Constructora Green S.A.C — Res. 1393-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Seguro complementario de trabajo de riesgo (Submateria: Incluye todas); Equipos de protección personal (Submateria: Incluye todas); planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Submateria: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Submateria: Incluye todas); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Submateria: comité (o supervisor) de seguridad y salud en el trabajo; registro de exámenes médicos ocupacionales); Instalaciones de trabajo (Submateria: protección de zanjas y excavaciones: entibaciones, calzaduras, apuntalamientos, muros pantalla y taludes) y condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Submateria: condiciones de seguridad)

impugnante por la comisión, de una (01) infracción muy grave en materia de SST por no realizar exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores conforme a Ley.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no realizar exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores conforme a Ley, infracción tipificada en el numeral 28.13 del artículo 28° del RLGIT. 1.4 Con fecha 12 de julio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 138-2023-SUNAFIL/IRE-SMA/SISA, argumentando lo siguiente:

i. Con fecha 16 de noviembre del 2022, el inspector comisionado notificó a través de la casilla electrónica, la insubsanabildad de las infracciones que ahora son objeto de imputación; sin embargo, nótese que esta notificación no se efectúa durante alguna de sus actuaciones inspectivas, como lo señala la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/IRE-SMA, que aprueba la Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva. ii. De acuerdo al artículo 54° del D.S N°019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo se establece que toda acta de infracción debe contener requisitos mínimos, dentro de ellos la identificación del inspector o de los inspectores de trabajo que extienden el acta de infracción con sus respectivas firmas. En el presente caso, del contenido del acta de infracción no se evidencia la rúbrica o firma del supervisor, situación que no solo transgrede las disposiciones legales sino también el Principio de Legalidad. iii. Resulta evidente que durante la etapa inspectiva y la consecuente emisión del acta de infracción, se ha contravenido expresamente las normas antes acotadas, lo cual inevitablemente conlleva a su nulidad a tenor de lo establecido en el numeral 1, del artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. iv. Con fecha 05 de julio del presente año solicitó copias de una parte expediente sancionador a fin de ejercer válidamente su derecho de defensa como expresión del derecho a un debido procedimiento, consagrado en nuestra constitución; no obstante, a la fecha de interposición del recurso de apelación, no se han proporcionado los actuados, lo cual causa indefensión.

v. El numeral 4.12. del acta de infracción se puede apreciar que los inspectores de trabajo nunca se pronunciaron respecto de la condición de cada trabajador, o si tenían algún problema de salud que afecte directamente la prestación de sus labores; es decir, si se ha cumplido o no con la finalidad de la función inspectiva (verificar el cumplimiento de la obligación consistente en realizar el examen médico ocupacional), siendo que únicamente se han centrado en observar el momento (tiempo) en el cual fueron efectuados, lo cual resulta secundario al objetivo de dicha obligación (comprobar la condición de los trabajadores); más aún si se tiene en cuenta que los exámenes si se realizaron. vi. El órgano resolutor no ha valorado los argumentos antes descritos, limitándose a realizar una motivación somera sobre los mismos, más aún los referido a la razonabilidad y vulneración del principio de tipicidad en la infracción aludida, los cuales esperamos sean adecuadamente merituados por vuestra instancia.

i. Conforme a lo señalado en la Directiva, el inspector a cargo de la investigación cumplió con emitir la constancia de actuaciones inspectivas de investigación, en donde en el anexo dejó constancia del carácter insubsanable de la infracción, así como cumplió con notificar por casilla electrónica al Administrado sobre la insubsanabilidad de la infracción. ii. De la documentación presentada por el recurrente durante las actuaciones inspectivas (visita inspectiva), los inspectores a cargo de la investigación comprobaron que la inspeccionada no realizó los exámenes médicos ocupacionales antes del inicio de la relación laboral, conforme al registro de exámenes médicos ocupacionales. iii. De la revisión de la resolución impugnada, la misma se encuentra debidamente motivada, ya que, se puede comprobar que tanto en el proceso inspectivo, como la autoridad instructora y la autoridad administrativa de primera instancia cumplieron con pronunciarse sobre la notificación de la insubsanabilidad de la infracción, además que, se verifica que se valoraron todos los medios probatorios que se encuentran en el expediente para llegar a determinar la comisión de infracción por parte del apelante, a su vez, se fundamentó las razones de hecho y de derecho para establecer finalmente una decisión; y, se pronunciaron de todos los argumentos proferidos por el interesado. iv. Según lo señalado en la Directiva N° 001-2020 SUNAFIL/INII y el artículo 54° de la LGIT, el acta de infracción debe encontrarse refrendada (firmada) por el supervisor inspector; y, en el presente caso, de la revisión del acta de infracción en formato PDF, emitida por los Inspectores mediante la herramienta informática “Adobe Acrobat

Reader”, se observa la validación de las firmas digitales de los Inspectores que extendieron el acta de infracción incluyendo la del Supervisor. v. Por MEMORÁNDUM-000210-2023-SUNAFIL/IRE-SMA/SISA de fecha 15 de agosto de 2023, el Sub Intendente de Sanción informó que mediante Proveído N° 5 de fecha 11 de agosto de 2023, se remitió las copias en formato PDF solicitadas en el presente caso. Al advertirse que, las copias del expediente digital, fueron entregadas con posterioridad a la presentación del recurso de apelación, esta Intendencia Regional a fin de no afectar el derecho de defensa del impugnante, otorgó un plazo adicional de cinco (5) días hábiles al mismo para que presente, de considerarlo necesario, un escrito de ampliación de su apelación. vi. La autoridad sancionadora procedió a devolver el Informe Final de Instrucción N° 66- 2023-SUNAFIL/IRE-SMA/SIFN, al haberse advertido que la autoridad instructora no se ha pronunciado respecto a todos los fundamentos expuestos en los descargos a la imputación de cargos presentados por la Empresa, centrándose sólo a resumir en dos párrafos los descargos respecto a los requisitos del acta de infracción para sustentar la propuesta de archivo del Informe Final de Instrucción. Dicha situación no implica la vulneración del debido proceso o derecho de defensa del impugnante; por el contrario, lo que se ha buscado es salvaguardar el debido proceso y derecho de defensa del Administrado. vii. El Administrado no cumplió con realizar los exámenes médicos ocupacionales conforme a Ley (antes de la relación laboral), conducta que se encuentra tipificada en el numeral 28.13 del artículo 28° del RLGIT; ha quedado evidenciado que los trabajadores detallados en el cuadro N°03 del acta de infracción, ingresaron a laborar en el mes de agosto, setiembre y octubre del año 2022, en ese sentido, el Administrado se encontraba en la obligación de realizar exámenes médicos pre ocupacionales conforme a la normatividad, situación que no ha sido acreditado por el mismo porque los certificados de aptitud médico ocupacional tienen fecha posterior al inicio de la relación laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 4 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 5 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA GREEN S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 02 de octubre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Regional N° 52-2023-SUNAFIL/IRE-SMA, señalando los siguientes alegatos:

i. Alegan que no se les notificó la constancia de actuaciones inspectivas y anexos señalando el carácter insubsanable de la infracción. Agregan que, la insubsanabilidad se notificó mediante la casilla electrónica de manera independiente y no contaba con la firma del Supervisor. ii. Sostienen que no se les dio la oportunidad de ofrecer pruebas o absolver el requerimiento de información, atribuyéndoles la comisión de una infracción, soslayando su derecho de defensa y al debido procedimiento. iii. Refieren que exhibieron documentación a los inspectores en la visita de fecha 05 de octubre de 2022, exhibiendo los certificados de aptitud medico ocupacional, siendo esta la única vez que se revisó un documento sobre dicha materia. iv. Señalan que el propio tribunal señala que el deber de motivación es un requisito indispensable, tanto en el procedimiento inspectivo a cargo de los inspectores, así como, de las autoridades del procedimiento sancionador; en el presente caso, ni el inspector ni la autoridad instructora, ni las autoridades sancionadoras han motivado el carácter insubsanable de la presunta infracción, por lo que el presente procedimiento deviene en nulo de pleno derecho. v. Señalan que del acta de infracción no se evidencia la rúbrica o firma del supervisor, situación que no solo transgrede la LGIT y su reglamento, y la Directiva N°001-2020- SUNAFIL/INII; sino que además contraviene el principio de legalidad, según el cual todas las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, a la Ley y a

las normas reglamentarias, además de incurrir en nulidad, al haberse emitido prescindiendo de sus requisitos de validez, como son: la competencia, la motivación y el procedimiento regular. vi. La autoridad sancionadora de primera instancia no estaba de acuerdo con el Informe final de instrucción N° 066-2023-SUNAFIL/IRE-SMA/SIFN y lo devuelve adelantando opinión y le pide al instructor que cambie de opinión y emita un nuevo informe final, lo que se materializó con la emisión del Informe Final de Instrucción N° 091-2023- SUNAFIL/IRESMA/SIFN el mismo que ya no recomienda el archivo sino continuar con el PAS, es decir, el instructor cambió su recomendación, tal como lo había pedido el sancionador de primera instancia, informe con el que el órgano sancionador pretende sancionar a la empresa. vii. Debe tenerse en cuenta que, en el presente expediente se han emitido 3 informes finales de instrucción distintos, lo que nos causa perjuicio y vulnera por completo nuestros derechos fundamentales como el derecho de defensa y por ende al debido procedimiento. viii. Alegan que de acuerdo el numeral 7.1.3.5 literal b) de la versión 2 de la Directiva N° 001- 2017- SUNAFIL/INII –Directiva que regula el Procedimiento Administrativo Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo, la Autoridad sancionadora devuelve en una sola ocasión el expediente a la Autoridad instructora, mediante comunicación escrita debidamente sustentada, para fines de la reevaluación de dicho documento. ix. Respecto a los exámenes ocupacionales, alegan que si cumplieron con realizarlos y presentarlos a la autoridad en su oportunidad, razón por el que la infracción que se les atribuye debe ser desestimada, siendo que el supuesto típico previsto en la ley, no señala o hace mención del tiempo u oportunidad en que ésta deban realizarse, motivo por el cual, el que no se hayan efectuado antes de relación laboral, ya resulta de una interpretación extensiva del inspector, situación que se encuentra prohibida en virtud al principio de tipicidad. VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre el debido procedimiento 6.1. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

“(...) se proyecta (...) como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés (...). La observancia y el respeto del derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, propio de una democracia constitucional que tiene en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera [que] sea su materia.”

Sobre las Acta de Infracción y sus formalidades

“a) Identificación del sujeto responsable, con expresión de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y actividad económica. Idénticos datos de identificación se reflejarán para los sujetos que deban responder solidaria o subsidiariamente. En caso de obstrucción a la labor inspectiva o de empresas informales, se consignarán los datos que hayan podido constarse. b) La autoridad competente para imponer sanción, con expresión de la norma que le atribuye su competencia. c) Los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta. d) Los hechos comprobados por el inspector del trabajo, constitutivos de infracción e) La infracción o infracciones en las que se subsumen los hechos comprobados, los preceptos y normas que se estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal. f) La sanción que se propone, su cuantificación y graduación, con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos. De apreciarse la existencia de reincidencia en la comisión de una infracción, debe consignarse dicha circunstancia con su respectivo fundamento. g) La responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables, con expresión de su fundamento fáctico y jurídico. h) La identificación del inspector o de los inspectores de trabajo que extienden el acta de infracción con sus respectivas firmas. i) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación." (énfasis añadido)

Regional de San Martín, ha señalado en el fundamento 80 de la Resolución de Subintendencia N° 138-2023-SUNAFIL/IRE-SMA/SISA, lo siguiente:

Figura N°01

“6.13 En este extremo, con el fin de subrayar el control que debe practicarse sobre el particular desde la instauración del procedimiento sancionador, es importante recordar que la versión 02 de la “Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/ INII - Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo” aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 190- 2021-SUNAFIL del 28 de junio de 2021, le confiere a la autoridad sancionadora de primera instancia (la Sub Intendencia de Resolución) la potestad de estimar la suficiencia del Informe Final de Instrucción, pudiendo disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere estrictamente indispensables para resolver el procedimiento (literales “c” y “g” del punto 6.4.2.4).” (énfasis añadido)

Sobre la vulneración a la debida motivación 6.20 Conforme se detalla, la resolución de sanción (Resolución de Subintendencia N° 138- 2023-SUNAFIL/IRE-SMA/SISA) no ha efectuado una debida motivación para desvirtuar lo alegado por la impugnante en el extremo de la validez del Acta de Infracción N°178-2022- SUNAFIL/IRE-SMA.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el

control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta

razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.30 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la CONSTRUCTORA GREEN S.A.C., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Subintendencia N°138-2023-SUNAFIL/IRE-SMA/SISA de fecha 12 de junio de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 24-2023-SUNAFIL/IRE-SMA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Subintendencia N°138-2023- SUNAFIL/IRE-SMA/SISA, de fecha 12 de junio de 2023, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de San Martin, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.31 de la presente resolución CUARTO. – Notificar la presente resolución a la CONSTRUCTORA GREEN S.A.C., y a la Intendencia Regional de San Martín, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251007LGN- HR: 191836-2023