Constructora 180 E.I.R.L — Res. 1059-2025

Antecedentes

Se deja constancia de que la denominación actual de la impugnante consta en el Asiento N° 18 de la Partida Electrónica N° 11136555 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Arequipa, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser verificada en la página institucional de la SUNARP: https://conoce- aqui.sunarp.gob.pe/conoce-aqui/inicio. Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (Subgrupo: Deposito de CTS), Remuneraciones (Subgrupos: Gratificaciones y Pago de Bonificaciones), Desnaturalización de la Relación Laboral (Subgrupo: Incluye Todas) y Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo: Vacaciones)

la cual se propuso sancionar económicamente a la impugnante por la comisión, entre otras, de dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar (…)5 un contrato de trabajo a plazo indeterminado en favor del trabajador afectado, por el periodo de 27 de marzo del 2019 al 25 de marzo del 2020, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las gratificaciones por todo el periodo laborado a favor del trabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago íntegro de la bonificación extraordinaria respecto de todo el periodo laborado a favor del trabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración vacacional por todo el periodo laborado a favor del trabajador afectado, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

Esta fecha de notificación fue validada por la primera instancia a través del considerando 3 de la Resolución de Sub Intendencia N° 302-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP. Esta fecha de notificación fue validada por la primera instancia, conforme consta en el Visto de fecha 25 de abril de 2023, a través del cual se concede el recurso de apelación interpuesto. A fin de evitar confusiones en la lectura de la infracción, y habiéndose advertido un error material menor en el Cuadro N° 2 de la Resolución de Sub Intendencia N° 302-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP —limitado a la descripción de la conducta infractora—, se precisa que la correcta redacción es: “No acreditar (…) la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado (…)”.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de servicio por todo el periodo laborado a favor del trabajador afectado, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de información notificado el 16 de noviembre del 2021, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de diciembre del 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 12,098.00.

i. Sostiene la inexistencia de un vínculo laboral entre el trabajador afectado y la empresa durante el periodo del 27 de marzo de 2019 al 25 de marzo de 2020. Afirma que la prestación se realizó bajo un contrato de locación de servicios regulado por el Código Civil, con autonomía en horario, forma y modalidad de ejecución, excluyéndose la subordinación propia del contrato de trabajo; por ello, no podría inferirse continuidad laboral por el solo cargo de “residente de obra” ni correspondería un contrato a plazo indeterminado. ii. Respecto a las supuestas infracciones por falta de pago de gratificación legal, bonificación extraordinaria y remuneración vacacional, se cuestiona que la autoridad acogiera la tesis inspectiva para el primer periodo laborado alegando “insuficiencia de pruebas”. Señala que entre el 01 de setiembre del 2016 y el 01 de marzo del 2019 sí se efectuaron dichos pagos, acreditados con boletas, y que para el segundo periodo laborado no proceden beneficios sociales por tratarse de locación de servicios. iii. Asimismo, frente a la imputación por incumplimiento del requerimiento de información, alega falta de motivación específica sobre cómo la conducta habría retrasado la labor inspectiva. De igual forma, se cuestiona la aplicación de los criterios de graduación de la sanción. iv. Además, aduce que no se valoró que el 12 de noviembre de 2021 solicitó ampliación de plazo para presentar documentación, lo que evidenciaría disposición de cumplimiento por parte de la inspeccionada.

v. Finalmente, se advierte una incongruencia dado que el Informe Final imputó siete infracciones (cinco laborales y dos a la labor inspectiva), pero en la parte considerativa de la Resolución de Trámite N° 1, trasladada en noviembre de 2022, solo se desarrollaron seis, lo que revelaría falta de conexión entre las imputaciones formuladas y la fundamentación ofrecida.

i. Precisa que, si bien la inspeccionada niega la existencia de un vínculo laboral con el trabajador afectado por el segundo periodo, comprendido entre el 27 de marzo de 2019 y el 25 de marzo de 2020, amparándose en la existencia de un contrato de locación de servicios sin subordinación. No obstante, conforme a la Casación Laboral N° 15243-2015-Arequipa y al Expediente N° 01193-2011- PA/TC, rige el principio de primacía de la realidad y la verificación de los elementos del contrato de trabajo —prestación personal, remuneración y subordinación—, siendo esta última definitoria y diferenciada de la autonomía propia de la locación. ii. Por lo que, aplicados dichos criterios, el personal inspectivo constató: i) prestación personal continua en el mismo cargo y funciones (residente de obra, metrado BIM y asistente de oficina técnica); ii) retribución periódica vía recibos por honorarios; y iii) subordinación evidenciada por jornada, integración en la organización y continuidad funcional propia del giro de construcción. La inspeccionada no acreditó autonomía real ni finalidad acotada del servicio, por lo que la mera invocación de la locación resulta insuficiente. En consecuencia, se configura la relación laboral y corresponde ratificar la sanción por no acreditar contrato de trabajo a plazo indeterminado. iii. Respecto al pago de los beneficios sociales adeudados, de la revisión de las actuaciones inspectivas se verificó que no se acreditó el pago íntegro de la gratificación trunca, la bonificación extraordinaria trunca, las vacaciones adquiridas y truncas, ni la CTS del primer periodo; y que, respecto al segundo periodo iniciado el 27 de marzo de 2019, no se efectuaron pagos por dichos conceptos. iv. En consecuencia, se imputaron las infracciones por cada incumplimiento detectado. Además, al haberse desnaturalizado la locación de servicios —al acreditarse los elementos de la relación laboral—, corresponde el reconocimiento de la naturaleza laboral del segundo periodo y, por ende, la exigibilidad de los beneficios sociales a favor del trabajador afectado. v. Por otro lado, se constató que el 22 de diciembre de 2021, se emitió una medida inspectiva de requerimiento otorgando cinco (05) días hábiles para cumplir acciones específicas; vencido el plazo, la inspeccionada no atendió íntegramente lo requerido conforme a las indicaciones, por lo que corresponde mantener la sanción en ese extremo. vi. En cuanto a la infracción por no absolver el requerimiento de información, aunque la apelante alegó falta de motivación, incorrecta graduación y una solicitud de ampliación presuntamente no atendida, prevalece el deber general

Dicha fecha de notificación fue corroborada a través de la página institucional “Búsqueda de Notificaciones y Alertas de Correo”. Véase en: https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.consultaNotificacion/

de colaboración, conforme a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT y el artículo 15 de su Reglamento. vii. Se precisa que el requerimiento del 16 de noviembre de 2021, notificado por casilla electrónica con vencimiento el 25 de noviembre de 2021, no fue cumplido, configurándose la obstrucción prevista en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, que retrasó la labor inspectiva y constituye omisión insubsanable; la ampliación invocada es irrelevante por ser anterior al requerimiento incumplido. viii. De la misma forma, se desestima el cuestionamiento sobre la Resolución de Trámite N° 1, pues no se advierte la supuesta inconsistencia alegada. Dicha resolución constituye un acto de administración que comunica el inicio de la fase sancionadora, corre traslado del Informe Final de Instrucción —que contiene una recomendación a la autoridad sancionadora— y otorga cinco (05) días para presentar descargos; en tal sentido, no existe falta de conexión entre las infracciones imputadas y la fundamentación. ix. En conclusión, los incumplimientos no fueron desvirtuados y los argumentos resultaron insuficientes frente a lo constatado por el personal inspectivo y valorado por primera instancia. Se ratifica la comisión de cinco (05) infracciones en materia de relaciones laborales y dos (02) a la labor inspectiva, verificándose que la resolución apelada fue expedida conforme a ley, sin vicios de nulidad; corresponde, por tanto, desestimar el recurso en todos sus extremos y confirmar la sanción impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de

misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004- 2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA 180 E.I.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Mediante escrito de fecha 10 de agosto de 2023, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 175-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, sustentándolo en los siguientes argumentos:

i. Sostiene que no es cierto que el trabajador afectado haya brindado sus servicios bajo una relación de subordinación, en tanto puede ser objeto de un contrato de locación toda clase de servicios, habiéndose calificado erróneamente los servicios de "Residente de obra", "servicio de metrado BIM" y "asistente de oficina técnica" como una actividad permanente e indispensable para la empresa, deduciéndose que se acreditan los elementos de laboralidad. ii. No obstante, en el caso concreto, se acordó con el trabajador afectado que dada su experticia ejecutaría su trabajo de forma independiente, lo que concuerda con los recibos por honorarios girados por el propio trabajador. Pese a lo señalado, se concluyó erróneamente que se han acreditado los elementos de una relación laboral, vulnerándose el principio al debido procedimiento iii. Por otro lado, en cuanto a la medida de requerimiento, señala que esta no tuvo como fin revertir algún incumplimiento en materia socio laboral, sino más bien, ha sido usada como un requerimiento de información consistente en acreditar haber efectuado el pago de beneficios sociales. Por lo que, la tipificación de la sanción imputada es incorrecta, debiendo declararse la nulidad de la resolución recurrida.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto a la medida inspectiva de requerimiento

comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

“Primero. - SE REQUIERE al sujeto inspeccionado identificado en el encabezamiento para que proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en las materias señaladas líneas arriba, lo que se entiende sin perjuicio de la posible extensión de Acta de Infracción; en consecuencia, DEBERÁ, realizar las siguientes acciones: ➢ Acreditar la existencia del contrato de trabajo a plazo indeterminado a favor de El Trabajador, conforme lo detallado en el PUNTO 4, de los hechos verificados y por el periodo que en él se indica, conforme a ley.

➢ Acreditar el pago íntegro de las gratificaciones legales a favor de El Trabajador, conforme lo detallado en el PUNTO 5, de los hechos verificados y por el periodo que en él se indica, conforme a ley. ➢ Acreditar el pago íntegro de la bonificación extraordinaria 9% a favor de El Trabajador, conforme lo detallado en el PUNTO 6, de los hechos verificados y por el periodo que en él se indica, conforme a ley. ➢ Acreditar el pago íntegro por concepto de vacaciones a favor de El Trabajador, conforme lo detallado en el PUNTO 7, de los hechos verificados y por el periodo que en él se indica, conforme a ley. ➢ Acreditar el pago íntegro por concepto de compensación por tiempo de servicios - CTS a favor de El Trabajador, conforme lo detallado en el PUNTO 8, de los hechos verificados y por el periodo que en él se indica, conforme a ley.

Segundo. – En el PLAZO MÁXIMO de CINCO (05) DIAS HÁBILES, de notificada la presente medida, el sujeto inspeccionado arriba identificado acreditará el cumplimiento de lo requerido, mediante depósito en la CASILLA ELECTRÓNICA de la documentación correspondiente, cuyo plazo de vencimiento se encuentra detallado en dicho sistema de comunicación electrónica”.

“4.11 El sujeto inspeccionado incurrió en INFRACCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA al no haber acreditado el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento del 22/12/2021 con límite de presentación para el día 04/01/2022 y programada para su verificación el día 05 de enero del 2022; la cual, ha sido debidamente notificada al sujeto inspeccionado.”

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han

adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”13, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

“6.32. Por tanto, cuando en la realización de las actuaciones inspectivas los comisionados adviertan la existencia de una relación de carácter laboral sobre la que las partes celebraron un tipo de contrato de servicios distinto al correspondiente (locación de servicios, comisión mercantil, etcétera), deben procurar requerir información necesaria u obtener la misma, haciendo uso de las amplias facultades reconocidas en favor de la inspección del trabajo, a fin de poder determinar la verdadera naturaleza jurídica de dicha relación.

RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

“Cuarto. - Respecto de la materia de DESNATURALIZACION DE LA RELACIÓN LABORAL sub materia INCLUYE TODAS, con vista a la información obrante en el expediente y de acuerdo a la documentación laboral revisada, y teniendo en consideración las boletas de pago, la hoja de liquidación de beneficios sociales y los recibos por honorarios adjuntados en la denuncia respectiva; se ha verificado que el sujeto inspeccionado no ha acreditado la existencia del contrato de trabajo a plazo indeterminado por el periodo respectivo y a favor de El Trabajador detallado en el Cuadro N° 02. (…) Asimismo, se debe tener en consideración que El Trabajador en un primer periodo mantuvo relación contractual laboral con el sujeto inspeccionado mediante contrato de trabajo sujeto a modalidad por el periodo 01/09/2016 al 01/03/2019, habiendo culminado con renuncia de El Trabajador de fecha 01 de marzo del 2019. Siendo así, se observa que El Trabajador en un segundo periodo del 27/03/2019 al 25/03/2021 continuó prestando servicios de manera personal para el sujeto inspeccionado y bajo el mismo cargo que desempeño en el primer periodo, habiéndose girado Recibos por Honorarios por los servicios prestados a favor del sujeto inspeccionado (…) En consecuencia, conforme a la documentación obrante en el presente expediente; se observa, que respecto de El Trabajador el sujeto inspeccionado ha utilizado la figura de la locación de servicios (servicios no personales) con el pago mediante recibos por honorarios, con el objetivo de usar la simulación a través de labores civiles temporales, siendo que, para el presente caso, ha recaído en personal dedicado a actividades propias del rubro de la empresa de carácter permanente y esencial (residente de obra, servicio de metrado BIM – “Building Information Modelling o Modelado de Información de Edificación”

y asistente oficina técnica con el desarrollo de una jornada laboral diaria mayor a 4 horas y semanal), que requieren del despliegue de servicios personales y donde se debe contar con personal permanente, subordinado y sujeto a dirección, encontrándose bajo el Régimen de la Actividad Privada Decreto Legislativo N° 728; en consecuencia, estando al principio de primacía de la realidad amparado en el artículo 2° de la Ley N° 28806 - Ley General de Inspección de Trabajo, se da por acreditado la existencia del vínculo laboral y por el segundo periodo respectivo, a favor de El Trabajador descrito en el Cuadro N° 02. Por lo tanto, el sujeto inspeccionado no ha cumplido con acreditar el cálculo y el pago de beneficios sociales a favor de El Trabajador por el segundo periodo laborado del 27/03/2019 al 25/03/2021” (Énfasis nuestro).

laboral, lo que justifica plenamente la calificación efectuada por la autoridad inspectiva y, en consecuencia, la procedencia de la medida inspectiva de requerimiento emitida.

RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

documentos deben presentarse, cómo deben remitirse y en qué plazo deben ser entregados. Tales precisiones garantizan que la orden sea clara, comprensible y susceptible de ser cumplida, eliminando cualquier margen de ambigüedad o discrecionalidad para su ejecución

Respecto a la infracción tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT

(i) Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad); y

(ii) En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto15 (énfasis añadido).

“Artículo 25.- Infracciones muy graves en materia de relaciones laborales Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…)

NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 1ra Reimpresión, 2017. Madrid: Editorial Tecnos, p. 269.

a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido; b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado renovación;

Manuel Gonzalo De Lama Laura, Luis Álvaro Gonzales Ramírez. (2010). DESNATURALIZACIÓN EN LAS RELACIONES LABORALES. Gaceta Jurídica S.A., p. 16.

c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando; d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley.

“24. Asimismo, el Inspector advierte que el segundo periodo comprendido del 27 de marzo del 2019 al 25 de marzo del 2020 el trabajador afectado continúo prestando servicios de manera personal para la Empresa y bajo el mismo cargo que desempeño en el primer periodo comprendido del 01/09/2016 al 01/03/2019, concluyendo que: “(…) respecto de El Trabajador el sujeto inspeccionado ha utilizado la figura de la locación de servicios (servicios no personales) con el pago mediante recibos por honorarios con periodicidad mensual consecutiva, con el objetivo de usar la simulación a través de labores civiles temporales, siendo que, para el presente caso, ha recaído en personal dedicado a actividades propias del rubro de la empresa de carácter permanente y esencial (residente de obra, servicio de metrado BIM – “Building Information Modelling o Modelado de Información de Edificación” y asistente oficina técnica con el desarrollo de una jornada laboral diaria mayor a 4 horas y

semanal), que requieren del despliegue de servicios personales y donde se debe contar con personal permanente, subordinado y sujeto a dirección, encontrándose bajo el Régimen de la Actividad Privada Decreto Legislativo N° 728; en consecuencia, estando al principio de primacía de la realidad amparado en el artículo 2° de la Ley N° 28806 - Ley General de Inspección de Trabajo, se da por acreditado la existencia del vínculo laboral a tiempo indeterminado y por el segundo periodo respectivo, a favor de El Trabajador.” 28. Al respecto, efectuada la revisión de los actuados del expediente inspectivo se tiene que el trabajador afectado ha prestado servicios para la Empresa en el periodo 27 de marzo del 2019 al 25 de marzo del 2020 bajo el mismo cargo que desempeño en el primer periodo y realizando las mismas funciones conforme se corrobora de los certificados de trabajo emitidos por la Empresa, y demás documentos proporcionados por la Empresa; con lo que queda evidenciado que la función que realizaba el trabajador afectado tiene carácter de permanente, teniendo en cuenta el principio de primacía de la realidad que señala que, “(…) en caso de discordia entre lo que ocurre en la realidad y lo que aparece en los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos (...)”; por lo que, los argumentos de defensa practicados por ésta no desvirtúan la conducta infractora examinada; más aún si se tiene que durante el periodo 27 de marzo del 2019 al 25 de marzo del 2020 ha mediado la existencia de los tres elementos de la relación laboral”. (énfasis añadido)

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia en relación a ello, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación incurridos en el caso concreto

haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tanto dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente.

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

correctamente la infracción imputada referida al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT en el tipo infractor correspondiente, deviniendo en que su decisión carece de sustento jurídico alguno.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de las gratificaciones por todo el periodo laborado a favor del trabajador afectado

Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con el pago íntegro de la bonificación extraordinaria respecto de todo el periodo laborado a favor del trabajador afectado Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de servicio por todo el periodo laborado a favor del trabajador afectado

Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir con el requerimiento de información notificado el 16 de noviembre del 202

Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de diciembre del 2021

Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la CONSTRUCTORA 180 E.I.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 175-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 19 de julio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 338-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 302-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 29 de marzo de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 338- 2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 302-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 29 de marzo de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 302-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 29 de marzo de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 175-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT.

QUINTO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 175-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

SEXTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, respecto a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

SÉTIMO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.85 de la presente resolución.

OCTAVO. - Notificar la presente resolución a CONSTRUCTORA 180 E.I.R.L., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

NOVENO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250820VLFR - HR 61203-2021