Consorcio Santa Catalina S.A — Res. 411-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Bonificación No Remunerativa (subgrupo materia: incluye todas). Seguridad Social (subgrupo materia: Declaración y pago de la seguridad social). Remuneraciones: (subgrupo materia: Gratificaciones). Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (subgrupo materia: vacaciones). Compensación por tiempo de servicios (subgrupo materia: depósito de CTS).

20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no cumplir con sus obligaciones relativas en materia de seguridad social, por el periodo desde el 01/02/2018 al 31/12/2020, en perjuicio de la extrabajadora Rosa Bertha Ataupillco Espinoza, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B° del RLGIT3.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

i. El Informe Final de Instrucción, Acta de Infracción e Imputación de Cargos resulta insuficiente para motivar la decisión de sancionarlos, siendo necesario un sustento basado en derecho y se detallen los supuestos incumplimientos, con la finalidad de no limitar sus derechos. Precisa que, cumplieron con presentar documentación con fecha 02 de febrero de 2018, 14 de febrero de 2022 y 23 de febrero de 2022; sin embargo, no fueron tomados en cuenta por el personal inspectivo. La documentación presentada el 02 de febrero de 2018 fue la siguiente: Constancia de alta y baja del T-Registro, boletas de pago de las gratificaciones y su bonificación extraordinaria de los periodos desde julio 2018 a diciembre 2020, anexando sus depósitos bancarios, boleta de pago de junio 2019 (15 días de vacaciones) y su depósito bancario, boleta de pago de Julio 2019 (14 días de vacaciones) y su depósito bancario, boleta de pago de octubre 2020 y su depósito bancario, Hoja de liquidación de beneficios sociales (cálculo de compensación por tiempo de servicios y vacaciones truncas), anexando cronograma de pago de liquidación

2 Véase en el expediente electrónico. 3 Cabe precisar que, durante el procedimiento, se determinó la existencia de infracciones en materia de seguridad social: i) No acreditar la declaración al sistema privado de pensiones por el periodo desde el 01/02/2018 al 31/12/2020, calificada como infracción LEVE, tipificada en el numeral 44.2 del artículo 44 del RLGIT y, ii) No acreditar el pago al sistema privado de pensiones por el periodo desde el 01/02/2018 al 31/12/2020, calificada como infracción MUY GRAVE, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B RLGIT; habiéndose concluido que dichas infracciones se encuentran dentro del concurso de infracciones; por lo que, se aplicó la sanción establecida para la infracción de mayor gravedad, conforme lo dispuesto en el artículo 48-A del RLGIT.

Resolución de Sala N° 0411-2025-SUNAFIL/TFL

de beneficios sociales suscrito por las partes. La documentación presentada con fecha 14 de febrero de 2022 fue la siguiente: Boletas de pago del periodo desde febrero 2018 hasta diciembre 2020, Registro de control de asistencia del 01 de junio de 2019 hasta el 31 de julio de 2019 y del 01 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020. La documentación presentada con fecha 23 de febrero de 2022 fue el depósito bancario por pago de un día de descanso vacacional (reintegro). ii. Debido a causas fortuitas y la emergencia sanitaria declarada por la existencia de la pandemia, sus ingresos no se han visto incrementados y siguen teniendo un efecto negativo económico. iii. Para la imputación de la infracción se debió realizar un análisis del caso concreto y no solo basarse en meras citas legales que no justifican la imposición de una multa, pretendiendo forzar la situación a fin de que calcen en las infracciones impuestas; por lo que, se ha vulnerado el deber de motivación y el debido procedimiento administrativo. iv. Reitera que, no basta con citar normas sino evaluar la situación real y concreta sobre la base de los medios probatorios que obran en el expediente, a fin de no causar perjuicios al administrado con una apreciación unilateral, siendo necesario el examen de la causalidad y la culpabilidad; por lo que, lo antes descrito tiene relevancia sobre el principio de razonabilidad y verdad material.

i. La motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la autoridad administrativa, respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos, como garantía del debido procedimiento administrativo. En ese sentido, en el presente caso, las autoridades administrativas anteriores no solo se han basado en las normativas vulneradas para determinar culpabilidad o responsabilidad, sino del análisis evidenciado en la motivación del Acta de Infracción, que es el resultado del correcto ejercicio de la función de fiscalización; por lo que, el Acta de Infracción, Informe Final de Instrucción, Resolución de Sub Intendencia se encuentran debidamente fundamentadas y motivadas, no existiendo ningún acto arbitrario contra el debido procedimiento; además, sobre la documentación aportada por el impugnante, éstas no lograron acreditar el cumplimiento íntegro de las materias

4 Notificada a la impugnante el 05 de mayo de 2023. Ver fojas 66 del expediente sancionador

investigadas, conforme los hechos constatados del Acta de Infracción; por lo que, con la finalidad de que las conductas sean revertidas se extendió una medida inspectiva de requerimiento, la misma que no fue cumplida en su oportunidad. ii. Para el principio de causalidad, la norma exige el principio de personalidad de las sanciones entendiendo como que la asunción de la responsabilidad debe corresponder a quién incurrió en la conducta prohibida por ley; por lo que, este principio conecta con el principio de culpabilidad que establece que la acción sancionable debe ser imputada a título de dolo o culpa, esto es, que solo se puede imponer una sanción si es que la conducta prohibida y su consecuencia están previstas legalmente. En ese sentido, precisa que las obligaciones laborales, de ninguna manera, pueden ser parcial, debiendo prevalecer el cumplimiento oportuno e íntegro de los mismos; en consecuencia, los incumplimientos incurridos se configuran como infracciones, entre ellas, en materia de seguridad social y a la labor inspectiva. iii. Si bien es cierto que la existencia de la pandemia afectó a nuestro país, siendo que por decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el gobierno declaró el estado emergencia nacional; sin embargo, de manera progresiva y gradual, se fueron reactivando los rubros económicos a nivel nacional; además, el gobierno brindó medidas adicionales extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas, para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus de la COVID-19. También, se tiene que, no se ha presentado documento idóneo que acredite su condición de imposibilidad de pago, conforme lo establecido como precedente de observancia obligatoria en la Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL con respecto a los principios de razonabilidad y culpabilidad en la imposición de medidas de requerimiento de pago ante la imposibilidad acreditada de cumplir obligaciones económicas a empresas del sector privado, habiéndose establecido que no son ejemplos de la afectación patrimonial la simple pérdida económica en los registros financieros, contables y/o económicos de la empresa y la existencia de meras acreencias con otras personas naturales o jurídicas (incluidas entidades financieras). iv. Con relación a la proporcionalidad y razonabilidad de la multa, ésta no se encuentra sometida al libre albedrío del personal inspectivo o de la autoridad sancionadora, toda vez que, de conformidad a los principios que rigen la actividad sancionadora de la SUNAFIL, se concluye que tanto las conductas infractoras así como las sanciones se encuentran previamente determinadas y en modo alguno responde a apreciaciones de índole subjetivas y pueden ser consideradas arbitrarias, conforme lo deja entrever el impugnante. Así, resulta conveniente mencionar que, las autoridades administrativas anteriores han aplicado correctamente el concurso de infracciones, es decir, entre la infracción por no acreditar la declaración y la infracción por no acreditar el pago de los aportes al sistema privado de pensiones, donde prevalece la infracción de mayor gravedad, acorde al Criterio Normativo adoptado por el “Grupo de Trabajo de Análisis de Criterios en materia legal aplicable al Sistema Inspectivo”, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 233-2017-SUNAFIL.

Resolución de Sala N° 0411-2025-SUNAFIL/TFL

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 16. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 10 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

Resolución de Sala N° 0411-2025-SUNAFIL/TFL

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONSORCIO SANTA CATALINA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 17 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 71-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando lo siguiente:

i. Vulneración del deber de motivación y el debido procedimiento administrativo: La resolución de intendencia, Informe Final de Instrucción y el Acta de Infracción han incumplido el deber de motivación, toda vez que, para la imputación de la infracción se debió realizar el análisis correspondiente al caso concreto y no basarse en meras citas legales que no justifican la imposición de multa, pretendiéndose forzar la situación, a fin de que calcen en las infracciones impuestas, pese a que no existe fundamento fáctico o jurídico que sustente su decisión, no habiéndose realizado una evaluación exhaustiva a lo expuesto en la norma, lo verificado en la realidad y lo que han señalado. También, hace referencia a que por causas fortuitas y debido a la emergencia sanitaria declarada por existencia de la pandemia, sus ingresos no se incrementaron y siguieron teniendo un efecto negativo. ii. El Tribunal Constitucional ha establecido que uno de los componentes del debido proceso es el obtener una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente planteadas por las partes. Así, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 0090-2004-AA/TC señaló que: “la motivación debe otorgar seguridad jurídica al administrado y permitir al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad

que decide el procedimiento; para ello NO SE DEBE UTILIZAR LAS CITAS LEGALES ABIERTAS, QUE SÓLO HACEN REFERENCIA A NORMAS EN CONJUNTO COMO REGLAMENTOS O LEYES, pero sin concretar que disposición ampara la argumentación o análisis de la autoridad (…)”. En ese sentido, es evidente que para sustentar una decisión no solo basta con mencionar las normas que presuntamente se habrían vulnerado, sino también hacer un análisis de la realidad y los hechos que configurarían una sanción, lo que no se ha realizado en el caso concreto, debido a que en la resolución apelada consta un supuesto análisis que no se condice con la realidad, que no se ha tomado en cuenta sus fundamentos expuestos en los descargos. Sobre lo antes dicho, hace referencia al inciso 3 del artículo 6 de la Ley N° 27444, así como el numeral 1.2 del artículo IV de la Ley N° 27444. También, se hace referencia a que la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, conforme el pronunciamiento en la STC N° 0511-2012-AA. iii. La Resolución de Intendencia no cumple con las mínimas garantías de un debido procedimiento administrativo, afectando negativamente la esfera o situación jurídica de su empresa; toda vez que, constituye una decisión arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional por carecer de motivación adecuada, suficiente y congruente. iv. Sobre el principio de razonabilidad y verdad material: Reitera que no basta con citar normas sino evaluar la situación real y concreta en razón a los medios probatorios obrantes en el expediente. A fin de no causar perjuicios al administrado con una apreciación unilateral por parte de la administración. Asimismo, se manifiesta que, dentro de un procedimiento sancionador, resulta necesario el exámen sobre la causalidad y la culpabilidad; por lo que, la doctrina administrativa peruana ha señalado que su existencia debe justificarse en base a un análisis riguroso que determine el nexo causal entre el comportamiento reprochado y el evento dañino que se busca sancionar.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019- JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

Resolución de Sala N° 0411-2025-SUNAFIL/TFL

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la vulneración al principio del debido procedimiento

Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir

pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

11 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

Resolución de Sala N° 0411-2025-SUNAFIL/TFL

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

12 “TUO de la LPAG

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

Resolución de Sala N° 0411-2025-SUNAFIL/TFL

Resolución SBS N° 8515-2012 de fecha 07 de noviembre de 2012 se estableció, como obligatorios para los empleadores, la declaración y pago de los aportes previsionales mediante el Portal de Recaudación AFPnet; por lo que, este aplicativo es el medio idóneo, no existiendo otro para acreditar cumplimiento y/o subsanación para declarar y pagar los aportes.

" Artículo 46.- Contenido de las Actas de Infracción

Las Actas de Infracción de la Inspección del Trabajo, reflejarán:

a) Los hechos constatados por el Inspector del Trabajo que motivaron el acta.

b) La calificación de la infracción que se impute, con expresión de la norma vulnerada.

c) La graduación de la infracción, la propuesta de sanción y su cuantificación.

d) En los supuestos de existencia de responsable solidario, se hará constar tal circunstancia, la fundamentación jurídica de dicha responsabilidad y los mismos datos exigidos para el responsable principal.” " Artículo 54.- Contenido de las actas de infracción

El acta de infracción que se extienda debe poseer el siguiente contenido mínimo:

a) Identificación del sujeto responsable, con expresión de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y actividad económica. Idénticos datos de identificación se reflejarán para los sujetos que deban responder solidaria o subsidiariamente. En caso de obstrucción a la labor inspectiva o de empresas informales, se consignarán los datos que hayan podido constarse.

b) La autoridad competente para imponer sanción, con expresión de la norma que le atribuye su competencia.

c) Los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta.

d) Los hechos comprobados por el inspector del trabajo, constitutivos de infracción.

e) La infracción o infracciones en las que se subsumen los hechos comprobados, los preceptos y normas que se estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal.

f) La sanción que se propone, su cuantificación y graduación, con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos. De apreciarse la existencia de reincidencia en la comisión de una infracción, debe consignarse dicha circunstancia con su respectivo fundamento.

g) La responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables, con expresión de su fundamento fáctico y jurídico.

h) La identificación del inspector o de los inspectores de trabajo que extienden el acta de infracción con sus respectivas firmas.

i) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación.”

administrativa objetiva. Bajo este contexto, es evidente que los incumplimientos reprochados en materia de seguridad social y labor inspectiva configuran infracciones.

Información Adicional

N° MATERIA CONDUCTA INFRACTORA TIPO LEGAL Y CALIFICACIÓN Relaciones Laborales No acreditó el pago íntegro de las vacaciones truncas del periodo 01/02/2020 al 31/12/2020. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditó el depósito y/o pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios de los periodos semestrales del 01/02/2018 al 30/04/2018, del 01/05/2018 al 31/10/2018, del 01/11/2018 al 30/04/2019, del 01/05/2019 al 31/10/2019, del 01/11/2019 al 30/04/2020, del 01/05/2020 al 31/10/2020 y del 01/11/2020 al 31/12/2020. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

Seguridad Social No acreditar la declaración al sistema privado de pensiones de los aportes efectivamente retenidos, por el periodo desde el 01/02/2018 al 31/12/2020. Numeral 44.2 del artículo 44 del RLGIT LEVE Seguridad Social No acreditar el pago al sistema privado de pensiones de los aportes efectivamente retenidos, por el periodo desde el 01/02/2018 al 31/12/2020. Numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT MUY GRAVE

Resolución de Sala N° 0411-2025-SUNAFIL/TFL

N° MATERIA CONDUCTA INFRACTORA TIPO LEGAL Y CALIFICACIÓN

Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectivo de requerimiento de fecha 17 de febrero de 2022. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. –Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO SANTA CATALINA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 71-2023-SUNAFIL/IRE-LIM de fecha 03 de mayo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Lima dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 297-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N°71-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, en el extremo referido a las infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el numeral 46.7 del artículo 46 y 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO SANTA CATALINA S.A., y a la Intendencia de Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250423SPDC- HR: 187616-2021