Consorcio Santa Rosa — Res. 1310-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de exámenes médicos ocupacionales); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla); Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (Sub materia: Construcción civil); Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad); Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); y, Seguridad Social (Sub materias: Inscripción en la seguridad social (Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud; e, Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones)).

por no inscribir en la seguridad social de pensiones y seguridad social de salud, una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar los exámenes médicos ocupacionales, así como por una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 06 de octubre de 2022.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 06 de octubre de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 53,176.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por valerse de los servicios de trabajadores que realizan actividades de construcción civil que no están inscritos en el RETCC, tipificada en el numeral 24.15 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 24,012.00

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad Social, por no cumplir con la inscripción en el sistema de seguridad social en pensión, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 145,176.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la entrega de equipos de protección personal, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no realizar las evaluaciones médicas de inicio de los trabajadores, tipificada en el numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 53,176.00.

de 20232, se declaró fundado en parte el referido recurso, modificando la Resolución de Sub Intendencia N° 75-2023-SUNAFIL/IRE-LOR/SISA, únicamente en los extremos referidos a la infracción por no cumplir con la inscripción en el sistema de seguridad social en pensión; y a la infracción referida a la no entrega de EPP, adecuándose la multa a la suma de S/ 170,287.40 (Ciento setenta mil doscientos ochenta y siete con 40/100 soles), por considerar los siguientes puntos:

i. Que, respecto a no haber acreditado la inscripción en los sistemas de seguridad social en salud y pensión de los cuarenta trabajadores detallados en el cuadro N° 03 del acta de infracción; el administrado refiere que acredita el cumplimiento de la referida infracción mediante las constancias de alta T Registro: Registro de Prestadores, Formulario 1604-2, comprobante de Información Registrada, con lo cual se verifica la afiliación en el sistema de pensiones. ii. Que, la Imputación de Cargos fue notificada con fecha 02 de diciembre de 2022, en tal sentido, se verifica que el administrado ha subsanado la inscripción en el Sistema de seguridad social en pensiones de once (11) trabajadores, en fecha posterior a la notificación con la imputación de cargos y acta de infracción; precisándose que, con respecto al trabajador Murayari, no correspondía imputarle la infracción en cuestión, toda vez que el referido trabajador ya se encontraba inscrito con la Constancia de Alta Formulario 1604-1. En consecuencia, se precisa que los trabajadores afectados son once (11) trabajadores. iii. Al haber subsanado las infracciones de no inscripción en el sistema de seguridad social de pensiones, le corresponde al administrado el beneficio contenido en el literal a) del artículo 40 de la LGIT, que señala que las multas se reducen al 30% de la multa propuesta o impuesta cuando se acredite la subsanación de las infracciones detectadas desde la notificación del acta de infracción y hasta antes del plazo de vencimiento del recurso de apelación. iv. Respecto a no haber acreditado la entrega del EPP del trabajador Murayari, el administrado refiere que, de la constancia de Baja de Trabajador T Registro, Formulario 1604-3, se observa que el referido trabajador tiene fecha de baja el 07 de agosto de 2022; es decir, cuando se hizo la visita inspectiva el 27 de agosto de 2022, el referido trabajador ya no laboraba. v. Que el administrado presenta como nueva prueba la Constancia de Baja de Trabajador Formulario 1604-3, a nombre del trabajador Murayari, documento el cual refiere que el 02 de setiembre de 2022 se realizó la baja del registro del referido trabajador, siendo la Fecha de baja: 07 de agosto de 2022, con lo cual queda acreditado que efectivamente, el trabajador supuestamente afectado con la no entrega de sus EPP, había dejado de laborar para el administrado el 07 de agosto de 2022.

2 Notificada a la impugnante el 31 de mayo de 2023.

vi. Estando a la nueva prueba presentada por el administrado, esta SISA acepta el presente extremo del recurso de reconsideración y, con respecto a la infracción impuesta por la no entrega de los EPP, se deja sin efecto la referida infracción.

i. Refieren que, el recurso se formula sobre los actuados relacionados de la intervención realizada por el Auxiliar Inspector Leopoldo Agustín, el 27 de agosto del 2022, en la obra: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. 601452 SANTA ROSA DEL AMAZONAS, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO", Contrato N° 012-2021-GRL- OPPIP-DE (07/10/2021). ii. Sostienen en el recurso de reconsideración que el 27 de agosto de 2022, el comisionado ha dispuesto en forma unilateral, sin autorización de la relación de personal del día anterior viernes 26 de agosto del 2022, no habiendo constatado que efectivamente, aquel día entre las 12:05 y las 13:02 horas, estuvieron laborando todas las personas allí registradas, porque no hizo el recorrido para verificar los que en ese momento estaban laborando. Sobre esa base de la "información acopiada" no corroborada en el lugar de los hechos, ha fabricado el acta de infracción, que sirvió para la imputación de cargos, el informe final de instrucción, así como la resolución que se impugna. Reiteran que el personal les estuvo apoyando para el proceso de baseo, por los dos (2) días, viernes 26 y sábado 27 de agosto del año 2022, habiéndose registrado al personal el 26 del referido mes. iii. Alegan que, de lo señalado en el numeral 4.4 del acta de infracción, desde la letra a) a la h), "condiciones inseguras" que menciona, cuestionan ¿por qué el comisionado no optó por paralizar la obra?, porque en ningún momento realizó el recorrido que alude, o como prueba de lo constado hubiera insertado en el acta, a través del registro fotográfico que acredite su afirmación. iv. Aprecian en el ítem IV, numeral 6 de la resolución que se impugna, inserto el documento signado como CARTA 006-2022-SUNAFIL/LAV-IC (03/10/2023), suscrita por el comisionado quien solicita la ampliación de la orden de inspección; por remuneraciones (pago de remuneraciones -sueldos y salario); gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (registro de exámenes médicos ocupacionales); y, verificación de regímenes especiales y grupos específicos (construcción civil). Analizándose el citado instrumento, no se observa el refrendo del directivo competente, el Sub Intendente de Fiscalización e Instrucción, sólo se aprecia un sello de recepción, no cumpliéndose con las disposiciones legales previstas. v. Al emitirse la resolución impugnada, la Sub Intendencia de Sanción, no ha hecho una valoración adecuada de los medios probatorios aportados en el recurso de reconsideración, hecho que se evidencia que, sin contar con el refrendo pertinente, ha dado valor suficiente de probanza a la CARTA 006-2022 SUNAFIL/LAV-IC. De acuerdo a lo señalado anteriormente, oportunamente han presentado la documentación, conforme se aprecia de los actuados. El 02 de noviembre de 2022, presentaron lo requerido en la medida inspectiva de requerimiento. También hicieron su descargo por la imputación de cargos 124-2022-SUNAFIL/SIFN, teniendo como antecedente el Acta de Infracción 107-2022-SUNAFIL/IRE-LOR. vi. Para acceder al beneficio in extenso del recurso de reconsideración, han presentado la documentación sustentatoria por cada hecho imputado, que, a todas luces, han sido debidamente satisfechas por las supuestas infracciones imputadas a título de cargo.

vii. Por otro lado, el Decreto Legislativo 1499, CAPÍTULO III, relativo a las medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el Artículo 6.- Medidas temporales en relación con los exámenes médicos ocupacionales, ha promulgado diversas disposiciones legales, disponiendo en el numeral 6.1 durante la Emergencia Sanitaria, el tratamiento de los exámenes médicos ocupacionales que corresponde realizar a los/as servidores/as civiles y trabajadores/as de los sectores público y privado, respectivamente, dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, señalando expresamente, que opera de la siguiente manera: se suspende la realización de exámenes médicos pre ocupacionales en las actividades calificadas de alto riesgo, debiéndose realizar únicamente a aquellos/as trabajadores/as que no cuentan con un examen médico ocupacional efectuado en el último año por un centro o servicio médico ocupacional autorizado. viii. La actividad que desarrolla la impugnante es la construcción civil, por consiguiente, en aplicación del dispositivo en mención, no había obligación de exigirnos los exámenes ocupacionales, como lo hizo el comisionado, en claro abuso y desconocimiento de la normativa aplicable. Además, el personal que el día de la visita (sábado 27 de agosto de 2022), se encontró laborando, era sólo para realizar el baseo por 2 días 26 y 27 del citado mes, este hecho ha señalado en el recurso de reconsideración, que, culminada la prestación, se ha extinguido el vínculo. Aquellos, que nos han prestado servicios, en año anterior, ni último, por consiguiente, no contaban con el examen médico ocupacional.

i. Se advierte que las condiciones inseguras constatadas por el inspector en el centro de trabajo, fueron recogidos de la realidad de los hechos, escenario ante el cual el inspector dentro de su autonomía inspectiva optó por requerir la subsanación de las observaciones mediante el requerimiento de comparecencia (no optando por el cierre total del establecimiento), situación que ahora sorprendentemente es materia de cuestionamiento por parte de la impugnante, pero que no resulta relevante, puesto que se trata de especulaciones que solo tienen como objetivo observar y cuestionar la decisión y las actuaciones del inspector de trabajo en la etapa inspectiva; máxime cuando ha quedado determinado que, ante las observaciones que realizó el inspector el día de la visita inspectiva, es que en comparecencia de fecha 06 de setiembre de 2022, la ahora impugnante, acreditó las subsanación de las condiciones inseguras que le fueran observadas, con la presentación de registros fotográficos; acreditando el cumplimiento de la materia Condiciones de Seguridad, motivo por el cual no se propuso multa; desvirtuándose de esta manera lo dicho por la impugnante.

3 Notificada a la impugnante el 28 de agosto de 2023.

ii. Por otro lado, la impugnante también cuestiona la ampliación de materias solicitadas por el inspector actuante con fecha 03 de octubre de 2022, la misma que al entender del administrado no sería válido, toda vez que no estaría refrendado por autoridad competente. Al respecto, luego de haber analizado el argumento de la impugnante, este despacho considera que la solicitud del inspector comisionado sobre la ampliación de materias fue debidamente diligenciada y aceptada (con firma y sello de recepción) por la Sub Intendencia de Fiscalización e Instrucción; siendo esto un acto de administración interna (que no se vincula con el fondo del procedimiento) y no un acto administrativo; sin perjuicio de ello, resulta importante destacar lo establecido en el artículo 14 del TUO de la LPAG. iii. En el presente caso, se puede apreciar que el Sub Intendente de Sanción, si cumplió con valorar las pruebas aportadas en el recurso de reconsideración, tal es así que luego de dicha valoración y análisis, varió favorablemente al administrado el montó de la sanción de la multa inicialmente impuesta, después de una exhaustiva revisión respecto a las infracciones subsanables. Por lo tanto, los argumentos expuestos por la inspeccionada no enervan el mérito de lo resuelto por la autoridad de primera instancia. iv. Que, la obligación de realizar los Exámenes Médicos Ocupacionales a los trabajadores, se da en mérito a su deber de seguimiento y monitoreo a fin de garantizar la salud de los mismos en el desempeño de sus labores, conforme a lo previsto en el artículo 49 de la LSST inciso a) y d) antes desarrollados. En tal sentido, si bien el Decreto Legislativo N° 1499, en su artículo 6, plantea medidas temporales en relación a la realización de los exámenes médicos ocupacionales durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19; debe dejarse establecido que esta obligación respecto de las actividades de alto riesgo, no se eliminó, sino se suspendió y “SOLO” bajo ciertos supuestos, disponiéndose su tratamiento de la siguiente manera: a) Se suspende la realización de exámenes médicos pre ocupacionales en las actividades calificadas de “alto riesgo”, debiéndose realizar únicamente a aquellos/as trabajadores/as que no cuentan con un examen médico ocupacional efectuado en el último año por un centro o servicio médico ocupacional autorizado. v. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en la propia norma que alega la impugnante; la misma solo pudo suspender dichos exámenes, siempre que sus trabajadores que realizan actividades de alto riesgo (construcción) hayan contado con un examen médico ocupacional efectuado en el último año por un centro o servicio médico ocupacional autorizado; hecho que no ha sido acreditado con medio de prueba alguno, ni en el procedimiento de inspección, ni en el procedimiento sancionador, a efectos de que la misma aplique la suspensión de su realización. En consecuencia, queda acreditado que la impugnante, no debió de manera unilateral suspender la realización de los exámenes médicos ocupacionales de sus trabajadores, dado que los mismos realizan actividades de alto riesgo; por lo que gozan de especial protección.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Consorcio Santa Rosa

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 15 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 36-2023-SUNAFIL/IRE-LOR, señalando los siguientes alegatos:

i. Alegan la inobservancia de lo establecido en la LGIT y sus normas reglamentarias, al haber tanto el inspector comisionado como la Sub Intendencia de Fiscalización e Instrucción, inaplicado los dispositivos legales vigentes al momento de la conducción del procedimiento inspectivo en relación a la orden de inspección, cuyas materias a verificar inicialmente fueron: 1. Planillas o registros que la sustituyan - Registro de Trabajadores y otros en la planilla; 2. Planillas o registros que la sustituyan - Alta, modificación y baja en el T-Registro; 3. Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria; 4. Equipos de protección personal; 5. Seguridad social - Inscripción de la seguridad social en salud; 6. Seguridad social - Inscripción de la seguridad social en pensiones). ii. Cuestionan que, dentro del contenido de la resolución de subintendencia, así como la resolución de intendencia, se ha indicado sin mayor motivación, que la Sub Intendencia de Fiscalización e Instrucción, refrendó válida y legalmente las materias no consideradas en la orden inicial.

iii. Refieren que, pese a que las materias de remuneraciones, Gestión interna de seguridad (Registro de exámenes médicos ocupacionales), Verificación de regímenes especiales y grupos específicos – Registro de Construcción Civil, no se encontraba como ítem de verificación en la orden de inspección, se requirió el 06 de setiembre de 2022, la presentación de los Registro de los exámenes médicos ocupacionales y los carnets del Registro de Trabajadores de Construcción Civil (RETCC). iv. Precisan que, el Inspector Auxiliar solicita ante la Sub Intendencia de Fiscalización e Instrucción, mediante Carta N° 006-2022-SUNAFIL/LAV-IC, el refrendo de actuaciones inspectivas de investigación anteriores al 03 de agosto de 2022, materias no incluidas en la Orden de Inspección N° 370-2022-SUNAFIL/IRE-LOR, invocando la petición en los alcances del artículo 12, inciso e) de la Ley 28806, y el artículo 8, numeral 8.4 inciso d) del Decreto Supremo N° 019-2006-TR. Al respecto, señalan que, la solicitud no cumplió con las reglas de aplicación de los artículos invocados, por cuanto no se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 8.5 del Decreto Supremo N° 019-2006-TR, numeral adicionado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 019-2007-TR. v. Sostienen que, la ampliación de materias no se encuentra sometida a libre albedrío del inspector comisionado ante la supuesta transgresión a la materia sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo, encontrada a la sola decisión interna del Sistema de Inspección de Trabajo, sino que todo lo contrario, la facultad para ampliar las materias son meramente restrictivas y puntuales, ya que se deben al cumplimiento de 3 circunstancias específicas: (i) dentro de las 48 horas siguientes de detectada la nueva situación verificada; (ii) el inspector de trabajo deberá emitir informe escrito dirigido al Director de Inspección Laboral o quien haga sus veces; (iii) Por el mérito del informe, se procederá a emitir la orden de inspección, convalidando las actuaciones inspectivas realizadas. Sin embargo, no se aprecia que, en el plazo de 48 horas, el inspector auxiliar haya reportado informe alguno al Sub Intendente de Fiscalización e Instrucción solicitándole la ampliación de materias y el refrendo de las actuaciones inspectivas efectuadas durante el mes de setiembre. vi. Cuestionan que, la Autoridad Instructora, Sancionadora y la Intendencia aleguen que la orden fue eficazmente ampliada y validada, ya que no debe tenerse por refrendada las actuaciones con la sola petición del inspector, sino que ésta deber ser motivada, dentro del plazo establecido, y respetando los criterios determinados en la LGIT; por tal razón, el simple argumento esgrimido por los órganos intervinientes, de que el “sello de recepción”, convalida el acto o refrendo del mismo, no merece ningún tipo de respaldo o sustento legal, toda vez que el funcionario público no condice su accionar en base a intuiciones o meras deducciones de un logotipo de recepción, ya que expresamente la norma indica que la petición debe tener por respuesta un juicio de valor emitida por el funcionario a quien se dirige la solicitud, en cuyo caso en el procedimiento inspectivo en relación a la OI N° 370-2022-SUNAFIL/IRE-LOR, no se ha producido. vii. Observan que, el inspector no ha considerado la Resolución de Superintendencia N° 189- 2019-SUNAFIL, la misma que dispone la determinación de las inspecciones que se consideran complejas, al indicar en su artículo 1 que, aquellas órdenes que tengan un número de materias o sub materias objeto de fiscalización igual o superior a 9, serán consideradas complejas. Siendo así, la orden de inspección primigenia tiene un total de 06 materias que son las siguientes: 1. Planillas o registros que la sustituyan - Registro de Trabajadores y otros en la planilla; 2. Planillas o registros que la sustituyan - Alta, modificación y baja en el T-Registro; 3. Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria; 4. Equipos de protección personal; 5. Seguridad social - Inscripción de la seguridad social en salud; 6. Seguridad social - Inscripción de la seguridad social en pensiones). Y con las 03 materias que fueron peticionadas por el inspector en su ampliación, hacen un total de 09 materias fiscalizadas, lo que convirtió a la orden de inspección en una orden compleja, no siendo competente de fiscalización.

viii. Sobre el deber de motivación de los actos administrativos, refieren que, al momento de que ejercieron el derecho de contradicción frente a la determinación de responsabilidad administrativa de la infracción relacionada a la no presentación de los exámenes médicos ocupacionales, así como la no inscripción en el RETCC, y el supuesto no cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento; de la secuencia del procedimiento, advierten que el órgano instructor, sancionador y la Intendencia Regional no emitió valoración respecto a las alegaciones planteadas, máxime el órgano sancionador, pese a su obligación legal de motivar sus decisiones no cumplió con desarrollar un criterio razonable y lógico que sustente lo invocado en el informe final de instrucción, por lo que, se omitió la evaluación de sus descargos, al hacer únicamente una apreciación analógica respecto a la conservación del acto, ya que indican que el administrado debe presumir que existe una aceptación en el refrendo y ampliación de materias con solo haberse “sellado la solicitud del inspector actuante”. ix. Por otro lado, alegan la nulidad del acta de infracción por la afectación al principio de legalidad, en atención a lo establecido en el Lineamiento N° 013-2008, “Lineamiento para declarar la nulidad de las actas de infracción”, que ha servido de criterio técnico para las decisiones adoptadas por el Tribunal de Fiscalización Laboral, concretamente en los puntos 6.28 y 6.29 de la Resolución N° 020-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. En consecuencia, y conforme a lo citado precedentemente, el acta de infracción se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el inciso 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG, correspondiendo que dicho acto administrativo sea declarado nulo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo por no cumplir con realizar los exámenes médicos ocupacionales

10 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 11 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo

vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. El reglamento desarrollará, a través de las entidades competentes, los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos” (énfasis añadido).

“6.3.- VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES La vigilancia de la salud de los trabajadores es el proceso de recolección de información y análisis sistemático que abarca todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores, con el objetivo de detectar los problemas de salud relacionadas con el trabajo y controlar los factores de riesgos y prevenir los daños a la salud del trabajador, debe ser realizada por el Médico Ocupacional, bajo la responsabilidad del empleador, de acuerdo a la normatividad vigente del MTPE.

Tipos de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores a) Evaluaciones del Estado de Salud de los Trabajadores: Son evaluaciones médicas de la salud de los trabajadores antes, a intervalos periódicos, y después de terminar el desarrollo de las actividades en un puestos de trabajo, que entrañen riesgos susceptibles de provocar perjuicios para su salud o de contribuir a tales perjuicios. Así como en el análisis de la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades relacionadas al trabajo y de los estados pre patogénicos en un determinado periodo de tiempo.

(…)

6.4.- EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONALES (…) 6.4.3. El Médico Ocupacional toma en cuenta las siguientes clases de evaluaciones médico ocupacionales según el caso: (…) a. Evaluación Médica Pre-empleo o Pre-ocupacional: Es la evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo. b. Evaluación Médico Ocupacional Periódica: Se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de trabajo y los estados pre patogénicos. La periodicidad de la evaluación será determinada por el Médico Ocupacional, se realizará de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor de riesgo, así como al estado de salud del trabajador, por lo menos una vez al año. Los antecedentes que se registren en la evaluación médica periódica, se actualizarán a la fecha de la evaluación correspondiente y se revisarán comparativamente, cada vez que se realicen este tipo de evaluaciones. c. Evaluación Médico Ocupacional de Retiro o de Egreso: Evaluación médica realizada al trabajador respecto de su estado y condición de salud días previos al cese laboral, tendrán validez los exámenes ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor de 2 meses. Mediante este examen se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo. (…)”.

ser una actividad de alto riesgo, y de acuerdo al literal d) del artículo 49 de la LSST, el sujeto inspeccionado se encuentra obligada a realizar los exámenes médicos antes del inicio de la relación laboral. Sin embargo, del expediente inspectivo se advierte que la inspeccionada no acreditó haber realizado la evaluación médica ocupacional al inicio de la relación laboral, a favor de cincuenta y dos (52) trabajadores, conforme se verifica en el Cuadro N° 01 del acta de infracción.

Sobre la inscripción en el régimen de seguridad social en pensiones

“Son asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, con la excepción a que se refiere el artículo 5, los siguientes: a) Los trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada a empleadores particulares, cualesquiera que sean la duración del contrato de trabajo y/o el tiempo de trabajo por día, semana o mes; b) Los trabajadores al servicio del Estado bajo los regímenes de la Ley Nº 11377 o de la actividad privada; incluyendo al personal que a partir de la vigencia del presente Decreto Ley ingrese a prestar servicios en el Poder Judicial, en el Servicio Diplomático y en el Magisterio; c) Los trabajadores de empresas de propiedad social, cooperativas y similares; d) Los trabajadores al servicio del hogar; e) Los trabajadores artistas; y f) Otros trabajadores que sean comprendidos en el Sistema, por Decreto Supremo, previo informe del Consejo Directivo Único de los Seguros Sociales (…)”

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

12 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

FIGURA N°01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

FIGURA N° 02:

planilla a los trabajadores que se encuentran consignados en la medida inspectiva de requerimiento”. Por ende, no se advierte del expediente inspectivo que la impugnante haya atendido dentro del plazo otorgado la medida inspectiva de requerimiento.

“6.10. Sin embargo, existen supuestos específicos —como el caso materia de autos— en el cual la naturaleza de los incumplimientos y la reincidencia en el incumplimiento de las conductas obligan a efectuar un análisis que comprenda tanto al plazo otorgado por los inspectores comisionados (evaluando si el mismo era suficiente para el cumplimiento de lo conminado), como al lapso transcurrido durante en el que el sujeto inspeccionado pudo adoptar acciones tendientes a cumplir con conductas que le eran conocidas de antemano, al haber sido objeto de sanción previamente o al haber tomado conocimiento de los acontecimientos constituyentes de incumplimiento durante las actuaciones inspectivas. 6.14 Un análisis circunscrito únicamente al plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento conllevaría a concluir, apriorísticamente, el quiebre del principio de razonabilidad (arguyéndose a la “razonabilidad” del tiempo otorgado al sujeto inspeccionado como fundamento). Sin embargo, tal conclusión constituye un resultado que es contradictorio al contenido de dicho principio, como manifestación de una

adecuada proporción entre los medios y fines dispuestos ante un caso concreto. Por ello, el plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento debe analizarse de acuerdo con el contexto en el que dicha facultad de la inspección del trabajo es ejercida, lo que incluye a los hechos derivados del propio expediente, así como a situaciones directamente acreditadas en otros expedientes que puedan ser un antecedente concretamente invocable. 6.16 En ese sentido, al expedirse la medida inspectiva de requerimiento no solo se debe de contemplar el plazo a otorgar al sujeto inspeccionado frente al plazo restante de las actuaciones inspectivas, sino también las particularidades del caso concreto, lo cual implica la gravedad de la infracción o las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral debidamente comprobadas (por el impacto que causen hacia el trabajador o los trabajadores afectados) y el comportamiento previo del sujeto inspeccionado (si conocía de antemano la infracción, o si había sido sancionado previamente bajo la misma causa); y otros supuestos derivados del contexto en el que se desarrolló el procedimiento inspectivo, que justifiquen la adopción de dicha medida.

Sobre el alegato referido al refrendo de las materias incluidas en la orden de inspección

Decreto Supremo N° 019-2006-TR, numeral adicionado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 019-2007-TR.

FIGURA N° 03:

FIGURA N° 04:

y denuncias presentadas; c) La iniciativa de los directivos del Sistema de Inspección del Trabajo; d) La iniciativa de los inspectores del trabajo, en aquellos casos en que, con ocasión del cumplimiento de una orden de inspección, conozcan hechos que guarden relación con dichas órdenes de inspección o puedan ser contrarios al ordenamiento jurídico vigente. (…)". Es decir, el numeral 8.5 del artículo 8 del RLGIT dispone que el Sistema de Inspección del Trabajo puede iniciar investigaciones de forma autónoma, por los motivos expuestos en la citada normativa, que van desde la planificación hasta la verificación de incumplimientos o riesgos en el lugar de trabajo.

2019-SUNAFIL, de fecha 07 de junio de 2019, que las siete (07) materias objeto de la presente Orden de Inspección: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de exámenes médicos ocupacionales); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla); Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (Sub materia: Construcción civil); Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad); Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); y, Seguridad Social (Sub materias: Inscripción en la seguridad social (Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud; e, Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones)), no se encuentran comprendidas en los citados Anexos como materias complejas. En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

a) Identificación del sujeto responsable, con expresión de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y actividad económica. Idénticos datos de identificación se reflejarán para los sujetos que deban responder solidaria o subsidiariamente. En caso de obstrucción a la labor inspectiva o de empresas informales, se consignarán los datos que hayan podido constarse. b) La autoridad competente para imponer sanción, con expresión de la norma que le atribuye su competencia. c) Los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta. d) Los hechos comprobados por el inspector del trabajo, constitutivos de infracción. e) La infracción o infracciones en las que se subsumen los hechos comprobados, los preceptos y normas que se estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal. f) La sanción que se propone, su cuantificación y graduación, con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos. De apreciarse la existencia de reincidencia en la comisión de una infracción, debe consignarse dicha circunstancia con su respectivo fundamento. g) La responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables, con expresión de su fundamento fáctico y jurídico. h) La identificación del inspector o de los inspectores de trabajo que extienden el acta de infracción con sus respectivas firmas. i) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación

analizó y argumentó con fundamentos de hecho y de derecho las razones que la condujeron a determinar que el administrado habría cometido infracciones a la normativa en materia de relaciones laborales. Adicionalmente, se verifica que, el análisis efectuado por el inspector de trabajo se encuentra de conformidad con lo establecido en el LGIT y el RLGIT. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados. Y respecto a la invocación de la Resolución N° 020- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, debe desestimarse lo alegado por la impugnante, toda vez que la resolución invocada no constituye precedente vinculante de observancia obligatoria que haya sido dictado por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.52. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u

omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales Por valerse de los servicios de trabajadores que realizan actividades de construcción civil que no están inscritos en el RETCC. Numeral 24.15 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Seguridad Social No cumplir con la inscripción en el sistema de seguridad social en pensión. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No realizar las evaluaciones médicas de inicio de los trabajadores. Numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO SANTA ROSA, en contra la Resolución de Intendencia N° 36-2023-SUNAFIL/IRE-LOR, de fecha 21 de agosto de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Loreto, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 114-2022-SUNAFIL/IRE- LOR, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N.° 75-2023-SUNAFIL/IRE-LOR/SISA, de fecha 02 de mayo de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 36-2023-SUNAFIL/IRE-LOR, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 36-2023-SUNAFIL/IRE-LOR, en los extremos referidos a la infracción muy grave en materia de seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, y a la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT.

CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO SANTA ROSA, y a la Intendencia Regional de Loreto, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251001MCR – HR 179912-2023