Constructora Gonzalez Torres Asociados S.A.C — Res. 987-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Deposito de CTS); Bonificación (Sub materia : Incluye todas), Registro de control de asistencia (Sub materia : Incluye todas); Verificación de regímenes especiales de grupos específicos (Sub materia: Construcción civil); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materias: Vacaciones y horas extras); Remuneraciones (Sub materias: Asignaciones, Pago de la remuneración (sueldos y salarios) y Gratificaciones). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

i. Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las remuneraciones (jornal diario) del periodo 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022 al recurrente Murga Tanta Walter Félix, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

ii. Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro del descanso semanal obligatorio (DSO) del periodo 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, al recurrente Murga Tanta Walter Félix, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,058.00.

iii. Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de bonificación unificada de la construcción (BUC) del periodo 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, al recurrente Murga Tanta Walter Félix, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

iv. Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de bonificación por movilidad del periodo 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, RD N°777-87-DR-LIM del 10.07.87, bonificación por movilidad acumulada al recurrente Murga Tanta Walter Félix, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

v. Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la gratificación legal del periodo trunco 01/07/2021 a 07/11/2021,

de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, al recurrente Murga Tanta Walter Félix, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

vi. Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la bonificación extraordinaria (Ley 30334) del periodo trunco 01/07/2021 a 07/11/2021, al recurrente Murga Tanta Walter Félix, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

vii. Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios (indemnización) del periodo trunco 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, al recurrente Murga Tanta Walter Félix, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

viii. Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la compensación vacacional del periodo 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, al recurrente Murga Tanta Walter Félix, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

ix. Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no entregar documentación solicitada, a través de casilla electrónica el 20/12/2021, ha generado el retraso y perturbación del ejercicio normal de las funciones de la inspectora comisionada, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/506.00.

x. Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplió con la normatividad correspondiente al registro de control de asistencia, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,058.00.

xi. Una (01) infracción MUY GRAVE a la laboral inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,058.00.

i. Su representada realizo los pagos de la remuneración del señor Murga Tanta Walter Félix, durante el periodo requerido, esto es del 01 de julio al 07 de noviembre del 2021, realizando el pago de sus remuneraciones y beneficios sociales correspondientes en la oportunidad de pago, conforme se puede apreciar de las constancias de pago adjunta a la presente, agrega que por un error y desconocimiento se registró al trabajador bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 728, motivo por el cual, los pagos realizados fueron bajo el régimen de la micro empresa como corresponde a su representada. Sin embargo, posteriormente a ello se realizó una nueva liquidación de los beneficios que corresponde al trabajador bajo el régimen de construcción civil, dando la suma de S/ 11,131.96 soles. En tal sentido, para determinar el monto adeudado al trabajador, se debe descontar a aquel monto la suma de los pagos realizados al trabajador, dando la suma de S/ 2,403.07 soles, en el cual incluiría el pago de remuneración y beneficios sociales, cuyo pago fue realizado con fecha 07 de febrero del 2022, fecha anterior a la medida inspectiva de requerimiento. ii. Por tal motivo, conforme se puede prever del articulo 47-A del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR y del literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, corresponde se aplique el eximente de responsabilidad de la infracción, en tanto la presunta conducta infractora fue subsanada antes del 07 de marzo de 2022 (Fecha de notificación del acta de infracción y la medida de requerimiento). La norma precisa que, para que se aplique el eximente de responsabilidad, debe subsanarse la conducta infractora, mas no precisa que esta deba comunicarse a la entidad, por lo cual, esta última, al tomar conocimiento de dicha subsanación, debe eximir de responsabilidad a nuestra representada por la infracción subsanada. Maxime si la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral precisa en la Resolución N° 025- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (Exp. Sancionador N° 160-2020- SUNAFIL/IRE- CAJ/SIAI), en su fundamento 6.6, también precisa sobre la medida de requerimiento. iii. En tal sentido, en atención a la naturaleza de la labor inspectiva, GTA cumplió con realizar el pago de los beneficios sociales del señor Murga antes de culminar la etapa inspectiva, por lo que no corresponde aplicar sanción alguna a la empresa, en tanto su actuar se condujo conforme a la finalidad de la medida inspectiva. Cabe precisar que se ha presentado prueba nueva conjuntamente con el recurso de reconsideración presentada, la misma que debió ser considerada, sin embargo, el subintendente no ha valorado la documentación remitida, razón por la cual vulnera su derecho a una resolución motivada, por no solo no se ha pronunciado respecto a

sus argumentos de defensa, sino que, a su vez, desconoció los medios probatorios remitidos.

i. Conforme a lo señalado, de la revisión del medio probatorio presentado como nueva prueba en su recurso de reconsideración, se verifica que efectivamente el mismo no acredita el cumplimiento de las obligaciones materia de sanción, ya que en la misma no se precisa de qué conceptos y periodos realizó el pago, en tal caso al estar generalizado el depósito, bien pudo adjuntar otros documentos que acrediten el cumplimiento de su obligación, los cuales han sido advertidos en la medida de requerimiento por parte de la autoridad inspectiva, y tomando en cuenta el principio de buena fe procedimental, debió ser presentado con el recurso de reconsideración para ser considerada como nueva prueba que genere convicción respecto al cumplimiento de la obligación que se le imputa como infracción. ii. Bajo este contexto, se puede determinar que, para el presente caso no se ha configurado una subsanación voluntaria, por cuanto no existe en autos, la existencia de alguna subsanación de las infracciones con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, y porque los medios de prueba aportados con el recurso de reconsideración, no generan convicción respecto al cumplimiento de su obligación, por tanto, conforme se ha señalado líneas arriba no cabría un eximente de responsabilidad administrativa por subsanación voluntaria como alega la impugnante, máxime si de las materias imputadas también se advierten infracción a la labor inspectiva, conducta reprochable, que vulnera el precepto legal que regula la colaboración a la función inspectiva.

2 Notificada a la impugnante el 08 de agosto de 2022.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONSTRUCTORA GONZALEZ TORRES ASOCIADOS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 129-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

i. Señala que, se presentó en el recurso de apelación la corrección del régimen con el que fue contratado y al que realmente le debía la empresa. Con todo ello, lo que se tiene es que la autoridad administrativa no ha motivado sobre lo peticionado y lo probado por el impugnante, lo que le ha causado indefensión y ha generado una contravención a las normas fundamentales respecto a la motivación de los actos de la administración pública. ii. Es de señalar que, la prueba de que la resolución no tiene la motivación que le corresponde, es la resolución sometida a recurso de revisión, del cual se aprecia que todo el desarrollo de la parte considerativa gira en torno al recurso de reconsideración, y no sobre el recurso interpuesto de apelación, en tal sentido, se desprende de los puntos 2 hasta el 16 del acto administrativo bajo revisión que, casi todo el desarrollo al respecto ha girado sobre el primer recurso administrativo y no sobre la alegación presentada y probada por el administrado, por consiguiente, la autoridad debe corregir el acto administrativo y resolver conforme a Derecho, y conceder lo peticionado por el administrado. Además de ello, debe indicarse que todo lo actuado por la administración a la fecha encuadra perfectamente en un defecto de tramitación, por lo tanto, solicitando que se respete los derechos del administrado, se interpone el recurso de revisión sobre la infracción de tipo muy grave pero también sobre todo el acto administrativo por defecto de tramitación. iii. Presenta medio probatorio que contribuye a considerar el presente escrito, en el extremo que argumenta que para el cumplimiento de todo requerimiento de

SUNAFIL, la empresa inspeccionada presenta problemas internos y externos por este hecho sobreviniente, no imputable a la empresa inspeccionada, según el cual, por disposición judicial se ordena la paralización de la obra que constituye causa objetiva del problema que presenta el administrado para regularizar personal, pago de empleador y demás gastos internos de la empresa. Es de tomarse en cuenta la fecha en la que fue emitida. Y que prueba que, desde la fecha indicada, e incluso previo a ello, la empresa ha presentado problemas internos de administración, dificultades para gestionar el personal nuevo que contrató, así como inconvenientes con las autoridades locales y comunales, lo cual suma para determinar el grado de dificultad que tiene el administrado para con sus obligaciones sociolaborales. Por tanto, prueba que el hecho que subyace a la presunta conducta infractora se debe a un hecho sobreviniente y fortuito.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones;

ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse

pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos o vinculados a la infracción muy grave impuesta.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

jurídica de la motivación de actos administrativos: ser una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre la aplicación de la eximente de responsabilidad

10 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4º edición. Tomo II. Página 517 11 LEÓN HILARIO, Leysser (2016). Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. Lima: Academia de la Magistratura. 12 Respecto a estas características, cabe precisar que, de acuerdo con lo señalado por De Trazegnies, lo extraordinario es entendido como aquel riesgo atípico de la actividad o cosa generadora del daño, notorio o público y de magnitud; es decir, no debe ser algo fuera de lo común para el sujeto sino fuera de lo común para todo el mundo. Asimismo, siguiendo al citado autor, lo imprevisible e irresistible implica que el presunto causante no hubiera tenido la oportunidad de actuar de otra manera o no podría prever el acontecimiento y resistir a él. (DE TRAZEGNIES GRANDA,

Fernando. La responsabilidad extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2001. pp. 336 - 341) Partiendo de ello, el mencionado académico señala: para considerar la notoriedad del hecho como elemento esencial del caso fortuito no se requiere que esta característica (notorio o público o de magnitud) haya sido expresamente señalada en el artículo 1315: está implícitamente en la exigencia de que se trate de un hecho extraordinario" (p. 339). 13 TUO de la LPAG Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada”.

Archivo definitivo, conforme se visualiza de la Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial. Aunado a ello, no se identifica en qué medida la resolución judicial adjunta al escrito de revisión impactó en el incumplimiento de sus obligaciones en materia laboral y la medida inspectiva de requerimiento, en los términos que sostiene la impugnante. Por tanto, no corresponde amparar este extremo del recurso de revisión.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de las remuneraciones (jornal diario) del periodo 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022 al recurrente Murga Tanta Walter Félix. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro del descanso semanal obligatorio (DSO) del periodo 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, al recurrente Murga Tanta Walter Félix Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de bonificación unificada de la construcción (BUC) del periodo 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, al recurrente Murga Tanta Walter Félix. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de bonificación por movilidad del periodo 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, RD N°777-87-DR-LIM del 10.07.87, bonificación por movilidad acumulada al recurrente Murga Tanta Walter Félix. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la gratificación legal del periodo trunco 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la bonificación extraordinaria (Ley 30334) del periodo trunco 01/07/2021 a 07/11/2021, al recurrente Murga Tanta Walter Félix. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios (indemnización) del periodo trunco 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, al recurrente Murga Tanta Walter Félix. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago integro de la compensación vacacional del periodo 01/07/2021 a 07/11/2021, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, al recurrente Murga Tanta Walter Félix. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Labor Inspectiva No entregar documentación solicitada, a través de casilla electrónica el 20/12/2021, ha generado el retraso y perturbación del ejercicio normal de las funciones de la inspectora comisionada. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE 10 Relaciones Laborales No cumplió con la normatividad correspondiente al registro de control de asistencia. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSTRUCTORA GONZALEZ TORRES ASOCIADOS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 129-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 126-2022-PS-SUNAFIL/IRE-CAJ, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 129-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en los extremos referentes a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 25.19 y 25.6 del artículo 25 y numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, respectivamente. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSTRUCTORA GONZALEZ TORRES ASOCIADOS S.A.C. y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231011MLA