Consorcio Sacha — Res. 1127-2022

Mediante Orden de Inspección N° 669-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción 439-2020-SUNAFIL/IRE-CAJ (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, iniciándose en razón al oficio 007544-2021-CG/GEGEN de fecha 21/05/2021 enviado por la Contraloría a SUNAFIL .

Mediante Imputación de Cargos N° 453-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, de fecha 26 de octubre de 2021, notificada el 29 de octubre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva,

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 498-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Cajamarca, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 589-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, de fecha 20 de diciembre de 2021, notificada el 22 de diciembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 34,672.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 11 de enero de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 589-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, argumentando, entre otras razones, lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 026-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 18 de febrero de 20222, la Intendencia Regional de Cajamarca declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 09 de marzo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cajamarca el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 026-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ.

La Intendencia Regional de Cajamarca admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 193-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ, recibido el 15 de marzo de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CONSORCIO SACHA presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 026-2022-SUNAFIL/IRE-CA que confirmó la sanción impuesta de S/ 34,672.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral

del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 22 de febrero de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CONSORCIO SACHA.

Al respecto, cabe precisar que el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, modificado por el artículo del 2 Decreto Supremo N° 010-2008-TR, establece la obligación que tiene todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada de contar con un registro

Conforme al artículo 5 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, el empleador debe poner a disposición el registro de control de asistencia ante las autoridades que lo requieran:

Sobre el particular, la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, hace referencia a la obligación de llevar registros al tiempo de trabajo, reconocido en el literal c) del artículo 8 del Convenio N° 01 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada máxima de trabajo a través del registro de las horas laborales, “uniformizando el control de tiempo de trabajo, darle seguridad jurídica a los trabajadores, y garantizar el cumplimiento de la jornada máxima de trabajo”, así como el “establecer presunciones para una mejor fiscalización del trabajo en sobretiempo y un cumplimiento más efectivo de los derechos y obligaciones que se generan con ocasión de su prestación”, entre otras.

Asimismo, en el artículo 3 del mencionado decreto, se establece que “el control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

En ese sentido, la finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. Debiendo, para dicho efecto, contener la siguiente información mínima “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro Único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo” (énfasis añadido).

Ahora bien, conforme lo ha señalado el personal inspectivo en el literal d del numeral 4.17 de los hechos constatados del Acta de infracción se ha podido verificar que, en el Registro

Bajo ese contexto normativo, es pertinente precisar que el artículo 49 del RLGIT establece que las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos9. Por lo tanto, en sentido contrario, las infracciones serán insubsanables cuando los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación no puedan ser revertidos, al ser irreparable en el tiempo respecto al periodo en el que se produjo.

Ahora bien, conforme a lo identificado del expediente investigatorio, los inspectores dejaron constancia del carácter insubsanable de la infracción imputada a la inspeccionada por sustituir a los trabajadores en el registro de su tiempo de trabajo, en la medida que es física y jurídicamente imposible de revertir los efectos nocivos de este incumplimiento; por lo que, no fue posible la adopción de una medida inspectiva de requerimiento en cuanto a este extremo, ya que la norma enfatiza la condición de permanente del registro solicitado por el inspector actuante, por lo que éste es un documento que no puede ser actualizado.

En tal sentido, los hechos verificados y constitutivos de la infracción se encuentran evidentemente detallados en el Acta de Infracción, así como su naturaleza de carácter insubsanable, ante el perjuicio ocasionado a los trabajadores afectados por el periodo en el cual sustituyo a los trabajadores en el registro de su tiempo de trabajo.

Por tanto, al haberse verificado la conducta transgresora por parte del Sujeto inspeccionado, se evidencia la configuración de la infracción imputada a la impugnante, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

Así, tanto del Acta de Infracción como de la Imputación de Cargos y del Informe Final de Instrucción se observa que la autoridad inspectiva e instructiva han cumplido con motivar y detallar la acción que ha sido considerada como infracción en materia de relaciones laborales.

En similar sentido, el Informe Final de Instrucción concluye que el Sujeto inspeccionado no ha desvirtuado la infracción en la que ha incurrido, la cual ha sido debidamente determinada por los inspectores comisionados. En ese orden de ideas, acogen la sanción propuesta en el acta de infracción, el cual contiene el resultado de las actuaciones de investigación y comprobatorias, que advierte la comisión de la conducta infractora.

Del mismo modo, resulta necesario precisar que tanto la sanción impuesta por la autoridad sancionadora, como la imputación de cargos realizada contra el sujeto responsable al inicio del presente procedimiento sancionador no resultan carentes de motivación; dado que, la multa impuesta contra el sujeto responsable, se basó en la propuesta de sanción efectuada por el personal inspectivo en el Acta de Infracción; documento que describe los hechos constatados que sustentan la comisión de la infracción a la normativa sociolaboral.

Al respecto, esta Sala en el ejercicio de sus facultades, determina que el Acta de Infracción, en el extremo que propone la sanción, cumple con el contenido mínimo dispuesto por el artículo 4610 de la LGIT, así como con el artículo 5411 del RLGIT.

Por lo anteriormente señalado, se aprecia que el acta de infracción reúne los requisitos esenciales para su validez, de acuerdo a las normas descritas precedentemente. Por lo que, se encuentra debidamente motivada y sirve de sustento para el procedimiento sancionador.

Así, se ha demostrado que la infracción que se atribuye a la impugnante está debidamente acreditada, en virtud de los medios probatorios presentados por la misma, los cuales han probado la infracción en la que incurrió el Sujeto inspeccionado al haber sustituido a los trabajadores en el registro de las horas de ingreso y salida, del registro de control de asistencia; por lo que, sus argumentos solo constituyen medios de defensa, sin sustento normativo que los ampare.

Asimismo, de la revisión del expediente investigatorio, se observa que el Acta de Infracción, objeto de cuestionamiento por el administrado, contiene una adecuada motivación por identificar correctamente el motivo por el que se ejerce el poder punitivo y así establecerse la responsabilidad administrativa sobre la base de la subsunción de hechos y sujetos en las normas correspondientes. En ese sentido, no corresponde amparar la pretendida nulidad del acta de infracción.

Al respecto, es pertinente señalar que la impugnante incide nuevamente en los mismos alegatos ya expuestos en su recurso de apelación, los mismos que fueron atendidos y absueltos en la resolución impugnada, haciéndose constar allí razones con los que esta Sala concuerda.

Ahora bien, en el presente caso, se ha podido verificar que mediante Oficio S/N-2021, de fecha 30 de julio, el personal inspectivo solicita refrendo de materias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.2 del artículo 9 del RLGIT que establece lo siguiente:

Del mismo modo, el inspector comisionado solicita la ampliación de la orden de inspección. Al respecto, debemos mencionar que conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo “(…) Cuando sea necesario o las circunstancias así lo aconsejen, puede autorizarse la prolongación de las actuaciones comprobatorias por el tiempo necesario, hasta su finalización (…)”.

Adicionalmente, el numeral 13.4 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que modifica al Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo señala que “(…) La prórroga del plazo para el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias, autorizada conforme a lo previsto en la Ley, se puede efectuar una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles (…)”.

Asimismo, el numeral 7.5.2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII - Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, dispone que: “La solicitud de ampliación se presenta por escrito a la Sub Intendente de Actuación inspectiva (…), con tres (3) días hábiles de antelación al vencimiento del plazo originalmente previsto, debidamente fundamentada (…) solicitud que debe ser atendida dentro de las veinticuatro (24) horas de presentada. El otorgamiento del plazo de la misma, responderán a la pertenencia, razonabilidad y proporcionalidad del caso concreto, en concordancia con los fines de la inspección de trabajo. El proveído que autoriza la prórroga del plazo debe ser notificada al sujeto inspeccionado por el Inspector comisionado al sujeto inspeccionado, hasta el día hábil anterior al vencimiento del plazo original, dicho proveído y la respectiva constancia de notificación son anexados al expediente original”. Ahora bien, en el presente caso, se observa que el refrendo de materias y ampliación de plazo solicitada por el personal inspectivo se encuentra conforme a la normativa.

Cabe indicar que conforme al numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

En esa línea, estando a lo señalado en los considerandos precedentes, del procedimiento inspectivo fue llevado a cabo conforme lo establecido en la normativa de la materia, estando al refrendo de materias y plazo establecido en la orden de inspección junto al plazo autorizado producto de la solicitud de ampliación de plazo; por lo que, corresponde desestimar este extremo de lo alegado en su recurso de revisión.

Así, de la revisión de autos, se advierte del numeral 4.17 del acta de infracción y de la revisión del expediente investigatorio, que la impugnante presentó un registro de control de asistencia; sin embargo, se verifica en dicho documento que el empleador ha sustituido

Por tanto, a todas luces, es identificable que el empleador ha sustituido a los trabajadores en el registro de control de ingreso y salida, incurriendo en infracción en materia de relaciones laborales.

Al respecto, debemos precisar que el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, hace referencia a la obligación de que los trabajadores registren personalmente su hora de ingreso y salida del centro laboral. Por tanto, al no cumplir con dicho mandato se estaría vulnerando con la finalidad del registro de control de asistencia, desnaturalizando su propósito real, que es la de llevar un control constante del tiempo de permanencia de los trabajadores en sus centros laborales.

En ese sentido, el trabajador debía registrar de forma libre y sin restricción la hora en la que ingresaba y se retiraba de su centro de trabajo, tal como lo establece la norma mencionada precedentemente. En consecuencia, al haberse verificado que el Sujeto inspeccionado incumplió con dicha disposición normativa, se configura la infracción en materia de relaciones laborales tipificada en el numeral 25.19 del RLGIT.

Por consiguiente, las alegaciones del recurso de revisión no resultan amparables, toda vez que los medios probatorios no han desvirtuado la infracción imputada. En ese sentido, no se ha producido la vulneración del principio al debido procedimiento (motivación) y se ha cumplido con el principio de verdad material, puesto que, los hechos imputables eran de cumplimiento exclusivo del administrado, quien tiene la carga de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador.

Asimismo, de la revisión de la resolución impugnada se verifica que la autoridad sancionadora de segunda instancia se pronunció sobre todos los argumentos señalados por la impugnante, conforme a los numerales del 2 al 13 del considerando III de la resolución mencionada.

En consecuencia, la resolución materia de revisión ha sido emitida en clara observancia de la LGIT, el RLGIT y de los principios que inspiran el procedimiento administrativo sancionador, toda vez que la obligación de contar con el registro de control permanente de asistencia de los trabajadores constituye una obligación de cumplimiento diario y permanente, que tiene por objeto: i) llevar el control de la asistencia de los trabajadores y de sus horas extras, y ii) dar a conocer la jornada de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio y los tiempos de tolerancia. En el presente caso, dicho cumplimiento no se ha verificado. Por estos motivos, habiéndose acreditado que la impugnante no contaba con dicho registro, sí ha incurrido en la infracción imputada.

Acorde con lo dispuesto en el artículo 173 del TUO de la LPAG, la carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio y corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas o aducir alegaciones.

Lo anterior y tal como hemos descrito en los fundamentos de la presente resolución, las alegaciones del recurso de revisión no resultan amparables, toda vez que los medios probatorios no han desvirtuado la infracción imputada, pese a haber sido evaluados y valorados, correctamente. En ese sentido, la impugnante no puede alegar la vulneración del principio a la debida motivación y derecho de defensa, en hechos imputables y de cumplimiento exclusivo del administrado, quien tiene la carga de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador. En consecuencia, la resolución materia de revisión ha sido emitida en clara observancia de la LGIT, el RLGIT y conforme a los principios que inspiran el procedimiento administrativo sancionador, no habiéndose vulnerado el derecho a la defensa y a la debida motivación.

Por otro lado, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no sólo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Tal y como se observa, no es coherente lo sustentado por la impugnante, aduciendo inobservancia al principio del debido procedimiento, toda vez que fue debidamente notificada con cada una de las actuaciones y solicitudes por parte del inspector comisionado, así como de las autoridades durante el procedimiento administrativo sancionador, y la conducta a la cual la impugnante se encontraba obligada a cumplir, se encuentra claramente establecida e identificada por la normativa vigente de la materia, y que fue claramente especificada por el inspector de trabajo en el Acta de Infracción.

En ese sentido, no se identifica una pretendida vulneración al derecho al debido procedimiento vinculada con el ejercicio del derecho a la defensa, en tanto se ha valorado y merituado cada uno de los argumentos de defensa y la información remitida, evidenciándose que se confirma sanción por la omisión proscrita, correspondiendo no amparar el referido recurso en este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.