Constructora Málaga Hnos — Res. 326-2022

Mediante Orden de Inspección N° 486-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 111-2021- SUNAFIL-IRE-SMA (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave, en materia de relaciones laborales.

Que, mediante Imputación de Cargos N°126-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIAI, de fecha 04 de junio de 2021, notificado el 07 de junio de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral

del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 158-2021/SUNAFIL/IRE-SMA, de fecha del 25 de junio de 2021, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de San Martin, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N°249-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE, de fecha 04 de agosto de 2021, notificada el 06 de agosto de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 32,296.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 28 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 249-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE, y mediante Resolución de Sub Intendencia N° 302-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE2, de fecha 14 de setiembre de 2021, se declaró infundado el referido recurso.

Con fecha 06 de octubre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 302-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE, argumentando que:

Mediante Resolución de Intendencia N° 120-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, de fecha 29 de octubre de 20213, la Intendencia Regional de San Martín declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 23 de noviembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de San Martín, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 120-2021- SUNAFIL/IRE-SMA.

La Intendencia Regional de San Martín admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 567-2021-

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la empresa CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Nº 120-2021- SUNAFIL/IRE-SMA, emitida por la Intendencia Regional de San Martin, que confirmó la sanción impuesta de S/ 32,296.00, por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE a labor inspectiva, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir de 04 de noviembre de 2021, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la empresa CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. S.A.

Es pertinente señalar, que estando a los actuados, se evidencia que la resolución impugnada comprende tres infracciones graves y otra muy grave, siendo materia de análisis sólo esta última. Por lo que, los argumentos dirigidos a cuestionar las infracciones graves, tipificadas en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, no serán parte del presente análisis.

De la revisión del recurso, se advierte que la impugnante no cuestiona la aplicación del régimen laboral de sector construcción para la relación de servicios con sus cinco ex trabajadores. Siendo que sus argumentos están dirigidos a solicitar un plazo adicional para el cumplimiento, entre otros, del pago íntegro de la remuneración vacacional.

Sobre el particular, cabe precisar que, los trabajadores de construcción civil tienen derecho a una compensación vacacional por concepto de vacaciones truncas ascendente al 10% del jornal básico por día efectivo de trabajo. Debiéndose considerar que conforme lo dispone el Decreto Supremo N.º 09 del 25 de julio de 1959; Resolución Suprema N.º 144-69, de fecha 14 de julio de 1969; Resolución Ministerial N.º 918, del 06 de agosto de 1965, punto 3 del acta de fecha 13 de agosto de 1993 que solucionó el pliego de 1993 y el punto 4 del Convenio Colectivo N.º 131-2004 del 09 de setiembre de 2004, este concepto se regula del siguiente modo: i) Si el trabajador es despedido después de seis días de labor efectiva, tiene derecho al 10% de todos los salarios básicos ganados durante el tiempo que laboró; ii) si el trabajador es despedido dentro de los 6 días de labor, no recibirá pago alguno; iii) Si el trabajador renuncia voluntariamente después de haber laborado efectivamente 18 días, tendrá derecho a percibir una compensación vacacional equivalente al 10% de todos los salarios básicos ganados durante el tiempo que laboró; iv) Si el despido o renuncia coinciden con el cumplimiento de los 18 días de labor efectiva, el trabajador tiene derecho a una compensación vacacional equivalente a 2 jornadas, v) si el trabajador renuncia antes de haber laborado 18 días, no recibirá pago alguno; vi) Para el pago de la compensación vacacional se toma en consideración el último jornal básico.

De los actuados, se aprecia que, el inspector comisionado constató, en los numerales 4.10 y 5.3 de la medida inspectiva de requerimiento10 de fecha 11 de mayo de 2021, que la impugnante no cumplió con acreditar el pago de la remuneración vacacional por concepto de vacaciones truncas en un monto del 10% del jornal básico que hubieran percibido sus cinco trabajadores, por los días efectivos de trabajo y por los descansos médicos debidamente acreditados hasta por un periodo de 60 días al año, teniendo en cuenta como remuneración computable el jornal básico vigente al cese de los siguientes trabajadores11:

Siendo que, el inspector comisionado otorgó a la impugnante un plazo máximo de tres (03) días hábiles para que cumpla con subsanar esta conducta. Sin embargo, llegado el día y hora para su cumplimiento, solo presenta una carta S/N de fecha 14 de mayo de 2021, manifestando que por la difícil situación económica vigente que atraviesa su empresa, no puede cumplir en el plazo otorgado con sus obligaciones laborales.

De los actuados, se aprecia que, la impugnante no acreditó el cumplimiento del pago de este concepto a favor de sus cinco ex trabajadores. Siendo que, a lo largo del presente procedimiento administrativo solo ha manifestado argumentos dirigidos a solicitar la ampliación del plazo para cumplir con el pago de los adeudos laborales a favor de sus cinco ex trabajadores; pero, sin sustentar su pedido con algún medio fáctico que demuestra o corrobore sus alegatos.

Bajo ese contexto, se debe valorar que, desde el vencimiento del plazo para cumplir con el requerimiento efectuado por el inspector comisionado, esto es, 18 de mayo de 2021, a la fecha de la interposición de su recurso de revisión, 23 de noviembre de 2021, han transcurrido más de 45 días hábiles, periodo que es el que solicitó la impugnante como ampliación de plazo tanto en su escrito de descargo de fecha 13 de julio de 2021, como en su recurso de apelación y revisión, para el cumplimiento de sus adeudos labores. A pesar de ello, aún continúa sin acreditar que haya cumplido con el pago de la remuneración vacacional a favor de sus cinco trabajadores, aunque sea de forma tardía. Tal es así que en el numeral 1 de su recurso de revisión, reconoce que: “Respecto de las infracciones mencionadas nuestra representada no ha podido cumplir con las obligaciones de nuestros ex trabajadores. En ese sentido solicitamos se nos pueda otorgar un plazo mayor para cumplir con los 4 puntos arriba mencionados”.

Por tales razones, corresponde desestimar, la solicitud de la impugnante, referida a la ampliación de plazo para el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales, tal como también lo ha resuelto la instancia de mérito en sus numerales 9 y 10 de la Resolución de Intendencia Nº 120-2021-SUNAFIL/IRE-SMA.

En ese contexto, esta Sala ha verificado que la impugnante no cumplió con realizar el pago del descanso vacacional en perjuicio de cinco trabajadores, incurriéndose en una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, conforme lo establecido en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, la cual debe ser confirmada.

Por las consideraciones antedichas, no cabe acoger los argumentos expuestos en el recurso de revisión.