la materia “Registro de trabajadores y otros en la planilla”, el inspector de trabajo dejó señalado, en el numeral 4.19 del Acta de Infracción, que se determinó el vínculo laboral de 46 trabajadores, de los cuales el sujeto inspeccionado únicamente acreditó la inscripción en su planilla electrónica de 45 trabajadores mediante la exhibición de los formularios 1604-1 constancia de alta del trabajador y el reporte R04 y R05 del T-Registro. Sin embargo, en relación al trabajador de iniciales M.T.E., pese a habérsele exhortado mediante la medida inspectiva de requerimiento, el sujeto inspeccionado no acreditó el registro en planilla de dicho trabajador.

Del mismo modo, en relación a la materia “Inscripción en la Seguridad Social – Inscripción de trabajadores en el Régimen de Seguridad Social en Salud”, el inspector de trabajo dejó señalado en el numeral 4.23 del Acta de Infracción que el sujeto inspeccionado exhibió los formularios 1604-1 constancia de alta de 45 trabajadores, así como el reporte R04 y R05 en donde se verificó la inscripción en el régimen de la seguridad social en salud de los trabajadores que se detallan en el cuadro existente en dicho numeral. Sin embargo, en relación al trabajador de iniciales M.T.E., pese a habérsele exhortado la inscripción en el régimen de la seguridad social en salud mediante la medida inspectiva de requerimiento, el sujeto inspeccionado no acreditó dicho registro.

Del mismo modo, en relación a la materia “Inscripción en la Seguridad Social – Inscripción de trabajadores en el Régimen de Seguridad Social en Pensiones”, el inspector de trabajo dejó señalado en el numeral 4.25 del Acta de Infracción que el sujeto inspeccionado exhibió las planillas de pago de los montos declarados de los 30 trabajadores inscritos en el régimen de la seguridad social en pensiones (Sistema Privado de Pensiones) respecto del período enero 2022 a marzo 2022. Sin embargo, respecto del trabajador de iniciales M.T.E., mediante comprobación de datos en la página web de la Superintendencia de Banca y

No obstante las conclusiones descritas precedentemente, esta Sala advierte que el inspector de trabajo sustentó la determinación de los incumplimientos imputados esencialmente en la falta de acreditación documentaria respecto del trabajador M.T.E., sin que previamente se hubiera desarrollado, de manera suficiente, un análisis concreto y cualitativo de los elementos constitutivos de una relación laboral, particularmente respecto del elemento de subordinación y de los indicios concurrentes que permitieran justificar por qué dicho trabajador debía ser considerado dependiente de ABP S.R.L.

En efecto, en los numerales 4.19, 4.23 y 4.25 del Acta de Infracción, el inspector de trabajo únicamente señaló que el sujeto inspeccionado “no acreditó” el registro en planilla, inscripción en el sistema de salud y sistema pensionario del trabajador M.T.E.; sin embargo, no desarrolló hechos objetivos vinculados a la prestación personal de servicios bajo dirección de la inspeccionada, tales como la existencia de órdenes, fiscalización, control de asistencia, dependencia organizativa, determinación de jornada, pago de remuneraciones o cualquier otro elemento revelador de subordinación individualizado en dicho trabajador.

En este punto, corresponde invocar a la Resolución de Sala Plena N° 006-2022- SUNAFIL/TFL, precedente de observancia obligatoria, en la que determinó los criterios para la aplicación del principio de primacía de la realidad, indicando lo siguiente:

Asimismo, mediante la Resolución de Sala Plena N° 013-2023-SUNAFIL/TFL, este Tribunal precisó que la subordinación puede acreditarse mediante manifestaciones concretas del poder de dirección del empleador, tales como el ejercicio de facultades organizativas, premiales o disciplinarias, las cuales constituyen evidencia válida para sustentar la existencia de una relación laboral.

Del mismo modo, mediante la Resolución de Sala Plena N° 004-2025-SUNAFIL/TFL, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria respecto al principio de primacía de la realidad, señalando lo siguiente:

En el presente caso, este Tribunal advierte que la resolución de primera instancia, además del pronunciamiento venido en grado, validaron la determinación efectuada por el inspector de trabajo respecto del trabajador M.T.E., pese a que del Acta de Infracción no se aprecia un análisis suficiente de los elementos de subordinación ni de los indicios concurrentes que permitan justificar válidamente la existencia de una relación laboral con la inspeccionada. Del mismo modo, no se aprecia un análisis o descarte expreso de la alegación formulada por la impugnante, referida a que el citado trabajador pertenecía a la empresa VARICK CONSTRUCCIONES S.A.C.

En consecuencia, este Tribunal concluye que las instancias de mérito sustentaron la determinación de responsabilidad administrativa respecto de las infracciones vinculadas al registro en planilla y a la inscripción en los regímenes de seguridad social sobre una imputación insuficientemente motivada respecto del presupuesto esencial de dichas infracciones, vulnerándose el deber de debida motivación y, por ende, el derecho al debido procedimiento administrativo de la impugnante.

A consideración de esta Sala, la determinación de responsabilidad administrativa respecto de las infracciones vinculadas al registro en planilla y a la inscripción en los regímenes de seguridad social del trabajador de iniciales M.T.E., sin haberse desarrollado previamente un análisis suficiente de los elementos constitutivos de la relación laboral, particularmente respecto de la subordinación y de los indicios concurrentes de laboralidad, genera serios cuestionamientos sobre el ejercicio de la potestad sancionadora en el presente caso.

En esa línea de razonamiento, esta Sala considera que las instancias de mérito vulneraron el debido procedimiento administrativo, en su manifestación del deber de debida motivación, al haber validado la imposición de las infracciones tipificadas en el numeral 25.20 del artículo 25 y en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT sin que previamente se hubiera sustentado, de manera suficiente, la existencia de una relación laboral entre el trabajador M.T.E. y la impugnante.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA, señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo al artículo VII del Código Procesal Constitucional9. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material10.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo. (énfasis añadido)

De la verificación del expediente y conforme se ha expuesto en los párrafos precedentes, en el presente caso se advierte que las instancias de mérito determinaron la responsabilidad administrativa de la impugnante respecto de las infracciones vinculadas al registro en planilla y a la inscripción en los regímenes de seguridad social del trabajador M.T.E., sin efectuar una evaluación suficiente sobre la existencia de una relación laboral entre dicho trabajador y ABP S.R.L., pese a que dicho aspecto constituía el presupuesto esencial para la configuración de las infracciones imputadas.

En ese sentido, la autoridad administrativa validó la determinación efectuada por el inspector de trabajo, sustentada esencialmente en la falta de acreditación documentaria respecto del registro en planilla y de la afiliación a los sistemas de seguridad social del trabajador de iniciales M.T.E.; no obstante, omitió desarrollar un análisis concreto y cualitativo de los elementos constitutivos de una relación laboral, particularmente respecto del elemento de subordinación y de los indicios concurrentes de laboralidad, conforme a los estándares establecidos por las Resoluciones de Sala Plena N° 006-2022- SUNAFIL/TFL, N° 013-2023-SUNAFIL/TFL y N° 004-2025-SUNAFIL/TFL.

Asimismo, se advierte que las instancias de mérito no efectuaron un análisis expreso respecto de la alegación formulada por la impugnante, referida a que el trabajador de iniciales M.T.E. pertenecía a la empresa VARICK CONSTRUCCIONES S.A.C., ni valoraron de manera suficiente la documentación presentada en sustento de dicha tesis defensiva, limitándose a confirmar la imputación efectuada en el Acta de Infracción.

De lo expuesto en los fundamentos precedentes, esta Sala concluye que las instancias responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador vulneraron el deber de debida motivación y, por ende, el derecho al debido procedimiento administrativo de la impugnante, al confirmar la responsabilidad administrativa respecto de infracciones cuya configuración requería previamente una determinación suficientemente motivada de la existencia de una relación laboral entre el trabajador de iniciales M.T.E. y la inspeccionada.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala advierte la vulneración al debido procedimiento administrativo, en su manifestación del deber de debida motivación, toda vez que las instancias de mérito, si bien sustentaron la responsabilidad administrativa de la impugnante sobre la base de los hechos consignados en el Acta de Infracción y de las normas aplicables al caso, no desarrollaron un análisis suficiente respecto de los elementos constitutivos de la relación laboral atribuida al trabajador M.T.E., ni justificaron adecuadamente las razones por las cuales dicho trabajador debía ser considerado dependiente de ABP S.R.L., pese a constituir dicho aspecto el presupuesto esencial para la configuración de las infracciones imputadas.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Por tanto, resulta imposible convalidar la incongruencia advertida por parte de la Sub Intendencia, que debió de evaluar de manera adecuada los hechos que motivaron el presente procedimiento sancionador.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 1122-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, y confirmada por la Resolución de Intendencia N° 94-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, incurre en vicio de nulidad parcial y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

Cabe indicar que la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta solo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Asimismo, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En este procedimiento se han identificado vicios en el trámite del Procedimiento Administrativo Sancionador, que acarrean la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que, la Resolución de Sub Intendencia N° 1122-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.2 del artículo 13 del TUO de la LPAG12; corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución en el extremo referido a las infracciones tipificadas en el numeral 25.20 del artículo 25 y en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y motivación. (énfasis añadido)

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

En consecuencia, corresponde remitir los actuados del presente procedimiento sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que - de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

En ese orden de ideas, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso, de la revisión de los actuados se observa que el Inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 27 de mayo de 2022, notificada en la misma fecha, otorgando un plazo de tres (03) días hábiles a fin de que adopte las medidas necesarias que acrediten el cumplimiento de las normas sociolaborales con la debida advertencia de que, el incumplimiento de requerimiento, constituirá una infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, conforme se advierte de la misma medida:

Conforme consta en el numeral 4.16 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, la impugnante no acreditó el cumplimiento íntegro de la medida inspectiva de requerimiento adoptada con fecha 27 de mayo de 2022. Por tanto, se configuró la infracción al numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En este punto corresponde invocar el precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 11 de junio de 2023 en el diario oficial El Peruano, referida a los elementos de la medida de requerimiento se dispuso:

De la revisión de la medida inspectiva de requerimiento se advierte que los inspectores comisionados han realizado una correcta aplicación de los artículos 14 de la LGIT y 17.213 del RLGIT, referente a que para la emisión de una medida inspectiva de requerimiento, resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, cumpliendo con la aplicación del principio de legalidad, conforme se advierte de la medida inspectiva de requerimiento, en la que se determinó que la impugnante no cumplió con la totalidad de las obligaciones requeridas. Se observa que el inspector, cumplió con establecer el tipo infractor aplicable a cada conducta advertida, además que cumplió con establecer el ámbito subjetivo y objetivo en el presente caso, advirtiéndose, además, que el plazo otorgado de tres (03) días hábiles resulta razonable para dicho fin.

Es de indicar que dicha medida fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 0000000805-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, y en relación con los hallazgos que posteriormente fueron consolidados en el Acta de Infracción; por lo que la impugnante se encontraba en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva, al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, que transgreda lo dispuesto por el artículo 14 de la LPAG y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT.

Sin perjuicio de lo antes señalado, se advierte que en los mandatos contenidos en la Medida Inspectiva de Requerimiento, el inspector efectúa los mismos también en relación al trabajador de iniciales M.T.E. Sin embargo, corresponde citar el precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 010-2025-SUNAFIL/TFL, publicado el 22 de octubre de 2025 en el Diario Oficial El Peruano, referido al carácter unitario de la medida inspectiva de requerimiento, cuyo contenido pertinente es el siguiente:

Por tanto, en cuanto a los cuestionamientos sobre los alcances de la medida dictada, corresponde precisar que, si bien en el presente caso se han acogido en parte los argumentos de la impugnante, habiéndose declarado la nulidad parcial de la Resolución de Sub Intendencia N° 1122-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, en el extremo de los incumplimientos tipificados en el numeral 25.20 del artículo 25 y en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, dicha declaración no alcanza a la infracción por el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pues la medida inspectiva de requerimiento se sustenta también en la existencia de los demás incumplimientos confirmados por la Autoridad de Segunda Instancia.

En dicho sentido, se puede determinar que el requerimiento emitido contenía todos los presupuestos necesarios a fin que la impugnante pudiera cumplir con sus obligaciones advertidas y desarrolladas por el inspector de trabajo. Como se observa, el mandato contenido en la medida inspectiva de requerimiento estuvo destinado a revertir los incumplimientos que identificó el personal inspectivo, habiéndosele ordenado subsane los mismos en dichos extremos, lo que se acreditó de forma parcial. Así, en el caso concreto, correspondía que la impugnante cumpla con la normatividad sociolaboral conforme lo señalado por el inspector y respecto de los cuales se había emitido un mandato válido.

En tal sentido, se debe reiterar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por la inspeccionada, de manera previa al inicio del procedimiento sancionador. Por tanto, incluso cuando la impugnante haya discrepado de los alcances del mandato, se encontraba en la obligación de dar cumplimiento a lo ordenado en la medida inspectiva de requerimiento respecto de aquellos en los que se encontraba sustentada su responsabilidad, sin perjuicio de su derecho de defensa a ejercerse en el trámite del procedimiento sancionador.

Aunado a ello, es oportuno señalar que, este Tribunal mediante la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, reconoce la naturaleza independiente de las infracciones a la labor inspectiva, señalando: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Así, su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de SST, que se detecten.

Finalmente, en relación a la infracción a la labor inspectiva materia de análisis, contrario a los alegatos planteados por la recurrente, no se advierte un defecto de motivación o debido procedimiento o la afectación a alguno de los principios del procedimiento administrativo o los principios que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo pues, el análisis del expediente de actuaciones inspectivas y los hechos recogidos y constatados en el Acta de Infracción, acreditan la responsabilidad administrativa por dicho incumplimiento sancionado.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG, al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso, debiendo confirmarse la infracción en dicho extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.