Constructora Concepción S.A.C — Res. 1170-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, Horario de Trabajo y descansos remunerados (Sub materia: vacaciones), compensación por tiempo de servicios (Sub materia: depósito de CTS), seguridad social (sub materia: declaración y pago de la seguridad social), remuneraciones (Sub materia: gratificaciones y pago de bonificaciones) y participación en las utilidades (Sub materia: pago). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 1.2. Que, mediante Imputación de Cargos N° 232-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IC, de fecha 05 de mayo de 2022, notificada el 07 de mayo de 20212, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, porque el sujeto inspeccionado no acreditó el pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones efectivamente retenidos al extrabajador respecto del periodo comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago íntegro y oportuno de las utilidades generadas por la empresa en los ejercicios tributarios del 2018 y 2019, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada en fecha 27 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Que, respecto a la infracción por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, el administrado señala que se ha interpretado y aplicado incorrectamente las normas y los hechos probados del presente caso, existiendo

2 Véase folio 07 del expediente sancionador. 3 Véase folio 85 del expediente sancionador. 4 Notificada a la impugnante en fecha 06 de mayo de 2022, véase folio 112 del expediente sancionador.

notorias contradicciones a las normas y garantías que revisten el procedimiento administrativo sancionador. Que, aun cuando invocamos erradamente un supuesto de eximente de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor con motivo de la declaratoria del estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la Covid-19, con la finalidad de eximirse de responsabilidad respecto de la infracción por incumplimiento de la medida de requerimiento, en realidad debimos encausar dicho supuesto de eximente de responsabilidad por cumplimiento a un deber legal, conforme lo establece el literal “b” del art. 257 del TUO de la Ley N° 27444, por lo que, la Sub Intendencia de Resolución omitió verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, conforme lo establece el principio de verdad material, únicamente se limitó a manifestar que la infracción imputada a mi representada por la citada medida de requerimiento se mantenía por ser una infracción insubsanable, sin observar la vigencia de las normas que limitaban el ejercicio de nuestras actividades económicas (Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo N° 184-2020-PCM; Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE). En ese sentido, el cumplimiento íntegro de la citada medida de requerimiento no obedeció a un comportamiento doloso o negligente de parte de mi representada, pues dicho cumplimiento tardío o defectuoso obedeció a las restricciones legales dadas por nuestro supremo Gobierno.

ii. Que, de las actuaciones de investigación, el administrado resalta que, respecto a la notificación de ampliación para las actuaciones de investigación, su representada no recibió ninguna notificación, ni mucho menos el inspector comisionado dejo constancia escrita de las diligencias de investigación que desmerezcan la citada omisión procedimental conforme lo establece el numeral 7.6.11 de la Directiva 001- 2020-SUNAFIL/INII. Por tanto, al no haber sido notificados con la autorización y prórroga de ampliación de plazo de las actuaciones de investigación, todas las actuaciones y/o requerimientos incluyendo la medida de requerimiento dictados con posterioridad al vencimiento del plazo de las actuaciones de investigación son nulos.

i. En el presente caso, se observa que la inspeccionada interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 349-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 04 de mayo de 2022, el cual conforme al análisis realizado por el inferior en grado, señaló que los documentos presentados como prueba nueva fueron: 1) Ficha RUC de la recurrente emitido con fecha 15 de febrero de 2018; 2) Ficha de RUC de

5 Notificada a la impugnante el 09 de setiembre de 2022, véase folio 127 del expediente sancionador. la recurrente emitido con fecha 16 de octubre de 2019; y, 3) Comprobantes de pago en línea en AFP net, de las obligaciones de pago previsionales de la recurrente correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 y de enero, febrero y marzo de 2020 ofrecidos como pruebas instrumentales, documentos que fueron debidamente valorados y por los cuales la autoridad sancionadora de primera instancia concluyó cumplimiento de obligaciones laborales, pero, que al haberse realizado después de iniciado el procedimiento administrativo sancionador se aplicó el beneficio de reducción de multa, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 40 de la LGIT, es decir, reducción de la multa al 30% del monto inicialmente impuesto; por tanto, se resolvió declarar fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto, pronunciamiento con el que este Despacho coincide al haber revisado cada uno de los documentos aportados por el inspeccionado durante el presente procedimiento administrativo sancionador.

ii. En ese orden de ideas, se advierte que las Inspectoras comisionadas en la medida de requerimiento de fecha 27 de noviembre de 2020 expresamente indicaron a la Inspeccionada sobre las consecuencias de su incumplimiento señalando que sería sancionado con multa; por lo que la inspeccionada estaba obligada acreditar el pago de los beneficios sociales advertidos en la medida de requerimiento dentro del plazo de tres (3) días hábiles, el mismo que venció indefectiblemente hasta el 03 de diciembre de 2020.

iii. No obstante, el inspeccionado por medio de sus alegatos señala que el no cumplir de manera íntegra la medida de requerimiento no obedeció a un comportamiento negligente de parte de su representada, pues ello obedeció a las restricciones legales dadas por el estado en referencia a la declaratoria del estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la Covid-19, apoyando su argumento en el literal b) del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

iv. Al respecto, cabe indicar que la normatividad citada por el inspeccionado como el Decreto Supremo N° 008-2020-SA; Resolución Ministerial N° 208-2020-PRODUCE); y, Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, sin bien se encuentran emitidas entorno a la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional a raíz del Covid-19 y sus medidas de prevención y control, la reanudación de actividades económicas en materia de restaurantes y servicio afines y aprobación de protocolo sanitario, así como, las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, lo cierto también es que, declarado inicialmente el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio se emitieron los Decreto de Urgencia N° 026-2020, que estableció diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del CORONAVIRUS (COVID19) en el Territorio Nacional y el Decreto de Urgencia N° 029-2020, sobre las medidas complementarias destinadas al financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana, con lo cual corresponde destacar la suspensión para el cómputo de plazos que tales dispositivos normativos establecieron, que finalmente con el Decreto Supremo N° 087-2020-PCM de fecha 10 de junio de 2020 concluyó la suspensión de plazo prevista en el Decreto Supremo N° 087-2020-PCM y, en dicha oportunidad la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, se encontraba extendida hasta el 30 de junio, y según el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, con Resolución de Superintendencia N° 087-2020-SUNAFIL se

resolvió prorrogar la suspensión de plazos para las actuaciones y procedimientos a cargo del SIT. Ello, por el período de doce (12) días hábiles contados a partir del 11 de junio, es decir, hasta el 26 de junio de 2020.

v. En ese contexto, sobre las actuaciones inspectivas, desde el 30 de junio de 2020 se continúa con el cómputo de los plazos correspondiente a las órdenes de inspección y que fueron suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 26 de junio de 2020, empero, en el presente caso, se advierte que la Orden de Inspección N° 02209-2020- SUNAFIL/IRE-CAL se emitió el 01 de setiembre de 2020, por tanto, las actuaciones de fiscalización se desarrollaron en el periodo comprendido del 15 de setiembre de 2020 al 03 de diciembre de 2020, posterior a la suspensión de los plazos mencionados en el párrafo anterior, con lo cual las actuaciones inspectivas ejecutadas en el presente caso no se encuentran inmersas en el periodo de suspensión de plazos.

vi. Aunado a lo expuesto, cabe indicar que si bien las restricciones legales dadas por el estado se encuentran bajo el contexto de las medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, también es menester indicar que el dispositivo legal emitido, a través del Decreto de Urgencia N° 029-2020 tiene como común denominador la no afectación de la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración así como las demás condiciones económicas de los trabajadores, es por ello, que el sujeto inspeccionado debió cumplir con la medida de requerimiento emitida por la autoridad inspectiva dentro del plazo establecido, la misma que solicitaba el cumplimiento de sus obligaciones laborales de forma íntegra a favor de su trabajadora.

vii. Sin embargo, ello no sucedió, es por eso, que los pagos efectuados por el administrado posterior a la fecha programada en la medida de requerimiento, si bien evidencian cumplimiento de las dos infracciones en materia de relaciones laborales, pero después de iniciado el procedimiento sancionador, también configuran incumplimiento al deber de colaboración frente a la inspección del trabajo sancionable con multa; por tanto, no resulta amparable el argumento de la inspeccionada, toda vez que el obrar en cumplimiento de un deber legal prescrito en el literal b) del artículo 257 del TUO de la LPAG no aplica al presente caso, dado que, la normatividad en atención al estado de emergencia sanitaria por el Covid19, no restringe o limita el actuar de la función inspectiva de exigir las responsabilidades administrativas que procedan y aplicar las sanciones establecidas en la LGIT, en correcta aplicación del artículo 24 de la Constitución Política del Perú. 3.15.

viii. Por otro lado, en referencia al segundo argumento del recurso de apelación, se advierte que el sujeto inspeccionado por medio de sus alegatos cita la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva-Versión 02, de fecha 12/08/2021, señalando que al no haber sido notificados con la autorización y prorroga de ampliación de plazo de las actuaciones de investigación, todas las actuaciones y requerimientos incluida la medida de requerimiento son nulos.

ix. Sobre lo mencionado en principio importa indicar al inspeccionado que las actuaciones de fiscalización llevadas a cabo a mérito de la Orden de Inspección N° 02209-2020-SUNAFIL/IRECAL se iniciaron el 15 de setiembre de 2020 y concluyeron el 03 de diciembre de 2020, cuando aún se encontraba vigente la Directiva N° 001- 2020-SUNAFIL/INII Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva-Versión 01, de fecha 03/02/2020, en ese sentido, corresponde remitirnos a la citada versión1.

x. Del caso en concreto revisado el expediente de investigación se advierte a folios (13) la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación de fecha 20 de octubre de 2020, por medio del cual la inspectora actuante efectuó visita inspectiva al sujeto inspeccionado Constructora Concepción S.A.C., con dirección en la Av. Grau N° 230- 250-La Punta-Callao, observándose entre otros que la autoridad inspectiva notificó la ampliación de plazo de la orden de inspección y además el requerimiento de información a la señorita Gabriela Machare Naupas, identificada con documento de identidad D.N.I. N° 47126209, quien señaló ser la encargada, ello, en representación del sujeto inspeccionado, cumpliéndose así con el régimen de la notificación personal prevista en el artículo 21 del TUO de la LPAG que precisa que la notificación personal se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y relación con el administrado, lo que en el presente caso sucedió, conforme obra a folios 16, 17 y 18 del expediente de investigación.

xi. Seguidamente, a mérito de la citada notificación el sujeto inspeccionado mediante correo electrónico concepción.corporate@gmail.com de fecha 27 de octubre de 2020, dirección electrónica debidamente autorizado por el gerente general el señor Jorge Enrique Larrea Valdivia, presentó la documentación solicitada en el requerimiento de información de fecha 20 de octubre de 2020, es así que, en aplicación del numeral 27.2 del artículo 27 del TUO de la LPAG, también se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido, quedando de este modo convalidada las actuaciones de investigación realizadas por las inspectoras comisionadas, incluida la medida inspectiva de requerimiento.

xii. Finalmente, en todo el procedimiento sancionador se ha garantizado el debido procedimiento y ha prevalecido el fin del Sistema Inspectivo que es la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, no encontrándose indicios para que se declare la nulidad del acto administrativo materia de análisis.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

6 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 7 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 8 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 9 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 10 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 11 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONSTRUCTORA CONCEPCIÓN S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. Alega la inaplicación del inciso b del artículo 257 del TUO de la LPAG, al amparo del principio de razonabilidad con relación a la infracción a la labor inspectiva por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. Sostiene que las restricciones dispuestas por el Gobierno, la obligaron a paralizar sus actividades económicas y posteriormente reiniciar las mismas con reducción de aforos de atención, lo cual provoco no poder cumplir con el integro de sus obligaciones laborales.

ii. Argumenta vulneración del principio de presunción de veracidad, licitud y debido proceso en la esfera al derecho de defensa respecto a la emisión del Acta de Infracción.

iii. Indica una vulneración del principio al debido proceso en su esfera al derecho de defensa respecto a la emisión de la medida de requerimiento. VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

12 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 13 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 14 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

Sobre la infracción grave en materia de relaciones laborales

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos” (énfasis añadido).

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

15 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados- considerando noveno- en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación Legal y Clasificación Seguridad Social No acreditar el pago de los aportes al sistema privado de pensiones efectivamente retenidos al trabajador respecto al periodo comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020 Numeral 44-B.2 del artículo 44 del RLGIT MUY GRAVE

Relaciones Laborales No cumplió con el pago oportuno de las utilidades generadas por la empresa en el ejercicio tributario 2019, respecto del ex trabajador afectado. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No cumplió con la medida inspectiva de requerimiento notificada válidamente al correo electrónico del inspeccionado el día 27 de noviembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSTRUCTORA CONCEPCIÓN S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 159-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 07 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 131-2021- SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 159-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo de las infracciones muy graves, tipificadas en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT y el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSTRUCTORA CONCEPCIÓN S.A.C., y a la Intendencia Regional de Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231213JCR