Consorcio Transporte Arequipa S.A — Res. 221-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS). Luis Mendoza Legoas DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el depósito de la compensación por tiempo de servicios, de los semestres mayo 2018, noviembre 2018, mayo 2019, noviembre 2019 y mayo 2020, a favor de los trescientos cinco (305) trabajadores, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 56,158.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de octubre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 101,652.00.

i. Sobre la supuesta presentación de los descargos contra el informe final fuera del plazo legal establecido, el mencionado descargo ingresó por Mesa de Partes Virtual de la SUNAFIL, con fecha 18 de marzo de 2021 a las 16:25:08 horas, a través de la Carta N° 162-2021-CTA7TGA/A, conforme consta en el cargo de registro de recepción de la hoja de ruta N° 27602-2020, dicho descargo fue presentado dentro del plazo legal abriendo ingresado en el horario establecido motivo por el cual debió ser considerado válido y el despacho resolver debiendo motivar el acta que se impugna y pronunciarse sobre los argumentos planteados. En ese sentido, la resolución impugnada adolece de nulidad por omisión de un requisito de validez establecido en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG. ii. De las observaciones de los documentos presentados a los 4 trabajadores, en el numeral 12 de la resolución apelada se señala que los depósitos a las cuentas de ahorros de los trabajadores Sebastián Sánchez Ramírez y Dedicación Jorge Ramos Vera, no dan coincidencia con los montos de las hojas de liquidación. Al respecto, precisan que, la liquidación de beneficios sociales del señor Sánchez, que asciende a S/ 4,036.15, se canceló en 6 partes según el cronograma de pago desde el 06 de noviembre de 2020 hasta el 21 de diciembre de 2020, adjuntándose 2 depósitos que contienen los montos. iii. Respecto a la liquidación de beneficios sociales del señor Ramos, ascendente a S/ 3,593.54, en dicho pago solo se ha considerado la CTS de noviembre 2019 y el trunco. Con relación a los periodos de mayo 2018, noviembre 2018 y mayo 2019, estos se encuentran considerados en las hojas de cálculo de CTS cuyo monto total 20555195444 soft

asciende a S/ 2,357.58, el pago total de la liquidación de beneficios sociales con la CTS ascendía a S/ 5,951.12, monto que fue pagado en integro, adjunta 4 depósitos. iv. Sobre los trabajadores Wilder Leodan Jaramillo Chuquihuanga y Teófilo Sánchez Ríos, no consta liquidación de beneficios sociales, pero si depósitos a su cuenta de ahorros por la suma de S/ 8,837.30 y S/ 7,311.96, respectivamente. Asimismo, se adjunta la hoja de liquidación de beneficios sociales, que coincide con el monto depositado al trabajador Jaramillo. Los beneficios sociales del señor Sánchez, que asciende a la suma de S/ 370.08; sin embargo, dicho cálculo solo se consideró la CTS trunca y realizó el abono el 22 de marzo de 2021, con relación a la CTS de los periodos de mayo 2018 a noviembre 2020 esto se encuentran considerados en las hojas de cálculo de CTS de dichos periodos cuyo monto total asciende a S/ 7,311.94, dicho monto fue calculado en su totalidad el 01 de diciembre de 2020. Por tanto, se han subsanado las observaciones fehacientemente. v. Con relación a la CTS por los semestres de mayo 2018 a mayo 2020, a favor de 305 trabajadores, a 22 trabajadores activos se les canceló su CTS por dichos periodos, por lo que se adjunta el cálculo de la liquidación de 16 trabajadores los cuales se encuentran debidamente firmadas en señal de conformidad por el concepto y el monto depositado. De igual modo, indican que un trabajador activo se encuentra bajo la remuneración integral. Asimismo, adjuntan 6 hojas de liquidación de CTS de aquellos trabajadores que se les canceló, pero se negaron a firmar dichos documentos. vi. De la actualización de beneficios sociales del personal cesado, a 19 personas se le cancelo íntegramente el pago de sus liquidaciones en el cual se encuentra incluido dicho concepto, asimismo, hay 2 personas a quienes se les canceló solo 50% de sus liquidaciones, quedando pendiente el pago restante de su liquidación para los próximos días, por lo que queda comprobado que la cantidad de afectados no ha sido 305 trabajadores, ya que conforme se aprecia se ha procedido a cancelar a 43 trabajadores, algunos dentro de sus liquidaciones de beneficios sociales. Resaltan que, hubieron trabajadores que no quisieron firmar las hojas de cálculo de liquidación de CTS, así como la liquidación de beneficios sociales; sin embargo, desde la fecha que tomaron conocimiento de los depósitos realizados por CTS sus cuentas no han recibido ninguna carta por escrito, ni correo de ningún trabajador observando o reclamando dicho monto, tampoco que hayan presentado denuncia por inconformidad sobre el mismo, por lo que la verdadera cantidad serían 262 trabajadores afectados lo que variaría la multa impuesta. vii. Con relación a la medida inspectiva de requerimiento, si bien en la resolución apelada se indica que no se puede aplicar causal de eximente de responsabilidad se debe mencionar que no se pudo cumplir con el pago de la CTS de 305 trabajadores oportunamente, ya que se venía presentando problemas económicos financieros en periodos anteriores a la pandemia y, ella, afecto aún más sus ingresos, por lo que, a la fecha de la medida inspectiva el 16 de octubre de 2020, no podía cumplir lo solicitado, lo cual de acuerdo al literal a) del numeral

1 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, constituye un eximente de responsabilidad, al constituir un evento de fuerza mayor, rechazando haber tenido una conducta intencional de realizar la conducta infractora.

i. Que, se aprecia que la inspeccionada presentó por la Mesa de Partes la referida carta que contenía el descargo al informe final, lo cual se hizo por medio de la Hoja de Ruta N° 27606-2020, cuya fecha de ingreso es el 18 de marzo de 2021, a las 17:07:54 horas, conforme obra en el expediente a fojas 26 del expediente sancionador, contrario a lo señalado por la inspeccionada que manifiesta haber ingresado el 18 de marzo de 2021 a las 16:25:08 horas. ii. En atención a ello, para contabilizar se debe considerar que el plazo para presentar los descargos contra el informe final no solo debe considerarse los cinco días hábiles que establece el literal a) del numeral 53.3 del artículo 53 del RLGIT, sino también se debe traer a colación lo señalado en el artículo 149 del TUO de la LPAG: “El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas: (…) 1. Son horas hábiles las correspondiente al horario fijado por el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas”. iii. En consecuencia, al haberse presentado los descargos fuera de las horas hábiles de la entidad, se consideró presentado el día hábil siguiente, esto es el 19 de marzo de 2021, deviniendo por tanto en extemporáneo. iv. Que, la inspeccionada señala haber anexado diversa documentación a efectos de acreditar el cumplimiento de su obligación referente al pago de la compensación por tiempo de servicio; no obstante, como se advierte de la hoja de ruta N° 27602- 2020, el mencionado documento solo contiene 13 folios no habiendo adjuntado ningún anexo, pese a haberlo indicado en el “primer otrosí decimos” del referido escrito. v. En ese sentido, esta instancia únicamente ha podido evaluar la documentación presentada previamente por la inspeccionada, entre ellas, las adjuntas a su escrito de descargo al informe final, la misma que en su gran mayoría corresponde a constancias de baja de algunos de sus trabajadores, documentos que no tienen relevancia al presente análisis, pues no desvirtúa el derecho de los trabajadores a la compensación por tiempo de servicio ni demuestran el pago efectivo del referido concepto. vi. Aunado a ello, adjuntan las hojas de liquidación de beneficios sociales de los trabajadores precisados en el párrafo segundo del numeral 12 de la resolución apelada; sin embargo, las mismas de por sí solas no acreditan el pago de la compensación por tiempo de servicios, toda vez que no se encuentran firmadas por los trabajadores, y figura en su contenido de forma expresa únicamente el periodo trunco y el monto otorgado por el mismo, aunque acompaña algunos depósitos bancarios efectuados, no se precisa cuáles son los periodos que se estarían pagando con el concepto “CTS pendiente”, así tampoco presenta las

2 Notificada el 25 de agosto de 2022. Véase folio 127 del expediente sancionador.

hojas de liquidación de la compensación por tiempo de servicios, a efectos de que se pueda evaluar el cálculo efectuado y los montos pagados. En ese sentido, al no haber presentado medios probatorios que levanten las observaciones expuestas por el inferior en grado, no se advierte que el inspeccionado haya cumplido con acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios, sin perjuicio de ello. vii. Finalmente, si bien la inspeccionada menciona que se encontraba con problemas financieros y por ende no podía depositar a sus trabajadores, ello constituye una mera manifestación de parte sin sustento documental alguno que lo acredite, adicionalmente cabe recordar que en el devenir empresarial existen riesgos económicos que no pueden recaer en los trabajadores, porque quien asume los riesgos propios de esta actividad es el empleador, dichos riesgos no constituyen un eximente de responsabilidad, pues son predecibles en el desarrollo de cualquier actividad empresarial.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONSORCIO TRANSPORTE AREQUIPA S.A.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de setiembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1417-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Advierten la declaratoria de la caducidad del presente proceso, conforme al artículo 259 de la Ley N° 27444, invocando a su vez el numeral 53.4.2 del artículo 53 del RLGIT, el ítem 7.1.1.6 del punto 7.1 del numeral 7 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII (Versión 2), así como la Resolución N° 245-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. ii. Sostienen que, para efectos del presente caso, se encuentran ante la caducidad- perención, en el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio, por lo cual, para que opere la caducidad-perención del procedimiento sancionador, basta la superación del plazo establecido para concluir el mismo. Por tanto, como señala el artículo 259 del TUO de la LPAG, una vez transcurridos los nueve (9) meses desde el inicio del procedimiento sancionador, este caducará indefectiblemente, procediéndose a su archivo, conforme la Resolución N° 521-2011-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, la cual desarrolla la figura y aplicación de la caducidad. iii. Consideran que, bajo el respeto irrestricto de los principios de debido procedimiento y al principio de razonabilidad, la Autoridad Administrativa se encontraba en la obligación de resolver el procedimiento sancionador dentro de un plazo máximo de 09 meses, el cual se inicia desde la notificación de la Imputación de Cargos N° 722-2020- SUNAFIL/ILM/AI3 el 18 de diciembre de 2020, y que recién la Intendencia de Lima Metropolitana decide notificar la Resolución de Intendencia N° 1417-2022-SUNAFIL/ILM el 25 de agosto de 2022, por lo que, se advierte que se incurrió en un injustificado exceso del plazo para resolver. Al respecto, mencionan que, dicho exceso de plazo no fue justificado por la Autoridad Administrativa con la emisión de la resolución que amplie el plazo para resolver. iv. Precisan que el presente proceso sancionador debió de haber concluido el 20 de setiembre de 2021; sin embargo, ello no fue así, por lo que la Autoridad Administrativa incurrió en un exceso de plazo de 11 meses y 05 días. Por tanto, se debió declarar de oficio la caducidad del proceso. v. Respecto a la supuesta presentación del escrito de descargo contra el informe final de instrucción fuera del plazo legal establecido, alegan que la resolución impugnada, contraviene lo dispuesto por el TUO de la LPAG y con ello lesiona el derecho al debido proceso y defensa, en mérito al numeral 2) del artículo II del Título Preliminar del TUO de la LPAG, así como el numeral 135.2 del artículo 135 del citado cuerpo normativo, en concordancia con lo establecido por el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, norma que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. vi. Por tanto, agregan que, la Autoridad Administrativa no puede establecer medidas en las cuales de forma directa o indirecta lesione el derecho al debido procedimiento y/o defensa del administrado, como tampoco, el de colocar en una posición menos favorable que lo previsto por la LPAG. vii. Señalan que, desde la presentación del recurso de apelación sustentaron su posición señalando que presentaron su escrito de descargo mediante Carta N° 162-2021- CTA/TGA/A, contra el informe final, el cual fue ingresado a través de la mesa de partes virtual de la SUNAFIL el 18 de marzo de 2021 a las 16:25:08, y considerando que el cierre de atención de la SUNAFIL es a las 16:30:00 de lunes a viernes, se aprecia que el escrito

de descargo se encuentra dentro del plazo legal previsto. Al respecto, la Autoridad Administrativa de segunda instancia señala de forma textual el término “ingreso”, por lo que, conforme al numeral 46.5 del artículo 46 del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM la Autoridad Administrativa debió haber consignado la fecha, hora, cantidad de folios y canal de presentación del escrito de descargo, siendo la fecha y hora correcta el 18 de marzo de 2021 a las 16:25:08. viii. Por tanto, consideran que conforme a la Real Academia Española – RAE, a un simple uso y entendimiento correcto del término empleador por la Autoridad Administrativa de segunda instancia, se debe entender como fecha y hora de ingreso el momento en el cual realizaron la acción de ingresar el escrito de descargo, lo cual se produjo con anterioridad al término del cierre del horario de atención de la SUNAFIL. ix. Advierten que la Autoridad Administrativa incurre en una vulneración al derecho de defensa y al debido procedimiento ante el hecho en el cual considere como fecha y hora de ingreso del escrito de descargo, la que se consigna como recepción que figura en la parte superior derecha de la captura de imagen, ya que, la Autoridad Administrativa con la finalidad de conducir de forma adecuada y en respeto a los principios del procedimiento y a los derechos propios de todo administrado, es imperante y de obligatorio cumplimiento que el correspondiente cargo de recepción deba de consignar de forma clara y precisa la fecha y hora del ingreso de todo escrito y/o actuación presentada por el administrado, por lo que, en el presente proceso sancionador ingresaron su escrito de descargo a la Mesa de Partes Virtual a las 16:25.08. x. Sin embargo, después de cuarenta y dos (42) minutos posteriores al ingreso del mencionado descargo, la Autoridad Administrativa emite respuesta dando por recién recepcionada el escrito a las 17:07:54, lo que evidencia que la Autoridad Administrativa vulnero nuestro derecho de defensa al considerar una hora diferente a la que se consigna como hora real de ingreso del escrito de descargo. xi. Refieren que, la Autoridad Administrativa de primera instancia no hace una adecuada valoración de los argumentos y medios probatorios presentados en el extremo de las liquidaciones de beneficios sociales por el pago de la CTS, en tanto que, se señala que los depósitos a las cuentas de ahorros de los trabajadores Sebastián Sánchez Ramírez y Dedicación Jorge Ramos Vera no coincide con los montos de las hojas de liquidación; sin embargo, el monto de la liquidación de beneficios sociales, en la que se encuentra incluida la CTS del señor Sebastián Sánchez Ramírez, asciende a la suma de S/ 3,770.48, monto que se canceló en 06 partes, según cronograma, y el pago de la liquidación de beneficios sociales del extrabajador Dedicación Jorge Ramos Vera, asciende a la suma de S/ 3,593.54; sin embargo, en dicho pago solo se ha considerado la CTS del periodo comprendido de noviembre 2019 y lo trunco. Con relación a la CTS de los periodos mayo 2018, noviembre 2018, mayo 2019 estos se encuentran considerados en las hojas de cálculo de CTS de dichos periodos, cuyo monto total asciende a la suma de S/ 2,357.58. Asimismo, precisan que, el pago tanto de la liquidación de beneficios sociales como la CTS de los periodos mayo 2018, noviembre 2018 y mayo 2019 asciende a la suma total de S/ 5,951.12, que fueron cancelados en (12) cuotas, según cronograma.

xii. Respecto a los trabajadores Wilder Leodan Jaramillo Chuquihuanga y Teófilo Sánchez Ríos, no consta liquidación de beneficios sociales, pero si depósitos a su cuenta de ahorros por la suma de S/ 8,837.30 soles y S/ 7,311.96, respectivamente. Precisan respecto a la liquidación de beneficios sociales del señor Teófilo Sánchez Ríos que, asciende a la suma de S/ 370.98, sin embargo, en dicho cálculo solo se consideró la CTS trunca y el abono se realizó el 22 de marzo de 2021. Y con relación a la CTS de los periodos mayo 2018, noviembre 2018, mayo 2019, noviembre 2019, mayo 2020 y noviembre 2020, estos se encuentran considerados en las hojas de cálculo de CTS de dichos periodos, cuyo monto total asciende a la suma de S/ 7,311.94, el cual fue cancelado en su totalidad el 01 de diciembre de 2020. xiii. Con relación a que incumplieron la obligación relativa al pago de la CTS de los semestres mayo 2018, noviembre 2018, mayo 2019, noviembre 2019 y mayo 2020 a favor de 305 trabajadores, desvirtúan ello, en tanto que, a 22 trabajadores activos se les canceló su CTS de los periodos materia del presente procedimiento sancionador. Al respecto, señalan que, de la relación adjuntan el cálculo de la liquidación de CTS de 16 trabajadores, los cuales se encuentran debidamente firmados en señal de conformidad, de igual modo indican que 01 trabajador activo se encuentra bajo la remuneración integral (RIA). Asimismo, adjuntan 06 hojas de cálculo de liquidación de CTS de aquellos trabajadores a quienes se les canceló, pero se negaron a firmar dichos documentos. xiv. Sostienen que, de la actualización de pago de beneficios sociales del personal cesado, a 19 personas se les canceló íntegramente el pago de sus liquidaciones en el cual se encuentra incluido el pago de CTS, asimismo, señalan que hay 2 personas a quienes se les canceló solo el 50% de sus liquidaciones, quedando pendiente el pago restante de su liquidación para los próximos días. xv. Por lo que, consideran que, la cantidad de afectados no ha sido de 305 trabajadores, ya que, conforme se puede apreciar se procedió a cancelar a 43 trabajadores sus CTS, algunos dentro de sus liquidaciones de beneficios sociales. xvi. Con relación a los trabajadores que no quisieron firmar las hojas de cálculo de liquidación de CTS, así como la liquidación de beneficios sociales, fue por la negativa de ellos en efectuar su firma en dichos documentos, sin embargo, desde la fecha que tomaron conocimiento del depósito realizado en sus cuentas de CTS, no recibieron ninguna carta por escrito, ni correo de ningún trabajador observando y/o reclamando el monto depositado. Asimismo, ningún trabajador ha presentado denuncia por inconformidad de su pago de CTS ante el MTPE, ni ante Sunafil, por lo que, se presume que todos los trabajadores a quienes se les cancelo su CTS y beneficios sociales se encuentran conformes con los montos depositados. xvii. Desvirtúan la infracción sobre el incumplimiento del pago de CTS respecto de 305 trabajadores, ya que cumplieron con cancelar a 43 de ellos antes del plazo para presentar el recurso de apelación. En ese sentido, la cantidad de afectados sería de 262 trabajadores; dicho ello, según la tabla de multas, al ser dicha infracción calificada como grave, y teniendo en cuenta los 262 trabajadores afectados, correspondería aplicar la multa de 10.45 UIT, y no 13.06 UIT como se consideró, por lo que, advierten que la SIRE no cumplió con graduar la sanción y no valoro los medios probatorios presentados. xviii. Reiteran que, el recurso de apelación fue ingresado a la Mesa de Partes Virtual el 07 de junio de 2021, y debido a que el propio sistema no cuenta con la capacidad de soportar archivos mayores a los 10MB, no reconoció el archivo completo, que junto a los anexos respectivos cuenta con una cantidad de 361 folios y un peso de 57.0 MB, por lo que, ante este evidente hecho, y con la finalidad de no caer en un estado de indefensión y no obstaculizar el proceso administrativo sancionador el 09 de junio de 2021, a las 18:43:52 ingresaron la Carta N° 223-2021-CTA/TGA/AL, en la cual se realizó la subsanación del recurso de apelación, y en ella se adjuntaron los anexos correspondientes a dicho recurso.

xix. Señalan que, con respecto al contenido de la Carta, mediante la cual se adjuntan los anexos del recurso de apelación bajo la sumilla “Subsanación del recurso de apelación”, se informo a la Autoridad Administrativa, los cuales no fueron considerados ni valorados en el pronunciamiento de la Autoridad Administrativa de segunda instancia, por lo cual, genera un estado de indefensión. A pesar que, en el cargo de registro de recepción, se señala que: “Las observaciones deben ser subsanadas por el administrado en el plazo máximo de dos (02) días hábiles (…)”; por lo que, bajo la finalidad de proseguir con el adecuado rumbo del proceso administrativo sancionador, para la presentación de la Carta se consideró dicho comunicado como un acto preventivo emitido por la Autoridad Administrativa. xx. Mencionan que la Autoridad Administrativa de segunda instancia no consideró lo señalado ya que se advierte de un problema en el sistema de Mesa de Partes Virtual de la SUNAFIL, lo cual es un hecho ajeno a la empresa, frustrando con ello el debido ingreso oportuno del escrito de subsanación.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos

sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación” (El resaltado es nuestro).

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió íntegramente con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

principio de licitud del administrado, al determinar las infracciones incurridas por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato, incluso en esta instancia la impugnante no ha acreditado lo requerido en la medida inspectiva de requerimiento. Siendo que, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución

debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”10.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 772-2020- SUNAFIL/ILM/AI1 18/12/2020 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 406-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3 17/05/2021

10 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

Sobre los demás alegatos

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No acreditar el depósito de la compensación por tiempo de servicios, de los semestres mayo 2018, noviembre 2018, mayo 2019, noviembre 2019 y mayo 2020, a favor de los trescientos cinco (305) trabajadores. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de octubre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO TRANSPORTE AREQUIPA S.A., en contra la solución de Intendencia N° 1417-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 23 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6044-2020- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1417-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO TRANSPORTE AREQUIPA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250305MCR - HR 27602-2020