Constructora Málaga Hnos S.A — Res. 51-2021

Mediante Orden de Inspección N° 1246-2020-SUNAFIL/IRE-CAJ, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 008-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (1) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Mediante Imputación de cargos N° 025-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, del 28 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción, notificada el 01 de febrero de 2021, otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 051-2021- SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 113-2021-SUNAFIL/IRE- CAJ/SIRE de fecha 19 de marzo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 11,572.00 soles, por haber incurrido en:

Mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 113-2021- SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 048-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 22 de abril de 20212, la Intendencia Regional de Cajamarca declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 113-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, por considerar que:

Mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cajamarca, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 048-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ.

La Intendencia Regional de Cajamarca admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 228-2021- SUNAFIL/IRE-CAJ, recibido el 14 de mayo de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, Sunafil), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Sunafil, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 048-2021- SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 11,572.00 por la comisión de la infracción tipificada como MUY GRAVE, prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 el RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 26 de abril de 2021, fecha en que fue notificada la citada resolución8.

Respecto a la infracción materia del presente caso, se debe indicar que el artículo 9 de la LGIT, establece el deber de colaboración con el personal inspectivo, indicando que, por éste, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello.

En atención a este mismo artículo 9° de la LGIT se establece que, en función a dicha obligación, los inspeccionados se encuentran obligados a prestarle la atención debida, brindándoles las facilidades para el cumplimiento de la labor inspectiva, acreditación de la identidad de las personas en el centro o lugar de trabajo, colaboración con ocasión de las visitas y otras actuaciones inspectivas, declaraciones sobre cuestiones relacionadas con las comprobaciones inspectivas y facilidades en el otorgamiento de información, además de documentación, necesaria para el desarrollo de las funciones.

Que, concordante con ello, el numeral 15.1 del artículo 15° del RLGIT prescribe que, durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del

Finalmente, el artículo 36° de la LGIT estipula que, son infracciones a la labor inspectiva, las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la Ley y su Reglamento.

Para el presente caso, del análisis del expediente sancionador, se puede observar del numeral 4.3 al 4.6 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo ha dejado señalado que, pese a que se requirió por vía electrónica la documentación tendiente a la verificación del cumplimiento de sus obligaciones en materia sociolaboral, la inacción del sujeto inspeccionado, de acuerdo a lo detallado en el numeral 4.7 de la misma Acta de Infracción, ha configurado la infracción por obstrucción a la labor inspectiva, debido a la falta de colaboración, siendo que, pese a requerir en dos (02) oportunidades la exhibición de los documentos contenidos en los requerimientos de información de fecha 06/01/2021 y 12/01/2021, éstos no fueron exhibidos en su oportunidad. Finalmente, en el numeral 4.8 de los Hechos Constatados, el inspector concluye que, no habiendo logrado materializar la orden de inspección a él asignada, dejó a salvo el derecho del trabajador Giurfa Morales Daniel Alberto para que, de ser el caso, lo haga valer en la vía legal correspondiente.

Que, en el presente caso, se debe indicar que el mismo sujeto inspeccionado ha efectuado un reconocimiento de la comisión de la infracción en su recurso de revisión presentado ante este tribunal. Así, se debe subrayar que, tal como se corrobora del acta de infracción, el inspector actuante se ha visto impedido de desarrollar sus actuaciones ante el incumplimiento reiterado del sujeto inspeccionado, incumplimiento que consistió en la negativa a la entrega de la documentación solicitada en los requerimientos de fecha 06/01/2021 y 12/01/2021. Por tanto, queda acreditado, además, que dicha actuación constituyó un impedimento que perjudicó la labor del Inspector del Trabajo, de manera tal que no permitió el cumplimiento del objeto de la fiscalización.

De esta manera, el numeral 46.3 del artículo 46 del Reglamento, tipifica y califica como infracción muy grave a la labor inspectiva, la conducta del sujeto inspeccionado referida a la negativa de brindar información y documentación necesarias para el desarrollo de la función inspectiva, hecho reconocido por el sujeto inspeccionado y que resulta constitutivo de la infracción propuesta por el personal inspectivo y que dio origen a la emisión del acta de infracción en el presente procedimiento administrativo sancionador. Resulta necesario subrayar que la frustración de la actividad inspectora ha tenido explicación en el acta de infracción, justificándose así que la propuesta de sanción se acoja plenamente.

Habiéndose corroborado objetivamente la comisión de la infracción objeto de análisis, no corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento o no de las obligaciones sociolaborales, materia de inspección, considerando que las mismas no son objeto de análisis ni eximen de responsabilidad al impugnante, respecto de la omisión a la entrega de información que constituye la conducta sancionada en el presente caso.

Es necesario considerar que, respecto al deber de colaboración, los sujetos inspeccionados tienen una especial posición frente a las facultades que la legislación ha otorgado a los inspectores de trabajo: deben contribuir, oportuna y adecuadamente, en la investigación, como partes que cuentan con una serie de medios probatorios cuya revisión es determinante para que la fiscalización pueda concluir con sus objetivos. Por tanto, el comportamiento de la impugnante, como sujeto inspeccionado, debe entenderse en el presente caso, como una denegatoria o rechazo a la petición de la información solicitada por los inspectores actuantes, lo que perturbó las actuaciones inspectivas, que a su vez impidieron que la fiscalización ocurra en su curso natural. Por estos motivos, la conducta se encuentra correctamente subsumida dentro del supuesto del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Finalmente, cabe señalar que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT considera que la credibilidad y la eficacia del sistema de protección en el trabajo requieren que la legislación nacional contemple las infracciones y que los procedimientos que entablen o recomienden los inspectores del trabajo contra los empleadores infractores, sean lo suficientemente disuasivos para los empleadores, a fin de que estos no persistan en la omisión o vulneración de la legislación pertinente y para que los mismos se conciencien, en general, de los riesgos en que pueden incurrir si no cumplen con sus obligaciones9.

Por las consideraciones señaladas, corresponde confirmar la resolución impugnada, considerando que se ha acreditado la comisión de la conducta sancionada en el presente caso.