Consorcio la Unión — Res. 968-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Participación en las Utilidades (Sub materia: Pago). DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información y documentación requerida para el día 12 de agosto de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información y documentación requerida para el día 20 de agosto de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Que, desde el cierre de sus actividades no han tenido movimiento comercial ni cuentan con personal alguno, hacen constar que el Consorcio Unión no es una persona jurídica, solo ha sido un contrato de colaboración empresarial integrado por diversas empresas, formalización que obedeció al hecho de ejecutar el Contrato Complementario N° 051-2019-MTC/20.2, que en ningún caso implicaba la obligación de crear una persona jurídica, y al finalizar el contrato cerraron sus actividades el 05 de julio de 2020, cerrando sus oficinas en el departamento de Huánuco, dando de baja a la totalidad de los trabajadores con el pago de sus beneficios de ley. ii. Que, en el caso del extrabajador Saul Flores Remigio, fue liquidado con fecha 22 de julio de 2020, pagándole todas sus remuneraciones y beneficios de ley, lo que se realizó hace dos años aproximadamente, antes de la fecha de la orden de inspección, sin existir incumplimiento alguno; el extrabajador no ha solicitado en ningún momento el pago de utilidades. iii. Que, toda denuncia que se formula ante SUNAFIL, presupone la existencia de un hecho tangible y real, careciendo de razonabilidad exigir el pago de algo que no existe, y si no existe podría configurar un incumplimiento como lo supone la resolución impugnada, considerando que, previamente a admitir la denuncia, el inspector auxiliar se encontraba obligado a verificar si el trabajador había solicitado o requerido al empleador o no el pago de las utilidades y, por ende, ante la acreditación de la falta de respuesta al trabajador, recién podría configurar la necesidad del requerimiento de SUNAFIL al empleado. iv. Sin embargo, señalan que se ha admitido de facto la denuncia, sin verificar el presupuesto administrativo necesario para que proceda; asimismo, señalan que la orden de inspección concreta con la que se inicia el procedimiento administrativo

hasta el acta de sanción que impugnan, supone un procedimiento regular congruente con el objeto de la denuncia que, en el presente caso no se ha cumplido, debido a que se notifica en una dirección del centro de trabajo de Huánuco que ya no existía por haberse cerrado sus actividades. v. Que, el inspector contrariamente a requerir información sobre la existencia o no de utilidades, señala dos supuestos de incumplimiento, el primero sobre el pago de utilidades exigiendo acreditar todos los depósitos de utilidades del trabajador y acreditar todos los pagos de utilidades del trabajador, sin verificar que este ya había sido liquidado con fecha 22 de julio de 2020. vi. Respecto a la situación de la inexistencia de las utilidades, han cumplido de manera abierta y pública de su inexistencia en el ejercicio anual 2020, mediante un aviso que se colocó en el frontis del inmueble donde funcionaban sus oficinas, desde el 30 de marzo de 2021; adjuntan declaración jurada del balance de la renta de tercera categoría 2020 presentada a la SUNAT con fecha 03 de mayo de 2021. vii. Los actos administrativos que cuestionan, han contravenido su derecho a la defensa, legalidad, debido proceso administrativo y predictibilidad, deviniendo en nula e ineficaz, asimismo, para que el emplazamiento sea válido y eficaz, se debe cumplir con la exigencia del numeral 241.1 y 241.2 del artículo 241 del TUO de la LPAG; es decir, la SUNAFIL debió exigir al denunciante que acredite haber solicitado el pago de las utilidades y la negativa de la empresa.

i. Que, la denuncia laboral presentada antes las oficinas de SUNAFIL, es una acción pública que tiene como principal objetivo activar el sistema de inspección del trabajo. Implica en poner en conocimiento de la autoridad inspectiva una determinada acción, conducta o comportamiento que constituya una posible infracción a una norma legal, contractual o convencional, incluidas las derivadas del reglamento interno de trabajo. ii. De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable por remisión expresa al procedimiento inspectivo del trabajo, todo administrado se encuentra facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo. iii. Es decir, no se hace necesario que el denunciante acredite la vulneración de su derecho, y tampoco conforme se tiene del caso, primero, haya solicitado el pago de las utilidades, ello debido a que es una obligación de todo empleador realizar los pagos que le correspondan dentro de los plazos establecidos por la ley.

2 Notificada a la impugnante el 18 de julio de 2022. Véase folio 61 del expediente sancionador.

iv. El sujeto inspeccionado hace mención a que han cerrado sus actividades como Consorcio, el cual fue conformado para ejecutar un determinado contrato; al respecto, se debe tener en cuenta que, de la denuncia presentada por el extrabajador, el mismo hace mención a que trabajó en el proyecto que era ejecutado por el sujeto inspeccionado, en ese sentido, corresponde al Consorcio La Unión al haberse conformado cumplir con todas sus obligaciones de índole laboral, sin necesidad de ser una persona jurídica, puesto que lo que se había requerido al sujeto inspeccionado tenía que ver con el proyecto que este había ejecutado. v. Que, de la revisión del presente procedimiento, se tiene que, las actuaciones inspectivas se han desarrollado conforme lo establecido a la LGIT y su Reglamento; siendo que el inspector comisionado ha notificado al sujeto inspeccionado dos requerimientos de información vía casilla electrónica y no presencial; fechas en las cuales pudo poner a conocimiento del inspector que no habían generado utilidades para el año 2020; sin embargo, no lo hizo, haciendo caso omiso a un requerimiento en donde pudo haber manifestado que no se encontraba obligado a los pagos de utilidades por no haberse generado; es decir, tuvo la oportunidad de presentar los argumentos y alegatos, así como documentación que a su consideración respaldaban su teoría. vi. Asimismo, se debe tener en cuenta que la infracción a la labor inspectiva afecta al Sistema de Inspección del Trabajo, cabe precisar que la resolución apelada no ha determinado responsabilidad administrativa del sujeto inspeccionado por el incumplimiento de las normas sociolaborales que fueron objeto de la orden de inspección; sino por la inobservancia al deber de colaboración con la función inspectiva, al no haber remitido la información requerida en dos oportunidades, conforme lo constatado por el personal inspectivo. vii. Que, el sujeto inspeccionado hace referencia que a la fecha de la emisión de la orden de inspección, al trabajador denunciante ya se le había liquidado con fecha 22 de julio de 2020, pasando más de un año desde su liquidación; al respecto, resulta apropiado señalar que el Decreto Supremo N° 015-2017-TR, indica que la facultad de la autoridad inspectiva para determinar la existencia de infracciones prescribe a los cuatro (4) años, y que esta determinación se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 250 del TUO de la LPAG. En ese sentido, al momento que se emitió la Orden de Inspección en el presente caso, la SUNAFIL, tenía sus facultades inspectivas para iniciar la actuaciones y diligencias que estimara conveniente para verificar el cumplimiento del ordenamiento socio laboral, no habiendo actuado contrario a ley.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981 Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Consorcio La Unión

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 042-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, se han afectado los principios al debido proceso administrativo, legalidad, predictibilidad y el derecho de defensa. Por tanto, solicitan se declare fundado el recurso, y por su defecto legal la nulidad de la recurrida y por extensión a la Imputación de Cargos, Acta de Infracción, Informe Final de Instrucción, se revoquen los extremos impugnados y se ordene el archivamiento del expediente. ii. Alegan que, se ha realizado una motivación aparente e insuficiente, debido a que se han omitido valorar los medios probatorios ofrecidos y en sustanciar y motivar la situación de hecho y jurídica del empleador, en la culminación de su objeto comercial expuesto en la apelación; hecho que se constituye en esencial para configurar las supuestas infracciones laborales y determinar la imposición de las multas. iii. Al respecto, reiteran que, carece de razonabilidad que las prestaciones temporales del Consorcio ya finiquitado, les obligue en el espacio tiempo, a mantener personal y centro laboral indefinidamente, para atender una posible denuncia ante la SUNAFIL. iv. Asimismo, agregan que, desde el cierre de sus actividades, acaecido con fecha 05 de julio de 2020, habían finiquitado la razón de su existencia, cesando todo movimiento comercial y administrativo con el cese total de su personal, lo que no se ha valorado; demostrando la falta de motivación en la impugnada, lo que evidencia un grave vicio que afecta el debido procedimiento. v. Reiteran que, no son una persona jurídica, solo un contrato de colaboración empresarial, integrado por las empresas Aramayo S.A.C. Contratistas Generales y A&Z Constructores S.A.C., lo que obedece al hecho de ejecutar el Contrato Complementario

N° 051-2019-MTC/20.2, y que, en ningún caso, la participación en consorcio implicaba la obligación de crear una persona jurídica con un objeto indefinido. vi. Refieren que, de acuerdo con el vencimiento del plazo contractual y al término de sus servicios, cerraron sus actividades comerciales con fecha 05 de julio de 2020, conforme se acredita de la Constancia de Prestación N° 00010-2021-MTC/20.2, otorgada por la Oficina de Administración de la entidad contratante PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En tal sentido, precisan que, desde dicha fecha, se cerraron las oficinas del centro de trabajo, dándose de baja a la totalidad de los trabajadores, con el pago de sus beneficios de ley. vii. Alegan que, las facultades y atribuciones que la ley ha conferido a la SUNAFIL, deben ser ejercidas dentro de los márgenes del principio de legalidad y razonabilidad, porque no se trataba de fiscalizar y realizar diligencias a una empresa en plena actividad empresarial o comercial, sea de oficio o por denuncia, sino que, el leitmotiv que gatilló la inspección, era la denuncia del extrabajador por un supuesto incumplimiento. viii. Cuestionan que al resolver la apelación se ha omitido motivar con respecto a sus fundamentos de hecho y de derecho y la prueba que acreditaba que habían cesado sus actividades comerciales, lo que habían cumplido con notificar a los extrabajadores, de manera abierta y pública en el frontis de su ex oficina, que el ejercicio económico anual del 2020, no había generado utilidades. ix. Precisan que se ha incurrido en falta de motivación, en tanto que no se pronuncia sobre el hecho y el mérito que le produce la denuncia interpuesta por el extrabajador, dentro del contexto que fue liquidado con fecha 22 de julio de 2020, pagándole sus beneficios sociales casi 12 meses antes de la fecha de la Orden de Inspección; por tanto, señalan, no existía incumplimiento. x. Asimismo, cuestionan que la resolución impugnada incurre en error de hecho, en tanto que la situación del pago de las utilidades exigidas por el extrabajador no se produce de oficio, sino que deriva de una denuncia interpuesta por el extrabajador, quien, en un típico abuso de derecho, recurrió a la SUNAFIL, para denunciar que no se le había pagado la supuesta utilidad y SUNAFIL le dio trámite a la misma, sin verificar si el extrabajador había solicitado el pago de utilidades y sin verificar la situación de hecho y la situación jurídica del Consorcio. xi. Señalan que, la impugnada incurre en aparente e insuficiente motivación, al considerar que la multa ha sido aplicada a una supuesta obstrucción al deber de colaboración a la labor inspectiva y no al incumplimiento de obligaciones sociolaborales; lo que no se justifica, si se tiene en cuenta que, con anterioridad a la notificación a la casilla electrónica, se había producido el cierre de sus actividades desde el 05 de julio de 2020. xii. Refieren que, el supuesto incumplimiento en atender los requerimientos documentales para verificar la existencia de utilidades se subordina al hecho de la inexistencia de utilidades y no pueden ser separables solo con el propósito de aplicar la multa; por lo tanto, señalan que, carece de sentido y razonabilidad exigir el pago de algo que no existe, de modo que, los actos previos a su constatación no podrían configurar un incumplimiento. xiii. Alegan que la Orden de Inspección Concreta con la que se inicia el procedimiento administrativo hasta el acta de sanción que impugnan, supone un procedimiento regular congruente con el objeto de la denuncia que, en el presente caso no se ha cumplido, debido a que se notifica en una dirección del centro de trabajo de Huánuco que ya no existía por haberse cerrado sus actividades. xiv. Que, el inspector contrariamente a requerir información sobre la existencia o no de utilidades, señala dos supuestos de incumplimiento, el primero sobre el pago de utilidades exigiendo acreditar todos los depósitos de utilidades del trabajador y acreditar todos los pagos de utilidades del trabajador, sin verificar que este ya había sido liquidado con fecha 22 de julio de 2020.

xv. Los actos administrativos que cuestionan, han contravenido su derecho a la defensa, a los principios de legalidad, debido procedimiento administrativo y predictibilidad, deviniendo en nula e ineficaz, asimismo, para que el emplazamiento sea válido y eficaz, se debe cumplir con la exigencia del numeral 241.1 y 241.2 del artículo 241 del TUO de la LPAG; es decir, la SUNAFIL debió exigir al denunciante que acredite haber solicitado por escrito información con respecto a la existencia o no de utilidades y frente al desinterés de la empleadora en dar respuesta, podría recurrir a realizar su denuncia. Al respecto, señalan que SUNAFIL, sin verificar este presupuesto, inició de facto el procedimiento sancionador, asumiendo la existencia de utilidades y un supuesto incumplimiento de pago. xvi. Por tanto, precisan que, frente a un supuesto e inexistente cumplimiento, no existe y no se configura ninguna conducta sancionable, y tampoco existe incumplimiento que pueda calificarse como infracción, por lo que, corresponde archivar el procedimiento. xvii. Respecto al extremo de la imposición de la multa, refieren que, esta resulta ser injusta e injustificable, en tanto que no se cumple con la graduación de los criterios que exige el procedimiento, lo que vulnera el principio de razonabilidad. xviii. Por último, alegan la vulneración al principio de tipicidad, en razón que se pretende hacer extensiva una artificiosa infracción para imponer multa sobre la base de una denuncia que constituye un abuso de derecho.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.1 Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”9 (énfasis añadido).

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV, Numeral 1.8.

10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido válidamente notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG”.

- A folio 11 del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 09 de agosto de 2021; y, a folios 14 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 09 de agosto de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 01:

- Así también, se aprecia a folio 17, el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 17 de agosto de 2021; y, a folios 20 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 17 de agosto de 2021,

con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 02:

11 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

electrónica, se debe considerar efectuar alguna otra modalidad de actuación inspectiva (por ejemplo, una visita de inspección), con la finalidad de emplear alternativas adicionales de investigación que coadyuven en la determinación o no del cumplimiento sociolaboral investigado.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

cesado sus actividades comerciales, lo que habían cumplido con notificar a los extrabajadores, de manera abierta y pública, que el ejercicio económico anual del 2020, no había generado utilidades; sobre el particular, contrario a lo alegado por la impugnante se advierte en los considerandos 4.1 al 4.3 de la Resolución de Intendencia N° 042-2022-SUNAFIL/IRE-HUA que la Intendencia Regional de Huánuco ha procedido a valorar los documentos por los cuales, la impugnante sostiene que no han generado el pago de utilidades en el año 2020; no obstante, estos documentos recién han sido presentados en el recurso de apelación, no habiéndose cumplido con presentar los mismos en el desarrollo de las actuaciones inspectivas de investigación, lo que acredita que a la fecha de las diligencias, la impugnante, no había puesto a conocimiento del extrabajador que no se había generado el pago de utilidades, hechos que acreditan que la impugnante, no ha cumplido con su deber de colaboración a la labor inspectiva. Por lo tanto, no resulta amparable dicho extremo del recurso.

una determinada acción, conducta o comportamiento que constituya una posible infracción a una norma legal, contractual o convencional.

Sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad

12 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No remitir la información y documentación requerida para el día 12 de agosto de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No remitir la información y documentación requerida para el día 20 de agosto de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO LA UNIÓN, en contra de la Resolución de Intendencia N° 042-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, de fecha 12 de julio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Huánuco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 355-2021-SUNAFIL/IRE- HUA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 042-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO LA UNIÓN, y a la Intendencia Regional de Huánuco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231004MCR