Consorcio Inti Raymi — Res. 630-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Estándares de higiene ocupacional (Sub materia: Botiquín; Comedor – Vestuario – Servicios higiénicos; y, Protecciones colectivas (Barandas; y, Líneas de vida)); Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad; y, Avisos y señales de seguridad); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Comité (Supervisor) de seguridad y salud en el trabajo); Instalaciones de trabajo (Sub materia: Protección de zanjas y excavaciones: entibaciones, calzaduras, apuntalamientos, muros pantalla y taludes); Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: Cobertura en salud; y Cobertura en invalidez – sepelio); Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Prevención de riesgos); y, Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

el 12 de octubre de 20212; en el marco del operativo denominado “OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN PERÚ RURAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSTRUCCIÓN AREQUIPA SEPTIEMBRE 2021”.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar haber conformado un Comité de SST válido conforme a la normativa vigente, tipificada en el numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,732.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar contar con un plan COVID-19 actualizado, que cumpla con los requisitos conforme a la normativa vigente, tipificada en el numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,732.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 12 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 50,864.00.

i. Respecto a no acreditar haber conformado un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la normativa vigente, señalan que han cumplido con la implementación de las observaciones efectuadas, presentando la documentación que acredita su cumplimiento.

ii. Precisan que de acuerdo al Anexo 5 Acta de Infracción y 6 Padrón Electoral, se produjo un empate producto de las votaciones realizadas por los trabajadores, conforme al Anexo 4; por lo que, de acuerdo al Anexo 5 los trabajadores eligen a 2

2 Véase folio 22 (reverso) del expediente inspectivo.

de sus representantes para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los que se desenvolverían como suplentes en caso los titulares se retiraran del trabajo o no asistan a trabajar, teniendo en cuenta que la obra se desarrolló en zona agreste y se producía un retiro constante de los trabajadores y por ello decidieron, dado el empate, elegir a 2 titulares y 2 suplentes. Asimismo, refieren que se les pretende castigar por una interpretación restrictiva y no amplia y social; al no haberse registrado accidente de trabajo, los efectos en cuanto a su conformación no tienen influencia alguna.

iii. Respecto a no acreditar contar con un Plan Covid-19 con los requisitos conforme a la normativa vigente, reiteran sus argumentos ante el Informe Final de Instrucción, en tanto que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó la aprobación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el trabajo y ha sido registrado en el MINSA, cumpliendo con levantar las observaciones del personal inspectivo, cumpliendo con su actualización, por tanto, señalan que no se puede pretender invalidar un documento que ha servido para evitar la muerte de compañeros de trabajo y ha cumplido con su finalidad que es proteger la vida humana.

iv. Sobre no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, alegan que aparece de autos, que tanto la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la elaboración del Plan Covid se ha implementado en ejecución de la obra, por tanto, señalan que no se debió haber emitido la medida inspectiva, no siendo razonable que se les sancione por algo que no ha causado daño alguno a los trabajadores.

i. Que, si bien el apelante pretende justificar la formación dispuesta, no se observan argumentos válidos, puesto que, desde la convocatoria de elecciones, el inspeccionado considera que serían elegidos 4 representantes titulares y 2 representantes suplentes por parte de los trabajadores; y dos representantes titulares y 1 representante suplente por parte del empleador, contraviniendo totalmente la normativa de la materia, al no respetar la paridad en la conformación del CSST.

ii. Por otro lado, el empate que indica haberse dado, no tiene sustento pues desde la convocatoria a elecciones se pretendía elegir a 4 titulares; por lo que, el objetivo del empleador era tener a dicho número de representantes de los trabajadores, lo que

3 Notificada a la impugnante el 05 de diciembre de 2022. Véase folio 74 del expediente sancionador.

corrobora con el argumento presentado de que dos de los titulares actuarían como tales y los otros dos como suplentes en situaciones donde los primeros no podrían actuar, lo cual resulta contrario a la norma.

iii. En el artículo 63 del Reglamento de la LSST, se regulan las causales de vacancia del cargo de miembro del CSST, ante lo cual, el suplente asumiría el cargo; por lo que, lo descrito por el inspeccionado deviene en ilegal.

iv. Que, el apelante pretende eximirse de responsabilidad invocando la no ocurrencia de accidente de trabajo; en consecuencia, la formación del CSST no tendría trascendencia alguna; sin embargo, dicha interpretación resulta antojadiza e infundada, no dependiendo la existencia de un CSST a un accidente de trabajo.

v. Respecto a la actualización del Plan Covid-19, es necesario destacar que según el principio de prevención, contemplado en el numeral I del Título Preliminar de la LSST, los empleadores se encuentran obligados a garantizar, dentro de sus centros de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, salud y el bienestar de sus trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito de su centro de labores.

vi. Por otro lado, lo alegado por el apelante carece de sustento, pues pretende que el Plan Covid-19 sí tenga plena vigencia, cuando no ha sido debidamente aprobado, ya que el órgano considerado como CSST no tiene legitimidad para su actuar, tal como ha sido analizado.

vii. Por último, respecto a la medida inspectiva de requerimiento, el inspeccionado pretende justificar sus omisiones alegando que no se generó daño alguno, lo que es inverosímil, cuando uno de los principios rectores en materia de seguridad y salud en el trabajo es el de prevención; por lo que, pese a la oportunidad otorgada para que el apelante enmiende su conducta y al no haber atendido ello, corresponde ratificar las sanciones impuestas.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Consorcio Inti Raymi

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, que confirmó la sanción impuesta de S/ 108,328.00, por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 06 de diciembre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de diciembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 363-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que han cumplido con el principio de legalidad, prueba de ello es la documentación presentada en los diferentes requerimientos efectuados por los inspectores intervinientes, con el fin de proteger sus intereses empresariales.

ii. Respecto a no contar con un Comité de SST, señalan que sí han cumplido con la implementación de las observaciones efectuadas, conforme al Anexo 5 Acta de Infracción y 6 Padrón Electoral, se produjo un empate producto de las votaciones realizadas por los trabajadores, conforme al Anexo 4; por lo que, dado el empate, eligieron a 2 titulares y 2 suplentes, los que se desenvolverían como suplentes en caso los titulares se retiraran del trabajo o no asistan a trabajar, teniendo en cuenta que la obra se desarrolló en zona agreste y se producía un retiro constante de los trabajadores y por ello decidieron, dado el empate, elegir a 2 titulares y 2 suplentes.

iii. Asimismo, refieren que se les pretende castigar por una interpretación restrictiva y no amplia y social; al no haberse registrado accidente de trabajo, los efectos en cuanto a su conformación no tienen influencia alguna. No obstante, alegan que la autoridad resolutiva, hace una interpretación literal del artículo 29 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

iv. Expresan que, al momento de la designación entre los representantes titulares de los trabajadores ante el CSST, han considerado al residente y al ingeniero seguridad ambiental, en tanto que, son responsables directos y representantes del empleador debido a la naturaleza de sus cargos.

v. Sostienen que, no comparten la valoración e interpretación de la norma, por cuanto el proceso de elección fue en observancia de la norma, y que lo que no está prohibido está permitido; ya que si bien se han elegido 4 representantes titulares y 2 representantes suplentes por parte de los trabajadores; y dos representantes titulares y 1 representante suplente por parte del empleador, esta situación no la prohíbe la norma, en tanto que, tienen la condición de suplentes y que solo actúan de manera legítima en el CSST ante la ausencia de los titulares.

vi. Reiteran al respecto que, tienen razones justificadas para haber considerado ese número, debido al alto grado de abandono del trabajo de personal (por ser una zona agreste y de clima gélido y los trabajadores prefieren dejar su posibilidad laboral), y que los titulares actuarían como tales y otros dos como suplentes en situaciones donde los primeros no podrían actuar, lo que no contraviene lo dispuesto en el artículo 63 del RLSST.

vii. Respecto a no acreditar contar con un Plan Covid-19 con los requisitos conforme a la normativa vigente, reiteran que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó la aprobación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el trabajo y ha sido registrado en el MINSA, cumpliendo con levantar las observaciones del personal inspectivo y con su actualización, por tanto, señalan que no se puede pretender invalidar un documento que ha servido para evitar la muerte de compañeros de trabajo y ha cumplido con su finalidad que es proteger la vida humana.

viii. Asimismo, reiteran que, en observancia del principio de prevención es que han procedido a llevar a cabo el referido Plan Covid-19, por tanto, señalan que resulta equívoco la interpretación que se hace en la resolución de primera y su confirmatoria, ya que han cumplido con implementar lo que la norma del ejecutivo ha constituido.

ix. Sobre no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, alegan que, no se debió haber sancionado por la medida inspectiva, en tanto que, afecta el principio de razonabilidad, máxime si han reiterado que la conformación del CSST, así como la elaboración del Plan Covid han cumplido sus objetivos, al haber protegido la vida de sus trabajadores en momentos muy difíciles.

x. Al respecto, reiteran que tanto la conformación del CSST, así como la elaboración del Plan Covid se han implementado en la ejecución de la obra, por tanto, señalan que los inspectores actuantes no debieron emitir la medida inspectiva de requerimiento.

xi. Por último, invocan la aplicación del principio de razonabilidad, contemplado en el artículo 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG; por tanto, corresponde que se revoque la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, en tanto que, los fines y objetivos del CSST, así como del Plan Covid-19 se activaron y produjeron resultados favorables.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el

presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura N° 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura N° 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

dispuesto por la autoridad inspectiva, al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, que transgreda lo dispuesto por el artículo 14 de la LPAG y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

11 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

juicio valorativo respectivo y se aplican los artículos pertinentes del marco normativo establecido. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto. Por tanto, corresponde a esta sala desestimar el recurso en este extremo.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar haber conformado un Comité de SST válido conforme a la normativa vigente. Numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar contar con un plan COVID-19 actualizado, que cumpla con los requisitos conforme a la normativa vigente. Numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 12 de octubre de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO INTI RAYMI, en contra la Resolución de Intendencia N° 363-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 30 de noviembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 245-2022-SUNAFIL/IRE- AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 363-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO INTI RAYMI, y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240702MCR - HR 223745-2022