Consorcio Santa Catalina S.A — Res. 1152-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Certificado de trabajo (Sub materia: Incluye todas); Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); y, Seguridad Social (Sub materia: Declaración y pago de la seguridad social (Declaración y pago de aportes en el régimen de seguridad social en pensiones)). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con la medida de requerimiento, notificada en la casilla electrónica el día 24 de febrero de 2022, bajo apercibimiento, al no haber entregado la información solicitada dentro del plazo otorgado hasta el día 02 de marzo de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la gratificación de los periodos 2019 y trunco 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de compensación por tiempo de servicios de los periodos noviembre 2018; mayo y noviembre 2019 (trunca); mayo y noviembre 2020; mayo 2021 y noviembre 2021 (trunca), tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de vacaciones de los periodos 2018-2019/2019 trunco; y trunco 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación trunca 2019 y trunca 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la declaración y pago de la seguridad social en pensiones del periodo agosto 2018 a setiembre 2019/Periodo febrero 2020 a noviembre 2021, tipificada en el numeral 44- B.2 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. Alegan que el Informe Final de Instrucción, Acta de Infracción y la Imputación de Cargos resultan ser insuficientes para motivar la decisión de sancionar, en tanto que, cumplieron con presentar: (…) constancia de alta y baja de SUNAT; boletas de pago de remuneraciones (Formato R08), respecto a las gratificaciones de diciembre 2018, julio 2019, julio 2020, diciembre 2020 y julio 2021 con sus respectivos depósitos bancarios; boleta de pago de remuneraciones conteniendo el concepto de vacaciones por el periodo 2020.

ii. Asimismo, con fecha 22 de febrero de 2022, se cumplió con presentar el certificado de trabajo con firma de recibido y huella digital del extrabajador; boleta de pago de remuneraciones conteniendo el concepto de vacaciones y el depósito bancario. Asimismo, con fecha 03 de marzo de 2022, se presentó boleta de pago de remuneraciones conteniendo el concepto de vacaciones por el periodo 2020, con su respectivo depósito bancario; boleta de pago respecto a la gratificación de diciembre 2018 y su depósito bancario, la misma que no fue tomado en cuenta por el inspector de trabajo.

iii. Precisan que, por causas fortuitas y debido a la Emergencia Sanitaria declarada por la pandemia del Covid-19, sus ingresos aún no han incrementado y siguen teniendo un efecto negativo económico.

iv. Consideran, respecto a la vulneración del deber de motivación y el debido procedimiento administrativo, resaltar que la resolución apelada, el Informe Final y el Acta de Infracción, han incumplido con el deber de motivación, pretendiendo forzar la situación a fin de que calcen en las infracciones impuestas, pese a que no existe fundamento fáctico o jurídico que sustente su decisión.

v. Sostienen que la Resolución de Sub Intendencia no cumple con las mínimas garantías de un debido procedimiento administrativo, afectando negativamente la esfera o situación jurídica de la empresa.

vi. Sobre el principio de razonabilidad y verdad material reiteran que no basta con citar normas sino evaluar la situación real y concreta, haciendo necesario el examen sobre la causalidad y culpabilidad.

i. De realizado un estudio de autos, se evidencia que los escritos de descargos presentados por el inspeccionado en cada etapa del procedimiento sancionador administrativo, así como los otros documentos presentados en la etapa de investigación fueron debidamente valorados por la Autoridad Administrativa en su fase correspondiente. Es de evidenciarse que, del análisis realizado por el inspector comisionado, como resultado de la evaluación de los documentos que presentó la inspeccionada en la etapa de investigación, se puede determinar que efectivamente no acredita el cumplimiento de los siguientes conceptos: Vacaciones; gratificaciones; depósito de CTS; declaración y pago de la seguridad social en pensiones y bonificación no remunerativa.

ii. Para este despacho es determinante que el inspeccionado se encontraba en la obligación de cumplir con los derechos laborales de su trabajador con derecho; sin embargo, a pesar de los plazos otorgados durante la investigación, no acredito el cumplimento de las materias investigadas, basándose solo en la presentación repetitiva de boletas de pago y reporte de pagos masivos-BBVA, de un periodo que no corresponde al solicitado.

iii. Por otro lado, no se evidencia en los actuados, que exista algún medio probatorio que determine la afectación económica que haya podido comprobar el incumplimiento de sus obligaciones laborales de forma directa, resultando meras afirmaciones sin sustento probatorio que lo corrobore; vale decir, no se evidencia documento idóneo que acredite que el inspeccionado este en la condición de imposibilidad de pago.

iv. Respecto a la proporcionalidad y razonabilidad de la multa, precisar que no se encuentra sometida al libre albedrío del inspector de trabajo o de la Autoridad Sancionadora; antes bien, y de conformidad con los principios que rigen la actividad sancionadora de la Sunafil, las mismas se encuentran previamente reguladas conforme a la descripción prevista en el Título IV “De las responsabilidades y sanciones” del RLGIT.

v. Por ende, este despacho determina que la inspeccionada es plenamente responsable de las infracciones que se le imputan. Siendo así, no se advierte vulneración alguna al derecho de defensa ni al debido procedimiento, principio de legalidad, u otro principio alegado por la inspeccionada. En ese sentido, se concluye que no resulta cierto que, la resolución apelada adolezca de una debida motivación, toda vez que existe una clara correspondencia entre los hechos constatados y las normas jurídicas infringidas.

2 Notificada a la impugnante el 22 de febrero de 2023.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONSORCIO SANTA CATALINA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de marzo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 37-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, conforme a los documentos adjuntados respecto del extrabajador, se verifica que con fecha 11 de febrero de 2022, cumplieron con presentar declaración jurada de representación electrónica, certificado de vigencia y copia de DNI, constancia de alta y baja SUNAT, boletas de pago de remuneraciones (Formato R08), respecto a las gratificaciones de diciembre 2018, julio 2019, julio 2020, diciembre 2020 y julio 2021 con sus respectivos depósitos bancarios. Boleta de pago de remuneraciones conteniendo el concepto de vacaciones por el periodo 2020.

ii. Asimismo, con fecha 22 de febrero de 2022 cumplieron con presentar certificado de trabajo con firma de recibido y huella digital del extrabajador, boleta de pago de

remuneraciones conteniendo el concepto de vacaciones y el depósito bancario. Asimismo, con fecha 03 de marzo de 2022, presentaron la boleta de remuneraciones conteniendo el concepto de vacaciones por el periodo 2020, con su respectivo depósito bancario, boleta de pago respecto a la gratificación de diciembre 2018 y su depósito bancario, la misma que no fue tomada en cuenta por el inspector de trabajo.

iii. Por lo cual, señalan que la sanción impuesta es arbitraria; sin perjuicio de ello, precisan que por causas fortuitas y debido a la Emergencia Sanitaria declarada por la pandemia del Covid-19, sus ingresos aún no han incrementado y siguen teniendo un efecto negativo económico.

iv. Invocan las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 08495-2006-PA/TC, Expediente N° 0090-2004-AA/TC, en referencia a la garantía constitucional de la motivación del acto administrativo sancionador.

v. Alegan que es evidente que no existen suficientes medios probatorios que puedan sustentar el Informe Final de Instrucción, Imputación de Cargos y Resolución de Sub Intendencia; por lo que, a fin de salvaguardar el derecho a un debido procedimiento administrativo y una legítima defensa, que se declare la nulidad de la Imputación de Cargos, Informe Final de Instrucción y Resolución de Sub Intendencia, y se disponga el archivo definitivo del presente procedimiento.

vi. Consideran, respecto a la vulneración del deber de motivación y el debido procedimiento administrativo, resaltar que la resolución apelada, el Informe Final y el Acta de Infracción, han incumplido con el deber de motivación, pretendiendo forzar la situación a fin de que calcen en las infracciones impuestas, pese a que no existe fundamento fáctico o jurídico que sustente su decisión, no habiendo realizado una evaluación exhaustiva a lo expuesto en la norma, lo verificado en la realidad y lo señalado por su representada.

vii. Sostienen que, para sustentar una decisión no solo basta con mencionar las normas que presuntamente se habrían vulnerado, sino también hacer un análisis de la realidad y los hechos que supuestamente configuran una sanción, lo cual en el caso concreto no se ha realizado, toda vez que, consta en la resolución apelada un supuesto análisis que no se condice con la realidad, que no ha tomado en cuenta sus fundamentos expuestos en sus descargos; limitándose a sostener que han incumplido lo establecido en la norma sin mayor sustento que la transcripción de dicha normativa, vulnerando flagrantemente su derecho.

viii. Manifiestan que la Resolución de Intendencia no cumple con las mínimas garantías de un debido procedimiento administrativo, afectando negativamente la esfera o situación jurídica de la empresa, constituyéndose en una decisión arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional, por carecer de motivación adecuada, suficiente y congruente.

ix. Sobre el principio de razonabilidad y verdad material reiteran que no basta con citar normas sino evaluar la situación real y concreta, en razón a los medios probatorios

obrantes en el expediente, a fin de no causar perjuicios al administrado con una apreciación unilateral por parte de la administración, haciendo necesario el examen sobre la causalidad y culpabilidad.

x. Por último, solicitan la nulidad del Acta de Infracción, Informe Final de Instrucción, Resolución de Sub Intendencia y Resolución de Intendencia, así como la correspondiente multa y el archivo definitivo del presente procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el

incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la declaración y el pago de los aportes al sistema privado de pensiones

“Los aportes al Fondo pueden provenir de los trabajadores dependientes, de los trabajadores independientes o de los empleadores. En el primer caso, los empleadores actúan como agentes retenedores”.

“El Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones otorga protección ante los riesgos de vejez, invalidez y fallecimiento y provee obligatoriamente a sus afiliados las prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio”.

“Los aportes de los trabajadores dependientes pueden ser obligatorios o voluntarios. Los aportes obligatorios están constituidos por: a) El 10% de la remuneración asegurable; b) Un porcentaje de la remuneración asegurable destinado a financiar las prestaciones de invalidez y sobrevivencia y un monto destinado a financiar la prestación de gastos de sepelio; c) Los montos y/o porcentajes que cobren las AFP por los conceptos establecidos en el inciso a) del Artículo 24 de la presente Ley (…)”.

“Obligación del empleador de retener los aportes Los aportes a los que se refiere el Artículo 30 precedente, deben ser declarados retenidos y pagados por el empleador a la AFP en la que se encuentre afiliado el

trabajador. El pago puede ser hecho a través de la institución financiera o de otra naturaleza que designe la AFP. La declaración, retención y pago deben efectuarse dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones afectas. La forma de pago de los aportes del empleador a que se refiere el Artículo 31 debe efectuarse en el mismo plazo que el señalado en el párrafo precedente (…) (énfasis añadido)”

trabajador José Mestanza Alcántara. Por tanto, corresponde confirmar la infracción por no haber cumplido con acreditar el pago de la seguridad social en pensiones del periodo agosto 2018 a setiembre 2019/periodo febrero 2020 a noviembre 2021.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)”. (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

9 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….)

Figura N° 01

Para el cumplimiento de la misma, se otorgó un plazo de cuatro (04) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento.

10TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.) 11LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a

que las acciones u omisiones de los sujetos obligados, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, constituyen infracción a la labor inspectiva.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor Inspectiva No cumplir oportunamente con la medida de requerimiento, notificada en la casilla electrónica el día 24 de febrero de 2022, bajo apercibimiento, al no haber entregado la información solicitada dentro del plazo otorgado hasta el día 02 de marzo de 2022. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la gratificación de los periodos 2019 y trunco 2021. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de compensación por tiempo de servicios de los periodos noviembre 2018; mayo y noviembre 2019 (trunca); mayo y noviembre 2020; mayo 2021 y noviembre 2021 (trunca). Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de vacaciones de los periodos 2018-2019/2019 trunco; y trunco 2021. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la bonificación trunca 2019 y trunca 2021. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Seguridad Social No acreditar la declaración y pago de la seguridad social en pensiones del periodo agosto 2018 a setiembre 2019/periodo febrero 2020 a noviembre 2021. Numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad Social No acreditar la declaración de la seguridad social en pensiones del periodo agosto 2018 a setiembre 2019/periodo febrero 2020 a noviembre 2021. Numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley

General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO SANTA CATALINA S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 37-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 20 de febrero de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Lima, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 241-2022-SUNAFIL/IRE- LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 37-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, en el extremo referido a la infracción muy grave en materia de seguridad social tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT, y la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO SANTA CATALINA S.A., y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20241204MCR – HR 182295-2021