Constructora e Inmobiliaria Ah&d S.A.C — Res. 111-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Trabajo de adolescentes menores de 18 años (14 a 17 años de edad) (prevención erradicación del trabajo infantil, prevención de riesgos); Autorización para el trabajo dependiente (prevención y erradicación del trabajo infantil); Trabajos peligrosos para las y los adolescentes (Decreto Supremo N° 003- 2010) (prevención de riesgos, prevención y erradicación del trabajo infantil); incluye todas. 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

instructiva, otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la falta de colaboración del sujeto inspeccionado por no remitir la documentación requerida con fecha 12 de abril de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, con multa ascendente a S/. 1,100.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la falta de colaboración del sujeto inspeccionado por no remitir la documentación requerida con fecha 16 de abril de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, con multa ascendente a S/. 1,100.00. 1.4 Con fecha 17 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 107-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-HVCA, argumentando lo siguiente:

i. El presente procedimiento sancionador se inicia en mérito de la Orden de Inspección N° 138-2021-SUNAFIL/IRE-HCA, de fecha 08 de marzo de 2021; las actuaciones inspectivas empezaron a practicarse el día 23 de marzo de 2021, de la revisión efectuada al expediente de investigación se puede verificar que el inspector comisionado no dio cumplimiento del plazo para dar inicio a las actuaciones inspectivas conforme lo dispone el artículo 9 del RLGIT; toda vez que si la orden de inspección fue emitida con fecha 08 de marzo de 2021, debió iniciarse las actuaciones inspectivas con fecha 22 de marzo de 2021; sin embargo como es de verse no se dio cumplimiento a la precitada ley.

ii. Con fecha 12 de abril de 2021, se procede a notificar el requerimiento de información, programado para el día 15 de abril de 2021; de la revisión realizada se observa que la referida notificación fue mediante el uso de la casilla electrónica. En principio debo manifestar que, no tuvimos conocimiento de dicho requerimiento de información, vale decir que recién con la notificación del documento materia de descargo nos enteramos de la existencia del presente procedimiento administrativo sancionador; este hecho de notificación defectuosa me viene causando un agravio de derecho, ya que en un estado de derecho como el nuestro resulta necesario que todo acto administrativo debe ser notificado cumpliendo los parámetros que la ley establece.

iii. Vale decir que, en el presente caso, el inspector comisionado solo se limitó a depositar la notificación en la casilla electrónica, sin dar la alerta correspondiente en el correo

electrónico y/o teléfono móvil, conforme a lo regulado en el Decreto Supremo N° 003- 2020-TR.

iv. Es necesario resaltar que nos encontramos acreditados como Microempresa desde el 26 de enero de 2015, conforme a la ficha de acreditación presentada; información que se debe tomar en consideración al momento de determinar la multa y reducir al 50%, conforme a lo establecido en el numeral 48.1-b del Decreto Supremo N° 015-2017-TR.

i. Las actuaciones inspectivas son las diligencias que la inspección de trabajo sigue de oficio, previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales, conforme a la definición establecida en el artículo 1 de la LGIT.

ii. En relación a los argumentos de la apelación, se debe tener presente que el derecho al debido proceso, regula que los administrados gocen de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo.

iii. Como parte de las actuaciones inspectivas, los inspectores comisionados se encuentran en la facultad de requerir información a los inspeccionados, las mismas que en el marco de su deber de colaboración, se obligan a cumplir con la presentación de la misma, bajo apercibimiento de incurrir en infracción a la labor inspectiva.

iv. En el presente caso, corresponde mencionar que, a través de su casilla electrónica, fueron notificados los requerimientos de información de fechas 12 y 16 de abril de 2021, indicando que se presente documentación relacionada al objeto de la investigación, a favor de dos trabajadores. Sin embargo, revisada la bandeja electrónica el 16 y 26 de abril de 2021, respectivamente; se tiene que el sujeto inspeccionado no ha remitido documentación alguna.

v. Conforme al artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, la SUNAFIL, asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos

2 Notificada a la inspeccionada el 01 de octubre de 2021.

administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La SUNAFIL comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería. 1.6 Con fecha 21 de octubre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Huancavelica, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 041-2021- SUNAFIL/IRE-HVCA.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AH&D S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 041-2021-SUNAFIL/IRE-HVCA, señalando los siguientes fundamentos:

I) El presente procedimiento sancionador se inicia en mérito de la Orden de Inspección N° 138-2021-SUNAFIL/IRE-HCA, de fecha 08 de marzo de 2021; las actuaciones inspectivas empezaron a practicarse el día 23 de marzo de 2021, de la revisión efectuada al expediente de investigación se puede verificar que el inspector comisionado no dio cumplimiento del plazo para dar inicio a las actuaciones inspectivas conforme lo dispone el artículo 9 del RLGIT; toda vez que si la orden de inspección fue emitida con fecha 08 de marzo de 2021, debió iniciarse las actuaciones inspectivas con fecha 22 de marzo de 2021; sin embargo como es de verse no se dio cumplimiento a la precitada ley.

II) No se tomó en cuenta nuestra petición, siendo que nos encontramos acreditados como Microempresa desde el 26 de enero de 2015, conforme a la ficha de acreditación presentada; información que se debe tomar en consideración al momento de determinar la multa y reducir al 50%, conforme a lo establecido en el numeral 48.1-b del Decreto Supremo N° 015-2017-TR.

III) En el presente caso, se nos atribuye haber infringido el numeral 46.3 del RLGIT, por no asistir a los requerimientos de información de fecha 12 y 16 de abril de 2021, por la supuesta infracción en materia de labor inspectiva. Ahora bien, su despacho debe tener en cuenta la Resolución N° 233-2017-SUNAFIL, que aprueba criterios normativos, entre ellos el concurso de infracciones. Así, en el presente caso, ya que existe similitud en las citadas infracciones de labor inspectiva, se debe sancionar sólo con una multa, en aplicación del concurso de infracciones.

IV) La resolución materia de impugnación no es descrita en honor a la verdad, toda vez que contiene considerandos que no son congruentes con la realidad, como es de verse en el numeral 2.21 que a la letra dice: “Con relación a los argumentos expuestos, en el recurso de apelación presentado, se advierte que son redundantes y repetitivos en los descargos presentados ante la imputación de cargos e informe final de instrucción”. Respecto a ello cabe mencionar que, no presentamos descargos contra la imputación de cargos e informe final de instrucción, toda vez que no tuvimos conocimiento del presente procedimiento administrativo sancionador hasta la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 107-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-HVCA, vale decir que, recién con la notificación de dicho documento es que venimos ejerciendo nuestro derecho de defensa.

V) Asimismo, la administración pública debe observar el principio al debido procedimiento en la tramitación de los procedimientos administrativos que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción.

VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN Sobre las infracciones a la labor inspectiva 6.1 Sobre el particular, “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”8. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por

8 LGIT, artículo 1.

dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad9.

“En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) d) Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica: la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), como autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo, regula mediante resolución de superintendencia los mecanismos de implementación correspondientes”.

- Con fecha 07 y 16 de abril de 2021 se emitieron los “Requerimientos de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, que obran a folios 09 y 13 del expediente inspectivo, debidamente notificados en la Casilla Electrónica de la impugnante, conforme a las “Constancias de Notificación Vía Casilla Electrónica”, que

9TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 10 LGIT, “Artículo 9.- Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores- Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

obran a folios 10 y 14 del citado expediente; a través de los cuales se requiere a la impugnante la presentación de información por medio de Sistema de Comunicación Electrónica, en el plazo de tres (03) días hábiles; referida a los trabajadores: León Chiquis Huerta y Jefferson Quevedo Hinostroza, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento, de conformidad con los artículos 36 y 39 de la LGIT y el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT; debiendo aportar la siguiente información:

1) Acta de nacimiento de trabajador o Ficha RENIEC; 2) Datos laborales conforme al cuadro siguiente:

3) Libreta de autorización del trabajador adolescente; 4) Resolución de autorización del trabajador adolescente; 5) Registro del empleador mediante el cual declara la contratación de menores de edad; 6) Vigencia de poder registral y copia de DNI representante legal; 7) Constancia de alta en el T-Registro de la planilla electrónica; 8) Copia del registro de control de asistencia; 9) Copia de las boletas de pago de remuneraciones suscritas por los trabajadores; 10) Informe de actividades concretas que realizan los trabajadores; 11) Constancia de estudio del trabajador (en caso corresponda); 12) Constancia de entrega de equipos de protección personal al trabajador.

- Sin embargo, vencido el plazo otorgado a la impugnante, conforme se deja constancia en los numerales 4.5 y 4.7 de los hechos constatados del Acta de Infracción, así como, a través de la “Constancia de actuaciones inspectivas de investigación” de fecha 26 de abril de 20201, que obra a folios 15 del expediente inspectivo, se verificó que la impugnante no envío la información solicitada, mediante “Requerimientos de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”. Por lo tanto, la impugnante incumplió con los requerimientos notificados el 12 y 16 de abril de 2021.

Respecto del exceso de plazo en el inicio de las actuaciones inspectivas

“Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (…) 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.”

breve posible, sin desmedro de las responsabilidades funcionales por la demora imputable al mismo.11

Del principio de concurso de infracciones 6.14 De otro lado, esta Sala observa que la impugnante ha invocado el principio de concurso de infracciones, por lo que -a su criterio- únicamente corresponde determinar una infracción por no haber remitido la documentación solicitada mediante requerimientos de información.

11 Así, en el fundamento 11 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00295-2012-PHC/TC del 14 de mayo de 2015 (declarado doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) se reconoce que en aquellos casos en los cuales se prolonga el proceso más allá de lo razonable, “…no puede establecerse, por ejemplo, la exclusión del procesado, el sobreseimiento del proceso o el archivo definitivo del proceso penal como si fuera un equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que, actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, el órgano jurisdiccional debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal. En cualquier caso, como es obvio, tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere lugar para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidadas por los órganos competentes”.

“El concurso de infracciones será aplicable en caso que una misma acción u omisión configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una” 12. 6.18 Es importante precisar que, las actuaciones inspectivas son las diligencias que la inspección de trabajo sigue de oficio, previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales, conforme a la definición establecida en el artículo 1 de la LGIT.

12 El subrayado no es del original. 13 LGIT Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5. Adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualesquiera de las siguientes medidas: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.

Sobre la presunta vulneración al debido procedimiento invocado por la impugnante

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC–

que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (fundamento 69) (énfasis añadido).

Figura N° 01:

Figura N° 02:

Figura N° 03:

Figura N° 04:

Figura N° 05:

Figura N° 06:

Figura N° 07:

VII. INFORMACIÓN ADICIONAL Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas confirmadas en el presente procedimiento administrativo sancionador son las siguientes:

N° Materia Conducta Infractora Norma Vulnerada Tipo Legal y Calificación Multa Impuesta Labor Inspectiva El sujeto inspeccionado no remitió la documentación requerida con fecha 12 de abril de 2021 Artículo 9 de la Ley 28806. Artículo 15 del D.S. N° 019- 2006-TR Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE UIT 0.25 S/ 1,100.00 Labor Inspectiva El sujeto inspeccionado no remitió la documentación requerida con fecha 16 de abril de 2021 Artículo 9 de la Ley 28806. Artículo 15 del D.S. N° 019- 2006-TR Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE UIT 0.25 S/ 1,100.00

POR TANTO Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AH&D S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 041-2021-SUNAFIL/IRE- HVCA, de 21 de setiembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Huancavelica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 083-2021- SUNAFIL/IRE-HVCA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 041-2021-SUNAFIL/IRE-HVCA, en todos sus extremos.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AH&D S.A.C. y a la Intendencia Regional de Huancavelica, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Huancavelica.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Regístrese y comuníquese,

Presidente DESIREÉ BIANCA ORSINI WISOTZKI LUZ IMELDA PACHECO ZERGA