Consorcio UBR – Teel — Res. 233-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: registro trabajadores y otros en la planilla), Remuneraciones (sub materia: pago de la remuneración (sueldos y salarios), Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (sub materia: construcción civil), Equipos de protección personal (sub materia: incluye todas), Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: cobertura en salud, cobertura en validez - sepelio), Seguridad social (sub materia: inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud e inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones). 20555195444 soft Erwin FAU 20555195444 soft 08:31:35-0500 CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber acreditado el reintegro de remuneraciones, a favor de nueve (09) trabajadores obreros comprendidos en la investigación, por todo el periodo laborado según fecha de ingreso; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor Inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada en casilla electrónica con fecha 10 de noviembre de 2021; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23 100.00.

i. Se vulnera el contenido del derecho al debido proceso, pues la resolución no expresa una suficiente justificación de la decisión adoptada. Solo se limita a un argumento descriptivo, más no analítico, copiando y pegando un supuesto desarrollo de los hechos, sin realizar un examen exhaustivo basándose en fundamentos que se han basado únicamente en suposiciones de análisis conjeturales. ii. La impugnante observa que el actuar del inspector ha sido arbitrario, pretendiendo sancionarla a todas luces de un análisis subjetivo, vulnerando el principio del debido proceso. En ese entender, el despacho de primera instancia no puede hacer suyos los argumentos del proceso inspectivo y de la etapa instructiva debido a que no tienen el sustento legal y fáctico para sustentar la vulneración de la norma. iii. Se observa que, no se ha realizado el adecuado análisis para la determinación de la tipificación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38° de la Ley, las sanciones a imponer por la comisión de infracciones al ordenamiento sociolaboral, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: gravedad de la falta cometida y número de trabajadores afectados; de acuerdo al Reglamento en el numeral 46.7 del artículo 46, tipifica y califica como infracción muy grave a la labor inspectiva, conducta referida a no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa sociolaboral.

iv. Con respecto a la determinación del número de trabajadores afectados en el presente procedimiento administrativo donde se detallan que no se cumplió con acreditar el reintegro de remuneraciones lo hacen a favor de nueve (09) trabajadores obreros comprendidos en la investigación, cuyos nombres se encuentran detallados en el numeral 4.15 de la presente acta, por lo que, “El incumplimiento del presente requerimiento constituirá infracción a la labor inspectiva, pero únicamente de nueve trabajadores y no de 21 tal cual detallan en el acta de infracción, informe final de la etapa instructiva, acto resolutivo de primera instancia. Siendo sancionable con multa de conformidad con los artículos 26° y 39° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo los artículos 45° y 46° de su Reglamento, aprobado por D.S. N° 019-.2006- TR”. En ese sentido, correspondería volver a tipificar la sanción, ya que resulta ilógico sancionar por 21 trabajadores siendo nueve los afectados. v. Que, con respecto a la tipificación de no MYPE, corresponde sancionar como microempresa ya que como es de conocimiento que ambas empresas se encuentran acreditadas como MYPE, tal cual se observa en el acta de infracción, y en la imputación de cargo, como administrado al consorcio UBR-TEEL. vi. Ahora, solo de una mera interpretación indican que el consorcio no puede tipificarse como MYPE. De forma genérica la tabla de sanciones de la No MYPE-aplicable al sujeto inspeccionado- que incorpora el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento, modificado por el Decreto Supremo N° 008-2020-TR; el Sub Intendente manifiesta que respecto a la solicitud de la inspeccionada que se debería tomar la condición de MYPE al consorcio UBR-TELL. vii. Siendo que, ambas empresas se encuentran inscritas como MYPE, corresponderá tener en cuenta dicha condición para todos sus efectos, en razón a que el artículo 438° de la Ley General de Sociedades, establece que el contrato asociativo que da origen al consorcio no genera una persona jurídica, el cual debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. viii. Asimismo, solo se ha valorado el mérito probatorio a suposiciones y, los cuales resultan a todas luces insuficientes y parcializados pues al momento de la valoración probatoria, a fin de producir certeza respecto de si se cometió o no una infracción, se debe considerar que estos medios probatorios deben ser contrastados por otros idóneos y pertinentes, y tal decisión motivada, tal es el caso del mérito probatorio. ix. Sin embargo, en el informe final no indican que de lo descrito se debe advertir que, de conformidad con los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos y merecen fe, pero también indica la misma norma que (…) sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. Por tanto, se debe de evaluar y declarar la nulidad de los hechos verificados por todos los sustentos alegados. Manifiesta además la vulneración de diversos principios tales como legalidad debido procedimiento, presunción de veracidad, entre otros.

i. La Intendencia considera que no resulta atendible la vulneración al derecho de defensa alegada, pues la resolución apelada está sustentada en las citas o referencias que se hagan a los hechos comprobados por los inspectores y a lo analizado por el órgano instructor, toda vez que, la decisión adoptada por el inferior en grado se circunscribe a lo que se encuentre plasmado en el Acta de Infracción, que da mérito al inicio del procedimiento sancionador, y el Informe Final de Instrucción, que recomienda continuar con la fase sancionadora del mismo sobre la base de los hechos analizados. ii. Puntualiza que, del Acta de Infracción N° 527- 2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, también se propuso como sanción de multa la conducta infractora “No haber acreditado la entrega de equipos de protección individual (EPI), según lo establecido en la NTE G.050, tipificada en el Artículo 27, numeral 27.9 del RLGIT”. Sin embargo, la autoridad sancionadora no acogió dicha propuesta de multa, habiendo quedado desvirtuado lo alegado por la inspeccionada respecto a la falta de debida motivación, siendo que, del análisis respectivo se concluyó que la misma no habría incurrido en la mencionada infracción. iii. De los trabajadores afectados, se ha podido verificar que la autoridad sancionadora al no acoger la propuesta de sanción referida a la conducta infractora señalada en el párrafo precedente, que consideraba a (21) trabajadores afectados, debió también reducir los trabajadores afectados respecto de la infracción por “no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada en la casilla electrónica con fecha 10 de noviembre de 2021. Por ello, se procedió a recalcular la sanción de multa únicamente por (09) trabajadores afectados. iv. De la exclusión de la inspeccionada del REMYPE laboral, se debe señalar que el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE define a la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) como toda unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, que tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Para calificar como Micro o Pequeña Empresa, a efecto de acogerse al Régimen Laboral Especial es preciso ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función al volumen de ventas anuales; así, para la Pequeña Empresa de hasta 1700 UIT de ventas y para la Micro Empresa hasta 150 UIT de ventas. v. Asimismo, el artículo 43 de la Ley 28015, ordenó la creación del Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la formalización y desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y mejorar las condiciones de disfrute efectivo de los derechos de naturaleza laboral de los trabajadores de las mismas, el Régimen Laboral Especial comprende: remuneración, jornada de trabajo de ocho (8) horas, horario de trabajo y trabajo en sobre tiempo, descanso vacacional, descanso por días feriados, protección contra el despido injustificado. vi. Por otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Decreto Supremo Nº 008- 2008- TR, “Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

2 Notificada el 07 de abril de 2022, véase folio 126 del expediente sancionador.

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente – Reglamento de la Ley MYPE”, se establecen los parámetros del Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa, el artículo mencionado señala las exclusiones a este Régimen Laboral Especial, indicando que: “(…) No están comprendidas en el presente RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL las micro y pequeñas empresas que, no obstante cumplir con las características definidas en el artículo 5 de la ley: 1) constituyan grupo económico o vinculación económica conforme lo previsto en el artículo 4; 2) tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan las características; 3) falseen información; 4. Dividan sus unidades empresariales; o, 5) se dediquen al rubro de los bares, discotecas, juegos de azar y afines (….)”; lo mencionado es concordante con el artículo 6 de Decreto Supremo N° 013-2013- PRODUCE. vii. Constata que existe una vinculación económica empresarial entre la inspeccionada y la empresa CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR EIRL, por lo que, excluye a la inspeccionada de los beneficios de Régimen Laboral REMYPE, aunado a ello, de la consulta en la web de las empresas acreditadas en dicho régimen laboral, tampoco la misma se encuentra acreditada. viii. En tal sentido, la Intendencia Regional considera que el pronunciamiento de la autoridad de primera instancia, se encuentra debidamente motivada; toda vez que expuso las razones que justifican su decisión para considerar la comisión de la infracción por parte de la inspeccionada, analizando cada uno de los argumentos de defensa señalados en el escrito de descargo, sin que la inspeccionada haya logrado desvirtuar la infracción por la que se le sancionó. ix. Concluye que la resolución venida en grado de apelación, tampoco ha vulnerado el principio de legalidad ni el principio del debido procedimiento administrativo u otro alegado por la inspeccionada, toda vez que, el acta de infracción cumple con el contenido mínimo exigido por el artículo 46 de la LGIT, concordante con el artículo 54 del RLGIT; esto es, reflejando los hechos constatados, que motivaron el acta, la calificación de la infracción imputada con expresión de la norma vulnerada, la graduación de la infracción, la propuesta de sanción y su cuantificación. x. En consecuencia, teniendo en cuenta que los argumentos esbozados en la apelación no desvirtúan las infracciones en que ha incurrido la inspeccionada, las cuales han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia; se confirma la resolución venida en grado en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL CONSORCIO UBR-TEEL CAJAMARCA

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 057-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en base a los siguientes argumentos:

i. Falta de motivación de los actos administrativos, y que no se ha observado el contenido del Derecho al debido proceso, que es el obtener una respuesta razonada, motivada y congruente. ii. Inaplicación del principio de razonabilidad. iii. Que, el despacho de primera instancia no puede hacer suyos los argumentos del proceso inspectivo y de la etapa instructiva, así como que no tiene sustento legal y fáctico. iv. Que, han realizado el pago según el régimen de construcción civil, por lo que, piden se valoren las boletas adjuntas. v. Respecto a la Convención Colectiva de Trabajo- Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2021-2022” suscrito en trato directo el 09 de setiembre de 2021, entre la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), recién tuvo conocimiento de la nueva tabla de pagos en el régimen de construcción civil, en octubre de 2021, por lo que, no puede pretenderse que se pague antes de su aprobación y que ha cumplido en su oportunidad con dichos pagos de remuneraciones. vi. En cuanto, a la tipificación de NO MYPE, considera, que les corresponde ser sancionados como micro empresa, conforme al Acta de Infracción. vii. Afectación del principio al debido procedimiento, presunción de veracidad, legalidad y proporcionalidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración del derecho al debido procedimiento administrativo

resoluciones, esta Sala debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.7. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional

suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

procedimiento administrativo; correspondiendo desestimar los argumentos expuestos por el impugnante en este extremo.

Sobre la infracción grave

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. (…) 1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”.

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

cumplir con subsanar, dentro del plazo establecido, las infracciones advertidas por el inspector comisionado.

“Primero: Las partes acuerdan que, a partir del 1° de junio de 2021, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

Operario

S/. 2.50 nuevos soles

Oficial

S/. 1.90 nuevos soles

Peón

S/. 1.70 nuevos soles”

Figura 01

10 Obtenida este documento en https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/2190904-183-2021-tr

VII. INFORMACIÓN ADICIONAL 7.1. Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No haber acreditado el reintegro de remuneraciones, a favor de nueve (09) trabajadores obreros comprendidos en la investigación, por todo el periodo laborado según fecha de ingreso, cuyos nombres se detallan en el numeral 4.15 del Acta de Infracción. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de Requerimiento notificada en casilla electrónica con fecha 10/11/2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el CONSORCIO UBR- TEEL, en contra de la Resolución de Intendencia N° 057-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 518-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 057-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al CONSORCIO UBR-TEEL, y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20230308JCR