Consorcio San Ramon — Res. 1180-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios), Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas) y Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Horas extras).

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remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo en el registro de control de asistencia, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

i. Menciona que la resolución apelada carece de motivación, porque le imputa incumplimiento de obligaciones sociolaborales distintas a las propuestas en la infracción, como el hecho de tener que dar a conocer su jornada de trabajo vigente y la duración de su tiempo de refrigerio ii. Señala que, quien ha incumplido sus obligaciones laborales ha sido el trabajador y no su representada; por lo que la multa impuesta en su contra constituye un grave error; ya que se ha hecho referencia a la anotación de la asistencia en el registro de control de asistencia; sin embargo, afirma que ese hecho no está probado y que tampoco se mencionado quien habría registrado la asistencia del trabajador

i. En el mencionado Anexo de Insubsanabilidad, vemos que expresamente se indicó que el día 10.05.2021 a las 11:00 horas, al revisar el registro de control de asistencia correspondiente al periodo de julio 2020 a marzo 2021 que presentó el sujeto inspeccionado, la inspectora comisionada verificó que, el trabajador accionante no fue quien consignó de manera personal su tiempo de labores; debido a que las horas de ingreso y salida se encontraban preimpresas. ii. Este Despacho, una vez más al revisar las hojas de registro de control de asistencia que obran a folios 52 a 60 del expediente inspectivo; también ha corroborado que las horas de entrada y salida del trabajador accionante, se encontraban registradas a máquina (computadora) y no en forma manual; lo que demuestra que, el trabajador no fue quien registró su asistencia diaria de manera personal; tal como lo establece el artículo 1° del D.S. N° 004-2006-TR; corroborándose que este incumplimiento configura una infracción de carácter muy grave a la normativa sociolaboral y que es de naturaleza insubsanable

2 Notificada a la impugnante el 24 de agosto de 2022.

debido a que el registro de asistencia se debe completar de manera diaria y a la fecha de detección la infracción, ya no podría haberse revertido o corregido este incumplimiento, al no ser posible retrotraer el tiempo, sin afectar los derechos del trabajador accionante. iii. Teniendo en cuenta que ha sido el propio sujeto responsable quien en este caso hizo entrega al inspector comisionado de las hojas de registro de control de asistencia que obran a folios 52 a 60 del expediente inspectivo, resulta reiterativo mencionar que la persona que ha sustituido al trabajador accionante en el registro de su tiempo de labores, ha sido el propio sujeto responsable; quien se encuentra encargado de la elaboración del registro de control de asistencia y es además, a quien corresponde verificar que de forma diaria todo sus trabajadores efectúen el registro personal de su tiempo de labores en tal documento; no siendo justo ni legal, que a estas alturas del presente procedimiento, el impugnante pretenda trasladar al accionante toda la responsabilidad, por no haber cumplido con su obligación de tener un registro de control de asistencia que cumpla con todas las formalidades de ley. iv. En ese mismo sentido, en este caso en concreto este Despacho ha verificado que también ninguno de los argumentos de defensa expuestos por el recurrente ha logrado desvirtuar la presunción de certeza de los hechos constatados por el personal inspectivo en el Anexo de Insubsanabilidad, los cuales demuestran sin lugar a dudas la comisión de la infracción sociolaboral por la que ha sido sancionada su representada y por ende, corresponde a este Despacho confirma la resolución apelada en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Consorcio San Ramon

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 15 de septiembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 097-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes alegatos:

i. Interpretado y analizado el fundamento en mención, pueden advertir que la instancia superior reitera el mismo error que la decisión de primera instancia; considerando que se está sancionando a su representada por sustituir al trabajador Guevara Ojeda, Eleuterio en el Registro de Control de Asistencia de los Trabajadores; sin embargo, la entidad Sunafil, les imputa el incumplimiento de otras obligaciones socio laborales: i) llevar el control de la asistencia de los trabajadores y de sus horas extras, y ii) dar a conocer la jornada de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio y los tiempos de tolerancia. ii. Los fundamentos de la resolución impugnada reiteran los mismos errores que la resolución de primera instancia apelada: i) Porque no dice nada sobre la sustitución del trabajador, que es el motivo por el cual se nos ha multado; y, ii) Porque se les imputa el supuesto e improbado incumplimiento de dos obligaciones legales, pero finalmente, no se sanciona por los citados incumplimientos. Definitivamente se encuentra frente a un fundamento carente de motivación, inconsistente e improbado que deberá ser revocado por la instancia superior. iii. Una vez más, en este fundamento, la entidad Sunafil reitera que la sanción aplicada a Consorcio San Ramón, es por sustitución al trabajador en el Registro de Control de Asistencia; sin embargo, nuevamente se reitera el grave error de: 1) no individualizar a la persona que lo sustituyó; y i) de omitir pronunciarse que los fundamentos, de la decisión de sancionar a su representada son totalmente distintos a la sanción aplicada, circunstancias que conllevan a expedir una resolución sin fundamento e inmotivada que deberá ser revocada. iv. En este caso, puede advertir que, Sunafil alega que las horas de entrada y salida en el formato de Registro de Control de Asistencia estaban pre impresas. No dice que tal o cual persona ha sustituido al trabajador denunciante; no identifica a quien supuestamente ha suplantado a dicho trabajador; es decir, esta frente a un hecho totalmente distinto al que motiva la aplicación de la sanción de multa. v. No existe correlación entre el hecho ocurrido (Registro de Control de Asistencia pre impreso). con el hecho que motiva la sanción (multa por sustituir al trabajador); en otras palabras, se vulnera el elemento tipicidad, que constituye el acto voluntario realizado por el sujeto, a la figura descrita en la ley como sancionable. vi. Bajo los argumentos expuestos, se encuentra frente a un fundamento nuevamente inmotivado, agravado por una errónea valoración de los medios probatorias o actas de inspección, que deberá ser revocado por la instancia superior. vii. En este caso, se reitera el grave error incurrido por la entidad Sunafil, atendiendo a que ahora individualiza al responsable del Registro de Control de Asistencia de Consorcio San Ramón, cuando esto no ha sido sustentado ni en las actuaciones inspectivas, así como tampoco en la resolución que aplica la sanción de multa: alegarlo ahora en segunda instancia, constituye una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y la legitima defensa, en perjuicio de su representada, ya que se están alegando argumentos no expresados a lo largo del proceso, concretamente, sindicar al

responsable del Registro de Control de Asistencia de la obra, como la persona que sustituyo al trabajador en el registro de asistencia. viii. Este argumento viene a constituir otro fundamento inmotivado de la resolución impugnada, porque una cosa es sindicar recién al responsable del registro de asistencia como la persona que sustituyó al trabajador, y otra cosa, muy distinta, que los formatos de la planilla se encuentren pre impresos. ix. Por otro lado, reitera algo que ya han expuesto en el recurso de apelación; del mismo Registro de Control de Asistencia, fluye que los demás trabajadores si han registrado su horario de entrada y salida, resultando ilógico que el denunciante Guevara Ojeda haya sido el único perjudicado en dicho rubro, pretendiendo adjudicar a su representada un acto de negligencia del trabajador. x. Como puede advertirse del texto literal de la norma, en ninguna parte se hace referencia a alguna prohibición, entonces, se encuentran no solamente frente a una resolución inmotivada, sino, una contraria a ley. xi. Finalmente, al no existir motivación en la resolución impugnada, se incurre en contravención a lo dispuesto en el Articulo 3, inciso 4 del D.S. 004-2019-US, que dice Requisitos de validez de los actos administrativos. Por lo que siendo así, reitera que la multa aplicada deberá ser revocada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias

procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.9. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

tanto, no se ha realizado una apreciación y/o valoración de los alegatos de la Inspeccionada, omitiendo pronunciarse sobre este extremo en la resolución emitida.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha

precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva

constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado)

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

(…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

9 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

de Sub Intendencia N° 237-2022-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO SAN RAMON; y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 237-2022-SUNAFIL/IRE- PIURA/SIRE, de fecha 28 de abril de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 413-2021- SUNAFIL/IRE-PIU, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución. SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 237-2022-SUNAFIL/IRE- PIURA/SIRE, de fecha 28 de abril de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO SAN RAMON, y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Piura y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.27 de la presente resolución

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20231129MLA