Consorcio Morgan del Oriente S.A.C — Res. 797-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materias: pago de la remuneración (sueldos y salarios), gratificaciones, pago de bonificaciones), jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: vacaciones), compensación por tiempo de servicios (Sub materia: depósito de CTS) y certificado de trabajo (Sub materia: incluye todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por las acciones u omisiones que perturben, retrasen el ejercicio de las funciones inspectivas de la inspectora actuante, al no remitir la información requerida vía casilla electrónica del 21 de marzo de 2022, siendo afectado su ex trabajador detallado en el cuadro N° 01; tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/7,222.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar los depósitos semestrales de CTS en entidad financiera de los periodos: del 18 de febrero de 2021 al 30 de abril de 2021 y del 01 de mayo de 2021 al 31 de octubre de 2021 en perjuicio del denunciante Oswaldo Crispín Bautista Quichca; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/7,222.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento, notificada vía casilla electrónica el 29 de marzo de 2022, siendo afectado su ex trabajador detallado en el cuadro N° 01; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/12,098.00.

i. Se debe declarar la nulidad de la resolución materia de alzada, por cuanto no ha cumplido con lo establecido en el numeral 7.1.1.14 de la Versión N° 2 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, en el que textualmente se indica que: “La representación de los sujetos responsables en el procedimiento sancionador se regula por las normas de derecho privado según correspondan, y para su acreditación se deberá acompañar documentos idóneos, tales como copia literal de la partida electrónica o partida registral, vigencia de poderes, estatuto social, partidas de inscripción registral de juntas directivas en caso de Juntas de Propietarios, contratos de colaboración empresarial, actos administrativos donde conste los cargos y facultades dadas para actuar en representación de personas jurídicas de derecho público, entre otros. En

caso de advertirse omisión de esta documentación, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 136 y 137 del TUO de la LPAG en lo que corresponda.”

i. Que, de la revisión de los actuados, se evidencia que el contrato de trabajo del denunciante fue celebrado con “EL EMPLEADOR”: CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. - ARSENAL SECURITY S.A.C., razón por la cual, le correspondía cumplir con todas las obligaciones derivadas del Decreto Legislativo N° 728 (Cláusula novena).

ii. Asimismo, el sujeto inspeccionado presentó el Contrato de Consorcio, donde en la cláusula tercera “Designan a la Sra. Hilda Rosario Lara Donayre, con DNI N° 09994253, como representante común del consorcio, hasta el término del contrato, quien gozará de los poderes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la liquidación del mismo; declarando además que no se encuentra impedida, inhabilitada ni suspendida para contratar con el Estado”. También se detalla en la cláusula séptima del mencionado contrato que “Los consorciados acuerdan autorizar a la Sra. Hilda Rosario Lara Donayre, para que, en su condición de Representante Común, participe en la suscripción y ejecución del contrato con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, para que suscriba adendas, contratos adicionales y/o complementarios y cualquier otro documento relacionado con la prestación del presente servicio de seguridad y vigilancia, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven en nuestra condición de contratista.”.

iii. Siendo así, se desprende que desde el inicio de la investigación inspectiva se ha contado con un documento idóneo “Contrato de consorcio”, de fecha 04 de agosto de 2020, que individualizaba de manera fehaciente al sujeto inspeccionado así como a su Representante en Común, quien fue la encargada de suscribir el contrato de trabajo con el denunciante, razón por la cual también estaba obligada a cumplir con todos los efectos que de él se deriven como consecuencia del servicio en favor del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Agrega que, se cuenta con las Adendas N° 016, de fecha 07 de agosto de 2020, al Contrato de Consorcio, de fecha 04 de agosto de 2020, las cuales son también documentos idóneos que delegan la representación común a la Sra. Hilda Rosario Lara Donayre, quien a lo largo del presente

2 Notificada a la impugnante el 27 de junio de 2022, véase folio 43 del expediente sancionador digitalizado.

procedimiento ejerció su derecho de defensa y contradicción, de tal manera que el argumento de nulidad por falta de representación, carece de asidero legal, razón por la cual lo desestima.

iv. Por otro lado, de la revisión de los actuados en el caso en concreto, se ha advertido que el inferior en grado, no ha tomado en consideración de manera completa los argumentos y medios de prueba presentados por el sujeto inspeccionado en el extremo del pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en entidad financiera de los periodos: del 18 de febrero de 2021 al 30 de abril de 2021 y del 01 de mayo de 2021 al 31 de octubre de 2021; toda vez que, a fojas 20 (Consulta de pagos masivos, realizado el 20 de mayo de 2021) y 21 (Consulta de pagos masivos, realizado el 15 de noviembre de 2021 y 16 de noviembre de 2021) del expediente sancionador, obra la documentación en el cual se acredita los depósitos semestrales de CTS en entidad financiera de los periodos: del 18 de febrero de 2021 al 30 de abril de 2021 y del 01 de mayo de 2021 al 31 de octubre de 2021 a favor del denunciante Oswaldo Crispín Bautista Quichca; por lo tanto, se evidencia que, la inspeccionada ha cumplido con acreditar el pago de CTS; por lo que, teniendo en cuenta que dichos pagos se efectuaron de manera voluntaria previo a la notificación de la imputación de cargos, resulta de aplicación lo previsto en el literal f) del artículo 257° del TUO de la LPAG, que establece como una causal eximente de responsabilidad la subsanación voluntaria efectuada por parte del administrado sobre el acto imputado constitutivo de infracción. En tal sentido, deja sin efecto la multa impuesta en este extremo, en virtud del principio de celeridad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. - ARSENAL SECURITY S.A.C.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 28 de junio de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 45-2022-SUNAFIL/IRE-AYAC, señalando los siguientes alegatos:

i. Puntualiza que, se debió observar las reglas que regulan el debido procedimiento, contenido en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y el numeral 1.1. del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG. ii. Cita la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley N° 29981, Ley que crea la SUNAFIL que establece “La Sunafil ejerce la competencia sancionadora y aplicas las sanciones económicas que correspondan, de acuerdo a su competencia. Es primera y segunda instancia en los procedimientos sancionadores”. iii. Señala que, la Sub Intendencia de Resolución no ha cumplido con observar lo dispuesto en el numeral 7.1.1.14 de la Versión N° 2 de la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII, en el que textualmente se indica que: “La representación de los sujetos responsables en el procedimiento sancionador se regula por las normas de derecho privado según correspondan, y para su acreditación se deberá acompañar documentos idóneos, tales como copia literal de la partida electrónica o partida registral, vigencia de poderes, estatuto social, partidas de inscripción registral de juntas directivas en caso de Juntas de Propietarios, contratos de colaboración empresarial, actos administrativos donde conste los cargos y facultades dadas para actuar en representación de personas jurídicas de derecho público, entre otros. En caso de advertirse omisión de esta documentación, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 136 y 137 del TUO de la LPAG en lo que corresponda.” iv. Por otra parte, indica que el acta de infracción fue autorizada por el inspector Auxiliar Mely Mariela Quispe Huamán de la Intendencia Regional de Ayacucho.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT 6.1 Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento

de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento.

Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización.

El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54”.

independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u

omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva Acciones u omisiones que perturben, retrasen el ejercicio de las funciones inspectivas de la inspectora actuante, al no remitir la información requerida vía casilla electrónica del 21 de marzo de 2022. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento, notificada vía casilla electrónica el 29 de marzo de 2022, siendo afectado su ex trabajador detallado en el cuadro N° 01. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. -ARSENAL SECURITY S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 45- 2022-SUNAFIL/IRE-AYAC, de fecha 23 de junio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Ayacucho, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 104- 2022-SUNAFIL/IRE-AYAC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 45-2022-SUNAFIL/IRE-AYAC, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. - ARSENAL SECURITY S.A.C., y a la Intendencia Regional de Ayacucho, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230823JCR