Consorcio la Unión — Res. 885-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Participación en las utilidades (Sub materia: pago). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva por no cumplir con remitir por casilla electrónica la documentación requerida el día 21 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva por no cumplir con remitir por casilla electrónica la documentación requerida el día 27 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11,572.00.

i. Señala que a la fecha han cerrado sus actividades, y no han tenido movimiento comercial ni personal alguno. Asimismo, aclaran que el Consorcio Unión no es una persona jurídica, sino que solo ha sido un contrato de colaboración empresarial integrado por diversas empresas, formalización que obedeció al hecho de ejecutar el Contrato Complementario N° 051-2019-MTC/20.2 – Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial Carretera Huánuco – Kotosh – La Unión – Huallanca – Dv. Antamina/PTE. Tingo – Llata – Antamina, por lo cual, en ningún caso, la participación en consorcio implicaba la obligación de crear una persona jurídica diferente.

ii. Que, al finalizar el contrato cerraron sus actividades el 05/07/2020, lo que implicó el cierre de sus oficinas en el departamento de Huánuco, dando de baja a la totalidad de los trabajadores con el pago de sus beneficios de ley. En el caso del ex trabajador Ponce de León Ramírez Jesús Carlos, señala que fue liquidado con fecha 04/09/2020, pagándole todos sus beneficios de ley, es decir 10 meses antes de la fecha de la orden de inspección, sin existir incumplimiento alguno, ante lo cual el ex trabajador no ha solicitado en ningún momento el pago de utilidades, en razón de que ya se le había informado que el ejercicio económico 2020 no generó utilidades, porque el contrato terminó en junio 2020, afectado por la pandemia COVID-19.

iii. Que, toda denuncia que se formula ante SUNAFIL, presupone la existencia de un hecho tangible y real, careciendo de razonabilidad exigir el pago de algo que no existe, y si ello es así no podría configurar un incumplimiento como lo supone la resolución

sancionadora, considerando que, previamente a admitir la denuncia, el inspector auxiliar se encontraba obligado a verificar si el trabajador había solicitado o requerido al empleador o no el pago de las utilidades y, por ende, ante la acreditación de la falta de respuesta al trabajador, recién podría configurar la necesidad del requerimiento de SUNAFIL al empleador dando lugar al necesario amparo de SUNAFIL, sin embargo, se ha admitido de facto la denuncia, sin verificar el presupuesto administrativo necesario para que proceda la denuncia. En su caso han acreditado la inexistencia de utilidades con las cartas C.CLU.00071.22.ADM de fecha 28.04.2022 y C.CLU.00075.22.ADM de fecha 05.05.2022; sin embargo, el inspector ha solicitado documentación referida al incumplimiento del pago de utilidades, solicitando la constancia de depósito de utilidades del año 2020, habiendo ellos cumplido con poner a conocimiento de todos sus trabajadores la inexistencia de las mismas, mediante un aviso que se colocó pegado en el frontis del inmueble donde funcionaban sus oficinas, desde el 30.03.2021.

iv. Que, los actos administrativos que cuestionan, han contravenido su derecho a la defensa, legalidad, debido proceso administrativo y predictibilidad, deviniendo en nula e ineficaz, asimismo para que el emplazamiento sea válido y eficaz, se debe cumplir con la exigencia de los numerales 241.1 y 241.2 del artículo 241 del TUO de la LPAG, es decir, la SUNAFIL debió exigir al denunciante que acredite haber solicitado el pago de las utilidades y la negativa de la empresa; asimismo, no han tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, ni han sido oídos, ni han ejercido su derecho de ofrecer ni actuar pruebas en relación a los hechos imputados, en razón a que ya habían cerrado sus actividades comerciales.

i. Expone que, el sujeto inspeccionado hace mención a que ya han cerrado sus actividades como Consorcio, el cual fue conformado para ejecutar un determinado contrato, al respecto, señala que se debe tener en cuenta que, de la denuncia presentada por el ex trabajador, el mismo hace mención que trabajó en el proyecto que era ejecutado por el sujeto inspeccionado, en ese sentido, corresponde al Consorcio La Unión, al haberse conformado, cumplir con todas sus obligaciones de índole laboral, sin necesidad de ser una persona jurídica, puesto que lo que se le había requerido al sujeto inspeccionado tenía que ver con el proyecto que este había ejecutado.

2 Notificada a la impugnante el 07 de julio de 2022, véase folio 71 del expediente sancionador.

ii. De la revisión del presente procedimiento, se tiene que, las actuaciones inspectivas se han desarrollado conforme lo ha establecido la LGIT y su reglamento, siendo que, el inspector comisionado ha notificado al sujeto inspeccionado dos requerimientos de información, ello con la finalidad de comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales; fechas en las cuales el sujeto inspeccionado pudo poner a conocimiento del inspector que ellos no habían generado utilidades para el año 2020; sin embargo, no lo hizo, haciendo caso omiso a un requerimiento en donde pudo haber manifestado que no se encontraba obligado a los pagos de utilidades por no haberse generado, es decir tuvo la oportunidad de presentar los argumentos y alegatos, así como documentación que a su consideración respaldaban su teoría. En el presente caso se ha respetado todos los principios invocados por el mismo en su recurso de apelación.

iii. Por otra parte, en cuanto al argumento de que no corresponde el pago de utilidades, los documentos presentados que sostienen que no han generado el pago de utilidades en el año 2020, han sido generados en el año 2022, exactamente en los meses de abril y mayo, y las diligencias de actuaciones inspectivas se han desarrollado en el año 2021, en el mes de julio, lo que acredita que a la fecha de las diligencias el sujeto inspeccionado no había puesto a conocimiento del trabajador que no tenía el pago de utilidades.

iv. Asimismo, señala que las infracciones determinadas han sido a la labor inspectiva, es decir, la establecida en el artículo 46 numeral 46.3 del RLGIT, con lo cual, la infracción a la labor inspectiva afecta al Sistema de Inspección del Trabajo. Precisa que, la resolución sancionadora no ha determinado responsabilidad administrativa del sujeto inspeccionado por el incumplimiento de las normas sociolaborales que fueron objeto de la orden de inspección; sino por la inobservancia al deber de colaboración con la función inspectiva, al no haber remitido la información requerida en dos oportunidades, conforme lo constatado por el personal inspectivo, es decir que, el procedimiento sancionador ha sido iniciado por infracción a la labor inspectiva y no por vulneración a las disposiciones sociolaborales.

v. En ese contexto, debido a que dichas acciones no permitieron que el inspector pueda efectuar constatación alguna respecto de las materias señaladas en la orden de inspección, no se puede contrastar el cumplimiento o no de sus obligaciones laborales, con lo mencionado en su recurso de apelación, por cuanto ello implicaría emitir pronunciamiento sobre hechos que no han sido objeto de la imputación de los cargos en el Acta de Infracción, razón por la cual, desestima el argumento de la impugnante, toda vez que, no se le ha impuesto sanción económica por el incumplimiento de la normatividad sociolaboral sino por infracción a la labor inspectiva.

vi. Detalla que, el inspector comisionado notificó dos requerimientos de información, uno con fecha 21/07/2021, (obrante de fojas 15 al 17 del expediente de actuaciones inspectivas) para que sea cumplido en un plazo de 03 días hábiles, es decir hasta el 26/07/2021; habiendo solicitado que el sujeto inspeccionado presente, entre otros, los siguientes documentos: 1) PLAME (Backup) del año 2020; 2) Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del año 2020; 3) Constancia de depósito de utilidades del año 2020, motivo de la denuncia del ex trabajador recurrente PONCE DE LEON RAMIREZ JESUS CARLOS; fecha en la que el sujeto inspeccionado no cumplió con remitir la documentación solicitada, es decir la documentación no solamente estaba

referida al pago de utilidades sino a otros documentos que no ha presentado. Al verificarse el incumplimiento al primer requerimiento de información, el inspector actuante ha emitido un segundo requerimiento de información de fecha 27/07/2021, el mismo que obra de fojas 23 al 25 del expediente de actuaciones inspectivas, notificado mediante casilla electrónica con fecha 27/07/2021, el mismo que volvió a establecer un plazo de 03 días hábiles para su cumplimento, requiriendo la misma información que en el primer requerimiento; fecha en la que el sujeto inspeccionado tampoco ha enviado la documentación requerida, habiéndose determinado la comisión de la infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, para cada una de las infracciones.

vii. Finalmente, concluye que en el presente procedimiento no se ha vulnerado ninguno de los derechos mencionados por el sujeto inspeccionado en su descargo ni se encuentra inmerso en causal de nulidad alguna, habiendo desvirtuado cada uno de sus argumentos de defensa.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Consorcio La Unión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 039-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, señalando los siguientes alegatos:

i. Argumenta que la resolución impugnada incurre en una motivación aparente e insuficiente, y en flagrante omisión no valora los medios probatorios ofrecidos y no se pronuncia sobre los hechos y la situación jurídica del objeto comercial del Consorcio expuesto en su escrito de apelación. ii. Señala que al interponer el recurso de apelación dejó constancia que circunstancialmente había tomado conocimiento de la existencia de las notificaciones cursadas por SUNAFIL a través de la casilla electrónica asignada. iii. Que, cumplió con acreditar de manera fehaciente e indubitable que, desde el cierre de sus actividades en la fecha del 05 de julio del 2020, el consorcio había finiquitado la razón de su existencia cesando todo movimiento comercial y administrativo con el cese total de su personal. iv. Refiere que, no es una persona jurídica y sólo es un contrato de colaboración empresarial integrado por las empresas Aramayo SAC Contratistas Generales y A&Z Constructores S.A.C., y que ello, obedeció al hecho de ejecutar el Contrato Complementario N° 051-2019-MTC/20.2- Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial Carretera Huánuco - Kotosh – La Unión - Huallanca- DV. Antamina/PTE. Tingo -Llata -Antamina. v. Que, el consorcio cerró sus actividades comerciales con fecha 05 de julio de 2020, conforme se acredita de la Constancia de Prestación N° 00010-2021-MTC/20.02, dándose de baja a la totalidad de los trabajadores, con el consiguiente pago de sus beneficios de ley. Asimismo, que ha acreditado la inexistencia de utilidades con las cartas C.CLU.00071.22.ADM de fecha 28.04.2022 y C.CLU.00075.22.ADM de fecha 05.05.2022. vi. Señala que incurre en falta de motivación por dos hechos, que el trabajador fue liquidado con fecha 04 de setiembre de 2020, es decir 10 meses antes de la fecha de la Orden de Inspección, y por tanto, no existía incumplimiento alguno; y porque no se ha pronunciado sobre el hecho de que, mediante correo electrónico de fecha 30 de enero de 2021, solicitó se remitan a su domicilio su certificado de trabajo, sus últimos contratos de trabajo y las constancias de pago de sus haberes de los meses de junio, julio, y agosto de 2020, sin embargo no solicitó el pago de utilidades. vii. Que, se incurre en una falta de motivación, pues se ha interpuesto una denuncia ante SUNAFIL bajo el supuesto incumplimiento del pago de utilidades, sin que exista una solicitud de pago o una negativa de pago o la falta de atención o respuesta a la solicitud de pago. viii. Alega una contravención del derecho de defensa y los principios de legalidad, debido procedimiento administrativo y de predictibilidad, en cuya virtud deviene en nula e ineficaz. ix. Menciona que debió cumplirse con lo señalado en el numeral 241.1 del artículo 241° del TUO de la LPAG. x. Cuestiona una afectación a los principios de razonabilidad, legalidad y tipicidad.

Del Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las dos infracciones tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad9.

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

i. Del documento denominado “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación” de fecha 21 de julio de 202111, notificado el mismo

10 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 11 Ver folios 16 al 17 del expediente inspectivo.

día; se otorgó el plazo máximo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación, conforme a la imagen:

Figura 01:

ii. Al respecto, conforme se verifica del numeral 4.4 de los hechos constatados en el acta de infracción, el inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada en ambas oportunidades. iii. Ante el incumplimiento de la impugnante, el inspector comisionado, reitera el requerimiento de información, sobre los documentos ya solicitados y bajo el mismo apercibimiento, el 27 de julio de 2021, siendo notificada dicha medida en la misma fecha, otorgándole un nuevo plazo para que cumpla con remitir la información, la cual debía ser cumplida hasta el 30 de julio de 2021, conforme se verifica del punto 4.5 en el acta de infracción. iv. El inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada en ambas oportunidades. v. Asimismo, de la revisión en el aplicativo “Búsqueda de Notificaciones y Alertas de Correo” de la SUNAFIL, se deja constancia que la notificación de ambos requerimientos de información fue realizada válidamente, al recibir

conjuntamente las alertas al correo electrónico de la impugnante, no siendo este extremo cuestionado en su recurso de revisión.

de 21 y 27 de julio de 2021, pues la infracciones a la labor inspectiva son inmediatas e insubsanables.

Sobre la supuesta vulneración a la motivación de las resoluciones administrativas

que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 108-2022-SUNAFIL/IRE-HUA/SIRE, como la Resolución de Intendencia N° 039-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Sobre el principio de tipicidad 6.24. De acuerdo con el principio de tipicidad regulado en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, o en norma reglamentaria (en los casos que por ley o decreto legislativo se permita por norma reglamentaria) mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

1. Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad); 2. En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto.

omisión del actuar diligente, conforme con el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica exigible desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

Sobre la supuesta vulneración al Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima 6.32. La impugnante señala que se ha vulnerado el principio de predictibilidad. Sobre el particular, el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del T.U.O. de la Ley 27444, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala:

“1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables” (énfasis añadido).

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad en la sanción impuesta

12 MORÓN URBINA, Juan Carlos (2018). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, Lima: Gaceta Jurídica, p. 126.

criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación.”

N° Materia Conducta Infractora Tipificación Legal y Clasificación Labor inspectiva No cumplir con remitir por casilla electrónica la documentación requerida el día 21 de julio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con remitir por casilla electrónica la documentación requerida el día 27 de julio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

13 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO LA UNIÓN, en contra de la Resolución de Intendencia N° 039-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, de fecha 30 de junio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Huánuco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 312-2021-SUNAFIL/IRE- HUA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 039-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO LA UNIÓN, y a la Intendencia Regional de Huánuco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230913JCR