Consorcio Santa Catalina S.A — Res. 1126-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Seguridad Social (Sub materia: Declaración y pago de la seguridad social: Declaración y pago de aportes en el régimen de seguridad social en pensiones). 2 Véase folio 142 del expediente inspectivo. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131257750 hard

incumplimiento al aporte de la Compensación por tiempo de servicios (CTS) 2017-2021, así como los aportes al régimen privado de pensiones AFP.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar el pago al Sistema Privado de Pensiones (SPP) de los aportes efectivamente retenidos del trabajador afectado, de los meses desde agosto del 2018 hasta enero de 2021, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 28 de junio de 2021, teniendo como fecha de vencimiento el 02 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Refieren que, mediante escrito de descargos de fecha 24 de febrero de 2022, presentaron los pagos de aportes privado de pensiones, pero por causas fortuitas y debido a la emergencia sanitaria tienen un efecto negativo económico, la misma que no fue tomada en cuenta por el inspector en el Acta de Infracción y tampoco fue advertida en el Informe Final de Instrucción, por lo que el procedimiento es nulo, pues no existió reducción de multa por el cumplimiento parcial, más aún cuando solo existe un trabajador afectado. ii. Asimismo, alegan que no se cumple con las mínimas garantías de un debido procedimiento, por tanto, resulta necesario el examen sobre la causalidad y culpabilidad.

i. Conforme se desprende del numeral 5.2.1 del Acta de Infracción, el inspector ha verificado que el sujeto inspeccionado no cumplió con acreditar el pago de aportes al Sistema Privado de Pensiones (SPP), de los aportes efectivamente retenidos al trabajador por los meses de agosto de 2018 hasta enero 2021. ii. De los documentos presentados por la impugnante, efectivamente se puede determinar que no cumplió con acreditar el pago de aportes al Sistema Privado de Pensiones (SPP), de los aportes efectivamente retenidos al trabajador por los meses de agosto de 2018 hasta enero 2021. Que si bien, la inspeccionada señala que presentaron una serie de documentos; sin embargo, estos documentos versan sobre otros conceptos laborales/periodos, que no acredita que cumplió con la declaración y pago de aportes en el régimen de seguridad social en pensiones, considerando aún, que es la propia inspeccionada que en sus diversos escritos argumenta y reconoce no haber cumplido con dicho concepto. iii. Asimismo, no constituye un eximente de responsabilidad alegar que debido a la emergencia sanitaria y a los efectos negativos en su economía no pudo cumplir con sus obligaciones laborales frente a su trabajador, ya que, es conocido que el Estado implantó mecanismos en la economía de las empresas que permitan adoptar acciones preventivas, para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19. iv. Por ello, se evidencia que la instancia anterior no solo se ha basado en la normativa vulnerada para determinar la responsabilidad, sino también en los hechos constatados del Acta de Infracción, siendo lo resultado del correcto ejercicio de la función de fiscalización, por lo que se confirma la infracción impuesta.

3 Notificada a la impugnante el 31 de agosto de 2022, véase folio 56 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL CONSORCIO SANTA CATALINA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de setiembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 166-2022-SUNAFIL/IRE-LIM en términos similares al recurso de apelación, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que son una empresa de derecho privado, que tiene como objeto social el dedicarse, entre otros, a la prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros, regulada por la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y demás normas pertinentes. ii. Alegan que, conforme a lo señalado mediante escrito de descargos de 24 de febrero de 2022, si bien indicaron que no presentaron toda la información solicitada respecto del trabajador Víctor Hugo Lope Mescco; conforme se puede observar mediante documento de fecha 19 de abril de 2021, sí presentaron la constancia de alta y baja del T-Registro, boletas de pago de los periodos 2017 hasta enero de 2021, declaración y pago de aportes en el régimen de seguridad social en pensiones (AFP) por el periodo desde julio 2017 hasta julio 2018 y la Carta de fecha 28 de junio de 2021, mediante la cual indican que, respecto al pago de aportes al régimen privado de pensiones, por causas fortuitas y debido a la Emergencia Sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19, sus ingresos no han incrementado y siguen teniendo un efecto negativo económico, razón por la cual, no han podido cumplir con sus obligaciones, lo cual no fue tomada en cuenta por el Inspector en el Acta de Infracción ni fue advertida en el Informe Final de Instrucción, por lo que el procedimiento recaería en una nulidad, pues no se advirtió de la reducción de multa por el incumplimiento parcial, más aún cuando solo existe un trabajador afectado. iii. Manifiestan que, en el numeral 3.15 de la resolución impugnada se determina que se encuentra acreditada la comisión de las infracciones antes expuestas, sin embargo, la Imputación de Cargos y el Informe Final de Instrucción resultan insuficientes para motivar la decisión de sancionar a la empresa, siendo necesario un sustento basado en derecho y que detalle los supuestos incumplimientos con la finalidad de no limitar sus derechos. iv. Invocan lo resuelto por el Tribunal Constitucional peruano a través de la sentencia recaídas en el expediente N° 08495-2006-PA/TC y expediente N° 0090-2004-AA/TC,

respecto a la garantía constitucional de la motivación del Acto Administrativo, y a su presunta vulneración, así como al debido procedimiento en el caso de autos.

Análisis Del Recurso De Revisión

De los hechos constitutivos de infracción en materia de seguridad social 6.1. Conforme se detalla en el punto 1.5 de la presente resolución, se sancionó a la impugnante por no haber cumplido con acreditar el pago de aportes al Sistema Privado de Pensiones (SPP) de los aportes efectivamente retenidos al trabajador por los meses de agosto de 2018 hasta enero 2021, y precisamente señala que la empresa no acredita que cumplió con la declaración y pago de aportes en el régimen de seguridad social en pensiones, considerando aún, que es la propia inspeccionada que en sus diversos escritos argumenta y reconoce no haber cumplido con dicho concepto.

Respecto de la medida inspectiva de requerimiento 6.6. Respecto de la medida inspectiva de requerimiento, el principio de buena fe procedimental regulado en el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” (énfasis añadido).

10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”11.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”12.

11 El subrayado no es del original. 12 El subrayado no es del original.

cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Figura N° 01:

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad Social No acreditar el pago al Sistema Privado de Pensiones (SPP) de los aportes efectivamente retenidos del trabajador afectado, de los meses desde agosto del 2018 hasta enero de 2021. Numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 28 de junio de 2021, teniendo como fecha de vencimiento el 02 de julio de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el CONSORCIO SANTA CATALINA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 166-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 25 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Lima, dentro del

procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 614-2021- SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 166-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa CUARTO. - Notificar la presente resolución al CONSORCIO SANTA CATALINA S.A., y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20231129MCR