Consorcio Santa Catalina S.A — Res. 1282-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Gratificaciones); Certificado de trabajo (Sub Materia: Incluye todas); Bonificación no remunerativa (Sub Materia: Incluye todas); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub Materia: Depósito de CTS). 2 Cabe señalar que, mediante Cédula de Notificación N° 0000030299-2020, expedida el 11 de agosto de 2020 y obrante a foja 04 del expediente sancionador, se intentó notificar al administrado la Imputación de Cargos y el Acta PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia programada para el día 28 de febrero de 2020 a las 12:00 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT.

i. Se advierte que, en todo momento que se ha colaborado con el esclarecimiento de los hechos mediante la presentación de diversa documentación relacionada con ex trabajadores, la cual no fue debidamente valorada por el personal inspectivo. A

de Infracción. Sin embargo, dicha diligencia resultó infructuosa, al no haberse acreditado que en la dirección consignada se realizara efectivamente la notificación, lo que motivó la devolución de la cédula. Ante esta circunstancia, mediante proveído s/n de fecha 04 de noviembre de 2020, incorporado a foja 09 del expediente sancionador, la Autoridad Instructora dispuso que la notificación se efectuara en el nuevo domicilio fiscal del sujeto inspeccionado. En cumplimiento de lo ordenado, se expidió la Cédula de Notificación N° 0000051767-2020, que obra a foja 10 del mismo expediente; no obstante, tampoco se logró concretar la diligencia. Con posterioridad, mediante proveído s/n del 11 de diciembre de 2020, obrante a foja 12 del expediente sancionador, se ordenó reiterar la notificación en el domicilio consignado. En virtud de ello, se emitió la Cédula de Notificación N° 0000062527-2020, incorporada a foja 13; sin embargo, nuevamente fue devuelta al no haberse podido efectuar la entrega. Posteriormente, mediante proveído s/n de fecha 22 de julio de 2021, que obra a foja 15 del expediente sancionador, la Autoridad Instructora dispuso renovar los intentos de notificación antes señalados. Así, se expidió la Cédula de Notificación N° 0000035746-2021, incorporada a foja 17; pese a ello, tampoco pudo materializarse la diligencia. En esa misma línea, mediante proveído s/n del 26 de agosto de 2021, obrante a foja 19 del expediente sancionador, se reiteró lo previamente ordenado, emitiéndose la Cédula de Notificación N° 000039508-2021, incorporada a foja 20; sin embargo, al no existir certeza de su recepción, la cédula fue nuevamente devuelta. Finalmente, mediante proveído s/n de fecha 28 de enero de 2022, que obra a foja 21 del expediente sancionador, la Autoridad Instructora dispuso nuevamente la notificación de la Imputación de Cargos y del Acta de Infracción en el domicilio del sujeto inspeccionado. En ejecución de lo dispuesto, se expidió la respectiva Cédula de Notificación en la misma fecha, obrante a foja 32 del citado expediente, la cual fue recibida por la impugnante el 02 de febrero de 2022. Conviene precisar que todas estas actuaciones se realizaron en razón de que la Imputación de Cargos inicialmente notificada carecía de firma electrónica. En efecto, conforme a lo establecido en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en concordancia con el numeral 24.1 del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la notificación a través de casilla electrónica debe contener, entre otros requisitos, el acto administrativo emitido conforme a la normativa sobre firmas digitales prevista en la Ley N° 27269 y su reglamento. No obstante, en este caso, la Imputación de Cargos fue emitida con firma manuscrita, lo cual impedía su validez a través de la casilla electrónica.

pesar de ello, se consideró inasistencia a la comparecencia del 28 de febrero de 2020, cuando la obligación requerida ya había sido cumplida. ii. Aunque no fue posible asistir a la referida comparecencia por causas de fuerza mayor, la documentación que debía presentarse en dicha oportunidad fue oportunamente remitida mediante el escrito de fecha 04 de marzo de 2020. iii. Asimismo, es imprescindible que cualquier imputación de cargos esté sustentada en un análisis jurídico que detalle los supuestos incumplimientos, debidamente motivado y respaldado en medios probatorios suficientes. La inexistencia de tales elementos compromete el derecho al debido procedimiento administrativo y a la legítima defensa. iv. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la Imputación de Cargos, del Acta de Infracción, del Informe Final de Instrucción y de la Resolución de Subintendencia, disponiendo el archivo definitivo del procedimiento, toda vez que no se realizó un análisis del caso concreto, limitándose la autoridad a transcribir normas legales sin justificar la imposición de la multa. v. Asimismo, no se ha considerado lo manifestado en el escrito de descargos de fecha 27 de abril de 2022, limitándose la autoridad a afirmar un incumplimiento normativo sin evaluar la situación real y concreta en atención a los medios probatorios obrantes en el expediente, lo que genera un perjuicio al administrado al desconocer la evidencia presentada.

i. Cabe precisar que el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que regula el Principio de Buena Fe Procedimental, estableciendo que todos los partícipes del procedimiento actúan guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe, y que la autoridad administrativa no puede actuar en contra de sus propios actos, salvo en los supuestos de revisión de oficio previstos en la Ley. ii. Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 151 del RLGIT dispone que, durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, empleadores, trabajadores y representantes de ambos deberán prestar la colaboración que los inspectores del trabajo requieran para el adecuado ejercicio de sus funciones, conforme a lo previsto en el artículo 9° de la LGIT. iii. En ese sentido, el artículo 9° de la LGIT establece que los empleadores, trabajadores y demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales están obligados a colaborar con los supervisores, inspectores y auxiliares del trabajo

cuando sean requeridos, particularmente durante visitas u otras actuaciones inspectivas. iv. Asimismo, conforme al artículo 11 de la LGIT, las actuaciones inspectivas son diligencias que la Inspección del Trabajo desarrolla de oficio, previo al inicio del procedimiento sancionador, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y adoptar las medidas inspectivas que correspondan para garantizar el cumplimiento de las disposiciones sociolaborales. v. En ese marco, el numeral 3.2 del artículo 5° de la LGIT establece que los inspectores de trabajo debidamente acreditados están facultados para exigir la presencia del empresario, sus representantes, trabajadores o cualquier sujeto comprendido en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en oficinas públicas designadas para tal efecto. vi. Por su parte, el artículo 11° de la LGIT y el literal b) del numeral 12.1 del artículo 12° del RLGIT regulan que las comparecencias son actuaciones inspectivas mediante las cuales se exige la presencia del sujeto inspeccionado para aportar documentación requerida y efectuar aclaraciones pertinentes, constituyendo una obligación legal de asistencia. vii. De acuerdo con las disposiciones señaladas, se encuentra debidamente acreditado que la inspeccionada tenía la obligación legal de asistir a la diligencia de comparecencia programada para el 28 de febrero de 2020 a las 14:00 horas, debiendo aportar la documentación requerida en la citación. La falta de asistencia, pese a haber sido notificada válidamente, constituye un acto de obstrucción a la labor inspectiva, afectando el normal desarrollo de las funciones del Inspector y perturbando el procedimiento sancionador. Esta conducta está tipificada como infracción muy grave en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT y se configura en el momento de la inasistencia, sin que pueda considerarse subsanada posteriormente. viii. Aunque la inspeccionada presentó posteriormente la documentación requerida, tal actuación no elimina la infracción ya consumada, limitándose su consideración únicamente a la graduación de la sanción, que se aplicó con reducción del 90%, conforme a los criterios de proporcionalidad. Las actuaciones inspectivas se desarrollaron respetando los principios ordenadores del Sistema de Inspección del Trabajo, así como la potestad sancionadora de la autoridad administrativa, en estricto cumplimiento de la LGIT, el RLGIT y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, sin que se advierta vulneración de las garantías del debido procedimiento. La entrega tardía de información no invalida la infracción porque el cumplimiento posterior no restituye el retraso ni elimina el obstáculo generado a la función inspectiva. ix. En cuanto a las nulidades planteadas, debe enfatizarse que las Actas de Infracción, Imputaciones de Cargos e Informes Finales de Instrucción constituyen actos procesales y no actos administrativos resolutorios, razón por la cual no son susceptibles de declaración de nulidad. Su finalidad es documentar hechos verificados y servir como base probatoria para el procedimiento sancionador, sin generar efectos jurídicos directos sobre los administrados. Por consiguiente, cualquier alegación de nulidad sobre estos instrumentos carece de sustento jurídico y debe declararse improcedente, confirmando que el procedimiento sancionador se desarrolló conforme a ley y con respeto de las garantías de defensa. x. Por todo lo expuesto, se concluye que no se verifican causales de nulidad en la resolución apelada conforme al artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, habiéndose justificado debidamente la tipificación de la infracción y la decisión adoptada. Los argumentos de la apelación no desvirtúan la

responsabilidad de la inspeccionada, por lo que corresponde confirmar la sanción impuesta por la autoridad inferior, en concordancia con las facultades conferidas por el artículo 41° de la LGIT y conforme a la Resolución de Superintendencia N° 071- 2023-SUNAFIL.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 5 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 6 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL CONSORCIO SANTA CATALINA S.A.

8 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de febrero de 2023, CONSORCIO SANTA CATALINA S.A., fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 094-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Se solicita que se declare la nulidad y se deje sin efecto la multa impuesta, toda vez que el procedimiento administrativo sancionador que la sustenta adolece de graves vicios que afectan el debido proceso y las garantías del administrado. ii. En efecto, manifiesta que la empresa se dedica a la prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros, actividad que evidencia la importancia de una correcta aplicación de la normativa y del procedimiento sancionador. iii. La autoridad, a través de la Subintendencia de Actuación Inspectiva, ha hecho suyo el Acta de Infracción, tipificando la infracción en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT, por la supuesta inasistencia a la comparecencia programada para el 28 de febrero de 2020. Sin embargo, la parte inspeccionada presentó oportunamente constancias de depósitos, boletas de pago y liquidación de beneficios mediante escrito de fecha 04 de marzo de 2020, cumpliendo así con lo requerido, pese a no haber podido asistir por fuerza mayor. La documentación presentada era la misma que se iba a exhibir en la comparecencia. iv. En tal sentido, no se ha valorado adecuadamente el escrito de descargo de fecha 07 de febrero de 2022, ni los medios probatorios que acreditan el cumplimiento de las obligaciones laborales, vulnerándose con ello el derecho a un debido procedimiento y a una defensa efectiva. v. En cuanto al deber de motivación, el Acta de Infracción, el Informe Final y la Resolución de Subintendencia no cumplen con el requisito de fundamentación exigido por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente N° 08495-2006-PA/TC. La autoridad se limita a transcribir normas sin realizar un análisis fáctico ni jurídico que sustente la infracción imputada, lo que configura arbitrariedad y falta de congruencia. vi. Se ha transgredido el Principio de Razonabilidad y el de Verdad Material, toda vez que no basta con citar normas; corresponde evaluar la situación real y concreta en atención a los medios probatorios obrantes en el expediente. vii. Asimismo, no se ha efectuado un análisis de causalidad ni de culpabilidad que justifique el nexo entre el comportamiento reprochado y el evento sancionable, lo que impide valorar adecuadamente la existencia de responsabilidad administrativa. viii. El procedimiento tampoco cumple con las garantías mínimas del debido proceso establecidas en el TUO de la LPAG, incluyendo los numerales 1.2 del artículo IV, el numeral 3 del artículo 6° y el numeral 4 del artículo 3° del citado cuerpo normativo, al no exigirse fundamentación vacía ni genérica, sino razonada, congruente y suficiente. ix. Por todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del Acta de Infracción, del Informe Final, de la Resolución de Subintendencia y de la Resolución impugnada, disponiendo el archivo definitivo del procedimiento a fin de salvaguardar los derechos y garantías del administrado y garantizar la legalidad del acto administrativo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a esos hechos, justifiquen el acto adoptado, conforme lo dispone el artículo 6° del citado cuerpo normativo. Asimismo, como lo establece el numeral 5.4 del artículo 5° del TUO de la LPAG, el contenido del acto administrativo, como requisito de validez, debe comprender todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas por los administrados, a fin de garantizar una resolución completa, coherente y ajustada al debido procedimiento.

respetando plenamente los derechos de defensa y las garantías del debido procedimiento.

Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia programada

9 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 10 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público. Cualquiera que sea la modalidad con que se inicien, las actuaciones inspectivas pueden proseguirse o completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado con la práctica de otra u otras formas de actuación de las definidas en el

“Artículo 17.- Capacidad de obrar ante la Inspección del Trabajo La capacidad de obrar ante la Inspección del Trabajo y su acreditación se rige por las normas de derecho privado. Las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, actuarán por medio de quienes, al tiempo de la actuación inspectiva, ocupen los órganos de su representación o la tengan conferida, siempre que lo acrediten con arreglo a ley. Las actuaciones inspectivas se seguirán con los sujetos obligados al cumplimiento de las normas, que podrán actuar por medio de representante, debidamente acreditado ante el inspector actuante, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones. El representante no podrá eludir la declaración sobre hechos o circunstancias con relevancia inspectiva que deban ser conocidos por el representado. La intervención mediante representante sin capacidad o insuficientemente acreditado se considerará inasistencia, cuando se haya solicitado el apersonamiento del sujeto obligado. (…)”. (Énfasis añadido).

• Obra a fojas 135 del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Comparecencia” de fecha 24 de febrero de 2020, notificado en la misma fecha, con el cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se aprecia a continuación:

apartado anterior, pueden éstas ser efectuadas de manera presencial y/o a través de sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación (virtual), según les resulte aplicable.

FIGURA N° 01 Requerimiento de comparecencia de fecha 24 de febrero de 2020

• Sin embargo, en el día y hora programada, la impugnante en su calidad de sujeto inspeccionado, no asistió a la comparecencia programada como ha sido recogido en el numeral 4.4 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción.

11 Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Décima Edición. Publicado por Gaceta Jurídica. Febrero 2014. p.64.

inspectivo, quien dejó constancia de la citación correspondiente, cumpliendo con las formalidades previstas en los artículos 69° y 70° del TUO de la LPAG12, y contando con el apercibimiento correspondiente en caso de inasistencia. Sin embargo, pese a ello, el administrado no se apersonó en la fecha indicada, dicha conducta evaluada en el marco del deber de colaboración consagrado en la normativa de inspección del trabajo, así como en atención al Principio de Buena Fe Procedimental, refuerza la configuración de la conducta obstructiva que impidió el normal desarrollo de la labor inspectiva, conforme a lo previsto en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT.

12 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 69.- Comparecencia personal 69.1 Las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede de los administrados sólo cuando así le haya sido facultado expresamente por ley. 69.2 Los administrados pueden comparecer asistidos por asesores cuando sea necesario para la mejor exposición de la verdad de los hechos. 69.3 A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto, constancia de su comparecencia y copia del acta elaborada. Artículo 70.- Formalidades de la comparecencia 70.1 El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente: 70.1.1 El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad requirente; 70.1.2 El objeto y asunto de la comparecencia; 70.1.3 Los nombres y apellidos del citado; 70.1.4 El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede ser antes del tercer día de recibida la citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia. Convencionalmente puede fijarse el día y hora de comparecencia; 70.1.5 La disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación; y, 70.1.6 El apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento. 70.2 La comparecencia debe ser realizada, en lo posible, de modo compatible con las obligaciones laborales o profesionales de los convocados. 70.3 El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto, ni obliga a su asistencia a los administrados. 13 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva No asistir a la comparecencia programada para el día 28 de febrero de 2020 a las 12:00 horas. Numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el CONSORCIO SANTA CATALINA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 094-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1371-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 094-2023-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución al CONSORCIO SANTA CATALINA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250924MABJ – HR: 164191-2019