Consorcio Nueva Cajamarca — Res. 1404-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (Sub materia: Construcción Civil); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materias: Alta, modificación y baja en el T-Registro; Registro trabajadores y otros en la planilla; y, Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Seguridad Social (Sub materias: Inscripción en la seguridad social (Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud; e, Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones)); Remuneraciones (Sub materias: Pago de remuneraciones (Sueldos y salarios); y, Pago de bonificaciones)).

pensiones, así como por una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 02 de diciembre de 2022.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con registrar a los trabajadores en la planilla, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 48,392.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no haber inscrito al trabajador en el régimen de seguridad social en salud, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 48,392.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no haber inscrito al trabajador en el régimen de seguridad social en pensiones, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 48,392.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega de la boleta de pago, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,196.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración según la tabla salarial de construcción civil, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 36,018.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de Bonificación Unificada de Construcción y Movilidad, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 36,018.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 65,228.00.

i. Señalan que, la resolución apelada utiliza argumentos carentes de sustento fáctico y jurídico, así como aplicando indebidamente supuestas constataciones del inspector, que incluso resultan contrarias a la realidad de los hechos, según lo expresado por los trabajadores supuestamente afectados. Aunado a ello, en la resolución impugnada incorrectamente se concluye en una supuesta existencia de relación laboral con prestadores de servicios, basándose únicamente en una supuesta declaración de estos sobre una inexistente observancia de un horario de trabajo, sin analizar ni evaluar si concurren los demás criterios a analizar para determinar si existió una relación laboral encubierta, de conformidad con lo establecido en el Protocolo N° 002-2018- SUNAFIL/INII; vulnerándose su derecho de motivación de resoluciones, quedando evidenciado que no existe un análisis lógico-jurídico que lleve al inspector a cargo la imposición de multas, por lo que la resolución emitida en primera instancia debe ser nula. ii. Añaden que, en la resolución impugnada no se hace referencia cuáles serían los indicios que habrían determinado la existencia de una relación laboral entre los trabajadores afectados y su representada. iii. Precisan que, ninguno de los aspectos fue analizado ni sustentado en la resolución apelada; por lo que, causa extrañeza que en la resolución impugnada se indique que se habría constatado indicios de una relación laboral, cuando ninguno de dichos supuestos indicios ha sido mencionado ni desarrollado a lo largo de la resolución de primera instancia. iv. En la resolución apelada se invoca como único argumento para sancionar a su representada el principio de primacía de la realidad; dicho criterio afecta el debido proceso y el principio de contradicción al que está sujeto todo proceso de inspección; con el criterio asumido se estaría tomando como cierto todo lo que indica la persona entrevistada por el inspector, sin la posibilidad de dudar de su palabra, aunque el mismo cambie de versión, situación que ha ocurrido en el presente caso, en tanto que estas personas han rectificado su versión mediante declaración jurada, en la que han señalado que no laboraron bajo subordinación ni dependencia, sino que realizaron labores esporádicas; entonces, si dichas personas no se vincularon laboralmente con su representada, resulta lógico que no se encuentren en planillas; de allí que no se puede sancionarla sobre la base de la apreciación subjetiva del inspector, que

de manera aislada analiza los hechos indagados, sin aportar mayores elementos de convicción que la sola visita de inspección de un solo día y la versión recogida de las personas que en ese momento fueron entrevistados, tanto más si el propio inspector ha verificado que el Consorcio inspeccionado cuenta con trabajadores que se encuentren en planillas, lo cual evidencia que no todas las personas vinculadas con el Consorcio necesariamente deben estar en planillas; por ello, la resolución adolece de una debida motivación fáctica y jurídica. v. Indica que el inspector afirmó que las personas mencionadas habrían supuestamente declarado que estaban sujetas a un horario de trabajo y se sustenta dicha afirmación en el texto consignado por el inspector en el acta; y, que no cuenta con refrendo alguno por parte de las personas entrevistadas; por lo que no es posible determinar si lo indicado por el inspector realmente obedece a lo que quiso señalar la persona entrevistada o si obedece a lo que el inspector decidió interpretar de sus declaraciones. Y, ello reviste mayor relevancia si se tiene en cuenta que, contrariamente a lo indicado por el inspector, obran las declaraciones juradas emitidas por dichas personas a través de las cuales afirman expresamente que las actividades prestadas a favor de su empresa no pueden ser consideradas como una relación laboral. vi. Señalan que, en la resolución impugnada se resta importancia a las declaraciones juradas que presentaron, indicando que no son documentos idóneos que permitan acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dichas declaraciones juradas no pretenden acreditar el cumplimiento de una obligación laboral por parte de su representada, sino que tienen como finalidad demostrar la existencia de una situación fáctica que no ha querido ser tomada en cuenta por el inspector, y dicha situación fáctica que acreditan es la de inexistencia de un vínculo laboral con las mencionadas personas. vii. Precisan que, el equivocado análisis de la resolución impugnada se centra en el considerando 25, donde únicamente se analizan los recibos por honorarios respecto de dichas personas, y se pretende afirmar que demostrarían la existencia de vínculos laborales, a pesar que no existe un monto periódico y regular que haya sido abonado a dichas personas a través de los recibos por honorarios, lo cual descarta por completo la supuesta existencia del elemento remuneración de una relación laboral. viii. Mencionan que, el señor Reyes no tiene vinculación con su representada, ya que es trabajador de la empresa DB GAD GROUP E.I.R.L., tal como se acredita con la constancia de fecha 19 de setiembre de 2022, extendida por Crecer Seguros S.A. Compañía de Seguros, en la que se señala como asegurado de dicha empresa a la referida persona. Por lo que, no se puede sancionar a su representada por una persona que no tiene vinculación laboral; dicha situación fue advertida en los descargos a la imputación de cargos y no se tomó en cuenta. ix. Acotan que, ninguna de las personas afectadas puede ser considerada como trabajadores, por lo que resulta incorrecto que se pretenda sancionarlos por no registrarlos en EsSalud, en el sistema pensionario y por no entregar boletas de pago; a su vez, las personas: Inga, Muñoz y Santillán, no han mantenido vínculo laboral con su representada, por tanto, no existe obligación legal de que otorguen boletas de pago o de inscribirlos en el régimen de seguridad social en salud y pensiones. Respecto de estas personas, el inspector de trabajo no ha demostrado el horario de trabajo, tampoco la continuidad y la subordinación, ya que como reiteraron prestaron servicios de manera esporádica, sin horario y sin subordinación.

x. Manifiestan que, en el caso de Reyes no tiene vinculación con su representada, ya que es trabajador de la empresa DB GAD GROUP E.I.R.L., que alquilaba una retroexcavadora a la empresa RHAM S.A.C. y ésta a su vez lo subarrendaba al Consorcio Nueva Cajamarca. xi. Indican que, en el supuesto que el superior jerárquico considere que incurrió en la omisión de registrar a cuatro (4) personas como trabajadores, corresponderá además que se deje sin efecto la propuesta de multa por no haber inscrito a los trabajadores en el régimen de seguridad social en salud, pensiones y boletas de pago; pues estas infracciones se sustentan en la misma omisión ya sancionada y por lo tanto frente a este concurso de infracciones, corresponderá que se aplique la sanción de mayor gravedad; es decir, el incumplimiento de registro en planilla electrónica. xii. Precisan que, llegaron a acuerdos de pago directamente con los trabajadores, por tanto, este hecho debe ser valorado; siendo que, el retraso en los pagos al personal surgió porque la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca se retrasó en el pago de las valorizaciones por falta presupuestal, situación que incluso ha motivado la suspensión de la ejecución de la obra, tal como consta en el “Acta de paralización total y temporal de la obra y suspensión de plazo de ejecución de contrato de obra N° 04 de fecha 21.04.2023”, medio probatorio que no fue valorado en la resolución apelada; hecho real que justifica la no cancelación oportuna de estos derechos. xiii. Señalan que, en el numeral 85 de la resolución apelada se reconoce que ya cumplió con el pago del primer tramo de lo pactado con el Comité de Obra mediante acuerdo suscrito con fecha 3 de mayo de 2023, encontrándose pendiente de pago el segundo tramo; dicho tramo debía ser abonado el 10 de mayo de 2023; pero fue materia de un nuevo acuerdo donde se estableció que el pago se realizaría el 30 de setiembre de 2023; por lo que, no han incurrido en un supuesto incumplimiento de pago. Es el caso, que ha cumplido con cancelar a todos los trabajadores el integro de sus remuneraciones. xiv. Manifiestan que el “Acta de paralización total y temporal de la obra y suspensión de plazo de ejecución de contrato de obra N° 04 de fecha 21.04.2023”, es un medio probatorio que no fue valorado en la resolución apelada; hecho real que justifica la no cancelación oportuna de estos derechos. xv. Indican que cumplieron con pagar la bonificación única de construcción (BUC) y la bonificación de movilidad, conforme acreditan con los comprobantes de pago. xvi. Menciona que, actualmente el acuerdo de pagos ya fue cancelado; por lo que, el incumplimiento de la medida de requerimiento ha quedado sin efecto. xvii. Añaden que, se ha vulnerado el principio non bis in ídem, toda vez que las primeras multas se originaron en el supuesto hecho que no habría cumplido con registrar trabajadores en planilla y por no haber cumplido con el pago de las obligaciones laborales de construcción civil a favor de algunos trabajadores,

mientras que la segunda multa (infracción a la labor inspectiva) se origina en el hecho de no haber adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento de las supuestas infracciones. xviii. En cuanto a la sanción impuesta, acota que, se ha realizado una sumatoria indebida, ya que no se ha tomado en cuenta que cuando una conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. En ese sentido, la resolución apelada adolece de nulidad, por cuanto se estarían aplicando sanciones irracionales y desproporcionadas que en la práctica significaría una grave carga económica que podría motivar al quiebre financiero de su representada.

i. Que, de la revisión de la resolución impugnada, se verifica que ésta se encuentra debidamente motivada, ya que, se puede comprobar que la autoridad administrativa de primera instancia valoró todos los medios probatorios que se encuentran en el expediente para llegar a determinar la comisión de infracciones por parte del administrado, llegando a fundamentar las razones de hecho y de derecho para establecer finalmente su decisión. Por lo cual, al verificarse que en la resolución impugnada se ha realizado un análisis de hecho y de derecho para determinar la comisión de infracciones por parte del administrado, no corresponde declarar la nulidad de la misma. ii. Que, las actuaciones inspectivas de investigación desarrolladas en el presente caso, se generaron en mérito al SDIE OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN FORMAL RURAL FORMALIZACIÓN LABORAL CONSTRUCCIÓN SAN MARTIN OCTUBRE 2022. Siendo que, la fiscalización se efectuó en la obra de construcción civil denominada: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA – RIOJA – SAN MARTIN” a cargo del administrado, que se encuentra valorizada en S/ 174’462,589.15 (Ciento setenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos ochenta y nueve con 15/100 soles), cantidad que supera las 50 UIT, razón por la cual, los trabajadores que realizan labores de construcción en la obra civil a cargo de la inspeccionada, serán comprendidos bajo los alcances del régimen laboral de la construcción civil mientras que los que no realicen labores de construcción serán considerados como trabajadores bajo el régimen laboral general del Decreto Legislativo N° 728. iii. En ese sentido, las actuaciones inspectivas llevadas a cabo en el presente caso por los inspectores, se efectuaron tomando en consideración el Protocolo N° 002-2019-SUNAFIL/INII- “Protocolo de actuación del modelo estratégico de fiscalización laboral: Perú Formal Rural”, Protocolo N° 003-2019-SUNAFIL/INII – “Protocolo para la fiscalización en materia de normas sociolaborales en el sector construcción”; y, Protocolo N° 002-2018-SUNAFIL/INII – “Protocolo de fiscalización para la formalización laboral”.

2 Notificada a la impugnante el 04 de setiembre de 2023.

iv. Que, las inspectoras a cargo de la investigación determinaron en el acta de infracción, que entre los trabajadores afectados y la administrada existe una relación laboral, al verificar los tres elementos esenciales que componen la relación laboral. A su vez, el Sub Intendente de Sanción verificó la documentación presentada por el sujeto inspeccionado y que obra en el expediente digital, verificándose, contrariamente a lo señalado por el administrado, que para cada trabajador afectado se detalló los indicios que demuestran la existencia de una relación laboral entre dichos trabajadores y el Administrado; también en la resolución impugnada se hizo referencia sobre las declaraciones juradas presentadas por el administrado. v. En el presente proceso, se ha constatado que los inspectores han realizado una investigación y de acuerdo a las actuaciones inspectivas, han determinado la existencia de la relación laboral. Ahora, de conformidad con lo mencionado en la resolución de primera instancia, los Inspectores determinaron la existencia de una infracción en materia de relaciones laborales (no acreditar la inscripción de los trabajadores en planilla), debido a que a la fecha del 26 de octubre de 2022 (fecha de inspección), se encontraron laborando a los trabajadores señalados en el Cuadro N° 2, los mismos que indicaron como fecha de ingreso, una fecha anterior a la visita inspectiva; así también al demostrarse la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo. vi. Así pues, de acuerdo al análisis efectuado en los párrafos anteriores, ha quedado acreditado la existencia de la relación laboral entre los cuatro trabajadores; por lo que, el recurrente se encontraba en la obligación de otorgar boletas de pago e inscribirlos en el régimen de seguridad social en salud y pensiones. vii. En el caso objeto de análisis, las sanciones impuestas son por conductas infractoras diferentes y no corresponden a una misma acción; ya que, la infracción por incumplimiento de registro en la planilla electrónica implica que, al haberse determinado la existencia de una relación laboral, los trabajadores deberían encontrarse registrados en la planilla electrónica, de conformidad con lo establecido en el artículo 4°-A del Decreto Supremo N° 018-2007-TR, que establece que el empleador tiene la obligación de registrar a sus trabajadores dentro del día en que se produce el ingreso a prestar sus servicios, independientemente de la modalidad de contratación y de los días laborados. viii. Ahora, el incumplimiento de inscribir al trabajador en el régimen de seguridad social en salud y pensiones, es una infracción en materia de seguridad social, a la que tienen derecho los trabajadores; y, la infracción de incumplimiento de entrega de boletas de pago es una infracción en materia de relaciones laborales. ix. Conforme a la Adenda al Documento de Compromiso entre el Consorcio Nueva Cajamarca y el Comité de Obra, se ha verificado de los folios 363 al 392 de los descargos presentados a la imputación de cargos, que el sujeto inspeccionado ha cumplido con el pago de S/18,047.25 (dieciocho mil cuarenta y siete con 25/100 soles).

x. Ahora bien, el sujeto inspeccionado en sus descargos al informe final de instrucción, presenta un nuevo compromiso con el presidente del Comité de obra el día 30 de junio de 2023 estableciendo la fecha de pago del importe de S/ 162,425.23 para el 30 de setiembre de 2023 indefectiblemente. xi. Conforme a la Adenda N° 02 al Documento de Compromiso entre el Consorcio Nueva Cajamarca y el Comité de Obra, se ha verificado que con fecha 15 de agosto de 2023 (ver desde el folio 26 al 45 de la apelación), el sujeto inspeccionado ha cumplido con el pago de S/ 162,420.61 (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos veinte con 61/100 soles). Sin embargo, respecto del trabajador Reyes, no se ha acreditado el pago de la remuneración por la labor realizada el día 26 de octubre de 2022 (día de la visita inspectiva). xii. Sobre lo mencionado, es de manifestar que, en la resolución impugnada, el Sub Intendente de Sanción se pronunció sobre la reducción de la multa, en virtud a que, el recurrente presentó como medio probatorio un Compromiso entre el Consorcio Nueva Cajamarca y el Comité de Obra referente al pago de remuneraciones, documento que fue valorado por la mencionada autoridad al pronunciarse sobre la reducción de la multa. xiii. Sobre el incumplimiento de no acreditar el pago íntegro de la bonificación unificada de construcción civil y bonificación por movilidad de los trabajadores, conforme a la Adenda N° 02 al Documento de Compromiso entre el Consorcio Nueva Cajamarca y el Comité de Obra, se ha verificado que con fecha 15 de agosto 2023 (ver desde el folio 26 al 45 de la apelación), el administrado ha cumplido con el pago de la totalidad del reintegro de la tabla salarial 2022 – 2023; en ese sentido, también se ha verificado el pago del reintegro de la bonificación (BUC y movilidad). xiv. En ese sentido, se tiene que, la imputación de cargos N° 085-2023-SUNAFIL/IRE- SMA-SIAI fue notificada al sujeto inspeccionado el 19 de abril de 2023, observándose que la totalidad de los pagos se efectuaron el 15 de agosto de 2023; es decir, con fecha posterior a la imputación de cargos. Por lo que, no corresponde aplicar el eximente de responsabilidad. En ese sentido, procede la reducción de la multa al 30% solo de la infracción subsanada. xv. Sobre la vulneración del principio non bis in ídem, en cuanto a la identidad de hecho, afirmamos que los incumplimientos de las normas sociolaborales son conductas que ocurren siempre con anterioridad a su constatación por parte del inspector incluso antes de que éste realice su primera actuación inspectiva, toda vez que es precisamente dicha vulneración la que se pretende investigar y por la que se emite la medida inspectiva de requerimiento. En cambio, el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento es una conducta que ocurre con posterioridad a la constatación de la conducta infractora por parte del inspector; por lo que tratándose de conductas diferenciadas se descarta la existencia la identidad de hecho; y, en cuanto a la identidad de fundamento, se debe tener en cuenta que la sanción por el incumplimiento de las normas sociolaborales protege bienes jurídicos relacionados con la posición de desventaja que tienen los trabajadores en la relación laboral y el acceso a beneficios económicos de carácter alimenticio; en cambio, la sanción por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento protege la institución o bien jurídico de la eficaz colaboración de los administrados con la labor inspectiva y se tiene por interés jurídico tutelado el de la Inspección del Trabajo; por ende, no existe tampoco identidad de fundamento entre las infracciones materia de análisis. xvi. Sobre la sanción impuesta, en el presente caso, ha quedado evidenciado la comisión de infracciones por parte del administrado; por lo que, respecto a la

graduación de la sanción, conforme lo señaló el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 070-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 25 de enero de 2022, los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora pueda imponer otro valor distinto, limitándose de esta forma la discrecionalidad en lo que respecta al monto de multa aplicable a la infracción determinada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Consorcio Nueva Cajamarca

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Regional N° 45-2023-SUNAFIL/IRE-SMA, señalando los siguientes alegatos:

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

i. Refieren que, la resolución objeto del presente recurso contiene una infracción normativa, relativa a la aplicación indebida del artículo el artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-97-TR- Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que reguló los requisitos para calificar la existencia de una relación laboral. ii. Señalan que, cumplieron con sus obligaciones laborales vinculadas a sus trabajadores; sin embargo, la sanción impuesta es por cuatro personas que no tenían vínculo laboral con nosotros, por lo tanto, no se encuentran dentro de los alcances de dicha norma, la cual ha sido aplicada indebidamente, y ha tenido como consecuencia tres multas por no tenerlos en planilla, y no pagar seguridad social a favor de ellos. iii. Agregan que, el supuesto afectado Reyes, no tiene ninguna vinculación con su representada, ya que es trabajador de la empresa DB GAD GROUP E.I.R.L, tal como se acredita con la constancia de fecha 19 de septiembre de 2022, extendida por CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, en la que se señala como asegurado de dicha empresa a la referida persona. Esta situación fue explicada y documentada en su debido momento en la respuesta que dimos a la Imputación de Cargo N° 085-2023-SUNAFIL/IRE-SMA-SIFN de fecha 03 de junio de 2023 y que al parecer no fue valorada por el inspector. iv. De igual manera, alegan que, los otros tres supuestos afectados han reconocido a través de una Declaración Jurada que no eran trabajadores de la empresa, que no tenían un horario, y que no estaban subordinados, desmintiendo así lo indicado por el Inspector en el Acta de Infracción, la cual no cuenta con la firma de los “afectados” sobre las declaraciones ahí indicadas, incumpliendo así la carga probatoria de la entidad establecida por el Tribunal de Fiscalización laboral. v. Consideran que, en la resolución de Intendencia se resta importancia a dichas declaraciones juradas indicando que estas “no son documentos idóneos que permitan acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales”. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dichas declaraciones juradas no pretenden acreditar el cumplimiento de una obligación laboral por parte de nuestra empresa, sino que tienen como finalidad demostrar la existencia de una situación fáctica que no ha querido ser tomada en cuenta por el inspector, y dicha situación fáctica que acreditan es la de inexistencia de un vínculo laboral con las mencionadas personas. vi. En tal sentido, es claro que los cuatro afectados no tenían vínculo laboral con la empresa, e incluso ellos lo reconocen de manera escrita a través de sus Declaraciones Juradas, a diferencia de la entidad que no cuenta con las declaraciones supuestamente dadas por ellos con la firma, grabación en video, u otro medio idóneo distinto que permita corroborar dichas declaraciones. vii. Sostienen que, la resolución de intendencia de fecha 1 de septiembre de 2023, incurre en una infracción normativa, relativa a la vulneración del principio regulado en el inciso 1.2 del artículo N° 1 del Decreto Supremo Nº 004-2019- JUS, que consiste en la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido procedimiento, toda vez que ésta resolvió la presente controversia sustentándose en argumentos carentes de sustento fáctico alguno, vulnerando el derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales. viii. Exponen que, la entidad ha declarado una supuesta inobservancia a las disposiciones en materia relaciones labores y de seguridad social – EsSalud y Pensión, en base a argumentos que en realidad no han sido constatados en absoluto, y que corresponden a una incorrecta interpretación de la presencia de

cuatro personas en sus instalaciones. Por ello, consideran que los inspectores han incurrido en una manifiesta vulneración del principio de Primacía de la Realidad, regulado en el numeral 2 del artículo 2° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, pues pretende imponer una sanción en base a supuestas conclusiones que no han sido debidamente constatadas a lo largo de todas las actuaciones inspectivas realizadas, por el contrario, corresponden a una suposición hecha por los inspectores, pero que no encuentra correlato con la realidad. ix. Precisan que, en la resolución materia de revisión se invoca como único argumento para sancionar, el principio de primacía de la realidad; es decir para el órgano sancionador resulta suficiente que luego de haberse realizado un solo día de inspección (26 de octubre de 2022) se llegue a la conclusión de que las personas de Inga, Muñoz, Santillán y Reyes, han laborado bajo subordinación y dependencia para su representada. Al respecto, agregan que este criterio afecta el debido proceso y el principio de contradicción a la que está sujeto todo proceso de inspección; en tanto que, se estaría tomando como cierto todo lo que indica la persona entrevista por el inspector, sin la posibilidad de dudar de su palabra, aunque éste luego cambie de versión; situación que ha ocurrido en el presente caso, en tanto que, estas personas han rectificado su versión mediante declaración jurada. x. Aducen que, si estas personas no se vincularon laboralmente con su representada, resulta lógico que no se encuentren en planillas; de ahí que no se puede sancionarla solamente sobre la base de la apreciación subjetiva del inspector, que de manera aislada analiza los hechos indagados, sin aportar mayores elementos de convicción que la sola visita de inspección de un solo día y la versión recogida de las personas que en ese momento fueron entrevistados; tanto más si el propio inspector ha verificado que el Consorcio inspeccionado cuenta con trabajadores que se encuentran en planillas, lo cual evidencia que no todas las personas vinculadas con el Consorcio necesariamente deben estar en planillas, ya que es natural y común que haya personas que no se vinculan laboralmente. Por todo ello la resolución apelada adolece de una debida motivación fáctica y jurídica que lesiona el debido proceso y el derecho de defensa. xi. Precisan que, el intendente afirma que las personas mencionadas habrían supuestamente declarado que estaban sujetas a un horario de trabajo, y sustenta dicha afirmación únicamente en el texto consignado por el mismo inspector en un acta, y que no cuenta con refrendo alguno por parte de las personas supuestamente entrevistadas, por lo que no es posible determinar si lo indicado por el inspector realmente obedece a lo que quiso señalar la persona entrevistada o si obedece a lo que el inspector decidió interpretar de sus declaraciones. y ello reviste mayor relevancia si tenemos en cuenta que, contrariamente a lo indicado por el inspector, obra en autos las declaraciones

juradas emitidas por dichas personas a través de las cuales afirman expresamente que las actividades prestadas a favor de nuestra empresa no pueden ser consideradas como una relación laboral. xii. Consideran que, lejos de realizar esta detallada constatación de hechos, la entidad se limitó a generalizar que todas las personas encontradas eran trabajadores, incurriendo así en un grave error pues no cumplieron con su principal obligación de constatar la realidad, pues si lo hubieran hecho así, se hubieran dado cuenta que en la lista de trabajadores supuestamente afectados incluyeron personas que no tienen vínculo laboral o comercial. xiii. Por otro lado, agregan que, en el improbable caso que el superior jerárquico considere que incurrieron en la omisión de registrar a cuatro personas como trabajadores, corresponderá además que deje sin efecto la propuesta de multa por no haber inscrito a los trabajadores en el régimen de seguridad social en salud, no haberlos inscrito en el régimen de seguridad social en pensiones, y supuestamente no haber acreditado la entrega de boletas de pago, pues estas infracciones se sustentan en la misma omisión ya sancionada, y por lo tanto frente a este concurso de supuestas infracciones, corresponderá que solo se aplique la sanción para la infracción de mayor gravedad, es decir, la correspondiente a la omisión de registrar trabajadores en la planilla de pago. xiv. Invocan la Resolución N° 001-2023-SUNAFIL/TFL y el Principio de Presunción de Veracidad, en tanto que, la aplicación de esta disposición normativa al presente caso determina, sin lugar a duda, que no incurrieron en ningún incumplimiento sancionable con la multa que incorrectamente el Intendente pretende imponernos, pues tal como se indica, el Intendente de trabajo debe tomar como verdaderas las declaraciones de nuestra empresa (que los cuatro afectados no tenían vínculo laboral con nuestra empresa), en aras de la buena fe. xv. Agregan que, la entidad es quien tiene la carga de la prueba, y no basta la sola consignación de datos en el Acta de Verificación, pues la presunción de dicha Acta se ve relevada con la presencia de pruebas irrefutables presentadas y que demuestran que estos cuatro supuestos afectados nunca lo fueron. Consideran que, la imposición de una sanción por supuesta “infracción a la labor inspectiva” carece de respaldo legal a atentar abiertamente contra el principio “Non bis in Ídem” reconocido en el numeral 10° del artículo 230º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en tanto que, resultará incorrecto que la autoridad administrativa imponga dos sanciones distintas respecto de un mismo hecho que habría determinado la supuesta comisión de infracciones. xvi. Al respecto, añaden que, pretender afirmar la existencia de dos infracciones (con distinto nombre) en atención a un solo hecho, cuando todas las infracciones propuestas se originarían en un mismo supuesto hecho y tienen el mismo fundamento, vulnera el citado principio. xvii. Refieren que, las primeras multas propuestas se originan en el supuesto hecho que no habría cumplido con registrar trabajadores en planillas y por no haber supuestamente cumplido con el pago de obligaciones laborales de construcción civil a favor de algunos trabajadores; mientras que la segunda multa propuesta (sobre supuesta infracción a la labor inspectiva) se origina en el hecho de no haber adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento de estas supuestas infracciones. xviii. Por tanto, advierten que, es un único hecho: la supuesta inobservancia de las normas legales vinculadas a la contratación de trabajadores y pago de remuneraciones, lo que justifica, a decir del inspector, la imposición de dos sanciones administrativas bajo calificaciones distintas (incumplimiento de determinadas disposiciones en materia de relaciones laborales, e

incumplimiento del requerimiento inspectivo), pero su Despacho deberá tener en cuenta que, a pesar de haber sido denominadas de distinta manera, es un solo supuesto hecho el que determina la imposición de ambas multas, y el fundamento de ambas sanciones, es decir, el derecho que se pretende tutelar es el mismo: el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de relaciones laborales. En tal sentido, corresponderá que se declare la nulidad de la Resolución de Intendencia.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo

46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre el registro en la planilla electrónica

Figura N° 01

“3.3.3. Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud” (énfasis añadido).

 Prestación personal de los servicios: el primer elemento del contrato de trabajo es la prestación personal, la cual supone la obligación del trabajador directa y concreta, sin la capacidad de delegar o servirse de terceros. Para el presente caso, los trabajadores detallados en el Cuadro N° 1 del acta de infracción, fueron encontrados prestando servicios de forma personal en el centro de trabajo.

 Subordinación: Empleando las palabras de Javier Neves Mujica “La subordinación es un vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el primero le ofrece su actividad al segundo y le confiere el poder de conducirla. Sujeción, de un lado, y dirección, del otro, son los dos aspectos centrales del concepto. La subordinación es propia del contrato de trabajo, ya que en las prestaciones reguladas por el derecho civil o mercantil existe autonomía (en los contratos de locación de servicios y de obra, según los artículos 1764 y 1771 del Código Civil, respectivamente)”. Para el presente caso, los trabajadores detallados en el Cuadro N°1 del acta de infracción, refirieron tener un horario de trabajo fijado por la inspeccionada, operaban las maquinarias de retroexcavadora, excavadora, volquete. Además, realizaban actividades propias de la construcción civil; llevaban EPPS con logotipo de la inspeccionado y señalaron recibir órdenes de parte del encargado de obra.

 Remuneración: La remuneración es entendida como la contraprestación por servicios subordinados y es de libre disponibilidad del trabajador. Es por ello que el trabajador conserva para sí la potestad de decidir libremente el destino que dará a sus ingresos. Sin embargo, la finalidad principal es la de satisfacer las necesidades primarias, alimentación, vivienda y vestido del trabajador y de su familia, es por ello que la remuneración ha merecido protección jurídica y ha llevado a las legislaciones mundiales a consagrar su carácter de irrenunciable e intangible. Para el presente caso los trabajadores detallados en el Cuadro N°1 del acta de infracción, señalan percibir una remuneración a cambio de la labor efectuado en favor del empleador, sujeto inspeccionado.

 Sobre la trabajadora Pérez: Obra en el expediente digital el Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-42 emitido al CONSORCIO NUEVO CAJAMARCA por el monto de S/ 400.00, de fecha 15 de octubre de 2022; Consulta de Pagos Masivos de fecha 15 de octubre de 2022, que tiene como una de las cuentas abonadas la cuenta 0011-0891-02- 00146846 por la suma de S/400.00, a nombre de la señora Pérez; Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-43 de fecha 31 de octubre de 2022, emitido al CONSORCIO NUEVA CAJAMARCA por el monto de S/ 426.66; Consulta de Pagos Masivos de fecha 31 de octubre de 2022, que tiene como una de las cuentas abonadas la cuenta bancaria: 0011-0891-02-00146846 por la suma de S/426.66 a nombre de la señora Pérez. Nota importante: se la encontró prestando labores de forma personal durante el día de la visita inspectiva 26 de octubre de 2022 (prestación personal); quién señaló contar con un horario de trabajo de lunes a viernes de 09:30 a 12:00 (subordinación) y percibir una remuneración a cambio de su labor (remuneración). Lo que se corrobora con la emisión y pago de los recibos por honorarios.

 Sobre el trabajador Muñoz: Existe en el expediente digital el Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-42 del trabajador Muñoz, de fecha 15 de octubre de 2022 por el monto de S/ 2750.00 emitido al CONSORCIO NUEVO CAJAMARCA; Consulta de Pagos Masivos de fecha 15 de octubre de 2022, que tiene como uno de las cuentas abonadas 0011- 0310- 0201097911, por el monto de S/ 1350.00 a favor del señor Muñoz; Recibo por Honorarios N° E001- 44 del señor Muñoz, de fecha 31 de octubre de 2022, emitido al CONSORCIO NUEVA CAJAMARCA, por la suma de S/ 1620.00; Constancia de pagos masivos de fecha 31 de octubre de 2022, que tiene como una de las cuentas abonadas la cuenta 0011-0310-02-01097911 a nombre del señor Muñoz, por la suma de S/ 1620.00 Nota importante: fue encontrado laborando en el centro laboral visitado en el que ejerce dirección el inspeccionado (prestación personal), señaló contar con un horario de trabajo de lunes a sábado de 06:00 a 18:00 horas (subordinación) a cambio de una prestación (remuneración).

 Sobre el trabajador Santillán:

Existe en el expediente digital el Recibo por Honorario N° E001-24 de fecha 31 de octubre de 2022 del señor Santillán, emitido al CONSORCIO NUEVA CAJAMARCA por la suma de S/450.00 y Consulta de Pagos Masivos de fecha 31 de octubre de 2022, que tiene como una de las cuentas abonadas la cuenta N° 0011-0814-02- 35799400 a nombre del trabajador Santillán, por la suma de S/. 450.00.

Nota importante: fue encontrado laborando en el centro de trabajo del sujeto materia de inspección, obra visitada (prestación personal), realizando labores de

mecánico en un horario de trabajo preestablecido de lunes a sábado de 06:00 a 18:00 horas (subordinación) y señaló percibir una contraprestación a cambio de la labor efectuada (remuneración).

 Sobre el trabajador Reyes: Debemos precisar que el sujeto inspeccionado indicó en sus descargos que, era trabajador de uno de los subcontratistas, adjuntando oportunamente orden de servicio suscrito con el subcontratista, copia del contrato de orden de servicio, copia de DNI y SCTR periodo setiembre y octubre 2022 pagado por el subcontratista. Al respecto, obra en el expediente digital la Orden de Servicio N°CNC-0004 de fecha 01 de octubre de 2019, que tiene como proveedor a la empresa RHAM S.A.C con número de RUC: 20601765803 con el CONSORCIO NUEVO CAJAMARCA; contrato de orden de servicio N° RHAM SAC-240 por el servicio de alquiler de retroexcavadora para la obra; y constancia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Pensión y Salud de la empresa DB GAD GROUP EIRL, con vigencia del 19 de septiembre de 2022 al 18 de octubre de 2022, respecto del trabajador Reyes. Nota importante: No se acredita el vínculo laboral con la contratista; toda vez que la visita inspectiva fue en fecha posterior a la vigencia del seguro complementario de riesgo, que figura en la constancia.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02

la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una actuación correctiva para que los sujetos inspeccionados cumplan con adoptar las medidas necesarias para enmendar los incumplimientos advertidos durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas. Entonces, los inspectores de trabajo, al momento de emitir una medida inspectiva de requerimiento, debe evaluar la situación de cada caso en particular, y los requerimientos que en concreto efectúan. En este caso fueron requerimientos de pagos, así como presentación de documentación; por lo tanto, el plazo otorgado para el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento debió ser razonable en función a la totalidad de los requerimientos efectuados.

“6.10. Sin embargo, existen supuestos específicos —como el caso materia de autos— en el cual la naturaleza de los incumplimientos y la reincidencia en el incumplimiento de las conductas obligan a efectuar un análisis que comprenda tanto al plazo otorgado por los inspectores comisionados (evaluando si el mismo era suficiente para el cumplimiento de lo conminado), como al lapso transcurrido durante en el que el sujeto inspeccionado pudo adoptar acciones tendientes a cumplir con conductas que le eran conocidas de antemano, al haber sido objeto de sanción previamente o al haber tomado conocimiento de los acontecimientos constituyentes de incumplimiento durante las actuaciones inspectivas. 6.14 Un análisis circunscrito únicamente al plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento conllevaría a concluir, apriorísticamente, el quiebre del principio de razonabilidad (arguyéndose a la “razonabilidad” del tiempo otorgado al sujeto inspeccionado como fundamento). Sin embargo, tal conclusión constituye un resultado que es contradictorio al contenido de dicho principio, como manifestación de una adecuada proporción entre los medios y fines dispuestos ante un caso concreto. Por ello, el plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento debe analizarse de acuerdo con el contexto en el que dicha facultad de la inspección del trabajo es ejercida, lo que incluye a los hechos derivados del propio expediente, así como a situaciones directamente acreditadas en otros expedientes que puedan ser un antecedente concretamente invocable. 6.16 En ese sentido, al expedirse la medida inspectiva de requerimiento no solo se debe de contemplar el plazo a otorgar al sujeto inspeccionado frente al plazo restante de las actuaciones inspectivas, sino también las particularidades del caso concreto, lo cual implica la gravedad de la infracción o las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral debidamente comprobadas (por el impacto que causen hacia el trabajador o los trabajadores afectados) y el comportamiento previo del sujeto inspeccionado (si conocía de antemano la infracción, o si había sido sancionado previamente bajo la misma causa); y otros supuestos derivados del contexto en el que se desarrolló el procedimiento inspectivo, que justifiquen la adopción de dicha medida.

corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre la vulneración al principio de concurso de infracciones

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califiqué como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que se puedan exigir las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

TEMA ACUERDO

Tema N° 1: El concurso de infracciones normativas. El concurso de infracciones será aplicable en caso que una misma acción u omisión configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una.

10 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, 2019, Tomo 1, p. 438.

Sobre el principio del non bis in ídem 6.49 Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

11 Fund. Jur. N°. 3.3. 12 Fund. Jur. N°. 19. 13 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730. 14 LGIT Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5. Adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualesquiera de las siguientes medidas: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.57 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación

u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No cumplir con registrar a los trabajadores en la planilla. Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad Social No haber inscrito al trabajador en el régimen de seguridad social en salud. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad Social No haber inscrito al trabajador en el régimen de seguridad social en pensiones. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar la entrega de la boleta de pago. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago de la remuneración según la tabla salarial de construcción civil. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con el pago de Bonificación Unificada de Construcción y Movilidad. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones

de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el CONSORCIO NUEVA CAJAMARCA, en contra de la Resolución de Intendencia Regional N° 45-2023- SUNAFIL/IRE-SMA, de fecha 01 de setiembre de 2023, emitida por la Intendencia Regional de San Martín, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 85-2023-SUNAFIL/IRE-SMA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Subintendencia N° 165-2023-SUNAFIL/IRE-SMA/SISA, de fecha 17 de julio de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia Regional N° 45-2023-SUNAFIL/IRE-SMA, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Regional N° 45-2023-SUNAFIL/IRE-SMA, en los extremos referentes a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, y a las infracciones muy graves en materia de seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT.

CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a el CONSORCIO NUEVA CAJAMARCA, y a la Intendencia Regional de San Martin , para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251007MCR – HR 191917-2023