Consorcio Eulen del Perú de Servicios Generales S.A — Res. 484-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla); Gestión interna de SST (Sub materia: Registro de exámenes médicos ocupacionales); Norma de ergonomía (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre SST (Sub materia: Incluye todas). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no cumplir con las obligaciones relativas a las medidas de prevención frente a riesgos ergonómicos, en perjuicio de 60 trabajadores, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 23,364.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida de requerimiento de fecha 16 de julio de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 41,085.00.

i. El inspector de trabajo, realiza una imputación oscura y general, sin señalar en forma expresa qué mobiliarios, asientos o mobiliario informático no respetaban las normas de ergonomía, sin efectuar una inspección real, objetiva y minuciosa del mobiliario.

ii. Es falso que el inspector de trabajo haya inspeccionado el mobiliario de los Gestores de recuperación y que los mismos incumplen con las normas de ergonomía, pues los Gestores de Recuperación no realizan trabajo en sus instalaciones, es personal no sujeto a fiscalización inmediata y solamente van a su local a entregar y recoger carga de trabajo, es decir sus funciones son principalmente en campo.

iii. Se vulnera el principio de presunción de veracidad, en tanto, su representada presentó en sus descargos como parte de los medios probatorios, 2 facturas de compra de mobiliario que cumplen con las normas de ergonomía, las mismas que fueron compradas con fecha 18/12/2018, fecha anterior a la notificación de la Imputación de Cargos, cuya compra se efectuó con la finalidad de evitar cualquier tipo de sanción por el requerimiento subjetivo efectuado.

iv. No estaba obligado a cumplir el requerimiento cursado, pues no se efectuó una previa constatación de las labores del personal de dicho local y la verificación de qué supuestamente requerían dichos mobiliarios para la realización de las funciones de manera segura, además, la medida era imprecisa en cuanto al tipo de mobiliario requerido, sin determinar cuántos ni quiénes eran los trabajadores que laboran en

postura sentada, quienes no estaban sujetos a fiscalización inmediata y a qué personal se la había asignado mobiliario ergonómico.

v. 41 trabajadores de los 60 imputados, la supuesta infracción ya habría prescrito, por lo que debe aplicarse la prescripción respecto de dichos trabajadores.

i. La Autoridad de primera instancia ha desvirtuado el argumento en cuanto al personal que desarrolla sus actividades de pie, o del personal no sujeto a fiscalización inmediata debido a las labores que desarrollan total o parcialmente fuera de oficina tales como almacenero, auxiliar de recupero, gestor de recuperación, asistentes sociales entre otros, habiendo precisado que ello no libera de responsabilidad a la inspeccionada, toda vez que el Inspector comisionado durante la verificación in situ, determinó que no son los ciento noventa y ocho (198) trabajadores con los que cuenta la inspeccionada, los que adquieren la calidad de afectados, sino sólo son sesenta (60) trabajadores afectados.

ii. Los hechos constatados por los Inspectores actuantes que se formalicen en las Actas de Infracción, observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos y merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados; y siendo que, en el presente caso, la inspeccionada no ha desvirtuado el incumplimiento en materia de ergonomía atribuido, ni acredita que los mencionados veinte (20) trabajadores no realicen trabajo en el centro de trabajo en ningún momento, en tanto la relación de trabajadores que se describe en el escrito impugnatorio señalando los cargos de los trabajadores, es coincidente con los cargos descritos de cada trabajador efectuado por el Inspector comisionado en el octavo hecho verificado del Acta de Infracción, y en cuanto a las anotaciones efectuadas por la inspeccionada que determinados trabajadores "trabajan fuera de oficina", no se encuentra acreditado con documentación idónea que genere certeza de lo afirmado.

iii. La inspeccionada no ha remitido medio probatorio que acredite fehacientemente de la entrega o la puesta a disposición de los trabajadores afectados de las mencionadas sillas que habría adquirido, por lo que cabe señalar en coincidencia

2 Notificada a la impugnante el 20 de mayo de 2022, ver folio 276 del expediente sancionador.

con la Autoridad instructora que lo señalado constituye solo en una manifestación de parte, sin que haya quedado acreditado el cumplimiento de las obligaciones.

iv. Computando el plazo de prescripción, se tomó como referencia la fecha en que la Inspección del Trabajo detectó la infracción a la fecha de las medidas inspectiva de requerimiento, esto es 16 de julio de 2018, en tanto a dicha fecha la inspeccionada no había abandonado la situación antijurídica, al no haber cumplido dicha obligación, la misma que contrastada con la fecha de notificación del proveído de inicio del procedimiento sancionador, que adjunta el Acta de Infracción (22 de abril de 2021) y la expedición de la resolución de primera instancia (06 de enero de 2022) nos permite obtener el tiempo transcurrido de las infracciones detectadas y sancionadas, concluyendo que éstas no han prescrito al no haber transcurrido el plazo señalado en el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO LPAG, concordado con el artículo 51 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL CONSORCIO EULEN DEL PERU DE SERVICIOS GENERALES S.A. y ACCIONA AGUA S.A.U.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con escrito de fecha 8 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 832-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

- No estaba en la obligación de cumplir el requerimiento cursado en el marco de la inspección, pues el presupuesto esencial para la implementación del número de sillas ergonómicas que se exigía era previa constatación de las labores del personal de dicho

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

local y la indispensable verificación de que requerían dichas sillas para la realización de sus funciones de manera segura. - El inspector de trabajo nunca constató la naturaleza de las actividades del personal del Consorcio, a efectos de determinar la necesidad de contar con 60 sillas ergonómicas. Su única actividad fue revisar la planilla (análisis en gabinete) y considerar, a su libre entender, que puestos deberían tener el mobiliario ergonómico, lo que desnaturaliza la inspección ya que no cumplió con su finalidad.

- El inspector comisionado extendió la medida Inspectiva de requerimiento sin tener en consideración el presupuesto principal contenido en el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, vulnerando el principio de legalidad.

- Se ha vulnerado el Principio de verdad material. El inspector de trabajo no estableció con cuantas sillas ergonómicas contaba nuestra representada para el personal que realizaba trabajo sentado, lo que invalida también la orden de requerimiento.

- Se ha vulnerado el Principio de presunción de veracidad. El inspector de trabajo debe tener por cierto el contenido de la documentación presentada para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.

- Al haber subsanado la imputación subjetiva con la compra del mobiliario ergonómico desde el año 2018, cualquier observación estaba levantada y esa compra (documentada y declarada) estaba premunida con el principio de presunción de veracidad.

- Jamás le fue notificada alguna resolución del Directivo que emitió la orden de inspección señalando que el inspector Carlos Elías Bedoya no iba a participar en dicha orden de inspección, lo que se transgredió el proceso Inspectivo.

- La orden de Inspección fue emitida el 28 de mayo de 2018 y el Acta de infracción del 20 de julio de 2018, sin embargo, recién con fecha 22 de abril de 2021, se nos notifica la Imputación de Cargo y el Acta de infracción esto es, casi 22 meses después de ser emitida dicha acta.

Análisis Del Recurso De Revisión

para pronunciarse, toda vez que, respecto a los mismos, ya se ha agotado la vía administrativa. 6.2. Asimismo, previamente al análisis de los alegatos materia de recurso, debe tenerse en cuenta que, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.” 6.3. Del recurso de revisión se evidencia que algunos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del

debido procedimiento9, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos o vinculados a la infracción muy grave impuesta.

Sobre la presunta vulneración de los plazos administrativos

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.” 10 Así, en el fundamento 11 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00295-2012-PHC/TC del 14 de mayo de 2015 (declarado doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) se reconoce que en aquellos casos en los cuales se prolonga el proceso más allá de lo razonable, “…no puede establecerse, por ejemplo, la exclusión del procesado, el sobreseimiento del proceso o el archivo definitivo del proceso penal como si fuera un equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que, actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, el órgano jurisdiccional debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal. En cualquier caso, como es obvio, tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere lugar para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidadas por los órganos competentes”.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento 6.7. En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

11 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 12 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)”

sancionador13. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, su emisión -a consideración de esta Sala- atenta contra el Principio de Razonabilidad14.

13 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 14 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 15 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4. 16 Folio 547 del expediente inspectivo.

ergonomía al evidenciar contar con el mobiliario diseñado o adaptado para esta postura de realizar los trabajos en posición sentada, donde los asientos utilizados en los puestos de trabajo deberán cumplir requisitos mínimos de confort: La silla debe permitir libertad de movimientos; Los ajustes deberán ser accionados desde la posición normal de sentado. En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad adecuada, los utilizados en el trabajo informático, deberá tener: Las pantallas con protección contra reflejos, parpadeos y deslumbramientos; La pantalla debe ser ubicada de tal forma que la parte superior de la pantalla se encuentre ubicada a la misma altura que los ojos, dado que lo óptimo es mirar hacia abajo en vez que hacia arriba; El teclado debe ser independiente y tener la movilidad que permita al trabajador adaptarse a las tareas a realizar, debe estar en el mismo plano que el ratón para evitar la flexo extensión del codo, con arreglo a Ley. a favor de los trabajadores detallados en el cuarto considerando de hechos verificados; ii) Acreditar tener el registro de exámenes médicos ocupacionales (REMO) del año 2018 con el certificado de aptitud medico ocupacional respectivo y contar con los registros precitados de los años 2015, 2016 y 2017 con los certificados de aptitud medico ocupacional, con arreglo a Ley, a favor de los trabajadores detallados en el quinto considerando de hechos verificados”. Otorgando para dicho efecto un plazo máximo de tres (3) días hábiles para la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

“6.10 Sin embargo, existen supuestos específicos —como el caso materia de autos— en el cual la naturaleza de los incumplimientos y la reincidencia en el incumplimiento de las conductas obligan a efectuar un análisis que comprenda tanto al plazo otorgado por los inspectores comisionados (evaluando si el mismo era suficiente para el cumplimiento de lo conminado), como al lapso transcurrido durante en el que el sujeto inspeccionado pudo adoptar acciones tendientes a cumplir con conductas que le eran conocidas de antemano, al haber sido objeto de sanción previamente o al haber tomado conocimiento de los acontecimientos constituyentes de incumplimiento durante las actuaciones inspectivas.

otorgado para dicha subsanación no resultaba razonable de cara a las implicancias, al volumen de sillas solicitadas para ser adquiridas, a los procedimientos exigidos para su adquisición en cumplimiento de las normas técnicas y al número de trabajadores afectados.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-

SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las obligaciones relativas a las medidas de prevención frente a riesgos ergonómicos, en perjuicio de 60 trabajadores. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el CONSORCIO EULEN DEL PERU DE SERVICIOS GENERALES S.A. y ACCIONA AGUA S.A.U., en contra de la Resolución de Intendencia N° 832-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 613-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 031-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 832- 2022-SUNAFIL/ILM, respecto de la infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución al CONSORCIO EULEN DEL PERU DE SERVICIOS GENERALES S.A. y ACCIONA AGUA S.A.U. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240515CEC - HR 85913-2017